miércoles, 9 julio 2025

Rosa María Mateo terminó su licenciatura de Derecho… con 33 años

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, terminó la única licenciatura que tiene, la de Derecho, en 1975, es decir con 33 años de edad, según datos aportados por la Universidad Complutense a MONCLOA.COM tras la polémica por la falsa licenciatura de ella en Ciencias Políticas.

Mateo incluyó en su perfil biográfico en la web del ente público que había concluido Políticas, pero RTVE corrigió el contenido de la página tras la exclusiva de MONCLOA.COM negando tal condición. En realidad, Mateo tiene “estudios” en Ciencias Políticas, es decir que ella empezó a estudiar esta carrera universitaria pero no la terminó, según admitió un portavoz de RTVE a este medio.

De la misma manera, la actual directora de la radiotelevisión pública estudió Periodismo sin concluir dichos estudios. La única licenciatura que Mateo decía tener es la de Derecho. La Universidad Complutense confirmó a este medio que terminó los estudios de esta carrera en 1975.

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La web de RTVE afirmaba que Mateo estaba licenciada en Ciencias Políticas, algo que no era cierto.

En una entrevista concedida a ‘Jot Down’ este año antes de que el Gobierno le reclamase dirigir RTVE, Mateo relata varios pasajes de sus estudios de Derecho, que tardó en concluir “diez años”: primero en Valencia, donde vivía su familia, y luego en la citada Complutense. En realidad fue más de una década, porque terminó dicha carrera con 33 años.

“Su vida fue un cambio constante desde el principio: a los quince días de vida (nació en Burgos, en 1942) su familia se la llevó a Madrid siguiendo el destino que le correspondía a su padre, militar de profesión, que también hizo que fuese a Valencia tres años después. Allí empezaría a estudiar Derecho”, se indica en el citado reportaje.

Cuando Mateo entró en la facultad “tuvo claro que quería hacer teatro”, así que preguntó quién era el director del TEU (Teatro Español Universitario) y resultó ser Pepe Sanchís, que por aquel entonces estudiaba Filosofía.

Sólo había diez mujeres estudiando Derecho junto a Mateo. Corrían los años sesenta y ella recuerda que la cifra no varió en todo el tiempo que estuvo en la facultad: “En general, las mujeres estudiaban Magisterio o Periodismo. Y la Iglesia tenía una carrera de Periodismo que duraba tres años, pero yo creo que la establecieron para tener controlada a la gente que iba a escribir en los periódicos”, argumentó a Jot Down.

De entre todas, Filosofía era la carrera en la que más mujeres había: “Creo que eso es porque era una carrera más femenina y Derecho una más masculina. Además, en Filosofía se podía ser profesora y tener otro tipo de salidas. Se suponía que la cultura era menos productiva económicamente, por eso los chicos no querían estudiar Filosofía, porque no era una carrera con grandes salidas, entonces iban a ganar menos dinero. Las mujeres siempre se han dedicado a las profesiones peor pagadas”, señaló la actual directora de RTVE.

En la citada entrevista confiesa que le hubiera gustado más estudiar Filosofía, pero también piensa que Derecho era una “carrera bonita”, salvo algunas asignaturas: “El derecho administrativo, por ejemplo, me parece un peñazo absoluto”, reconoció con cierto hastío.

Jot Down asegura que Mateo “se preparó las oposiciones y tuvo que terminar en Madrid dos asignaturas que le quedaron. Hasta que acabó, pasaron diez años”, en referencia a sus estudios de Derecho.

Se da la circunstancia de que para poder optar a la presidencia de la Corporación, los únicos requisitos son ser español o nacional de un Estado miembro de la UE, tener el título de doctor, licenciado, grado o equivalente y no reunir causas de incompatibilidad con este cargo. Las solicitudes han de acompañarse de la documentación acreditativa y de un proyecto de gestión para RTVE.

A los pocos días, Mateo admitió implícitamente que había falseado su currículum en la web oficial del ente público al asegurar en sede parlamentaria que no tenía formación universitaria en Ciencias Políticas, tal y como desveló MONCLOA.COM.

“No tengo formación en Ciencias Políticas. No soy licenciada en Ciencias Políticas ni nunca he dicho que lo fuera. Ni soy una avezada parlamentaria curtida en estas Cámaras”, señaló en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Mateo tuvo que escuchar reproches del PP y Ciudadanos tras la información de este medio. En concreto, Ramón Moreno (PP) criticó a la directora de RTVE por su “altanería y falso arrebato” en el anterior debate con los grupos políticos. “No dice la verdad ni en su currículum”, subrayó antes de censurarla que aguante “carros y sociedades” con sus últimas polémicas.

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Rosa María Mateo en un acto público antes de dirigir RTVE.

En su discurso inicial, Mateo lamentó sus expresiones de la última vez que estuvo en el Congreso y pidió disculpas a Moreno por esa actitud. Al hilo de la sociedad patrimonial de su hijo y en la que ella está como copartícipe, la administradora única indicó que nunca ha tenido problemas con Hacienda desde su creación en 1993 y que ha iniciado los trámites para la disolución de la misma.

Asimismo, reveló que la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno no ha encontrado nada punible en dicha sociedad patrimonial y desafió al PP a presentar las acciones legales que considere oportunas si el principal partido de la oposición sigue pensando que hay una colusión o incompatibilidad con su actual puesto en RTVE.

“CAOS” EN EL CURRÍCULUM DE MATEO

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la citada comisión, Guillermo Díaz, aludió al cambio de su titulación en la web de RTVE y el “caos” de su experiencia curricular. “¿A qué  se ha debido el cambio en la licenciatura en ciencias políticas?, ¿quién dio la información al responsable de la web?”, preguntó a Mateo.

La administradora única de la Corporación insistió en que defiende una RTVE “de consenso” y que su actual desempeño lo hará “con menor o mayor acierto”. Tras ello, les hizo hincapié en que está poniendo en ello todo su empeño y que seguiré haciéndolo hasta que los parlamentarios pongan fin a su interinidad. “Dejemos de hablar de mí y vayamos a lo que realmente interesa: el funcionamiento de esta apasionante institución”, zanjó Mateo.

Ciudadanos obvia el «pasteleo» al pactar con otros partidos en Cataluña el control de TV3

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Cuando se conoció a mediados de esta semana, la noticia sorprendió. Ciudadanos había pactado en el Parlament con Junts per Catalunya y ERC la renovación de los directivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público de la Generalitat que controla TV3 y Catalunya Ràdio.

El acuerdo supone que cada uno de estos grupos parlamentarios, los de las tres principales fuerzas políticas de Cataluña, designa a dos consejeros, aunque Cs ha decidido ceder uno de sus puestos al PSC. El presidente de la CCMA será Saül Gordillo, que actualmente dirige Catalunya Ràdio, mientras que el consejero propuesto por Ciudadanos es Eladio Jareño, director de TVE.

La formación naranja cree que Jareño, que también dirigió RTVE Cataluña, tiene una trayectoria en la televisión pública española que le avala. Fuera del ente público, trabajó para el PP en el Parlament de Cataluña y también en la Delegación del Gobierno en esta comunidad, durante la presidencia de José María Aznar.

Este pacto político llama la atención porque no es muy habitual ver negociaciones fructíferas entre los partidos independentistas y Cs, pero su relevancia no radica únicamente en eso. Al entrar en el juego, Ciudadanos ha adoptado una posición que hasta ahora consideraba censurable.

Antes calificaba este tipo de acuerdos de “pasteleo” y “cambio de cromos” y exigía que se despolitizaran las televisiones públicas. “No se ha completado la cacicada”, dijo en julio su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, cuando no se pudo aprobar la lista de nombres que el PSOE, Podemos y el PNV habían pactado para el consejo de administración de RTVE.

Los diputados de Ciudadanos, incluso, salían del hemiciclo cada vez que había una votación para nombrar a los nuevos miembros de la cúpula del ente público. “PSOE, Podemos y PP están en el pasteleo para cargarse el concurso público y colocar a dedo al presidente de RTVE”, denunció Rivera, que venía reclamando un nuevo sistema para elegir a los consejeros.

