El pasado 6 de marzo, hace apenas diez días, Soraya Rodríguez rompía su carnet del PSOE por «discrepancias con la dirección» respecto a la relación entre Pedro Sánchez y el independentismo. Da la casualidad que, tres semanas atrás, el PSOE la había relevado como miembro y vicepresidenta primera de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Y también da la casualidad que era vox pópuli en Ferraz que no iba a ser incluida en ninguna lista electoral de cara a los múltiples comicios primaverales. El histórico Jordi García Soler quizás también se acordó de ella en su carta pública a su amigo Celestino Corbacho, del que lamenta que cambie de partido cuando deja «de ejercer cargos públicos».
Al igual que Corbacho, número tres de una lista apadrinada por Ciudadanos que encabezará Manuel Valls en Barcelona, Soraya Rodríguez podría integrarse en el partido de Albert Rivera, con el que parece compartir, ahora, su mirada hacia el independentismo.
SORAYA RODRÍGUEZ, A FAVOR DE LA CONSULTA
9 de mayo de 2013. La por aquel entonces portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, acude a‘Los Desayunos de TVE’ para explicar la posición del PSC en el Parlament de Catalunya en favor de la creación de una comisión soberanista.
La vallisoletana explicó a preguntas de María Casado la posición del PSC, que defendía una consulta dentro de la Constitución. Rodríguez afirmó que existía una discrepancia con sus compañeros catalanes porque desde Ferraz no creían que hubiera que cambiar la Carta Magna para realizar una consulta popular.
AUTONOMÍA PARA EL PSC
En octubre de 2016 Soraya Rodríguez era partidaria de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, pero tenía conmiseración para encontrar acomodo en el PSC y decía que el PSOE debía estudiar «cómo se pueden conjugar mejor estos equilibrios, de pertenecer a un grupo parlamentario a todos los efectos, pero luego quieres tener una autonomía parlamentaria en las votaciones a la hora de votaciones de mucho calado. No tengo la solución, pero por supuesto que vamos a seguir juntos, no vamos a romper».
Y añadía: «Si tenemos unas normas y esas normas se rompen, lo lógico, lo normal es que nos sentemos, reflexionemos, sobre cómo podemos buscar otras situaciones en las que el PSC pueda tener autonomía parlamentaria».
CONTRA LA REFORMA LABORAL
En mayo de 2012 Soraya Rodríguez fue entrevistada por los lectores de El Paísy se mostró ligeramente menos liberal que Ciudadanos: «El Gobierno del PSOE gestionó una dura crisis, una crisis persistente, pero no tocamos las políticas básicas del Estado de bienestar. El presupuesto de educación, sanidad, ayuda a la dependencia se mantuvo».
Y añadía: «Nos negamos a hacer una reforma laboral que abaratara el despido y permitiera una bajada unilateral de los salarios por parte del empresario. Creo que eso ya lo han visto muchos ciudadanos, que ahora ya están viendo que el Partido Popular mentía cuando decía que sólo con el cambio de gobierno, saldríamos de la crisis».
«QUE PAGUEN MÁS IMPUESTOS LOS QUE TIENEN MÁS INGRESOS»
En plena campaña de las generales de 2011, Soraya Rodríguez, también en El País, tenía un discurso más parecido a Podemos que a Ciudadanos: «Lo prioritario es aumentar la progresividad en los impuestos. Por un lado, que paguen más los que tienen más ingresos – las grandes fortunas – y, por otro lado, que se empiece a tributar sobre algunos beneficios hoy por hoy exentos».
El líder socialista, Pedro Sánchez.
Y concretaba: «Es indispensable una tasa sobre transacciones financieras. El mejor escenario es una tasa global sobre las transacciones en divisas, pero de no ser posible, la Unión Europea puede y debe implantarla en su ámbito de competencias, garantizando que los ingresos de la tasa se destinen a financiar políticas sociales – educación, sanidad y otras prestaciones – dentro y fuera de nuestras fronteras».
SUS RAZONES DEL ADIÓS
Pese a sus evidentes contradicciones, Soraya Rodríguez explicaba su adiós: «No puedo compartir que la mayoría de la moción de censura, que ha sostenido al Gobierno durante los últimos ochos meses, sea una posibilidad viable de conformar una mayoría parlamentaria razonable para sostener un gobierno socialista. Por ello espero y deseo que tras los resultados electorales del 28 de abril el PSOE no reedite la mayoría de la moción de censura para obtener una investidura».
Un buen resultado de Sánchez haría «depender de nuevo la gobernabilidad del país del independentismo, que ha iniciado una operación de acoso y demolición del Estado de Derecho y de la Constitución tendría consecuencias muy negativas para nuestra democracia».
Esa posibilidad «haría imposible el necesario diálogo con Catalunya» porque para dotar de la estabilidad presupuestaria priorizarían la «creación de mesas de partidos al margen de las Cortes Generales donde se pudiera hablar y decidir sobre un inexistente derecho de autodeterminación». Inexistente, ahora.
Zamora es la única capital de provincia gobernada por Izquierda Unida. Su alcalde, Francisco Guarido, confirmará a finales de marzo si se presenta a la reelección. El primer edil ha ganado peso interno en los últimos tiempos tras sus pulsos a Alberto Garzón: el 94% de la militancia zamorana de IU se ha mostrado en contra del pacto con Podemos.
Guarido lleva años apostando por que IU no se diluya dentro de Podemos y concurra con sus propias siglas en Castilla y León. A esta posibilidad era reticente el coordinador autonómico, José Sarrión, que ha visto cómo sus negociaciones con Podemos saltaban por los aires por las exigencias que le planteó a Pablo Fernández, líder morado en la comunidad autónoma.
