IU se gasta más de 100.000 euros al mes para devolver préstamos

Izquierda Unida es un partido con muchas deudas. Uno de los lastres que, ahora, le dificulta presentarse a las elecciones generales en solitario. El partido ha solicitado, al menos, nueve préstamos, de los cuales siete son bancarios, según los datos reflejados en su portal de transparencia. Y esos créditos le cuestan más de 100.000 euros al mes. Un gasto financiero que asciende a 1,2 millones de euros cada año.

A pesar de que Podemos presume de que no le debe dinero a los bancos, el caso de su socio electoral es distinto. IU está en deuda con el Santander, La Caixa, Bankia e Ibercaja. Y esto por haber comprado desde fotocopiadoras hasta adquirir dos hipotecas.

«Debemos evitar que las deudas de los partidos con la banca limiten la democracia, y que las presiones de ambos puedan recortar el derecho a la información. Por eso proponemos que los bancos no puedan financiar campañas electorales ni comprar medios de comunicación. Con este mensaje, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, daba el pistoletazo de salida a la campaña electoral de los comicios generales de 2019. Un consejo que ahora comparte el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Al menos en la teoría.

El partido de Garzón hace frente a créditos de cierta antigüedad. Fuentes cercanas a la formación aseguran que, en muchos casos, se trata de deudas que había adquirido la vieja federación de IU. En el caso de Madrid, después de que el actual coordinador federal expulsara a 5.500 personas del partido, el renovado partido heredó una deuda de un millón de euros con Hacienda. Y lo mismo ha ocurrido con otras secciones autonómicas de la formación.

Las deudas que arrastra IU han sido un quebradero de cabeza para Garzón. Especialmente después de que Iglesias presuma de no pedir dinero a los bancos. En 2013, la Agencia Tributaria embargó cuatro inmuebles que pertenecían a Izquierda Unida por una deuda que ascendía al actual gasto anual en créditos del partido, es decir, 1,2 millones. Un importe que llegó en 2015 hasta los 1,8 millones de euros y que puso en duda que la formación se pudiera presentar a las elecciones municipales de ese mismo año.

De hecho, el crédito que Garzón solicitó al banco Santander fue para evitar el embargo de que la Agencia Tributaria pretendía ejecutar sobre las cuatro sedes del partido. En este caso, Hacienda le exigía a IU el pago de 300.000 euros. Y el coordinador del partido recurrió a la entidad de Ana Botín para solucionar el problema. Este crédito le supone a la formación el pago de 5.200 euros cada mes. Los últimos datos que IU ha publicado en su portal de transparencia hacen referencia al ejercicio de 2017.

El partido recurre a la Comunidad de Madrid para explicar el por qué de una deuda tan abultada que, según un informe interno de la formación, llegó a superar los nueve millones de euros. Pero IU considera que el millón que les dejó la facción del partido en la Comunidad de Madrid es uno de los principales lastres que arrastra la formación de Garzón. Y para ello se escudan en que Izquierda Unida en esta comunidad apareció en la lista de morosos de Hacienda.

PABLO IGLESIAS, EL AZOTE DE LA BANCA

Para el secretario general de Podemos, habría que prohibir que los bancos puedan influir en la política y en los medios de comunicación. Durante la campaña electoral de las pasadas elecciones de abril, Iglesias le declaró la guerra a las entidades financieras. Siempre bajo el lema que repitió hasta la saciedad en el que presumía que su partido no debía dinero a la banca. «Los bancos en España tienen más poder que los diputados y que el propio Tribunal Supremo», aseguró en marzo de 2019 el secretario general.

Cuando nació Unidas Podemos, fruto de la unión entre Equo, Izquierda Unida y Podemos, quisieron dejar claro que los bancos no eran sus aliados. Para ello, la nueva formación decidió financiarse con las cuotas de sus afiliados y no con préstamos bancarios. Sin embargo, la deuda reconocida por IU de más de nueve millones de euros puso al partido en una situación comprometida, ya que ya había adquirido deudas con la banca.

IU asegura que desde 2016 no ha vuelto a adquirir un préstamo bancario. Esta fue la frontera entre lo que ellos consideran la «vieja» y la «nueva» política. En su lugar, Unidas Podemos pide el dinero a sus afiliados con un ejercicio que ya pusieron en práctica en 2015 y que habían llamado YoNoTengoUnBárcenas.

Pero el caso de IU es diferente. Izquierda Unida ha llegado incluso a financiarse con micropréstamos después de la línea roja que establecieron en 2016, puesto que su situación es más complicada. Tanto, que algunas fuentes cercanas al partido tachan de insostenible. En las cuentas que realizan el balance entre gastos e ingresos, Izquierda Unida asegura que la formación es rentable. Pero otras fuentes lo niegan y aseguran que IU tiene una total dependencia de Podemos debido a sus deudas.

 

Ombuds no consigue frenar la huelga de vigilantes de Metro de Madrid

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A las 6:00 de la mañana ha dado comienzo la huelga de los trabajadores de seguridad de Metro de Madrid. El parón, de carácter indefinido, podrá ser secundado por los 500 empleados que la empresa de seguridad Ombuds tiene el suburbano. En concreto, las líneas afectadas serán la 7 (Hospital del Henares-Pitis) y la 9 (Paco de Lucía-Arganda del Rey). Las protestas se unen a las iniciadas la semana pasada por la EMT. 

Los vigilantes denuncian la situación de impagos que acarrean desde el pasado mes de mayo. Ombuds, actualmente en concurso de acreedores, les adeuda las nóminas de junio, julio y la extra de verano. Con esta huelga pretenden que tanto Metro como la EMT rescindan unilateralmente su contrato con el grupo de seguridad y sus servicios queden controlados por otra empresa más solvente del sector.

HUELGA EN METRO DE MADRID

La huelga de Metro, lanzada por Alternativa Sindical, no contará con servicios mínimos. Según adelanta el sindicato, “ningún organismo” le ha designado esas jornadas de trabajo mínimas “con 24 horas de antelación, como se establece por el Real Decreto” que regula el paro. Por lo tanto, cualquier trabajador puede sumarse a la reivindicación sin excepciones. 

El sindicato entiende que esta medida “servirá como arma de presión” para que el ente público finalice su relación laboral con Ombuds. El coordinador de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, critica la pasividad con la que la dirección de Metro está tratando el asunto. 