Pero Cs no solo se ha opuesto a los “pasteleos” para renovar el consejo de administración de RTVE. También ha sido sumamente crítico con los acuerdos entre partidos para nombrar a la cúpula de organismos reguladores como el Banco de España o para designar los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Es más, Rivera suele sacar pecho de que ellos no participan en pactos de ese tipo porque están en contra de los “dedazos”. Ciudadanos defiende que quienes dirigen organismos y empresas públicas deben llegar a esos cargos a través de un proceso de concurso público y que se debe valorar el mérito y la capacidad de los candidatos, no su ideología.

“No tengo tiempo para decir todas las mentiras que ha dicho TV3 en público; ustedes son un aparato de propaganda separatista”

Sin embargo, parece que no opina igual en el caso de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, cuya renovación estaba pendiente desde hace tiempo. Aunque, según El Periódico, será ERC quien proponga al candidato para dirigir TV3 y Junts per Catalunya hará lo propio con el de Catalunya Ràdio, la presencia de un consejero no independentista en la CCMA es muy importante para Cs.

Actualmente, el consejo de gobierno de este ente público, cuya renovación está pendiente desde hace tiempo, está encabezado por Núria Llorach como vicepresidenta y presidenta en funciones.

Llorach sustituyó en 2016 a Brauli Duart, elegido como presidente a propuesta de la antigua Convergència, y los otros cuatro consejeros son Antoni Pemán (CiU), Rita Marzoa (ERC), Josep Vilar (PSC) y Armand Querol (PP).

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Albert Rivera en un mitin de Ciudadanos en Cataluña. Foto: Flickr Cs.

Este reparto, que se configuró en 2012, significa que la CCMA está controlada por las formaciones separatistas. Y cuando se renueve seguirá habiendo una mayoría independentista, pero con la diferencia de que esta vez habrá un consejero elegido por Ciudadanos, que hace valer así su fuerza en el Parlament y su papel como líder de la oposición.

En el partido naranja esperan que esto se traduzca en un cambio en la política informativa de los medios públicos catalanes, que consideran totalmente sesgada a favor del independentismo. En una entrevista en Els Matins de TV3 en septiembre, Rivera no se cortó y se lo dijo en directo a la presentadora, Lídia Heredia.

“No tengo tiempo para decir todas las mentiras que ha dicho TV3 en público; ustedes son un aparato de propaganda separatista” y “yo quiero que TV3 vuelva a ser de todos los catalanes, que la pagamos todos, no la paga solo el señor Torra”, espetó el líder de Ciudadanos.

Desde Cs han acusado a TV3 de insultar y atacar a su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, y han descrito la televisión y la radio públicas como “un club privado para independentistas” en el que los catalanes que no comulgan con ellos son “ofendidos y menospreciados” por periodistas y colaboradores.

Además, consideran que tras el referéndum ilegal de 2017 y la declaración unilateral de independencia de Cataluña, se emitieron informaciones que mostraban los hechos desde una única perspectiva y “blanqueaban la comisión de delitos” por parte de los presos soberanistas.

Está por ver si la presencia de Jareño en el CCMA se traducirá en algún cambio en los enfoques de TV-3 y Catalunya Ràdio. Lo que parece seguro es que seguirá funcionando bajo la influencia de los partidos políticos, sean unos u otros, como ya han denunciado distintas asociaciones, colegios y sindicatos de periodistas.

 

La subida del salario mínimo interprofesional le hace un roto a las cuentas de la Iglesia

La decisión del Gobierno de subir el salario mínimo ha creado un problema a las cuentas de la Iglesia católica española. La Conferencia Episcopal ha tenido que presupuestar 1,2 millones de euros extra en el próximo ejercicio como consecuencia de esta subida, destinada a pagar la Seguridad Social del clero.

Los curas cotizan a la Seguridad Social por el salario mínimo, aunque sus retribuciones son superiores. El salario mínimo subirá hasta los 900 euros el próximo mes de enero, lo que supone un incremento del 22% sobre el actual. La subida será aprobada por decreto durante este mes de diciembre.

La subida de la cotización de los sacerdotes a la Seguridad Social supone que un incremento de esta partida de casi un 7%. Este porcentaje es muy superior al 1,8% que sube la partida que se envía a las diócesis, que proviene de los fondos destinados a la Iglesia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La Conferencia Episcopal Española reparte estos fondos entre las diócesis en función de varios factores, entre los que se encuentra el número de sacerdotes. De esta manera, en parte distribuye el dinero para que las diócesis puedan hacer frente a los sueldos de los curas. La partida denominada «Envío a las diócesis para su sostenimiento» se ha incrementado en cuatro millones de euros.

Las otras partidas que se han incrementado en el presupuesto que distribuye los fondos del IRPF son la destinada a la campaña de publicidad para fomentar la equis en la declaración de la renta, que sube 300.000 euros y alcanza 4,8 millones de euros, y la aportación extraordinaria a Cáritas, que han incrementado un 2% hasta los 6,3 millones de euros.

EL IRPF DE LA IGLESIA

La Iglesia puede hacer frente con comodidad al imprevisto en las cotizaciones a la Seguridad, como consecuencia de la subida del salario mínimo, gracias a la buena evolución de la recaudación por el IRPF. Esta alcanzó los 256 millones de euros el año pasado y es la cifra de ingresos que ha servido para elaborar el presupuesto de 2019.

El clero se incorporó a la Seguridad Social en 1977 gracias a un decreto que estableció que el tipo por el que cotizaría sería el mínimo. Eso sí, este decreto dejó claro que se excluía para este colectivo la cobertura por incapacidad laboral transitoria, la protección a la familia y el desempleo. Las diócesis son las que asumen las obligaciones de pago, aunque el ingreso en las arcas de la Seguridad Social lo realiza de forma centralizada la Conferencia Episcopal cada trimestre.

El incremento de la cotización de los sacerdotes es el segundo problema relacionado con la Seguridad Social al que tiene que hacer frente la Conferencia Episcopal en los últimos años. Los obispos han tenido que dedicar 228.000 euros en los últimos años a una partida llamada “fondo intermonacal”, con el que hacen frente a la Seguridad Social de las religiosas contemplativas, gasto al que no habían tenido que hacer frente hace años porque las cuentas de los conventos se encontraban más saneadas.

«El clero se incorporó a la Seguridad Social en 1977 gracias a un decreto que estableció que el tipo por el que cotizaría sería el mínimo»

Las cuentas que hacen los obispos con la recaudación de la asignación tributaria del IRPF han podido digerir sin problemas la crisis económica. La reforma de su sistema de financiación, que mejoró sus ingresos, se produjo muy poco antes de que llegara la recesión.

Esta situación les permitió contar con un colchón con el que han hecho frente a nuevos gastos, como los donativos extraordinarios a Cáritas, o las campañas de publicidad, por ejemplo. Los obispos también aprovecharon la coyuntura para crear un fondo de reserva para hacer frente a los periodos en los que la recaudación del IRPF no aportara lo suficiente como para cubrir sus gastos.

Sin embargo, la evolución de la asignación tributaria ha sido favorable en los dos últimos ejercicios y la recaudación se ha recuperado claramente, lo que les ha permitido que su presupuesto suba de 250 a 256 millones de euros.

Con una parte de la recaudación del IRPF los obispos compensan en parte el gasto que les supuso perder la exención del IVA por decisión europea. Ahora, el Gobierno se plantea la revisión del régimen fiscal de la Iglesia en España, tal como comunicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

Esto se concreta en la revisión de los edificios de la Iglesia católica que están exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Los responsables episcopales subrayan que disfrutan de esta exención como todas las organizaciones sin ánimo de lucro, tal como está regulado en la Ley de Mecenazgo.

Sin embargo, podría ocurrir que, aunque no desaparezca la exención, sí se produzca una inspección que elimine de la lista de edificios exentos a aquellos que estrictamente no están dedicados al culto, como propugna el programa electoral del partido socialista. De ser así, se trataría de un nuevo roto que quizá tendrían que tapar, como ocurrió con el IVA, con los fondos de la recaudación del IRPF.