Sarrión, cercano a Alberto Garzón, apoyaba en un principio un pacto con Podemos. Pero la debilidad morada y las tesis del alcalde de Zamora le han forzado a ofrecer a los morados un acuerdo sólo si hay primarias abiertas.
LA TESIS DE GUARIDO, CERCANA A LA VICTORIA
Francisco Guarido ha explicado en una entrevista concedida aEl Diario que su tesis ha cobrado fuerza dentro de IU: «Ahora se nos ve con más respeto. En Castilla y León, el coordinador autonómico José Sarrión, lo que está haciendo ahora es admitir en cierta manera que se equivocó«.
«Ahora parece que en la Comunidad, al cien por cien, Izquierda Unida va a ir en solitario. Quizá Sarrión esté ahora admitiendo el fracaso de todo lo que ha defendido insistentemente junto conAlberto Garzón«, señaló.
El problema es la falta de visibilidad de IU: «No se dice Unidas Podemos. Se dice Podemos. Es una desaparición completa y total. La posición de Alberto Garzón, que intenta mantener, pero creo que no lo logra, termina desvirtuando nuestra organización. Yo creo que la confluencia con Podemos ha desanimado mucho a las asambleas de base».
Su valoración del coordinador federal es pésima: «Garzón nos está arrastrando hacia el precipicio y él es consciente de ello. El precipicio es la disolución completa de Izquierda Unida para que todos seamos Podemos. Eso no es lo que quiere la gente en la calle, ni los que nos han votado alguna vez ni los militantes.
Uno de los motivos del divorcio entre Guarido y Podemos es el estilo: «La actitud de Podemos, la que adopta públicamente, está basada en la anécdota, en el simbolismo, en la crispación. Lo que ha hecho históricamente Izquierda Unida es una propuesta más didáctica, más contundente, más de razonar, de dialéctica, de leyes. A nosotros se nos ve como un partido serio y a Podemos como un partido que raya el folclorismo«.
Especialmente duro se muestra con Pablo Iglesias: «Los que iban a asaltar el cielo están en el 14 o 15% de los votos, que era el resultado que teníamos nosotros antes de que surgiera Podemos. Todo ese camino andado para volver al mismo porcentaje de Izquierda Unida de hace seis o siete años«.
Por el camino, señala, «se han quedado por el medio las ilusiones frustradas y un 15-M con muchas expectativas, pero todo eso Podemos lo ha frustrado. Políticamente, Izquierda Unida hubiera hecho una mejor gestión de la crisis de las expectativas. Lo hubiéramos resuelto de manera más sincera y coordinada. Pero nos hemos quedado en la nada».
Guarido, eso sí, ha señalado que no se plantea abandonar IU: «Aunque hubiera un fracaso de Unidas Podemos en las generales, yo creo que todos los militantes tenemos ya una edad y nos quedaríamos en Izquierda Unida intentando mejorar la situación y que esto no se vaya al traste, reagrupando a la gente. No nos vamos a amilanar por un pequeño fracaso».
JOSÉ SARRIÓN REPITE COMO CANDIDATO DE IU
José Sarrión liderará a Izquierda Unida en Castilla y León para las elecciones autonómicas del 26-M. El coordinador autonómico será el cabeza de lista por la circunscripción de Valladolid, tal y como hizo en 2015.
Alberto Garzón, coordinador federal de IU y Pablo Iglesias, líder Podemos. Foto: Flickr
Izquierda Unida ha explicado en un comunicado que su propósito «es el de continuar trabajando por la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales de la izquierda en Castilla y León. Este es nuestro anhelo ahora y este será nuestro proyecto».
GUARIDO Y GARZÓN, EL COMUNICADO Y LA DENUNCIA
La debacle de Adelante Andalucía en las autonómicas del pasado 2-D motivó un duro comunicado firmado por Cayo Lara,Gaspar Llamazares o Francisco Guarido que explicaba que hay pactos que «no suman, sino que restan electoralmente y dividen políticamente».
Aunque la guerra venía de antes. En 2016 Guarido señaló que la apuesta de que «Garzón vaya quinto (en la lista de Unidos Podemos) hace que IU parezca el hermanito pequeño de Podemos«. Sobre los morados afirmó recientemente que en Zamora «no sé si van a sacar un concejal o ninguno».
¿La razón? Según Guarido, «Podemos no tiene ni idea de lo que pasa en este Ayuntamiento. Si tienen oportunidad de entrar en el equipo de Gobierno, les recomiendo que lo hagan con esfuerzo, con tranquilidad, con prudencia y con deseos de aprender. Les faltan conocimientos y estructura, hay que empezar por ahí antes de las grandes frases».
Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida. Foto: Flickr
También queda pendiente de resolver la denuncia ante los tribunales de Miguel Ángel Viñas, coordinador provincial de IU en Zamora y cercano a Guarido, contra Jorge Navas Alejo, responsable de la web estatal de Izquierda Unida y afín a Garzón, por la creación de una corriente digital llamada ‘Rancios Izquierda Unida’ que atacó al alcalde de Zamora durante 2016 y 2017.
Las últimas elecciones primarias de los partidos se mueven entre el descenso de la participación y las acusaciones de irregularidades en las votaciones. Las primarias son un momento clave para comprobar la implicación de sus afiliados, así como sus opiniones, pero el resultado está siendo irregular y a veces extraño.
Así, por ejemplo, las primarias de Ciudadanos en Castilla y León tuvieron una participación del 70%, frente al 50% de los socialistas al elegir al candidato a la alcaldía de Madrid, o el 27% en el referéndum de IU sobre su alianza con Podemos.