García indica que Metro podría rescindir su contrato alegando el incumplimiento de una de las cláusulas que firmaron. Según añade el representante de los trabajadores, en el acuerdo aparece una premisa en la que la empresa “podrá romper su relación laboral en caso de impagos a los vigilantes”, por lo que “no entienden por qué el grupo de transportes no se ciñe a este punto” para acabar con dicho contrato.

La semana pasada se celebró un acto de conciliación entre Ombuds, el Administrador Concursal, la EMT y Metro de Madrid junto a Alternativa Sindical. El objetivo de la cita era alcanzar un acuerdo que resolviera el futuro de los trabajadores. Pero no se consiguió, después de que Ombuds y las empresas públicas no aceptaran las exigencias del Comité de Huelga. 

OMBUDS “ENGAÑA” A LOS TRABAJADORES DE LA EMT

Tras el acto de conciliación, Ombuds, en un intento desesperado de mantener a sus clientes, prometió a los 200 trabajadores de la EMT que dispondrían de sus sueldos atrasados antes del pasado viernes. La empresa solicitó a Alternativa Sindical que parara la convocatoria de huelga y no se generarán descubiertos en el servicio.

El sindicato mantuvo el paro indefinido, que comenzó el día 8, y aseguró que le pondría fin una vez ingresados los salarios. Sin embargo, Ombuds ha incumplido finalmente su palabra y todavía no ha devuelto el monto adeudado. La empresa de seguridad pretendía con esta oferta evitar que EMT rescindiera su contrato a causa de los descubiertos que le generaría la huelga. Según fuentes sindicales, el ente de transportes “estaba muy cerca de poner fin a su relación laboral”.

La huelga de la EMT está teniendo un seguimiento entre el 70 y 85 %, según fuentes sindicales. El primer día el Ayuntamiento tuvo que reforzar la entrada a las cocheras con agentes de la Policía. El seguimiento del paro ha provocado descubiertos en los servicios, “poniendo en peligro a la ciudadanía”, ya que ambas empresas de transporte se consideran “infraestructuras críticas” y actualmente el país se encuentra en un nivel de alerta 4 antiterrorista. 

MUSEO THYSSEN, A PUNTO DE IR A HUELGA

Otra de las instituciones públicas que podrían sumarse a las reivindicaciones es el Museo Thyssen. La dirección del organismo asegura que ya ha comunicado a Ombuds “la resolución del contrato por el incumplimiento de su obligación de pago a sus trabajadores, a la seguridad social y a la agencia tributaria.

El ente indica que también ha emprendido “los trámites para la contratación de una nueva empresa por medio un procedimiento de licitación”. Sin embargo, por el momento los vigilantes y auxiliares de sala siguen trabajando sin cobrar su sueldo y nadie se ha hecho cargo de la seguridad del ente. 

Ante esta situación, la Federación Madrileña de Alternativa Sindical ha comunicado al museo, vía burofax, “un requerimiento para que rescinda su contrato” y le da un plazo de 48 horas antes de registrar el preaviso de huelga “el próximo 15 de agosto”. En el museo trabajan en torno a 100 trabajadores de Ombuds, entre vigilantes y auxiliares de sala. 

Actualmente son tres las empresas que han roto su contrato con el grupo de la familia Cortina. Carrefour ha designado como proveedora de estos servicios a Prosegur (norte y centro) e Ilunion (sur y Levante). Por su parte, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña e Ifema también han roto su contrato en favor de Prosegur. Otros organismos dependientes de la seguridad de Ombuds son la Agencia EFE, Renfe o Instituciones Penitenciarias, entre otras. En total hay 8.000 trabajadores afectados por la quiebra de la empresa.

 

La UAM se ha gastado 90.000 euros públicos en defenderse de la Seguridad Social

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha tirado la casa por la ventana en el macrojuicio contra la Seguridad Social y los exbecarios y doctorandos del centro. La UAM estaba acusada de usar alumnos en prácticas para cubrir puestos de trabajo. Pero una juez ha considerado el pasado 19 de julio que la universidad no cometió irregularidades. La defensa legal de este proceso le ha costado, de momento, a la Autónoma 90.000 euros públicos. Ahora, la Seguridad Social ha recurrido la sentencia. Y la defensa de Sagardoy Abogados (los mismos que representan a Deliveroo o a Glovo) puede encarecerse.

La defensa de la Universidad Autónoma de Madrid era un tema de todos. Así lo entendió el Rectorado. Por ello, la representación legal salió a concurso con un presupuesto base de licitación de 108.000 euros. La propuesta de Sagardoy Abogados fue la que mejor se adaptaba a las necesidades de la Autónoma. No solo por la experiencia del bufete defendiendo causas similares, como la que afecta a empresas como Glovo. Sino porque era de las más rentables.

Al final, el coste total de dinero público destinado a estos abogados fue de 90.000 euros. Pero para defenderse de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que había denunciado en 2017 a la UAM por emplear becarios para desempeñar puestos de trabajo estructurales a raíz de un aviso de del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Y a pesar de que el rector de la universidad, Rafael Garesse, ha emitido el mes pasado un comunicado en el que ha mostrado su “satisfacción” tras la sentencia, la Seguridad Social la ha recurrido.

Pero no solo la TGSS está detrás de este asunto. El aviso de CCOO que dio el pistoletazo de salida al juicio vino motivado por quienes de verdad han estado al pie del cañón durante años: los becarios y los doctorandos. Muchos de los alumnos que vivieron esta situación relatan a MONCLOA.COM que cobraban 300 euros al mes por desempeñar trabajos que no tenían nada que ver con el objeto de sus prácticas. Muchos de estos exbecarios y doctorandos también han denunciado por su cuenta a la Autónoma. Pero sus procesos están suspendidos a la espera de que se resuelva el macrojuicio.

La Seguridad Social cuenta con un as en la manga. En febrero de 2018, una alumna ganó un juicio contra la universidad. El centro la había usado para desempeñar funciones estructurales. Pero cobraba en calidad de becaria. La UAM tuvo que devolver parte del dinero que le correspondía a la becaria y readmitirla. Se trata de un caso similar al que ha denunciado la Seguridad Social. Pero con un desenlace, al menos de momento, muy diferente.