 

 

El robo de los papeles de Bárcenas ya no tiene el límite de los secretos oficiales

El juez que investiga la operación para espiar e intentar sustraer documentación al tesorero del PP, Luis Bárcenas, podrá realizar su trabajo sin verse limitado por la ley de secretos oficiales. El Gobierno ha decidido levantar el secreto sobre los documentos que existen sobre esta operación y sobre los asuntos que conozca el comisario Enrique García Castaño.

La decisión del consejo de ministros ha desclasificado como secreta la documentación sobre la operación policial denominada Kitchen, tal como le había solicitado el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea.

Este magistrado investiga una operación en la que el excomisario Villarejo presuntamente captó al chófer de Bárcenas para robarle documentos en un momento en que los papeles de Luis Bárcenas que iban saliendo a la luz complicaban la posición del Partido Popular en el caso Gürtel, ya que daban cuenta de una presunta contabilidad B en esta formación política y el pago de sobresueldos a cargos del partido.

El Gobierno también ha acordado relevar del deber de secreto a los funcionarios policiales que hubieran intervenido en esta operación. De esta manera podrán declarar como testigos o como investigados sin ninguna restricción.

El comisario Enrique García Castaño, investigado en el caso, solicitó poder declarar sin los límites que le imponía la ley de secretos oficiales para poder defenderse y aclarar cuál era su relación con el comisario José Manuel Villarejo. Ahora podrá declarar sin restricciones sobre lo que solicitó al juez, es decir, “datos sensibles de operaciones policiales, fuentes, información y el uso de fondos reservados”.

La investigación se centra en el presunto robo de documentación gracias a pagos con fondos reservados a Sergio Ríos, chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas. La autorización para pagar estos fondos se realizó mientras era ministro de Interior en el Gobierno del Partido Popular Jorge Fernández Díaz. Ríos recibió un sueldo mensual de 2.000 euros y facilidades para ingresar en el cuerpo de Policía.

VILLAREJO Y GARCÍA CASTAÑO

Enrique García Castaño se ha visto implicado en las actividades del comisario José Manuel Villarejo debido a las grabaciones realizadas por este último. Por esta razón está siendo investigado por los presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales.

Las investigaciones judiciales afectadas son varias. La operación Kitchen es una pieza separada del sumario del caso Tándem, que indaga sobre las actividades presuntamente ilícitas del comisario José Manuel Villarejo. Además, afecta a la investigación judicial sobre los papeles de Bárcenas.

«El comisario Enrique García Castaño, investigado en el caso, solicitó poder declarar sin los límites que le imponía la ley de secretos oficiales para poder defenderse»

Tras la decisión del consejo de ministros, el juez Diego de Egea ha citado a declarar como investigado al chófer Sergio Ríos el próximo miércoles. Por su parte, el juez José de la Mata, al frente de la investigación de los papeles de Bárcenas, ha llamado a declarar a éste y a su mujer, Rosalía Iglesias, para el próximo 21 de diciembre. Ignacio López del Hierro, marido de la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el chófer Sergio Ríos están llamados a declarar en la comisión parlamentaria el próximo 18 de diciembre.

La citación del extesorero y su mujer ante el juez ha sido realizada a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La declaración se produce después de que El Mundo publicara documentación de Bárcenas e Iglesias sobre ingresos y gastos del Partido Popular que no se encontraban entre los que se investigaban hasta ahora en el caso conocido como el de los papeles de Bárcenas.

El juez que investiga el contenido de estos papeles, José de la Mata, también había decidido pedir hoy la desclasificación de la información sobre los mismos que están siendo estudiados en la Operación Kitchen. Además, de la Mata ha solicitado a su compañero Diego de Egea toda la documentación sobre la esa investigación.

La decisión del consejo de ministros ha afectado a las comparecencias previstas en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Un día antes de que declare el chófer Sergio Ríos ante el juez estaba previsto que comparecieran ante la comisión parlamentaria Ignacio Cosidó, actual senador del PP y exdirector general de la Policía, y el exministro Jorge Fernández Díaz. Las comparecencias se han aplazado, con lo que los diputados podrán trabajar mejor las mismas con las novedades de la investigación judicial.

Precisamente el mismo día en que el consejo de ministros acordó levantar el secreto que pesara sobre documentos o testimonios de la operación Kitchen, la Audiencia Nacional ha confirmado el levantamiento del secreto de la pieza principal de la operación Tándem.

La Audiencia Nacional mantiene el secreto para los archivos digitales del excomisario Villarejo que se encuentran encriptados. El auto de los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Penal señala que, entre la documentación manejada hasta ahora y la desencriptada, no se ha encontrado ninguna que afecte a la seguridad del Estado.

 

 

 

 

 

El PSOE culpa al PNV de la rectificación ‘confesional’ de Barkos sobre Skolae

El programa de educación sexual Skolae está levantando una gran polvareda en la política navarra. El Gobierno foral ha decidido recular por decisión de Geroa Bai y no impondrá el programa, quizás para no levantar ampollas entre colegios de carácter confesional.

María Chivite, líder del PSN, afirma que «el ataque de la derecha política al programa Skolae es parte de una alarmante posición conservadora contra la igualdad» y explica que UPN, PP y Ciudadanos «compiten por ver quién es más de derechas».

Los socialistas afirman que «eso está suponiendo posicionamientos cada vez más radicales en contra de la coeducación, de la educación en materia de sexualidad y afectividad, o, como se está viendo últimamente, en un intento de retroceder respecto del aborto a una ley de los años 80″.

Los socialistas navarros afirman que «la Constitución española en su artículo 14 recoge la igualdad ante la ley sin que quepa discriminación alguna, tampoco por razón de sexo» y protestan porque»haya formaciones que amparen la perpetuación de la desigualdad de género que es un hecho en la sociedad».

Chivite recordó que «tanto UPN como PP votaron a favor de la ley foral 14/2015 de actuación contra la violencia hacia las mujeres, y que en esa ley, en su artículo 10, ya se contemplaba la impartición de una asignatura de educación afectivo-sexual en todos los niveles educativos y la coeducación».

MARÍA CHIVITE ACUSA A BARKOS DE «CONSERVADORA»

La líder ‘sanchista’ del PSN dice que «la Presidenta Barkos se sitúa con la derecha conservadora cuando se niega a que el programa educativo Skolae sea obligatorio en todos los centros educativos que reciben dinero público».

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Uxue Barkos ha roto una lanza en favor de Skolae. Foto: Flickr Jairo Vargas.

Chivite dice que «Barkos defrauda a quienes creyeron que presidía un gobierno progresista porque decisiones como esta demuestran que el PNV, la derecha más conservadora, tienen gran peso ideológico en las cuestiones en las que se demuestra en qué espectro está cada cual».

Afirmó también que «Barkos se sume al PP y a UPN, que anteponen la moral a la ciencia, demuestra que el discurso de gobierno de progreso no es más que eso, discurso. La Presidenta asume las tesis del PNV para dejar a la concertada libertad de actuación, olvidando que reciben dinero público y que, por tanto, deben tener las mismas reglas del juego».

GEROA BAI CONTESTA A LOS SOCIALISTAS

Isabel Aranburu, portavoz de Educación de Geroa Bai, ha replicado con fuerza y afirma que «ninguna lección puede dar quien durante años ha sido el principal sostén de los gobiernos de UPN, y quien durante años ha dado la espalda a la mayoría progresista que reclamaba un cambio que siempre frustraban los socialistas».

La formación que lidera el cambio político en Navarra afirma que «el PSN opta por la crítica fácil y el populismo, y actúa sin ningún tipo de rigor, cuando mezcla esa posición con la utilización o no de los materiales de un programa concreto».

Aranburu explicó que pese a la rectificación del Gobierno, «todos los centros educativos tienen que demostrar y justificar que están llevando a cabo esta tarea de coeducación y que comparten los objetivos de Skolae, al margen de que haya centros concertados que no deseen disfrutar de la magnífica formación y los materiales que Skolae ofrece, y decidan utilizar los suyos propios».