Tras la reciente controversia del fraude en las elecciones de Ciudadanos en Castilla y León, son varios los candidatos que han resultado vencidos pero que están reclamando un recuento de los votos para asegurar la veracidad de los comicios. Curiosamente, es también la formación donde las primarias tienen mayor participación.
PUCHERAZO DE CIUDADANOS EN CASTILLA Y LEÓN
José Manuel Villegas presentó a Silvia Clemente. Foto: Captura de Público TV.
Las primarias entre Francisco Igea y Silvia Clemente el pasado 9 de marzo, por la candidatura de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, han supuesto la polémica más reciente respecto a los comicios internos de un partido. Igea ya había asumido su derrota con 526 votos frente a los 561 de Clemente, cuando alguien notó irregularidades en el recuento.
Se había determinado una participación del 70%, lo que corresponde a 1.013 afiliados, pero los tres candidatos (Igea, Clemente y Vanesa Pérez que consiguió siete votos) sumaban 1.094 votos, 81 más de la participación total.
Finalmente, se anularon 82 votos que le dieron la victoria a Igea, ya que se determinó dos subidas anómalas a favor de Clemente cuando Igea había llevado la delantera durante las 24 horas que duró la votación. Estas ocurrieron entre la 1 y las 3 de la mañana, (50 votos) y otros 30 entre las 8.30 y las 10 con la misma dirección IP, localizada en Burgos.
POSIBLE MANIPULACIÓN EN LAS PRIMARIAS DE CANTABRIA
El actor y politico, Félix Alvarez, ganador de las primarias de Ciudadanos en Cantabria.
Tras los sucedido en Castilla y León, varios participantes en las primarias de Ciudadanos en otras comunidades autónomas han pedido una revisión de sus votaciones. Este ha sido el caso de José López, candidato en las primarias de Cantabria que ha requerido que se comprueben los comicios en los que participó y que ganó el portavoz autonómico y diputado nacional por Cantabria, Félix Álvarez.
Para este candidato, que fue derrotado con 81 votos (22,81 %) frente a los 269 (75,77 %) de Álvarez, es preferible revisar las votaciones que se llevaron a cabo este marzo para evitar «que corran bulos que no tienen sentido».
PEPU HERNÁNDEZ GANA CON EL APOYO DEL APARATO
Pepu Hernández, candidato en las primarias del PSOE a la alcaldía de Madrid. Foto: Mediaset
En cuanto al PSOE, llama la atención que el porcentaje de participación también es significativamente más baja que la de Ciudadanos en Castilla León en sus primarias de la ciudad de Madrid.
Una de las más importantes primarias de los socialistas ha sido la que eligió el candidato a la alcaldía de Madrid. En ella se presentaba un duelo muy interesante entre el exseleccionador de baloncesto, Pepu Hernández, apoyado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y Manuel de la Rocha, histórico dirigente de la corriente Izquierda Socialista.
A pesar de ello, sólo votaron 2.672 personas, el 50,5% del censo. Hernández ganó en la primera vuelta al alanzar el 64,3% de los votos, muy por encima del 50% exigido para no ir a una segunda vuelta. Su contrincante principal, De la Rocha, cosechó 590 votos, el 22,3% y el tercer candidato, Chema Dávila, consiguió reunir 353 votos, el 13,4%.
LA BAJA PARTICIPACIÓN EN IZQUIERDA UNIDA
Alberto Garzón, coordinador federal de IU y Pablo Iglesias, líder Podemos. Foto: Flickr
Izquierda Unida también sufrió la baja participación en una votación interna cuando preguntaron a sus afiliados sobre la confluencia con Podemos. El porcentaje de participación fue del 27,4%, 10.387 votantes del total de 37.841 militantes. Un ejemplo más de la escasa participación, que se reflejó en la implicación de menos de la mitad de los afiliados.
Los militantes del partido de Alberto Garzón decidieron apoyar dicha confluencia, con un 61,5% de votos a favor, que suman un total de 6.393. En contra votaron 3.609, lo que supone un 34,75% de los votos emitidos. Los que votaron abstenerse fueron el 3,7% (385 votos).
Los datos de este año suponen un fuerte descenso con el referéndum sobre este mismo asunto que se celebró en 2016, donde la participación dobló a la actual en número de votos, al alcanzar los 20.067.
LA VOTACIÓN SIN RIVAL DE IGLESIAS
El líder de Podemos, Pablo Iglesias. Foto: Flickr Podemos
El pasado 20 de diciembre, los inscritos en Podemos votaron a Pablo Iglesias como candidato a La Moncloa y su lista para el Congreso y el Senado ‘Sí se puede’. Participaron 60.038 inscritos, unas 10.000 personas más que en las últimas primarias, las del pasado mes de noviembre en las que se eligieron a los candidatos de la formación morada para las europeas.
Iglesias no tenía rival para la elección y en los últimos días saltaron todas las alarmas en Podemos ante el bajo nivel de participación en el proceso de primarias. Las votaciones internas sufrieron unas caídas de participación notables desde que Podemos organizó las primarias para las europeas de 2014. En aquella ocasión participaron 33.000 personas por vía telemática.
Para elegir a la dirección política de Vistalegre I hubo 107.488 inscritos que participaron, para las primarias de las elecciones del 20-D de 2016 el número descendió a los 59.723. Estos datos denotan una progresiva perdida del interés de los afiliados por participar en las primarias de esta formación.
Madrid cerró el procés con la aplicación del artículo 155 y con un controvertido juicio que sigue en marcha. La vehemencia del independentismo catalán contrastó con el habitual seny catalán y con el pragmatismo del PNV y Coalición Canaria, que obtienen réditos en forma de inversiones y competencias a cambio de la ansiada «estabilidad», a la que ahora pretende contribuir Miguel Ángel Revilla.