Las prácticas consistían en pagar 300 euros al mes a los becarios que trabajaran no más de 18 horas semanales y 600 euros a los que desempeñaran su labor en no más de 25 horas a la semana. Pero en la sentencia, el juzgado de lo Social número 7 de Madrid considera que “si de las dos situaciones puestas de ejemplo por la inspección no se desprende ningún tipo de relación laboral, mucho menos se puede pretender que la Universidad Autónoma de Madrid haya contratado a 285 personas en fraude de ley, porque el fraude no se presume, hay que probarlo”.

Y luego están las consideraciones del acta de la Inspección de Trabajo, muy contrarias a las consideraciones de la juez. En este informe se detalla que los becarios “eran incluidos inmediatamente en el organigrama funcional del departamento o servicio en el que las realizaban, de manera que con la prestación de tales prácticas el departamento cubría por turnos determinados puestos tales como atención al público, préstamos de libros, mantenimiento de bases de datos”. Algo que varios exbecarios e incluso doctorandos confirman.

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Parte de la licitación de la UAM en la que se gastó 90.000 euros para su defensa legal.

Son ya 285 los exalumnos de la Autónoma que han denunciado a la universidad. Hay tanto becarios como doctorandos. Y todos se han sumado a la denuncia que la Seguridad Social ha interpuesto a la UAM, además de haber presentado sus demandas particulares. Sin embargo, tras el inesperado fallo del juzgado de lo Social número 7, los antiguos alumnos de la universidad han decidido dejar a un lado, de momento, sus causas particulares (algunas de las cuales iniciaban la primera vista este próximo mes de septiembre) para centrarse en la general.

Cuando tengan, si el recurso logra modificar el fallo judicial inicial, el respaldo del macrojuicio, retomarán sus causas y reclamarán el dinero que le deben. Un importe que fuentes cercanas a los denunciantes aseguran que es menor que el que se ha gastado la UAM en defenderse del proceso.

Vox reafirma su apoyo a la investidura de Ayuso

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Vox reafirma su apoyo a la investidura de la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que previsiblemente será proclamada este miércoles, si no hay sorpresas de última hora, y liderará el primer gobierno de coalición en la región, junto a Ciudadanos.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha reiterado el apoyo de su formación a la investidura de la ‘popular’ Díaz Ayuso y achaca las sospechas sobre ella a una «maniobra de la izquierda», que está «rabiosa» por no poder gobernar «una vez más» la región.

Monasterio manifiesta que su partido respeta la presunción de inocencia

Díaz Ayuso ha salido al paso de las últimas informaciones que la relacionan con la trama Púnica por las “sospechas” que suscitan. La candidata del PP ha defendido su honradez y ha asegurado que nunca ha formado parte de ningún esquema de corrupción.  Además ha manifestado que ni ningún juzgado la ha llamado ni «siquiera a declarar como testigo».

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Monasterio ha señalado que Ayuso, junto a Ciudadanos, ha asumido los 12 puntos planteados por Vox para desbloquear la investidura y, en consecuencia, sus 12 diputados apoyarán su candidatura como nueva presidenta del Ejecutivo autonómico.

Sobre las acusaciones de corrupción que pesan sobre líder ‘popular’, Monasterio ha dicho que su partido respeta la presunción de inocencia y que «esto lo tiene que decir un juez».

No obstante, la portavoz de Vox en la Asamblea ha opinado que estas sospechas sobre Ayuso son «más bien una maniobra de la izquierda para sembrar dudas» sobre una investidura que dará inicio a una legislatura en la «van a tener muy poco que decir».

Sobre el papel de su formación, Monasterio ha asegurado que Vox va a tomar distancia respecto al nuevo ejecutivo de PP y Cs para optar por una labor de «vigilancia y oposición férrea» de la acción de gobierno, pues su objetivo es que se mejore la gestión.

En ese sentido, no creen que sea bueno para la Comunidad de Madrid tener una deuda de 33.000 millones de euros, «desmontar chiringuitos, entes y empresas subvencionadas» y conseguir «de verdad» que el dinero de los madrileños vaya a sanidad, educación y políticas sociales.

Monasterio sí ha criticado que el nuevo Gobierno regional «empiece a andar» con un incremento de consejerías (de 9 a 13), algo que es un «error» porque precisamente se tiene que «reducir el tamaño de las administraciones gigantes».

Sobre informaciones que apuntan a negociaciones abiertas entre PP y Cs para elegir a los nuevos consejeros, la portavoz de Vox ha dicho que estas dos formaciones tienen ya «un mismo discurso y por eso se intercambian consejeros». De hecho, ha afeado a ambos partidos que ya no tienen políticas que «defiendan la vida» o combatan la inmigración ilegal.

En cuanto a la situación política a nivel nacional y la posibilidad de que haya repetición electoral, Monasterio ha afirmado que su partido está «a favor de la estabilidad» con fórmulas que no impliquen a la «ultraizquierda» y los «separatistas». En este punto, ha señalado que los partidos «con más escaños», en alusión a PP y Cs, tienen una «responsabilidad» al respecto.

Álvarez de Toledo incita al «otro PSOE» a discrepar públicamente con Sánchez

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La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado la «deriva reaccionaria» del PSOE liderado por Pedro Sánchez, y ha emplazado a los críticos que representan a ese «otro PSOE», es decir, a los presidentes de Extremadura, Castilla la Mancha y Aragón, Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page y Javier Lambán, respectivamente, a discrepar públicamente con las políticas de Sánchez.

«Cada vez que hay una crisis, emplazo a Vara, García Page y Lambán, que representan otro PSOE a que tomen la palabra y abiertamente discrepen con la línea de Sánchez», ha manifestado Álvarez de Toledo en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que los presidentes autonómicos «nunca asoman la cabeza» porque a su juicio, el único PSOE que hay es «sanchista».

«Prefiero ir a las urnas que tener un gobierno que le haga mal a mi país»

Preguntada por un candidato alternativo a Sánchez de cara a una próxima investidura, la ‘popular’ ha expresado que desearía a algún socialista «del PSOE de política común» que «discrepe de los acuerdos con Bildu o del pacto en Barcelona», pero lamenta que «eso nunca sucede» y Sánchez sigue bloqueando el país.