La socialista María Chivite afirma sobre el Gobierno foral que «lo preocupante no es que se contradigan sino que hayan decidido emprender el camino de amparar que la sociedad machista lo siga siendo y de hurtar al alumnado de una educación sexual que es muy necesaria».

La portavoz del PSN en el Parlamento, Nuria Medina, ha apostado por el «firme apoyo a la necesidad de avanzar en modelo coeducativo» que «es una reivindicación que desde el PSN venimos haciendo desde hace años».

También explicó que «Skolae es un programa innovador, hecho con criterios técnicos y con perspectiva de género. El mayor reto que tenemos como sociedad es acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres», es por ello que «debe ser obligatorio en todos los centros escolares de Navarra».

UPN CARGA CONTRA SKOLAE

La parlamentaria del principal partido de la oposición, Ana San Martín (UPN), explicó que «es falso decir que quien rechaza Skolae no quiere igualdad y es falso decir que los padres que se han plantado contra Skolae son retrógrados».

Y añadió: «No se puede imponer, no se puede seguir adelante con un programa que se ha gestado mal desde el principio y que se ha hecho a espaldas de los padres, que son los principales actores de la educación de los hijos. Lo que tiene que hacer la Administración es facilitar la decisión en libertad que toman los padres sin imposición ni censura, y lo que hace este programa es imponer y censurar».

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Uxue Barkos no tiene con el PSN la misma sintonía que con Pedro Sánchez. Foto: LaMoncloa.gob.es

Recuerden que Skolae incentiva a que los profesores pregunten a sus alumnos si les gustaría ser del sexo contrario y pretende fomentar una «conciencia crítica frente a la desigualdad y capacidad para el cambio» explican que los ciudadanos tienen «derecho a autoconstruirse, derecho a equivocarse, derecho a reconstruirse, sin necesidad de que en cada reconstrucción haya que pagar el peaje de la valoración social y del entorno».

CHOQUE DE TRENES

El próximo 15 de diciembre se celebrará en Pamplona una manifestación convocada por la plataforma Libertad para educar que protestará contra Skolae bajo el lema «ya basta de imposiciones e insultos».

El Gobierno se ha reafirmado en su apoyo a Skolae, ha abierto una página web para desmentir algunos contenidos falsos que circulan sobre el programa y ha denunciado que su portavoz María Solana tiene que llevar escolta tras recibir «mensajes fascistas» relacionados con el programa educativo.

 

Villarejo vinculó a Prada en un contrato a dedo para la Ciudad de la Justicia de Madrid

El comisario José Manuel Villarejo vinculó a mediados de 2009 al exconsejero madrileño de Justicia e Interior, Alfredo Prada, en un contrato de seguridad para la Ciudad de la Justicia que se hizo «sin cumplir ningún trámite» y que recayó finalmente en una empresa relacionada con Álvaro Lapuerta, quien acababa de dejar el puesto de tesorero del PP a Luis Bárcenas.

Villarejo le contó a Ignacio López del Hierro el 21 de septiembre de 2009 las peripecias de ese contrato «chungo» que podía perjudicar a Prada y que estaba siendo investigado por la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre en aquel momento, tras salir a la luz el espionaje a varios exaltos cargos del PP como Manuel Cobo o el citado Prada que eran críticos con la citada Aguirre. Precisamente, el próximo mes de febrero se juzgará este caso.

La empresa a la que se refiere Villarejo en su conversación con el marido de María Dolores de Cospedal es, posiblemente, Serygur ya que en posteriores informes policiales aparecía vinculada a Lapuerta y Bárcenas.

ciudad de la justicia Moncloa
Inauguración de la Ciudad de la Justicia a cargo de Esperanza Aguirre y Alfredo Prada, entre otros. Foto: Madrid.org

Prada fue consejero de Aguirre de 2003 a julio de 2008 pero cayó en desgracia después de que el primero apoyase a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP que se celebró ese 2008 en Valencia. El por entonces líder del PP le recompensó su lealtad con un puesto orgánico dentro del PP -al frente del área de apoyo a los emigrantes-. En 2015 abandonó la política activa tras comprobar con enfado su no presencia en las listas electorales.

Pablo Casado, sin embargo, ha repescado a Prada al incluirle en su nueva Ejecutiva nacional del PP como presidente de la Oficina del Cargo Popular, que se encarga de evaluar la idoneidad de los candidatos y cargos públicos del PP.

Las presiones de algunos dirigentes del PP para que los contratos de seguridad en Madrid se los llevase Serygur aparecieron a comienzos de 2009 salpicando a un desconocido Luis Bárcenas, antes incluso de que estallase el caso Gürtel. Cuando Villarejo y López del Hierro abordan este caso ya se sabía que policías del entorno de Francisco Granados habían realizado tareas de seguimiento a Cobo y Prada, rivales del equipo de Aguirre.

 

Villarejo: Uno que se ha quejado de que lo han espiado, que se lo llevó Mariano y a partir de ahí, la Espe le cortó la cabeza.

Ignacio López del Hierro: Ah sí, (Alfredo) Prada.

V: Prada. Pues este Prada, a nivel interno, me consta que lo están investigando alguien de la Comunidad…

ILH:

V: … para demostrar que el contrato que hizo dándole la Ciudad de la Justicia a esa empresa de seguridad de Lapuerta fue chungo. Para en un momento determinado, como el otro (Prada) sigue piando de que a él lo han espiado y tal, dando por culo, para poner los colores. Si es que…

ILH: Y la Comunidad, ¿a través de quién está (investigando)?

V: Pues no lo sé como lo están haciendo. Yo creo que en un principio, lo que están, es desde un punto de vista administrativo, mirando a ver ese concurso cómo se hizo…

ILH: Si es que ahí (en la Ciudad de la Justicia) hay un chocho, un chocho de cojones.

V: Claro, pero este tiene que contar con gente. Creo que en principio él, que no es tonto, lo que estará haciendo es, él personalmente, pedirle a xxx a ver cómo se ha hecho, el pliego de tal y ahí tiene ya parte de la información resuelta. Es decir, le van a poner la lupa a la contratación esa y luego, si hay buena relación con él, pues decirle (a Prada) : ‘oye, macho, cómo has hecho esa contratación, qué puntos flacos puede haber’…

ILH: Claro

V: …’que van a ir a por ti en el futuro’.

El caso que relata Villarejo se remonta a diciembre de 2007, cuando Bárcenas pidió supuestamente a Prada que adjudicara a Serygur la seguridad de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital, un contrato valorado en 700.000 euros. Serygur fue finalmente la ganadora.

La actuación de Bárcenas pudo ser fácilmente interpretada en el Ejecutivo regional de Aguirre como una presión, puesto que era de facto el máximo responsable de finanzas de su propio partido político, según indicó El Mundo. El entonces comisario no parecía estar muy al tanto de este proyecto regional para concentrar las sedes judiciales en un mismo sitio, aunque sí conocía el desenlace final.

 

Villarejo: No sé si es Ciudad de la Sanidad o Ciudad de la Justicia…

ILH: De la Justicia

V: …o algo así. En la Ciudad de la Justicia se la dieron a esta empresa de seguridad sin cumplir ningún trámite ni nada de nada.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió en septiembre una investigación sobre el supuesto desfalco económico en la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto que pretendía llevar todas las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid a unas parcelas al norte de la capital de España, y que creó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros.

El proyecto, puesto en marcha entre 2005 y 2015, años en los que el Gobierno regional estuvo mayoritariamente en manos de Aguirre y luego de su delfín, Ignacio González, fue un fracaso y solo se llegó a culminar un edificio de los 12 previstos: el que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal. El inmueble, sin embargo, no se encuentra en funcionamiento.

La Cámara de Cuentas de Madrid fiscalizó la actividad de la empresa pública que gestionó la Ciudad de la Justicia entre 2005 y 2015 y las conclusiones anunciadas este año fueron demoledoras. Así, el coste incurrido en la ejecución del proyecto de las nuevas sedes judiciales fue de al menos 95,3 millones de euros de los que 80 millones fueron para las obras realizadas entre 2006 y 2010, el año en el que se pararon los trabajos.