El presidente de Cantabria no se esconde y afirma que su partido, el PRC, se presenta al Congreso y al Senado para conseguir algo equivalente al voto canario, en clara referencia a Coalición Canaria y Nueva Canarias.
Revilla, que ya intentó sin suerte el asalto político al Congreso en 2011 y que ahora apadrina la candidatura de su consejero de Obras Públicas, José María Mazón, afirma que el PRC obtendrá representación por primera vez en Madrid «con dos diputados y un senador.
Este pronóstico optimista puede chocar con la realidad, pero aun así es evidente que la formación regionalista vive el mejor momento de sus cuatro décadas de historia, puede lograr su primer triunfo autonómico y conseguir irrumpir en Madrid gracias al dramático estado de sus rivales políticos.
El político explicó que si tiene suerte «los diputados el PRC serán necesarios para la formación de cualquier gobierno» y «toda Cantabria sabe que ese voto va a depender, única y exclusivamente, de lo que cada partido se comprometa a hacer para nuestra tierra.
EL PP QUIERE EVITAR QUE REVILLA NEGOCIE EN LA MONCLOA
El Partido Popular fue el aliado de Revilla desde 1995 hasta que en 2003 el PSOE colocó al PRC en el Gobierno pese a ser la tercera fuerza en Cantabria. Desde entonces, los regionalistas han convertido a los populares en su principal enemigo y a los socialistas en sus aliados.
María José Saénz de Buruaga, consciente de su debilidad interna como líder del PP, tras haber sido desalojada por unos días por Pablo Casado, hasta que Ruth Beitia renunció a su candidatura, quiere contraatacar para evitar el éxito de sus adversarios.
La política popular, salpicada por unas primarias en las que venció con unas prácticas de dudosa ética, ha llevado, al igual que Pablo Casado a su rival, a la Junta Electoral por la utilización de los anuncios políticos a unas semanas de comenzar la campaña electoral.
Casado explicaba que «no puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral». Y el PP cántabro ha tomado el mismo camino al denunciar el «uso partidista» que está haciendo José María Mazón, candidato del PRC al Congreso, de la gestión del Ejecutivo autonómico.
Afirman los populares que Revilla y Mazón se aprovechan de anuncios «pagados por todos los cántabros que van contra la neutralidad institucional». La secretaria autonómica popular, María José González, ha denunciado que Mazón «asiste por la mañana a la presentación de un proyecto de su Consejería pagado por todos los cántabros y por la tarde, esa misma presentación, lo pone en un folleto del PRC como candidato de este partido».
Miguel Ángel Revilla se presentará por décima vez a la presidencia de Cantabria. Foto: Flickr PRC.
La situación es, según el PP, «un montaje burdo donde hasta las mismas fotos aparecen en los actos del Gobierno y luego en el panfleto del PRC. Es impropio de un cargo público que representa a todos los cántabros y muestra claramente la estrategia de utilizar las instituciones públicas para su uso partidista y electoral».
No es la única denuncia popular: su candidata en Medio Cudeyo ha denunciado que el alcalde Juan José Perojo ha desobedecido a la Junta Electoral al no abstenerse en un sorteo de 120 viviendas protegidas.
PEDRO SÁNCHEZ NO SE ACERCA A MIGUEL ÁNGEL REVILLA
Pedro Sánchez ha visitado Cantabria por dos veces en el último mes y ha participado en actos con Pablo Zuloaga, ‘sanchista’, delegado del Gobierno en la comunidad y próximo candidato autonómico del PSOE.
Revilla por dos veces ha denunciado que el presidente del Gobierno no le ha visitado, aunque, eso sí, en la última ocasión le invitó a acudir a un acto celebrado en Torrelavega una hora antes de celebrarse. El presidente de Cantabria desechó la invitación porque tenía un acto celebrado con motivo del 8-M.
El PRC buscará en estas elecciones conquistar plazas importantes como Torrelavega y Castro Urdiales. Los regionalistas quieren exprimir su momento, que contrasta con el de sus rivales.
No corren buenos tiempos para Ciudadanos, que ha fichado a la senadora popular Esther Merino, investigada por el Supremo por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Por cuestiones como estas Iñaki Gabilondo dice que Cs tiene «palabras de hierro y hechos de plastilina».
En el PP las aguas también bajan revueltas: la alcaldesa de Santander Gema Igual ha rechazado integrarse en la lista de Saénz de Buruaga, que cuenta con unas perspectivas electorales pésimas. Será la primera vez que un candidato popular en Santander no vaya a las listas autonómicas desde 1991.
Se romperá la tradición y Sáenz de Buruaga ha reaccionado con una ‘limpieza’: 9 de los 13 actuales diputados autonómicos del PP son afines a Ignacio Diego, su rival interno, y no repetirá ninguno. Tampoco se integrarán algunos alcaldes, hecho que era habitual hasta el momento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado la batalla contra Susana Díaz en la confección de sus listas en Andalucía de cara a las elecciones del 28 de abril. Desde el PSOE andaluz acatarán los cambios de la dirección general, controlada directamente por Sánchez. Con esto, se pone fin a meses de enfrentamiento entre los dos líderes socialistas por colocar a sus afines en esta región.
Sánchez lo ha tenido muy difícil para establecer la lista definitiva del 28-A. Cuando parecía que el presidente tenía potestad para cambiar con total libertad las listas, Susana Díaz se interpuso para no permitir que Sánchez pusiese a la mayor parte de sus ministros en diferentes provincias de Andalucía.