PREFIERE REPETICIÓN ELECTORAL A SÁNCHEZ

En este contexto, Álvarez de Toledo ha insistido en que prefiere una repetición electoral, antes que un gobierno del PSOE «sostenido por los separatistas y con Bildu aplaudiendo. «Prefiero ir a las urnas que tener un gobierno que le haga mal a mi país», ha declarado la portavoz del PP en la Cámara baja, que considera que Sánchez es «incapaz» de forjar acuerdos para desbloquear la situación y lograr su investidura.

«No va a haber gobierno ahora ni en septiembre porque no hay una mayoría para sacar adelante acuerdos de gobierno«, ha asegurado Álvarez de Toledo, sobre la posibilidad de que el PSOE lograra el apoyo de los partidos nacionalistas para sacar adelante su investidura. Según ella, para gobernar hay que pactar acuerdos y «serían incapaces».

Echenique insta al PSOE a abandonar el tacticismo y a recuperar la negociación

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Aunque el proceso negociador para un pacto de investidura entre PSOE y Unidas Podemos permanece ‘cerrado por vacaciones’, ambas formaciones mantienen vivo el diálogo a través de los medios. El cruce de reproches y acusaciones que se supone precederán a las nuevas reuniones tras el parón estival, no cesa. Hoy ha tomado la palabra, en declaraciones a la Cadena Ser, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, que ha pedido al PSOE que abandone el «tacticismo» y recupere las negociaciones para un «acuerdo integral».

Según la información recogida por 20Minutos, Echenique ha asegurado que la formación morada siempre ha estado dispuesta a negociar «un acuerdo integral», pero también ha manifestado que mantiene la sospecha de que la táctica del PSOE se focaliza en la repetición electoral. «No tenemos que convertir la política en una telenovela para adolescentes», ha apuntado. Somos adultos y hay un país con gente a la que le cuesta llegar al fin de mes o con alquileres abusivos. No debemos entrar en este juego de quién llama porque eso no cambia nada«.

Echenique sospecha que la táctica del PSOE está enfocada a la repetición electoral

Echenique se ha mostrado convencido de que un acuerdo con el PSOE es posible, pero ha criticado que es «poco responsable» dejar la negociación para finales de agosto. «Nos parece una actitud poco responsable llevarlo al pitido final. Toda España vio lo que pasa cuando se intenta negociar algo tan importante en 48 horas como hizo el PSOE la última vez», ha asegurado.

Tal y como viene expresando en los últimos días, Echenique, que fue jefe de las negociaciones con el PSOE previas a la investidura fallida, cree que Sánchez “debería hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas.

El dirigente de Podemos se muestra convencido de «que el PSOE maneja un acuerdo con CS y la derecha, algo que no ocultan y piden su apoyo desde el 29-A. Según  Echenique la opción preferida de Sánchez es el pacto con el bloque de la derecha, aunque señala que el candidato socialista estaría barajando otras dos opciones: un gobierno en solitario «de ordeno y mando» como había en el bipartidismo o una repetición electoral. éstas serían las tres opciones que explicarían que el presidente de Gobierno en funciones estén alargando los tiempos buscando que alguna de ellas gane.

La semana pasada el líder ‘morado’ recibía las críticas de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, por unos tuits de Echenique, que describió como de «exabruptos». En este sentido, Echenique se ha mostrado dispuesto a apartarse de las negociaciones, si eso las facilitara, aunque no cree que tal sea el caso. «Hay que sentarse a negociar como gente seria y dejar de poner excusas», ha insistido en una entrevista en la Cadena Ser.

Ombuds obliga a sus vigilantes a justificar las bajas médicas

Los trabajadores de Ombuds que actualmente se encuentran de baja médica tendrán que justificar su enfermedad. Así lo ha avisado la empresa a través de una carta a los cientos de vigilantes apartados de su puesto laboral por motivos de salud. Una misiva que incluye “advertencias” que desde Alternativa Sindical califican de “coercitivas”.

El grupo de seguridad arrastra desde hace meses incapacidad para asumir sus pagos con proveedores y trabajadores. Una situación que ha provocado la desesperación y angustia de cientos de sus empleados, que han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo por diversas causas como ansiedad, estrés, depresión o ansiedad. 

Ahora Ombuds cuestiona estas bajas médicas y avisa a sus vigilantes de que la Mutua revisará caso por caso para destapar “aquellos supuestos en que se pueda detectar existencia de fraude de ley en la obtención indebida de prestaciones de seguridad social”. Además, anuncian que se tomarán las “medidas disciplinarias” y “acciones legales correspondientes” contra aquellos que no necesiten verdaderamente una baja facultativa. 

Alternativa Sindical ya ha tomado medidas y ha denunciado estas cartas ante la Inspección de trabajo. El sindicato considera que “vulneran los derechos fundamentales de los empleados”. Para ellos, esta medida se trata de otra acción “desesperada” de Ombuds, para “aferrarse” a los clientes que aún siguen contando con sus servicios. 

EL VERDADERO MOTIVO DE LA REVISIÓN 

El coordinador de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, advierte de que el verdadero motivo para pedir esta revisión es “evitar la fuga de más clientes”. Las empresas que tienen subcontratadas a Ombuds pueden rescindir su contrato “debido al absentismo”, ya que esto genera descubiertos en sus servicios. Por el momento Ifema, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y Carrefour han roto su vínculo laboral. 

El sindicato añade que esta medida “no pretende más que intimidar a los trabajadores que se encuentran en justificadas situaciones de Incapacidad Temporal, prescritas por el facultativo médico”. Con su forzada incorporación, pretenden cubrir los descubiertos que están provocando las huelgas convocadas por vigilantes de la EMT o Metro de Madrid.

El día 8 comenzó el parón de los servicios en la EMT. Según fuentes sindicales, un 85 % de los trabajadores se sumaron a la convocatoria. Lo que obligó que el Ayuntamiento de Madrid destinara unidades de la policía local para vigilar las cocheras de autobuses. La huelga, de carácter indefinido, podría acabar en las próximas horas, ya que Ombuds se ha comprometido a pagar los sueldos atrasados a los 200 empleados de la empresa de transporte público. 