LICITACIONES COMO LA MENCIONADA POR VILLAREJO

El presupuesto del citado Instituto de Medicina Legal, el único que se llegó a construir, supuso un gasto de 22 millones. Además, la Comunidad de Madrid invirtió 19 millones de euros para poder levantar las nuevas sedes del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial, cuyo diseño fue encomendado al arquitecto Norman Foster. A día de hoy ambos edificios siguen «sin tener una sola piedra colocada».

En cuanto a algunas licitaciones como la que menciona Villarejo, el informe de la Cámara de Cuentas madrileña indicó que se hicieron con «una apariencia de concurrencia que no se produjo realmente», ya que aunque se solicitaron tres ofertas, «las proposiciones pertenecen a empresas vinculadas entre sí». Además, los criterios de contratación adolecían «con frecuencia de falta de concreción», por lo que quedaron «sin posibilidad de control, al arbitrio» de quien valoraba las propuestas.

 

La Fundación Franco dice que la exhumación del dictador dañaría el Valle de los Caídos

La exhumación de los restos de Francisco Franco está pendiente de una polémica sobre la grúa que se necesitará para levantar la lápida, la incógnita sobre si hay tuberías que pasan por la tumba y si la obra dañaría el Valle de los Caídos.

La Fundación Nacional Francisco Franco ha presentado un escrito al Ayuntamiento de El Escorial, donde se ubica el Valle de los Caídos, contra la solicitud de licencia de obras que ha realizado el Gobierno para sacar los restos del dictador de la tumba que se encuentra dentro de la basílica. En este documento se alegan todo tipo de problemas, desde la maquinaria, a las medidas de seguridad, o posibles daños en los elementos arquitectónicos, pasando sobre el impacto en la fauna.

En las alegaciones presentadas ante el consistorio, esta entidad sostiene que la exhumación requerirá “introducir una grúa u otra maquinaria pesada” en la basílica para levantar la losa que cubre la tumba. Esta lápida pesa 1.500 kilos, una carga que pueden levantar otro tipo de grúas más livianas que las que califica la Fundación como maquinaria pesada.

La fundación utiliza el argumento de la necesidad de maquinaria pesada para sostener sus alegaciones. Así, por ejemplo, sostiene que la entrada en la basílica de la maquinaria puede verse dificultada por la puerta de la misma. También añade que haría falta un estudio de seguridad e higiene sobre la introducción de la grúa y, por lo tanto, la bajada de las escalinatas que conducen al templo.

Valle Franco
Puerta de entrada a la basílica del Valle de los Caídos.

Los argumentos que alega llegan hasta el punto de considerar que levantar la lápida y sacar el féretro podría tener un impacto “sobre la abundante y protegida fauna” de la zona e incluso considera que habría que realizar un estudio económico “sobre las consecuencias negativas” que supondría esta exhumación. La fundación también cree que debería realizarse un informe sobre el hipotético impacto sobre las esculturas y ornamentos de la entrada de la basílica.

En estas alegaciones, la fundación señala lo que cree que son argucias del Gobierno para agilizar los trámites y poder realizar la exhumación cuanto antes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha solicitado una licencia de obra menor ante el Ayuntamiento y la fundación franquista considera que no puede ser considerada como tal, sino que por la complejidad y cuidado de los trabajos necesarios la licencia debería ser de obra mayor, que requiere más trámites.

«En las alegaciones presentadas ante el consistorio, la fundación sostiene que la exhumación requerirá introducir una grúa u otra maquinaria pesada en la basílica»

En un escrito presentado ante el Ayuntamiento de El Escorial, Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, pide que se cambie la calificación de la obra y se le traslade toda la documentación sobre el proyecto de exhumación de los restos del dictador. En concreto, solicita “todo proyecto, informe, estudio, boceto, diseño, apunte, bosquejo, croquis” y toda la documentación oficial sobre este asunto.

La fundación sostiene que la obra que hay que realizar podría causar daños en el Valle de los Caídos y en la basílica donde se encuentra la tumba. En ese sentido, Chicharro sostiene que la obra que habría que realizar para dejarlo todo en perfecto estado tendría que incluir la reposición de canalizaciones y conducciones subterráneas ahí existentes antes de hacer el hueco para la inhumación” de Franco en 1975. El escrito no explica por qué habría que reponerlas en el estado anterior a ese entierro.

LA LÁPIDA DE FRANCO

Este punto de vista es diferente del que tiene el Gobierno, que lo limita al levantamiento y reposición del solado del lugar donde se encuentra la tumba. Por el contrario, la fundación habla en su escrito ante el Ayuntamiento de El Escorial de “un proyecto que requiere de singular atención” con múltiples elementos técnicos que analizar concienzudamente.

La Fundación Nacional Francisco Franco aprovecha las alegaciones para señalar que la basílica, como lugar de culto, es inviolable, según los acuerdos de España con la Santa Sede. Esto hace que la entrada de operarios en este lugar tenga que contar con la autorización del prior de la abadía benedictina a la que pertenece.

De hecho, el prior podría darse un tiempo para estudiar la petición para realizar estos trabajos, según fuentes eclesiales. Por lo pronto, la Fundación Francisco Franco considera que se trata de una profanación. El prior había mantenido en un principio que actuaría en sintonía con los deseos de la familia, aunque finalmente podría autorizar la entrada para no desobedecer lo que estipula la ley de Memoria Histórica. Esta norma es la que ha sido reformada por el Gobierno para introducir una referencia expresa al traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El Gobierno tiene pendiente de concluir tres pasos antes de una exhumación que preveía en principio que estuviera realizada antes de terminar el año. Estos son los trámites ante el Ayuntamiento de El Escorial, recibir un informe no vinculante de la Comunidad de Madrid, (que es la que tiene competencia en los asuntos de sanidad mortuoria) y conseguir el permiso del prior de la abadía.

Además, el Ejecutivo debe estar atento a lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por los nietos de Franco contra la exhumación. La familia ha solicitado la suspensión cautelar del acuerdo del consejo de ministros para afrontar estos últimos trámites previos a la exhumación.

 

Los seguidores de Vox se afilian en masa tras las elecciones andaluzas

La sorprendente irrupción de Vox en las elecciones andaluzas ha supuesto también un fuerte incremento en el número de afiliados. Sólo en el fin de semana en el que se celebraron los comicios, el partido que lidera Santiago Abascal consiguió mil nuevos afiliados. Tres días después, el ritmo era de quinientos en una mañana, según los responsables del partido.

Las últimas cifras que manejaban en Vox tres días después de las elecciones andaluzas eran de 19.300 afiliados, lo que significa que han sumado aproximadamente diez mil más a los que tenían en agosto. Esto supone doblar la afiliación en sólo tres meses. Con estos datos, Vox se acerca al número de afiliados que tiene un partido más consolidado como es Ciudadanos, que cuenta con 24.000 militantes.

El sorprendente número de votos y escaños conseguidos en las elecciones andaluzas ha hecho que las estructuras del partido se hayan quedado pequeñas. Vox casi alcanzó los 400.000 votos, el 11% de los sufragios, cuando en 2015 el porcentaje era un testimonial 0,46% y los votos no llegaban ni a los 20.000. El resultado le sirvió para conseguir doce escaños en Andalucía, cuando la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas le auguraba sólo uno, que conseguiría en la provincia de Almería.

Tras el comité ejecutivo nacional que celebraron para analizar las elecciones en Andalucía, los líderes de esta formación confesaban que se encontraban desbordados, pero también entusiasmados, por todos los frentes que tenían que cubrir: llamadas, llegada de nuevos afiliados y contactos internacionales.

El presidente de la formación, Santiago Abascal, mostró su cautela por la incorporación de nuevos miembros a su partido. La gestión de este fenómeno va a ser una de las tareas más importantes a manejar a nivel interno. Esto es especialmente sensible ante la celebración de primarias, porque podrían dar un vuelco a la dirección del partido y a su orientación política.

El proceso de primarias incluye la elaboración de candidaturas para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Según dijo Abascal, “sabemos que eso es complicado, sobre todo en la selección del personal” en un momento que calificó “de aluvión”.