Sin embargo, estos últimos días el equipo de Díaz ha optado por mantener la unidad del partido y obedecer las órdenes que llegan desde Ferraz. El próximo domingo el PSOE ratificará las transformaciones aprobadas en las provincias donde las iniciativas de las asambleas locales de los militantes no se ajustaban con las de Sánchez.
Los representantes de las federaciones socialistas de Andalucía afirmaron que no replicarán las decisiones tomadas en el comité federal y que apoyarán hasta el final las mismas. “Este domingo las defenderemos a muerte”, subrayaron.
Los militantes del PSOE-A rehúsan votar en contra o abstenerse de los afines de la expresidenta de San Telmo, Susana Díaz, y reconocieron que tanto ella como Sánchez tienen “derecho” a “hacer equipos” a su gusto.
La principal estrategia de Pedro Sánchez es tener a sus amigos cerca y a sus enemigos lejos. Por ello, se decantó por presentar a cuatro titulares del Ejecutivo como cabezas de listas en Andalucía y apartó de los comicios generales al parlamentario y amigo de Díaz, Antonio Pradas.
El diputado socialista, Antonio Pradas.
Pradas formó parte de la sección crítica de Sánchez durante el proceso de primarias del PSOE. El secretario general ha intentado por todos los medios “purgar” al parlamentario durante estos años, pero la falta de apoyos en Andalucía lo imposibilitó.
Díaz no se tomó nada bien que Pradas hubiese sido relegado por Sánchez y declaró la guerra a éste último. “Creo que tiene que haber acuerdo, entendimiento y un proceso que refleje la realidad de este talento enorme que tiene el PSOE andaluz”, afirmó la dirigente sevillana.
Juan Cornejo, el secretario de Organización de los socialistas andaluces, mantuvo hace unos días una larga conversación con el ministro de Fomento y secretario general del partido, José Luis Ábalos, en la que volvió a incidir en que apoyaría las listas de la comisión federal.
En el PSOE de la comunidad se han producido constantemente encontronazos. Una falta de acuerdo referente a las candidaturas al Congreso en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Almería, lideradas por ministros y una Ejecutiva dispuesta a vetar en estas provincias a los ‘susanistas’ en la Cámara Baja y en el Senado.
ARAGÓN MANTIENE LA DISPUTA CONTRA SÁNCHEZ
Otro barón autonómico que ha puesto pegas a los planes de Pedro Sánchez es Javier Lambán. El secretario general del PSOE-Aragón advirtió hace unos días a la candidata socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría, que si Ferraz imponía la lista municipal ella saldría “debilitada”.
Lambán acusó a Sánchez de confeccionar una lista para Aragón que perjudicaba al partido ya que favorecería que otras formaciones de “la derecha y la izquierda” atacasen a la principal candidata, la citada Alegría.
Al igual que Susana Díaz en Andalucía, el dirigente aragonés ha decidido respetar la voluntad de Ferraz, aunque deslizó que en el PSOE de Castilla y León también tenían un “planteamiento distinto” al de la Ejecutiva federal.
“A partir del lunes, ocurra lo que ocurra en la comisión federal de listas, el partido saldrá como una piña a trabajar por ganar las elecciones. Es cuestión de que la comisión federal haga el dictamen definitivo, que evidentemente nosotros acataremos”, incidió Lambán.
En Teruel, las espadas están en alto con la duda de si Ignacio Urquizu será quién encabece la lista a los comicios generales. Sánchez prefiriría otro militante ya que en el pasado tuvo varios encontronazos con él. Sin embargo, este sociólogo defiende que tiene el apoyo de los afiliados.
“Hoy en Comité Provincial de PSOE de Teruel ha ratificado la propuesta de la militancia para que encabece la lista del Congreso. El 90% de las agrupaciones me han propuesto. Muchas gracias de corazón. Trabajaremos para que Sánchez siga siendo Presidente del Gobierno”, publicó Urquizu esta semana en su cuenta de Twitter.
María Dolores de Cospedal reformó la ley electoral de Castilla-La Mancha antes de las autonómicas de 2015 con la excusa de reducir los parlamentarios de las Cortes, de 49 a 33, a cambio de elevar un listón que complica la entrada de los partidos pequeños como Vox al exigir el 13% del voto en algunas circunscripciones.
En 2015 el PP no pudo revalidar su mandato y el PSOE regresó al poder de la mano de Podemos, que logró dos diputados mientras que Ciudadanos se quedaba fuera. Los morados, los naranjas y Vox no tendrán fácil contar con representación en el Parlamento manchego en el 26-M.
Una proyección de la Universidad de Castilla-La Mancha otorga tres diputados al partido que lidera Santiago Abascal (Toledo, Ciudad Real y Albacete), y le dejaría fuera en dos provincias (Guadalajara y Cuenca). Cierto es que estos números son una simple adaptación de los resultados andaluces a la comunidad autónoma castellano-manchega.
Un sondeo de Celeste-Tel para el Ayuntamiento de Guadalajara sitúa a Vox con un concejal decisivo en el consistorio gobernado por el PP, pero con solo dos décimas por encima respecto al mínimo exigido a nivel municipal, 5% del voto.
CASTILLA-LA MANCHA, CLAVE TAMBIÉN PARA LAS GENERALES
Pablo Casado pretende ser el próximo huésped de La Moncloa y para ello debe mirar con lupa a una veintena de provincias medianas o pequeñas. El líder popular alertó de que apoyar a partidos «nuevos» es como «tirar el voto a la basura» por la ley d’Hondt, que solo reparte con cierta justicia los escaños en las circunscripciones que reparten al menos siete diputados.