El próximo día 13 los parones empezarán en Metro de Madrid. El ente aún no se ha pronunciado sobre la rescisión de su contrato y se enfrenta a una situación parecida a la que vive EMT. Estas empresas se consideran “infraestructuras críticas” y las autoridades no se pueden permitir la desprotección de estos servicios. Y mucho menos en un escenario como el actual, en pleno nivel de alerta antiterrorista 4. 

LOS TRABAJADORES, LOS GRANDES AFECTADOS

Los trabajadores de Ombuds son los grandes afectados de esta situación. A nivel nacional son más de 8.000 los vigilantes que llevan sin cobrar su nómina desde mayo. No pueden abandonar su puesto laboral y continúan prestando sus servicios con total normalidad aún sabiendo que no van a recibir contraprestación por ello.

MONCLOA.COM ha hablado con algunos de los afectados, aunque prefieren conservar su intimidad. Denuncian que las empresas no les facilitan información sobre el transcurso de las negociaciones y solo les piden tranquilidad y compromiso. Muchos de ellos no quieren contar su historia porque temen posibles represalias, como ser despedidos.

Los empleados aseguran que la situación de Ombuds hace meses que no iba bien. Todo comenzó cuando el grupo compró otra empresa del sector, CASESA. Este ente abarcaba muchos contratos a nivel nacional, pero también acumulaba mucha deuda. Desde ese momento llevaban meses recibiendo atrasos en los impagos, hasta ahora, que llevan tres nóminas sin cobrar.

UNA RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LOS MÁS NECESITADOS

La desesperada realidad de los trabajadores ha despertado la solidaridad de otros miembros del sector. Un grupo de vigilantes de seguridad privada ha lanzado una iniciativa de recogida de alimentos para los cientos de afectados en la Comunidad de Madrid. Los promotores de la medida insisten en que lo hacen con el único fin de ayudar a sus semejantes, ya que “nadie se libra de este tipo de conflictos”.

La iniciativa “corresponde a un acto de solidaridad entre compañeros”, además de “ayudar a las familias más necesitadas”. Los promotores, que prefieren conservar su anonimato, critican que “con los sueldos miserables” que cobran es “imposible ahorrar para imprevistos”, por lo que las familias “quedan desamparadas ante estas situaciones”.

Además, indican que la mayoría de afectados “no cumplen con los requisitos de organizaciones como Cruz Roja u otros bancos de alimentos”. Normalmente para acceder a estas ayudas se exige estar en paro, mientras que ellos continúan trabajando pero sin cobrar. La recogida acaba de comenzar y cualquier persona puede colaborar. En la segunda semana de agosto se hará extensible también a ayudas de material escolar.

El telescopio gigante TMT creará 420 puestos de trabajo si se instala en La Palma

El Telescopio de Treinta Metros (TMT) está cada vez más cerca de instalarse en las Islas Canarias. El consorcio responsable de la construcción del TMT ha iniciado el plan B ante las dificultades de ubicar el aparato en Hawaii. Los impulsores del proyecto han asegurado que intentarán hasta el último minuto levantar el telescopio en la montaña sagrada de Mauna Kea. Pero las protestas de los habitantes de la isla han complicado llevar a cabo el proyecto tal y como se había planteado. Por ello, el consorcio ha iniciado los trámites para ubicar el TMT en La Palma. De ser así, traería a la región cientos de puestos de trabajo.

El consorcio ha asegurado que solo la construcción del telescopio traería 300 puestos de trabajo durante, al menos, entre ocho y diez años. Y una vez levantado, la gestión del TMT traería otros 140 empleos que recaerían directamente en la isla de La Palma. Aún así, todavía la intención del consorcio es construir el aparato en Hawaii. «Mauna Kea sigue siendo el sitio preferido», ha afirmado este lunes el director ejecutivo del TMT, Ed Stone. Pero la inestabilidad que han generado las protestas en la isla hawaiana han obligado a los impulsores del proyecto a disponer de una alternativa sólida.

Es por esto que el Instituto de Astrofísica de Canarias ha recibido una petición formal para obtener una licencia de construcción, tal y como ha asegurado el director del centro. Algo que ha levantado unas protestas similares a las de Hawaii, pero esta vez de mano de los ecologistas. La organización Ben Magec ha anunciado tan pronto como se supo que el telescopio podría recaer en La Palma que llegará hasta el Tribunal Supremo para impedir que se construya el TMT en la isla. Sobre las razones, explican que el municipio «ya ha excedido la capacidad de albergar más telescopios».

La Palma tiene actualmente 14 telescopios y otros 20 en proyectos de nuevas construcciones. Los ecologistas argumentan que esta operación que supondrá una inversión de 1.300 millones de euros no debería llevarse a cabo por el impacto ambiental que tendría en la isla. «Cada paso dará lugar a acciones legales adicionales por nuestra parte», han asegurado desde Ben Magec. En la misma línea que lo ocurrido en Hawaii, la asociación ecologista no ha dudado en mostrarse solidaria con las protestas que ha suscitado el TMT en las islas estadounidenses.

Pero el proyecto cuenta con el total respaldo del Gobierno en general y del ministro de en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en particular. El proyecto ha sido declarado de interés nacional por el Congreso español, el Gobierno de España, el Senado Nacional y el Ayuntamiento de Canarias», han asegurado desde el consorcio. «Continuaremos siguiendo el proceso en La Palma», han concluido tras ser preguntados sobre las protestas de los ecologistas.

El Telescopio de Treinta Metros es una iniciativa que lleva años tratándose de llevar a cabo. El proyecto nació en el año 2006. Y el lugar elegido para su emplazamiento fue la isla hawaiana. Sin embargo, la ubicación elegida, la montaña Manu Kea es considerada sagrada por algunos de los habitantes de la región. Por esta razón, se han iniciado numerosas protestas para frenar una iniciativa que lleva más de una década de trabajo.

España es el Plan B. Y desde el consorcio son claros: seguirán intentando instalar el telescopio en Hawai. Pero en caso de que el proyecto inicial se vaya al traste, dentro de diez años se podría ver ubicado en La Palma el TMT. El ministro de Ciencia ha asegurado que todas las administraciones españolas están preparadas para acoger este proyecto internacional. El único escollo que queda por solucionar para que España de la bienvenida al telescopio más grande del mundo es que los ecologistas cedan en sus exigencias. Algo que no tienen intención de hacer.