“Podrían acercarse personas no convenientes, arribistas o que no compartan el programa y vengan por otras razones”

El presidente de Vox avisó de que “podrían acercarse personas no convenientes, arribistas o que no compartan el programa y vengan por otras razones”. Este fenómeno de incorporación de nuevos miembros hará que en Vox estén “muy atentos” y también, según Abascal, que ocupe gran parte del trabajo en los próximos meses.

El partido ha crecido impulsado por acontecimientos que han movilizado a sus seguidores hasta convertirlos militantes. El número de afiliados no experimentaba incrementos espectaculares hasta el año pasado, cuando empezó a crecer de forma acelerada.

El incremento de afiliados fue meteórico entre julio de 2017 y agosto de 2018. En ese periodo de tiempo se desarrolló la etapa crítica del proceso independentista catalán y tuvo como resultado que se triplicara el número de afiliados.

AFILIADOS DE VOX EN CATALUÑA

Eso supuso que, en toda España, los inscritos al partido en este periodo pasaran de 3.400 a 9.158. En Cataluña la cifra llegó a cuadruplicarse. En esos meses también se produjo el atentado yihadista de Las Ramblas de Barcelona, que igualmente se tradujo en un incremento de la afiliación. Ya más lejos de estos acontecimientos, el partido sigue creciendo en Cataluña y si en octubre tenía 772 afiliados, ahora cuenta ya con 1.135.

Otro acontecimiento relevante es la pérdida del Gobierno por parte del PP, debido a la moción de censura que ha llevado a La Moncloa a Pedro Sánchez. A esto se ha sumado el cambio de liderazgo en el Partido Popular, que tiene como presidente a Pablo Casado desde el pasado mes de julio. Los datos de Vox indican que desde entonces se han incorporado 12.000 militantes a sus filas.

Si se analizan los datos por comunidades y provincias concretas, la más importante es Madrid, donde Vox cuenta con más de cinco mil afiliados. Se pueden poner otros ejemplos, como el crecimiento que experimenta también en la Comunidad Valenciana, donde hay ya 2.400 militantes, el doble que hace tres meses.

La provincia de Valencia es la que tiene más afiliados, con 1.200, pero es la de Alicante la que más ha crecido, ya ha pasado de 400 hasta prácticamente el millar en los últimos noventa días. Ya fuera de esta comunidad, también llama la atención el número de afiliados que declara el presidente de Vox en Murcia, donde ha superado el millar. En Aragón declaran sumar unos 600.

El aluvión señalado por Santiago Abascal se puede medir en fuertes incrementos en un breve periodo, como en Cantabria, donde en un mes y medio ha duplicado el número de militantes, hasta alcanzar los 250, o en Asturias, donde ha crecido un 20% en los dos días posteriores a las elecciones andaluzas y ya están por encima de los 600 afiliados. En León, donde acaban de estrenar sede, las nuevas incorporaciones han hecho que el número de afiliados pase de 60 a 200 desde el comienzo del verano.

 

El Gobierno olvida quitar a Calvo la comisión delegada para asuntos del CNI

El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene a la vicepresidenta, Carmen Calvo, al frente de la llamada Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, pese a que la ministra de la Presidencia se quedó en junio sin el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en detrimento de la titular de Defensa, Margarita Robles.

El propio CNI mantiene esta situación anómala en su propia página web dentro del apartado de ‘Competencias y coordinación’. Los servicios secretos que dirige Félix Sanz Roldán agrupan actividades que en otros países están separadas en dos o más servicios de inteligencia. Esto permite que la coordinación e intercambio de datos de inteligencia entre ámbitos complementarios sea «ágil y completa, a la vez que se optimizan los recursos».

Por ello, el CNI funciona bajo el principio de coordinación con otros servicios de información del Estado, de ahí la importancia de la citada Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que se creó a finales de diciembre de 2011 en el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy.

Al quedar entonces el CNI bajo el paraguas de Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo del PP determinó que la Comisión de Inteligencia fuese presidida por la vicepresidenta y que estuviera integrada también por los ministros de Exteriores, Defensa, Interior, Economía, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y el director del CNI, «que actuará como secretario de la misma.

El actual Gobierno socialista no ha modificado la citada composición, por lo que varios analistas de seguridad han advertido a MONCLOA.COM que sacar al CNI del Ministerio de la Presidencia para llevarlo a Defensa fue una «decisión política que no responde a criterios ni operativos ni de otra naturaleza».

Es más, el Ejecutivo de Sánchez creó una comisión sobre Asuntos Migratorios el pasado mes de julio con Calvo al frente pero mantuvo las prerrogativas del resto, entre ellas la citada de Asuntos de Inteligencia, sin realizar modificaciones. Las comisiones delegadas son órganos colegiados del Gobierno, encargados de examinar las cuestiones que tengan relación con varios de los Ministerios que integren la comisión.

EL CNI, DENTRO DE DEFENSA

Además, el Consejo de Ministros aprobó a finales de noviembre un real decreto que desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa para incorporar a su organigrama el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El CNI pasó a formar parte del Ministerio de Defensa con el Gobierno de Sánchez después de que hubiera pertenecido al de Presidencia durante los mandatos de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Este reparto ya quedó plasmado en el decreto de estructura del Ejecutivo aprobado tras su toma de posesión, así que ese último real decreto se limitó a reproducirlo para incorporarlo en el organigrama del Ministerio.

Las citadas fuentes subrayan que este aparente lapsus de dejar a Calvo al frente de la comisión de Inteligencia, cuando no tiene ninguna atribución sobre el CNI, se debe a la precipitada decisión de llevar a Robles en Defensa y colocar a los servicios secretos de nuevo en el organigrama de este ministerio.

Robles creyó tener en la mano la cartera de Interior en los días previos al anuncio de Pedro Sánchez sobre su nuevo Gobierno y empezó a contactar a antiguos colaboradores suyos, como el exdirector general de la Policía Nacional, Ángel Olivares. Pero a unas horas de que Sánchez anunciase la composición del Ejecutivo, Robles se enteró que Justicia iba a recaer en la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado.

Garzón
Margarita Robles, enemistada con Garzón desde el escándalo del informe Veritas. Foto: Flickr

Cualquier gobernante sabe que los titulares de Interior y Justicia tienen que ser uña y carne por la cantidad de asuntos en los que tienen que ir de la mano. Sin embargo, Robles se plantó ante Sánchez argumentando que no se sentía cómoda con Delgado en Justicia. Entre otras cuestiones, por la estrecha amistad entre esta última y el exmagistrado Baltasar Garzón, con quien Robles se enemistó en la década noventa a raíz del informe Veritas.

El presidente del Gobierno tuvo que cambiar su plan inicial sobre la marcha y terminó ofreciendo a Robles la cartera de Defensa con el aliciente de controlar el CNI, provocando la caída de Constantino Méndez –quien durante unas horas fue ministro ‘in pectore’ de Defensa-.

En ese movimiento rápido de piezas, Sánchez se decantó por Grande-Marlaska para Interior como contrapeso al poder de Delgado -y por extensión de Garzón- en Justicia. Grande-Marlaska nunca se ha llevado bien con el tándem Garzón-Delgado por la guerra de egos en la Audiencia y su complicada relación con ambos cuando Grande-Marlaska sustituyó a Garzón en 2006 de forma provisional al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, pero al menos la sangre nunca ha llegado al río como sí que ocurrió a raíz del ‘informe Veritas’ entre Robles y el exmagistrado inhabilitado.

 

Las medidas de Vox que Cs podría aceptar en Andalucía y las que no querría ni en pintura

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El plan A de Ciudadanos en Andalucía es que su candidato a la Junta, Juan Marín, sea el nuevo presidente autonómico en un Gobierno de coalición con el PP y que el PSOE permita la investidura, de manera que no haya que contar con Vox, tal y como desea Manuel Valls desde Barcelona.

Sin embargo, Cs ha planteado esa hipótesis sabiendo que es altamente improbable y, de hecho, ya recibido la negativa del PP y del PSOE, que no ven lógico que el tercer partido más votado en las elecciones del pasado domingo sea el que presida la Junta.