Voces cercanas al PP señalan que, extrapolando las encuestas, Vox podría ver como casi el 50% de sus votos no obtienen premio en escaño. Elpartido ultraconservador hace caso omiso al llamamiento al voto útil porque las elecciones andaluzas mostraron la importancia del partido de Abascal, que tumbó una hegemonía socialista que difícilmente se hubiese cortado sin su presencia.
Casado quiere hacer ver que en provincias como Ávila, Huesca o Teruel hay que alcanzar en torno al 25% del voto para arañar escaño: «Si dividimos el voto puede pasar que no lleguemos a esa mayoría suficiente y los restos vayan a Podemos o al PSOE», ha dicho.
Provincias como Soria, Cuenca, Guadalajara, Segovia, Zamora, Palencia, La Rioja, Álava, Luego, Orense, Cáceres, Lleida, Albacete, Salamanca, León y Burgos están en su punto de mira, al igual que Ciudad Real, Navarra, Valladolid, Cantabria, Jaén, Huelva y Castellón.
EL EJECUTIVO DE GARCÍA-PAGE CARGA CONTRA VOX
El presidente socialista Emiliano García Page ha dejado claro que hablará tras el 26-M «con todos menos con Vox». Desde su ejecutivo también se pretende articular un ‘cordón sanitario’ contra Santiago Abascal.
Pablo Casado quiere hacer ver que el voto útil está en el PP. Foto: PP.
Es el caso de Arcaceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que cargó contra las pretensiones de Vox en Andalucía de conocer la identidad y cualificación técnica de las personas que trabajan con las víctimas de violencia de género.
Martínez señaló que hay «algunos sectores ultrareaccionarios, conservadores y ciertamente desvergonzados de los que subyacen motivaciones de carácter claramente machista·.
Y añade: «Nadie duda de la actuación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Policía Local en cuanto a la protección que ofrecen a las víctimas de violencia de género. ¿Por qué dudar de la encomiable profesionalidad de los trabajadores de esas unidades de género?».
La directora señaló que «no solo como responsable institucional sino como feminista estoy totalmente en desacuerdo con esa iniciativa propuesta en Andalucía. Resulta impensable e inadmisible para el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Francisco Peces, presidente del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha, apuntó en la misma línea y denunció que las pretensiones de Vox «no buscan otro objetivo que trasladar la presión directa sobre estos profesionales como método de coacción y así poner en duda la propia existencia de la violencia machista».
La intención del partido que lidera Abascal, señala, pueden «suponer un cuestionamiento de la profesionalidad de los trabajadores afectados, además de un ataque integral a las víctimas de la violencia machista, que repercute en el recorte de los derechos fundamentales de las personas».
LA LEY ELECTORAL Y VOX
El PSOE no ha sido capaz de modificar la ley electoral de María Dolores de Cospedal porque García-Page señaló que quería contar con el apoyo del PP. El discurso de Podemos sobre este asunto también ha sido volátil, hecho que ha enfadado a algunos de sus socios extraparlamentarios, Izquierda Unida o el Partido Castellano.
García Molina y Llorente, los dos únicos de Podemos en C-LM. Foto: Podemos.info
Sergio Gutiérrez, secretario de Organización de los socialistas castellano-manchegos, ha atacado con este asunto al nuevo líder popular, Francisco Núñez. El socialista afirma que el PP «se está desangrando electoralmente», situación por la cual «están jugando a ser más extremista, a radicalizar su discurso y a convertirlo en una batalla campal en el día a día».
El objetivo del PSOE es mantener el Gobierno regional y gobernar en las cinco diputaciones, mientras que formaciones como Vox pelearán por traducir en escaños sus votos y contribuir a que el Parlamento de Castilla-La Mancha no de voz a solo dos fuerzas, tal y como ocurrió entre 1999 y 2015.
Los gastos previstos por el Gobierno de Pedro Sánchez de publicidad institucional para 2019 tienen partidas muy vinculadas a la personalidad del titular de cada cartera. Es el caso de Dolores Delgado, cuyo Ministerio de Justicia programó una inversión publicitaria de casi 475.000 euros para difundir el 80 aniversario del exilio republicano, más otros 270.000 para difundir las exhumaciones de víctimas de la guerra civil, frente a los 18.000 euros destinados a divulgar la cita previa en su departamento.
En noviembre de 2018, Sánchez creaba una comisión interministerial al afecto. En 2019 se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil española y de la huida de republicanas y republicanos españoles hacia Francia, norte de África y el continente americano. Esta comisión gestiona, impulsa y coordina un programa de actos públicos de todo tipo que tienen tres objetivos comunes: transmitir un mensaje de homenaje y reconocimiento a los integrantes del exilio republicano español y sus descendientes, recuperar la memoria exilio republicano español y dar a conocer sus aportaciones a la restauración de la democracia española y al desarrollo de los países en los que se instalaron.
La subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, presidía la Comisión y el director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez, actuaba como vicepresidente. Los actos de conmemoración debían tener lugar en toda España, el sur de Francia, México y otros países de América Latina por iniciativa de instituciones públicas y privadas.
Algunos de los actos debía protagonizarlos el propio partido del Gobierno: «Acto de Memoria Histórica y reconocimiento a los que sufrieron el exilio por la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Organiza: Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Lugar de celebración: Senado. Sala Antigua de debates. Plaza de la Marina». En efecto, el pasado mes de enero, el PSOE rendía homenaje al exilio republicano en un acto en el Senado en el que víctimas de este destierro han demandado al Estado un mayor reconocimiento a los sacrificios que hicieron por la República y la democracia.