El fenómeno Alexandria Ocasio-Cortez: por qué no ocurre en España

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Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en el símbolo de la nueva izquierda en Estados Unidos. Su ascenso ha ido en aumento gracias a su cercanía y compromiso con causas que afectan a la población. Su perfil reivindicativo y con un fuerte enganche mediático es algo a lo que no está acostumbrada la política española.

La izquierda, representada por PSOE y Unidas Podemos, carece de una representante con tanto peso e influencia como es el caso de Ocasio-Cortez. La congresista, que se convirtió en la más joven en obtener este cargo, ha sabido adaptar la antigua mentalidad política a los nuevos tiempos y atraer con su fresco discurso a los más jóvenes. Y eso preocupa cada vez más a sus opositores.

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ A TRAVÉS DE SUS DISCURSOS

Con un tono directo, sencillo y llamativo, la congresista ha sabido ganarse el favor del público. Tan solo tiene 29 años y esta característica la hace propensa a conocer mejor lo que piensa la gente más joven. Además, su mensaje mantiene un clara línea política, centrada en los asuntos sociales, que se ha convertido en su principal carta de presentación. 

Entre sus medidas estrella se encuentran la defensa de la sanidad y universidad universal, la eliminación del Servicio de Inmigración o su constante lucha contra la corrupción. La problemática del cambio climático también es una de las premisas que Ocasio-Cortez ha defendido con fervor. 

Precisamente fue su discurso sobre este tema el que ha traspasado las fronteras de su país y ha servido de ejemplo en otros lugares del mundo. La joven arremetió directamente contra el sistema estadounidense y reprochó a la clase política que supieran desde hace años que el cambio climático era un hecho y “no se hicieran inversiones importantes para preparar al país para lo que sabíamos que estaba llegando”.

Ocasio-Cortez sabe lo importante que son las nuevas tecnologías y las ha convertido en su mejor aliado para hacer llegar su mensaje al mundo. Lleva tan solo siete meses siendo miembro del Congreso, pero ha hecho más ruido que otros veteranos políticos. Sus palabras llegan a diario a través de los medios tradicionales, pero ella donde mejor se mueve es en las redes sociales.

Tan solo en Twitter acumula más de cinco millones de seguidores. Esta plataforma se ha convertido en su mejor aliada, no solo para mostrar sus ideas y propuestas políticas, sino también para mostrarse tal y como es. Un escaparate donde acercarse a los ciudadanos y demostrar cómo funciona la nueva generación de políticos, más cercanos con la sociedad.

LOS ATAQUES DE LA OPOSICIÓN

Sus potentes discursos, cargados de pragmatismo y valentía, le han servido para iniciar una guerra contra el partido republicano, y más concretamente, contra el presidente Donald Trump. Alexandria Ocasio-Cortez nació en el seno de una familia trabajadora en uno de los barrios más pobres de Nueva York. Su padre es estadounidense, criado en el Bronx, mientras que su madre es de origen puertorriqueño. Un aspecto que Trump ha utilizado para atacarla públicamente. 

En un reciente mensaje difundido en su cuenta de Twitter, el presidente arremetió contra los países de varias legisladoras, entre las que se encuentra Ocasio-Cortez, y los calificó de lugares “infectados de crimen”. Además, las instó a “volver a su país”. La joven congresista no dudó en contestarle públicamente recordándole que ella “procede de Estados Unidos” y retrató nuevamente el matiz racista con el que el presidente pretende menospreciar a la oposición.

No es la primera vez que el partido republicano pretende dañar la imagen de la congresista y consigue el efecto contrario. Un usuario en Twitter intentó ridicularizar y desacreditar a Ocasio-Cortez publicando un vídeo en el que salía bailando durante su etapa universitaria. Esta crítica, contrario a lo que esperaban, recibió el respaldo de sus seguidores, que vieron en la política el reflejo de cualquier otra chica estadounidense. 

La cuenta desde la que se publicó la secuencia acabó desapareciendo y la neoyorkina utilizó esa polémica para contestar con otro vídeo bailando, cargado de humor: “He escuchado que los republicanos piensan que es escandaloso que las mujeres bailen. Ya verás cuando descubran que una congresista también baila«. Una respuesta que consiguió el aplauso de sus miles de seguidores.

ESPAÑA, SIN UNA OCASIO-CORTEZ

La política española carece de un prototipo de parlamentario como es Alexandria Ocasio-Cortez. La izquierda no cuenta con un perfil de liderazgo que presente la frescura y personalidad aplastante con la que se ha dado a conocer la estadounidense. Y esto es responsabilidad de la propia estructura interna de los partidos.

En España no puedes presentarte como figura independiente sin adherirte a ninguna formación. Los congresistas y senadores españoles tienen que afiliarse sí o sí a un partido para poder pertenecer al entramado político nacional. Algo muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos.

La propia historia de Alexandria Ocasio-Cortez demuestra esta diferencia. Ella se presentó de manera independiente para ser elegida como representante del distrito de Nueva York y resultó ganadora sin necesidad de formar parte de ninguna agrupación. Fue cuando ganó las elecciones primarias, frente al veterano Joseph Crowley, cuando se integró en el partido demócrata. 

La segunda causa que complica el nacimiento de una política con ese perfil es la libertad de discurso. La militancia de un partido en España no puede salirse de la línea fijada por la formación. Se trata de un sistema más encorsetado, que te obliga a adoptar el pensamiento unificado de la dirección. Sin embargo, en Estados Unidos no hay doctrinas y cada congresista puede defender sus ideales sin necesidad de contar con el beneplácito del partido.

Para que nazca un modelo semejante al de la neoyorkina hará falta que cambie la propia concepción de la política. Cada vez hay perfiles más jóvenes que prometen dar un soplo de aire fresco a las instituciones, como es el caso de Irene Montero, Inés Arrimadas o Gabriel Rufián. Sin embargo, aún queda mucho trabajo interno por hacer si se quiere conseguir una Alexandria Ocasio-Cortez en las instituciones españolas. 

La denuncia al exalcalde de Getafe ya había sido sobreseída por la Justicia

Una «persecución política». Así define el exalcalde de Getafe Juan Soler, imputado por prevaricación, las acusaciones que se han vertido sobre él estas semanas. El exsenador del PP se sentará en el banquillo por unas supuestas irregularidades cometidas en un proyecto de remodelación de un edificio público de la ciudad para convertirlo en el Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas. Unas reformas cuya tramitación la llevaron los funcionarios de Getafe. Trabajadores con los que el entonces alcalde «jamás» se reunió, según sus propias palabras.

