El futuro de los líderes independentistas presos se encuentra en manos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El partido de Gabriel Rufián es el que está al frente de la Consejería de Justicia de la Generalitat que debe refrendar o no la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de aplicar a los condenados por el 1-O el segundo grado penitenciario.
Esta propuesta contraviene la pretensión los encarcelados que aspiraban a lograr un régimen de semilibertad (tercer grado) apenas 56 días después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia que les condenaba a penas de entre 13 y 9 años de prisión por delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
Sin embargo, la decisión de las juntas de las prisiones de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d’Enric (Tarragona) donde se encuentran Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, no es firme y debe ser refrendada en el plazo máximo de dos meses por la Generalitat de Cataluña que preside el independentista Quim Torra, quien este miércoles exigió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, amnistiar a los presos del ‘procés’.
Concretamente, la competencia de avalar la postura de las prisiones recae sobre la Consejería de Justicia que preside Ester Capella (ERC). Una circunstancia que da lugar a cuestionamientos de la imparcialidad de ese departamento para pronunciarse sobre los presos, aunque el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima de la Consejería de Justicia, Amand Calderó, se apresuró este miércoles a despejar cualquier sombra de duda sobre la objetividad del servicio de clasificación de Justicia encargado de pronunciarse al respecto.
Este equipo está integrado por una decena de funcionarios juristas, psicólogos, educadores y trabajadores sociales y, además, un representante de la administración catalana que cuenta con voto de calidad, un privilegio que, con todo, no es suficiente para imponer su criterio.
Calderó quiso subrayar durante su intervención para anunciar la decisión de las juntas de tratamiento de aplicar el segundo grado penitenciario, que el citado equipo de clasificación de la Consejería de quién depende dar firmeza a esa decisión se rige “estrictamente por criterios técnicos” que están “al margen del debate político”.
En el caso de que la agrupación decidiera finalmente no dar el visto bueno a la decisión de las prisiones debería formular una contrapropuesta. Las posibilidades de que esto finalmente ocurra se antojan limitadas si nos atenemos a la estadística. La Generalitat tan solo rechaza el 5 % de las propuestas que llegan desde los centros penitenciarios.
¿POR QUÉ ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT?
En el año 1979 el Gobierno de España, por aquel entonces presidido por el fallecido Adolfo Suárez, promovió y aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña mediante la Ley Orgánica 4/1979. En su artículo 11.1, el Estatuto establecía que le correspondía a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, aunque esto no se materializó hasta años después.
Ocurrió bajo el mandato del socialista Felipe González, quien en 1983 aprobó el Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, por el que se traspasó a la Generalitat la competencia sobre las prisiones de la comunidad autónoma catalana.
Más de treinta años después, el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que recordar en octubre de 2018 que esas competencias estaban transferidas a raíz de las acusaciones por parte del Partido Popular de que Interior estaba concediendo beneficios penitenciarios a los políticos independentistas presos.
DEFENSA DEL SISTEMA PENITENCIARIO CATALÁN
El responsable de medidas penitenciarias del Gobierno autonómico hizo este miércoles durante su comparecencia una firme defensa del sistema catalán, donde sus profesionales, afirmó, “trabajan al margen del ruido con rigor, honestidad e independencia”. Calderó hizo una llamada a la confianza en los 5.600 trabajadores de las cárceles catalanas y pidió que la sociedad les deje “hacer su trabajo” y no lo ponga “en entredicho”.
Por otro lado, recordó que después de que el servicio de clasificación estudie, analice y resuelva la propuesta de las juntas de las distintas cárceles, contra esa decisión cabe recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria y después ante el Tribunal Supremo.
El segundo grado, también conocido como ordinario, del que gozan ahora los presos no prevé salidas del centro penitenciario pero puede ser flexibilizado a través de supuestos contemplados en el reglamento, como el del artículo 100.2 en virtud del cual los presos pueden disfrutar de salidas diarias para trabajar o hacer voluntariado en condiciones prácticamente homólogas al régimen de semilibertad.
Sobre la hipotética aplicación de este artículo, Calderó sostuvo que habrá que esperar a que se confirme la clasificación, algo que confió que se produzca de forma “ágil”, para plantearlo. En ese momento dependerá de cada junta de tratamiento y del programa individual de tratamiento de cada preso.