Ante la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, representantes del exilio reclamaron al Gobierno medidas de justicia y reparación. La titular de Justicia pidió perdón a los exiliados republicanos por «tantos años de silencio» sobre las víctimas del franquismo y defendió los 15 millones presupuestados en Memoria Histórica como una «inversión en dignidad» para que los «populismos emergentes» no repitan aquel drama.
Delgado destacó que estos 15 millones no son un gasto, sino «una inversión en valores, en principios», para fortalecer una «memoria con proyección de futuro» que se sustenta también en educación u pedagogía. «Aquí se ha hecho una inversión en dignidad y en democracia» dijo Delgado para despedirse así de los exiliados: «Muchísimas gracias y muchísimo perdón».
DELGADO EN ARGELIA
En este contexto, la ministra de Justicia y la alcaldesa de París se reunieron en la capital francesa en noviembre pasado, el mismo mes de la creación de la comisión de este proyecto, para conmemorar conjuntamente el 80 aniversario del exilio republicano. Anne Hidalgo, recibió a Dolores Delgado en su despacho del Ayuntamiento de la capital francesa. Ambas firmaron una declaración en la que se comprometían a poner en marcha actos conjuntos para la celebración del 80 aniversario del exilio republicano posterior a la Guerra Civil y el inicio de la dictadura.
Pero su gira para reivindicar esta causa no acaba en París. La ministra reivindicó el pasado 5 de marzo en Orán (Argelia) a los cerca de 15.000 republicanos españoles que en 1939 abandonaron España hacia el norte de África huyendo de la represión franquista. La titular de Justicia recordó «un exilio poco conocido y muy dramático tanto por las condiciones de salida y llegada de los refugiados a territorio africano como por la dura acogida».
La segunda campaña de publicidad institucional de Delgado se enmarca en otra de sus querencias: 270.000 euros para divulgación del plan anual de exhumación. En este sentido, el director general de Memoria Histórica anunció un plan anual de exhumaciones con la colaboración de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos para recuperar los restos de más de 114.000 personas víctimas de la guerra civil y la represión franquista, que según los cálculos, permanecerían aún en cerca de 3.000 fosas comunes.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado. Foto: Flickr La Moncloa.
Este plan estaría incluido en un plan cuatrienal de memoria histórica que contempla en primer lugar la actualización del mapa de fosas y banco nacional de ADN para identificar los cadáveres descubiertos y conectarlos con sus descendientes y familiares, así como «un censo nacional de víctimas» de la guerra civil y la represión franquista.
El Gobierno socialista defendía que España no podía seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refieren a violaciones de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición.
Con ese objetivo, la nueva Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia se fijó como objetivo planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, hacer públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo, para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. Y proceder a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
En paralelo, esta dirección general pretendía impulsar una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica para declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, crear una Comisión de la Verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos.
Además, según sus planes iniciales, el Gobierno socialista pretendía reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiar la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. La abrupta finalización de la legislatura ha puesto en suspenso algunas de tales ambiciones.
El monto de las campañas de Delgado es similar al de su antecesor, Rafael Catalá, pero su contenido es radicalmente distinto. El ministro ‘popular’ divulgó elementos con mayor vinculación tradicional con la acción de la justicia: «Un Nuevo Registro Civil al Servicio de los Ciudadanos por 250.000 euros; «la Mediación También es Justicia», por otros 250.000 euros y «Algo está cambiando en la Justicia», por otros 250.000 euros.
La Secretaría de Estado de Comunicación, que dirige Miguel Ángel Oliver, sigue sin dar respuesta a este diario sobre la ejecución y desglose de los gastos de publicidad estatal del Ejecutivo socialista.
El Consejo de Ministros ha puesto fecha a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos: el próximo 10 de junio. También ha decidido que los restos vayan finalmente al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
En todo caso, que el acuerdo del Ejecutivo se haga efectivo depende de lo que diga el Tribunal Supremo. El proceso tiene todavía muchas incógnitas y varias claves principales sobre las que se basa este conflicto entre la familia del dictador y el Gobierno.
EXHUMACIÓN CON GOBIERNO EN FUNCIONES
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La fecha del diez de junio es posterior al periodo electoral, pero este calendario influye también en la exhumación. En el momento elegido por el Gobierno ya se habrán celebrado las elecciones generales del 28 de abril y las municipales y autonómicas del 26 de mayo.
No es probable que el 10 de junio esté constituido un nuevo Ejecutivo, por lo que, si el Supremo no pone problemas, tendrá que ser el actual Gobierno, que estará en funciones, quien ejecute la exhumación.
Si hay ya antes de esa fecha un nuevo Ejecutivo de diferente color político que no esté de acuerdo con la exhumación, tendrá que tomar una decisión contraria a la actual. Es decir, debería aprobar un real decreto que modificara el actual.
En el caso de que no se formara un Gobierno contrario a la exhumación hasta después del 10 de junio, este podría tener todavía tiempo de modificar la norma antes de que salgan los restos del Valle de los Caídos, si el Tribunal Supremo ha paralizado previamente la exhumación de forma cautelar.
EL ENTIERRO QUE QUIERE EL GOBIERNO
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Foto: Pool Moncloa/J.Cuadrado
Además de fijar la fecha de la exhumación, la noticia ha sido que el Consejo de Ministros ha señalado como destino final de los restos de Franco el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, también en Madrid. Se trata de un lugar apartado, cercano al palacio del mismo nombre, que fue residencia del dictador.
Los restos serían inhumados en el panteón donde se encuentra enterrada su esposa, Carmen Polo. En el cementerio reposan los restos de muchos de los que ocuparon cargos de responsabilidad durante el franquismo, como es el caso de Carrero Blanco o Arias Navarro, los dos últimos presidentes del Gobierno de ese periodo.