El hasta hace poco senador se muestra sorprendido por las acusaciones. Y más al tratarse de una denuncia que ya habían presentado y que la Justicia sobreseyó. Pero esta cascada de demandas no es nueva para el exalcalde, ya que, durante su mandato, le llovieron decenas de denuncias por parte de la oposición. Incluso su jefa de prensa fue imputada por emitir una nota en la que se aseguraba que habían agredido a un miembro del PP.

El denunciante, y candidato de Impulsa Getafe, Roberto Benítez, es una de las claves para entender este entuerto, según aseguran fuentes cercanas al Ayuntamiento de Getafe. Benítez fue asesor de confianza de Pedro Castro, exalcalde socialista cuyo mandato se extendió 28 años y al que Soler arrebató el bastón de mando. Fue a partir de ahí, según estas fuentes, cuando los socialistas declararon la guerra al político popular.

Las dudas que rondan entre los acusados circulan en torno a cómo una denuncia ya sobreseída vuelve a tener validez ante la Justicia. La clave, según estas fuentes, está en la relación personal que mantiene el juez decano que instruye el caso con el exalcalde socialista. Pero al margen de ello, el elemento que más sorprende a parte de los acusados es la gran dimensión que ha adquirido un caso de esta magnitud.

El contrato era de 72.300 euros. Y ya hay 50 imputados en el caso. 11 de los cuales han pasado ya más de 24 horas en un calabozo. Todo por el contrato de una remodelación de un edificio público que, si se hubiera reducido el presupuesto a 60.000 euros, se podría haber otorgado a dedo. Pero aun así, Soler insiste: «nunca me he reunido con ningún funcionario ni les he indicado cómo deberían hacer su trabajo. Ni yo ni ninguno de mis concejales». «Lo hacía por una cuestión de higiene política», asegura.

Los informes de los fiscales tampoco esclarecen la situación, ya que en algunos casos se contradicen. Las consideraciones entre la fiscal sustituta y el fiscal que llevaba el caso no coinciden. La sustituta acusó a 33 personas una semana después de ser relevada. Pero lo que más llama la atención al entorno de algunos acusados es que, tras cuatro años y medio, no se hayan encontrado indicios suficientes que permitan elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La relación entre el denunciante, Roberto Benítez, y el exalcalde de Getafe socialista Pedro Castro también queda de manifiesto en el plano judicial. El Partido Popular de Getafe ya había denunciado a Benítez y a otro de los asesores del PSOE por haber cobrado supuestamente 14.000 euros para elaborar una guía de comercio. Incluso el abogado del candidato de Impulsa Getafe también está investigado. Esta vez por haber recibido presuntamente una indemnización de una Empresa Municipal de Getafe de 60.000€ por aproximadamente doce días de trabajo.

El caso de la reforma del Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas se ha extendido en el tiempo. El juez decano la admitió a trámite en 2015. Y ha permanecido paralizado hasta ahora. Pero en julio de este año comenzaron las redadas y la batería de imputaciones. Este contrato para la remodelación de un edificio público ha llevado a escenas inusuales, desde llevar a varios funcionarios a pasar entre rejas cerca de 30 horas, según aseguran fuentes cercanas a los acusados, a que uno de ellos fuera detenido por un policía que le descargaron de su ordenador archivos personales.

Los kilómetros de la muerte de los lobos madrileños

La autovía de Burgos es la que más lobos mata en la Comunidad de Madrid. Son tan solo 22 kilómetros los responsables de tantos atropellos; situados entre el municipio de La Cabrera y Cerezo de Arriba. Desde 2015, ya son diez los lobos que han sido arrollados por algún vehículo en ese tramo. Unos datos preocupantes si se tiene en cuenta que en la Comunidad tan solo hay unos 40. Por esta razón, Unidas Podemos pidió en 2018 al Congreso que se construyeran pasos de fauna. Pero ante la inacción del Gobierno, los de la formación morada avisan: volverán a la carga tan pronto como se forme el Ejecutivo.

Casi todos los atropellos de lobo se producen en la A-1. Tanto Ecologistas en Acción como Equo o Podemos han denunciado esta situación repetidas veces. Este depredador se ha asentado en el norte y el noroeste de la Comunidad de Madrid. Pero en el entorno de Somosierra no se han tomado medidas para evitar los accidentes. Los grupos ecologistas indican que la causa de que tantos lobos caigan en la autovía es «el mal estado del vallado perimetral de la infraestructura».

Por este motivo, Unidas Podemos lanzó la propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados. La proposición solicitaba que se construyera un paso de fauna «adecuado» para los carnívoros entre la Serna del Monte y el túnel de Somosierra. A lo que el Gobierno contestó que contemplaba la posibilidad de identificar esos tramos tan peligrosos para la fauna y que tomarían medidas «adecuadas a cada contexto». Pero la respuesta real fue la inacción.

En 2019 también se han producido atropellos. Hay cinco manadas de la Comunidad de Madrid, según estima un informe de Circinaria. Pero ya no están en la cima de la cadena alimenticia. Son los vehículos los que amenazan a esta especie en la Comunidad, hasta el punto de haber matado a más del 20% de su población en la autonomía. Por ello, algunos de los diputados más concienciados con el medio ambiente han puesto el grito en el cielo.

Pero la A-1 no es la única vía en la que se han producido atropellos. En total, en los últimos cuatro años, 16 lobos han sido atropellados en las carreteras madrileñas. Diez de ellos en la A-1, pero el resto en Manzanares el Real en 2016 (M-608), Guadalix de la Sierra (M-608) en 2018, San Lorenzo del Escorial (M-600) en 2018, Madarcos (M-137) en 2019 y fuera de la zona de estudio, en Torrecaballeros (N-110) en Segovia, dos atropellos en 2018, según los datos de Ecologistas en Acción.

Es uno de los diputados de Equo (y Unidas Podemos) quien ha asumido la defensa del lobo como un reto personal. Para Juantxo López de Uralde, este animal es fundamental para mantener el equilibrio en la Sierra madrileña. Incluso su presencia se ha asociado a un mayor control de las enfermedades del ganado, según un estudio de la revista científica Scientific Reports.