Parece obvio que, para evitar que los socialistas vuelvan al poder o que haya que repetir las elecciones, Ciudadanos tendrá que pasar al plan B: apoyar a Juanma Moreno como presidente y gobernar junto al PP, para lo cual necesitarían el apoyo de Vox.

Mientras que los populares no le hacen ascos a este partido, la formación naranja no se siente demasiado cómoda con él. Y, teniendo en cuenta que una parte de quienes ahora apoyan a Cs en las urnas son antiguos votantes socialistas, estos podrían pensárselo dos veces antes de coger la papeleta naranja en futuras elecciones.

Santiago Abascal ya ha dicho que Vox “nunca será un obstáculo” para una mayoría alternativa al PSOE en Andalucía y que las condiciones que podrían poner a Moreno son las medidas recogidas en su programa electoral.

El PP está entusiasmado con este escenario. El problema lo tiene Ciudadanos, un partido que se autodefine como liberal progresista y que, según su secretario general, José Manuel Villegas, mantiene “claras diferencias” con Vox en varios temas.

El programa con el que Vox se presentó a las elecciones del 2 de diciembre contiene algunas propuestas claramente opuestas a los valores que defiende la formación naranja y que podrían ponerla en un brete si se incluyeran en un posible pacto de gobierno. Una de ellas es la derogación de leyes “con un marcado carácter ideológico o que atenten contra la libertad de pensamiento y la igualdad».

«La ley de Memoria Histórica impone, de forma totalitaria, una versión oficial muy sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-75”

Con estas palabras se refiere Vox a la Ley andaluza para Garantizar los Derechos, la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las Personas LGTBI y sus Familiares. Además, apuesta por suprimir las subvenciones a asociaciones «claramente ideologizadas, como feministas radicales y LGTBI».

Ciudadanos no solo se opone a cualquier discriminación por motivos de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, sino que en su programa electoral se compromete a desplegar “en su totalidad” la ley de 2017 que Vox quiere eliminar, haciendo hincapié en “la despatologización de la transexualidad”.

El partido de Abascal también pretende derogar la la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, por considerar que “criminaliza” a los hombres, y sustituirla por una ley de violencia doméstica que trate por igual a todas las víctimas de violencia intrafamiliar.

Aunque en su programa para las elecciones generales de 2015 Ciudadanos propuso reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género para “acabar con la asimetría penal por cuestiones de sexo” –el agravante que se aplica cuando es el hombre el que agrede a una mujer que es o fue su pareja–, con el tiempo ha dejado de defender esta postura.

Otra ley con la que quiere acabar Vox en Andalucía es la de Memoria Histórica y Democrática, ya que cree que «impone, de forma totalitaria, una versión oficial muy sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-75”.

Para Cs, los asuntos relacionados con la Guerra Civil y el Franquismo pertenecen al pasado y suele mostrarse reacio a ocuparse de ellos, pero no está claro qué le parecería que Vox condicionara su apoyo a la derogación de esa ley.

En general, Albert Rivera y los suyos huyen de los debates ideológicos en los que siempre se han enzarzado el PP y el PSOE, y puede que, por ese motivo, tampoco les guste la propuesta de Vox de excluir la enseñanza del islam en la escuela pública o la de que los centros deban pedir permiso a los padres de los alumnos para enseñarles “contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales”.

Asimismo, Ciudadanos nunca ha abogado por el cierre de Canal Sur, como plantea Vox, y puede que su afán por suprimir organismos públicos superfluos no llegue tan lejos como el de este partido, que quiere eliminar el Instituto Andaluz de la Mujer o el Instituto Andaluz de Investigación Agraria, entre otros.

LAS MEDIDAS EN LAS QUE VOX TIENE SINTONÍA CON CIUDADANOS

Pese a las discrepancias, hay otras medidas de Vox que están en sintonía con las ideas de Cs, especialmente en el ámbito fiscal, pues ambos pretenden suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y bajar el IRPF, aunque Cs no propone eliminar el Impuesto de Patrimonio –sí reducirlo– ni el Impuesto de Plusvalía Municipal.

También podrían estar de acuerdo en aumentar el personal sanitario, reformar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (el antiguo PER), facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar o impedir el “enchufismo” en los altos cargos de la Junta.

En cualquier caso, habrá que esperar a que Vox se pronuncie y diga cuáles de estas propuestas presentará como condiciones para permitir o respaldar un nuevo Gobierno en Andalucía.

El cierre sobrevuela Canal Sur después de treinta años de polémicas

Teodoro García Egea dio ayer la sorpresa y anunció que el PP está dispuesto a estudiar el cierre de Canal Sur, tal y como exige el programa de sus posibles aliados de Vox. En una entrevista concedida a Antena 3 también señaló que están dispuestos a estudiar si el planteamiento «es viable o no».

«Prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería», explicó el número dos de los populares, admitiendo que las autonómicas funcionan mejor «en unos lugares mejor que en otros» y adelantando que, quizás, en Andalucía «se puede hacer el mismo servicio de forma más eficiente».

García Egea también le envió un recado a Ciudadanos, formación de la que dice que «puede no estar a la altura» porque «están pidiendo cargos que es lo que decían que no iban a pedir. En vez de ser útiles, están intentando ser importantes». Moreno Bonilla no lo tiene tan claro y afirmó ayer que para cerrar el canal habría que reformar el Estatuto de Autonomía. 

CANAL SUR: VIABILIDAD EN PELIGRO

En menos de tres meses, Canal Sur cumple treinta años de vida y por primera vez su viabilidad está en peligro ante la posible exigencia de Vox al PP. No sería la primera vez que los populares echan la persiana a una televisión autonómica porque en noviembre de 2013 cerraron Canal Nou en la Comunidad Valenciana.

La Corporación audiovisual andaluza cuenta con un presupuesto para 2018 de 163 millones de euros, 140 de los cuales recibe directamente desde las cuentas de la Junta. Canal Sur y sus hermanas radiofónicas y digitales cuentan con una plantilla de 1.500 trabajadores que engullen más de la mitad del presupuesto anual.

La televisión andaluza cerró noviembre un 9,1%, según los datos de la consultora Barlovento, por lo cual crece tres décimas al mes anterior. Canal Sur Radio, Canal Fiesta, Radio Andalucía Información (RAI) y Flamenco Radio han sumado en el último EGM un total de 629.000 oyentes diarios.

UNA PROGRAMACIÓN DE DUDOSA CALIDAD

La estrella de Canal Sur sigue siendo Juan Y Medio, presentador y productor del espacio vespertino ‘La tarde aquí y ahora’, cuya mecánica se basa en presentar a varios jubilados que desean encontrar un amor, y ‘Menuda noche’, donde un grupo de niños entrevista a varios famosos.

Canal Sur
Susana Díaz, dejará previsiblemente la presidencia tras la debacle que narró Canal Sur. Foto: Flikr Junta Andalucía

ÍndaloyMedia, de la que el citado comunicador es fundador, accionista y estrella, factura alrededor de 40 millones de euros anuales y también pone en pie el espacio musical ‘Yo soy del sur’, que conduce cada sábado María del Monte.

Diario de Sevilla definió hace unos meses la programación de Canal Sur como «una parrilla reaccionaria, que atufa a blanco y negro, con folclore cansino, festeros y niños relamidos, y que se colorea con cierta impostura feminista, ramalazo progresista para una programación entregada a las procesiones, los vestidores de santos, los buñuelos de viento, la recolección de tagarninas y el vecindeo de abuelos casaderos».

Vox planteaba en su programa el cierre de la cadena autonómica y tras el éxito electoral del domingo no se ha olvidado. En una entrevista concedida a OK Diario, su líder estatal afirmó que Canal Sur es «una televisión de partido» que «tiene que desparecer».

Santiago Abascal también se reafirmó en «acabar con el sistema de las autonomías», hacer una auditoría «de todos los cargos enchufados en la Junta» y regular la inmigración» en función de las necesidades de la economía.