Uralde avisa: volverá a presentar la proposición no de ley hasta que se construya el paso de ganado en la A-1. Si se forma Gobierno en septiembre, lo hará en otoño. Pero no solo él denuncia la pésima protección que supone el vallado de esos kilómetros de la autovía de Burgos. Otros activistas han alzado la voz contra este hecho. Incluso han tratado de lograr acceder al Gobierno a través de otras vías que no son el Congreso de los Diputados. Como Ecologistas en Acción, que mandaron la petición por carta directamente al Ministerio de Fomento.

EL LOBO, ALIADO DE LOS GANADEROS

Según el último estudio de la revista científica Scientific Reports, el lobo puede ser un gran aliado para los ganaderos. Sobre el cómo, es sencillo: al controlar la población de jabalíes, las enfermedades que puede padecer el ganado disminuyen. En algunos casos, este puerco es portador de la tuberculosis. Una enfermedad que pueden contraer las vacas fácilmente. El estudio confirma que la presencia de lobo contribuye a reducir el número de jabalíes y, por tanto, el riesgo de que las vacas de los ganaderos

contraigan tuberculosis.

Ya son varios los ganaderos que no se muestran contrarios a la presencia del lobo junto a sus animales. Mientras tanto, en el caso de la Comunidad de Madrid, el coste de los presuntos ataques del lobo se ha disparado. La Administración pasó en cinco años de pagar 3.000 euros a 154.000 en indemnizaciones. Unos datos alarmantes que han impulsado a la asociación de ganaderos Ugama a solicitar más ayudas para que la convivencia con el lobo sea más pacífica.

De Hernando a Rajoy: la historia de los Reyes Católicos contada por la derecha

La derecha española está encantada de conocerse. Se siente orgullosa de sus raíces, su brillante historia y su honorable linaje. Y pobre del que quiera opinar lo contrario. Esta vez ha tocado desenterrar a los Reyes Católicos.

Si en antaño el enemigo para el español de bien era el moro, ahora lo es la izquierda. Una izquierda condenada a resistir las embestidas de una derecha ávida de demonizar a los que piensan distinto.

El pasado lunes se cumplió el ochenta aniversario del fusilamiento de las ‘Trece Rosas’. Era un día importante para homenajear a las víctimas, aprovechando para reivindicar la democracia y la libertad de expresión. La derecha no estaba dispuesta a que se le vedase de su acostumbrado protagonismo.

Por eso, empezó a maquinar un plan perfecto. Un guion que se comenzó a fraguar el domingo de la semana pasada con el tuit de Sonia Lalanda, concejala de Vox en Palencia. El mensaje en cuestión contenía una noticia a fecha de 19 de junio en la que se citaba una presunta (y espinosa) declaración de Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en Andalucía. «Reivindicamos el califato omeya por encima de los racistas Reyes Católicos«, rezaba la susodicha. Lo contraproducente es que esas palabras se pronunciaron illo tempore, en enero del presente curso; entonces, no tuvieron repercusión.

La bola del bulo inició su trepidante marcha. Corrió como la pólvora entre los móviles de concejales, diputados y simpatizantes de la diestra. Hasta que acabó en la cuenta oficial de Rafael Hernando, exportavoz del Partido Popular y actual senador por Almería.

Hernando no sólo quería seguir dándole coba a unas declaraciones sacadas de contexto y tergiversadas. También quería opinar y desacreditar a las «hordas podemitas» en su conjunto: «Las clásicas consecuencias del estival golpe de calor. Las altas temperaturas causan estragos en algunas cabezas. Lo de esta gente no tiene remedio», profirió el exportavoz azul en un tuit adjunto a la noticia. La mecha se prendió.

Teresa Rodríguez explotó. Citó su tuit y desmintió lo que se le atribuía:
«No he dado declaraciones desde hace meses, es un fake,(…) Puedo acertar más o menos con lo que digo, lo que no he hecho nunca es humillar a las víctimas de un genocidio, ni en verano ni en invierno, mala gente».

ESPAÑA ES LA NACIÓN MÁS ANTIGUA DE EUROPA

Mariano Rajoy tiene un dogma: «España es la nación más antigua de Europa. Más de 500 años viviendo juntos. Esa fue su máxima desde 2006 hasta su retiro de la política. Su justificación: la unificación conseguida por los Reyes Católicos o, al menos, eso deja entrever el margen cronológico de los quinientos años que toma como referencia.

Fue un mantra que extendió sin disimulo durante más de diez años y que empleó sin escrúpulos para procurar retratar las intenciones de los independentistas de romper España. Lo hilarante de tan presuntuosa afirmación es la falta de argumentos que Rajoy ofrecía al respecto. Nadie en su equipo se atrevió a rebatirle; tampoco los militantes del Partido Popular. Así, tanto monta, monta tanto, el expresidente del Gobierno iba difundiendo un bulo que arraigaba con fuerza en la opinión pública.

A quien no se la colaba el político gallego era a los historiadores. Al menos, a los que respetaban la sucesión de los hechos con el mayor de los cuidados. Los aludidos escribieron y opinaron al respecto, aportando, ahora sí, las explicaciones y justificaciones requeridas.

Uno de ellos fue José Álvarez Junco, prestigioso historiador español y catedrático emérito en la Universidad Complutense de Madrid. A colación de las inciertas palabras de Rajoy, declaró: «primero España fue un Estado, un imperio, y cuando quiso construir la nación (en el siglo XIX), para lo que se necesita instrumentalmente un Estado, éste se desmoronaba».

En una carta al director de El País que se remonta a 2007, poco después de que paladease las polémicas palabras, un lector opinó que Rajoy estaba confundiendo el concepto de «Estado» con el de «nación»; y que la España actual se debe «a los Decretos de Nueva Planta de Felipe V que eliminan los antiguos reinos de la Corona de Aragón».

La derecha española busca de ensalzar sus principios y valores a cualquier costa. Parece importar poco que para ello haya que tergiversar o distorsionar los acontecimientos históricos.

Es la misma regla que se cumple para la izquierda con la manida excusa del «mayor genocidio de la historia«, en relación al precio de la Conquista de América de 1492.