Diario de Sevilla definió a Canal Sur como como «una parrilla reaccionaria, que atufa a blanco y negro, con folclore cansino, festeros y niños relamidos»

También la regulación dependería «de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No todos se adaptan a vivir igual. Hay algunos inmigrantes que no se adaptan, otros que no quieren adaptarse y vienen a España a imponer sus costumbres».

¿ES CANAL SUR UNA TELEVISIÓN DE PARTIDO?

El PSOE ha utilizado a su antojo Canal Sur. Pero es evidente que la televisión autonómica no ha tenido una parrilla politizada, pese a que en sus servicios informativos sí que cuentan con un sesgo evidente.

Canal Sur se ha convertido en un paradigma de televisión del pasado con espacios folclóricos, retransmisiones taurinas, utilización de niños y ancianos en shows poco edificantes y escasos espacios vanguardistas y culturales tras la caída en desgracia de Jesús Quintero.

El paradigma de comunicador asociado a los socialistas es Tom Martín Benítez, que dirigió el Centro Territorial andaluz de TVE tras el triunfo de Felipe en 1982 y ocupó diversos cargos en RTVE hasta que la victoria de Aznar lo desplazó a Canal Sur Radio, donde conduce desde hace 21 años el espacio estrella de la emisora, ‘La hora de Andalucía’.

Joaquín Durán capitanea Canal Sur desde hace más de cuatro años de forma transitoria. El directivo se vio acorralado en 2016 por el ‘caso Ausbanc’, ya que la televisión autonómica andaluza compró varios espacios a una empresa vinculada con la compañía de Luis Pineda.

El director de Canal Sur explicó que «la propuesta para la compra de los derechos de emisión llega de la empresa Agroeditora S.L, que está constituida en 1994, e inscrita en el registro mercantil y cuyo objeto social era la edición de publicaciones y obras audiovisuales».

Durán admitió que «coincide que ambas tienen detrás a la misma persona al frente, una es una organización sin ánimo de lucro y la otra es una empresa comercial. Por tanto, nosotros contratábamos a una empresa comercial que ofrecía un producto».

CANAL SUR Y VOX

Sea como fuere, Durán cesó al número tres de la cadena, Antonio Ramírez, hasta entonces director de Estrategias y Antena de Canal Sur, tras verse salpicado por el escándalo que llevó a la cárcel al controvertido Luis Pineda.

El lunes ‘Canal Sur Noticias’ descalificaba o describía a Vox con términos como «formación ultraderechista» y apuntaba a que la opción más factible de Gobierno era una Junta liderada por Ciudadanos que contaría con el apoyo del PSOE y la abstención de Adelante Andalucía.

Canal Sur
El líder de VOX pide el cierre de Canal Sur. Foto: ETB.

Pero la cadena ha rebajado el tono con el partido liderado por Santiago Abascal y ayer la televisión autonómica cursó una invitación a Vox para participar en un debate sobre los cuarenta años de la Constitución que se emitió anoche.

 

El CIS de Tezanos sorprende con un ‘sorpasso’ de Pacma… al PP en Cataluña

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) guarda un sorprendente dato: el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) queda por encima del mismísimo Partido Popular en la región de Cataluña cuando se inquiere por la preferencia de voto.

A la pregunta de a quién votaría si mañana se celebrasen elecciones generales en esa comunidad autónoma, apenas un 2,4% de los catalanes se decanta por el PP en una región en la que es difícil expresarse en público por este partido, mientras que Pacma cosecha un significativo 2,6% en intención directa de voto. Curiosamente, tampoco se queda muy lejos del PDeCAT (3,5%).

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Asimismo, si se cuenta la intención directa de voto más la simpatía por el partido, el Pacma vuelve a quedar por delante del PP en Cataluña: un 2,9% para los animalistas frente a un pírrico 2,6% de los populares. Este dato fue el mejor porcentaje de Pacma en las 17 comunidades autónomas, lo que indica que este partido tiene ya cierto arraigo en tierras catalanas.

La cuenta oficial de Pacma de Cataluña celebró los buenos resultados del barómetro con un tuit: “LA EMPATÍA HACIA LOS ANIMALES, AVANZA CON PASO FIRME! La intención de voto a Pacma en Cataluña (2,9%) supera la indiferencia por el sufrimiento animal, la protección de las tradiciones violentas y el fomento de la caza de PP (2,6%) y VOX (1,1%)”.

El CIS situó en Cataluña a Esquerra Republicana (ERC) como el primer partido en intención de voto con el 22,2% de apoyos. Por detrás, quedó el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) con el 16,7%, seguido de Podemos (13,4%), Ciudadanos (8,4%), Convergencia Democrática en Cataluña (CDC) con el 3,5% y los dos últimos partidos ya mencionados, Pacma y PP.

Captura de pantalla 2018 12 05 a las 19.37.23 Moncloa

El socialista José Félix Tezanos, presidente del CIS, volvió a ser criticado por favorecer al PSOE en la encuesta a nivel estatal. En el último barómetro, el PSOE aparece claramente destacado del resto con un 31,2% de apoyos, mientras que los populares consiguen un 19,1% de los votos y quedan por delante de Ciudadanos (18,2%) y Podemos (18%). Más atrás, a bastante distancia, queda Vox, con el 2,5% de apoyos, y Pacma (2,1%).

En las pasadas elecciones de Andalucía, el partido animalista logró alcanzar los 69.660 votos. Una buena cifra, ya que duplicó el número de apoyos -en 2015 obtuvo 31.000-, aunque se quedó a 8.847 papeletas en la provincia de Sevilla de quitarle un escaño a Adelante Andalucía. En Cádiz, el sistema d’Hont perjudicó al partido animalista ya que le faltaron 17.235 votos para lograr representación en dicha provincia.

Un resultado, en todo caso, histórico para los animalistas ya que les da la posibilidad de poder entrar en el Parlamento Europeo en las elecciones de mayo si siguen por este camino, al haber sólo una circunscripción única.

“Los animales, el medio ambiente y las personas más necesitadas están más cerca de que alguien les represente en el parlamento. Estoy segura de que el año que entra será la primera vez que alguien les represente desde el Parlamento Europeo”, manifestó la candidata por Pacma a la presidencia andaluza, Eva Ramos.

PACMA CRITICA LA GESTIÓN DE ADA COLAU

El partido defensor de los animales no dudó en arremeter contra el Ayuntamiento de Barcelona por la “inoperancia” en la organización de las colonias felinas de Sant Andreu. Además, afirmó que “no se ofrecían soluciones inmediatas a casos dramáticos que viven los gatos.

“No es aceptable que sean solamente las asociaciones las que, sin apenas recursos, se responsabilicen de proteger y cuidar a estos animales. Tras dos horas y media de reunión, sigue sin quedarnos claro qué entiende este Ayuntamiento por bienestar animal”, subrayó la portavoz Raquel Iglesias.

Además la presidenta del partido animalista publicó ayer un video en el que acusó al secretario general de Podemos de no buscar una solución a la grave situación de los animales: “Ayer en Pacma veíamos sorprendidos como Pablo Iglesias preparaba una intervención para la Televisión acompañado de su perro, es un gesto muy positivo pero que no viene a poner solución a la dramática situación que padecen en nuestro país”.

«No es aceptable que sean solamente las asociaciones las que, sin apenas recursos, se responsabilicen de proteger y cuidar a estos animales»

La organización animalista se ha volcado en Cataluña, donde promovió hace unos días el Congreso Internacional de Bienestar Equino en Barcelona al que asistieron con el objetivo de “seguir formándose sobre unos animales usados y explotados en festividades populares”.

En las elecciones al Parlament catalán del 21 de diciembre de 2017, Pacma consiguió 38.743 votos. De esta forma, el partido a favor de los animales creció un 28% respecto a 2015 que recogió 29.785 votos. En 2012, la cifra de apoyo para esta formación fue mucho menor, con 20.777 votos.

Para las elecciones autonómicas de 2015, Pacma presentó en su programa político dos propuestas clave para la gestión del territorio. En primer lugar, promover que los comercios y locales de ocio permitan el acceso con animales de compañía y por otro lado, reconocer legalmente a los santuarios de animales.

 

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