Este cementerio es propiedad de Patrimonio Nacional, dueño también del Valle de los Caídos. Según han publicado varios medios, el mausoleo construido, como una pequeña capilla, es propiedad también de este organismo público, y no de la familia Franco, lo que facilitaría la ejecución de los planes del Gobierno.
LA INHUMACIÓN QUE QUIERE LA FAMILIA
Procesión ante la catedral de la Almudena. Foto: Flickr arzobispado de Madrid
El Gobierno ha decidido rechazar los argumentos de la familia del dictador, también en lo que se refiere al destino de los restos tras la exhumación. Los familiares habían indicado que, en el caso de que la exhumación saliera adelante, querían que los restos fueran inhumados en la catedral de la Almudena.
Esta decisión de la familia no ha sido aceptada por el Gobierno, que ha hecho suyo un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que indica que si se llevan los restos del dictador a la catedral se crearía un problema de orden público en el centro de la ciudad.
El procedimiento establecido por el Gobierno señalaba, en principio, que la familia decidiría en lugar de la inhumación de los restos. Sólo en el caso de que no tomaran una decisión al respecto, el Gobierno elegiría el lugar.
La actual ubicación de los restos de Franco fue una decisión ordenada formalmente por el rey Juan Carlos, según la documentación de la época. Es un argumento utilizado frecuentemente por la familia y los simpatizantes del dictador para armar su postura contraria a la exhumación.
Existen diferentes versiones sobre cuál fue la voluntad de Franco. La propia existencia del mausoleo familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, es interpretado como una prueba de la voluntad de ser enterrado en este lugar.
Sin embargo, Franco escribió de su puño y letra unas líneas en las que indicó su voluntad. En esas líneas dijo: “Para un soldado como yo, que ha visto la muerte a su lado tantas veces en el campo de batalla, que ha perdido tantos compañeros de armas que cayeron con un heroísmo natural y casi anónimo, una tumba en cualquier lugar de España, con una sencilla cruz de madera, es enterramiento suficiente y honroso”.
QUIÉN TIENE AUTORIDAD EN LA BASÍLICA DEL VALLE
La ministra de Justicia, Dolores Delgado. Foto: Flickr La Moncloa.
Para realizar la exhumación de los restos de Franco, el Gobierno se planteó en un principio que tenía que pedir permiso a la autoridad eclesiástica, posición que también cambió luego. La basílica del Valle de los Caídos, donde está enterrado Franco, es un lugar de culto y estos están clasificados como inviolables por los Acuerdos del Estado con la Santa Sede.
De hecho, el texto de un acuerdo anterior del Consejo de Ministros, en el que dio los primeros pasos de la exhumación, contenía esa cautela. Esta situación significaba, en aquel momento, que el Gobierno tendría que pedir permiso a la autoridad eclesiástica, misión encomendada a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La autoridad eclesiástica es el prior de los benedictinos que rigen la abadía. Éste negó el acceso a la misma para realizar la inhumación alegando la posición contraria de la familia y que aún tenía que decidir el Tribunal Supremo.
Ahí el asunto se complicó aún más. El Gobierno señaló entonces que acudiría a los superiores del prior, para lo que apeló al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Sin embargo, la línea jerárquica del prior no pasa por el arzobispado.
Algunos señalaron entonces al abad de Solesmes, en Francia como máxima autoridad de los benedictinos, pero esta orden mantiene una estructura peculiar, en la que cada congregación benedictina es tan autónoma que sólo deben obediencia al Papa.
El Gobierno, finalmente, reaccionó con un cambio en la interpretación de la inviolabilidad y el penúltimo acuerdo del Consejo de Ministros sobre la exhumación. El Ejecutivo señaló entonces que la inviolabilidad de los lugares de culto sólo protege la libertad religiosa, pero no la entrada física en estos lugares, por lo que, al ser propiedad del Estado la basílica, nada lo impediría. Este argumento será también analizado por el Tribunal Supremo, ya que la familia lo ha utilizado en su recurso.
Para rizar el rizo, los benedictinos tienen en sus manos la abadía y la basílica del Valle de los Caídos por un convenio con el Estado (a través de una fundación pública) de la década de los cincuenta, en pleno franquismo. Las normas dejan en manos del Gobierno la posibilidad de anular el convenio por decreto o tramitar el cambio de los benedictinos por otra orden al frente del Valle.
CUÁL ES LA POSICIÓN DE LA IGLESIA
La vicepresidenta Carmen Calvo, con Pietro Parolin. Foto: La Moncloa
Los últimos capítulos del proceso de exhumación de los restos de Franco están llenos de equívocos y encontronazos entre la Iglesia y el Gobierno. La Iglesia católica mantenía al principio que había que respetar la voluntad de la familia en cuanto a la exhumación, por lo que no la autorizaría hasta que la familia no estuviera de acuerdo.
Esta posición cambió luego, cuando la Iglesia señaló que no se opondría a la exhumación, aunque siguió defendiendo que la mejor salida era un acuerdo con los familiares. Cuando parecía que no iba a haber problemas entre la jerarquía y el Gobierno sobre este asunto, apareció un nuevo problema: el entierro de los restos en la cripta de la catedral de la Almudena.
Cuando la familia hizo pública su voluntad, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, indicó que no se opondría a dar sepultura a los restos en ese lugar. Fue entonces cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, viajó al Vaticano y mantuvo un encuentro con el secretario de Estado Pietro Parolin.
Allí se produjo un incidente entre el Gobierno y la Santa Sede, ya que el Ejecutivo español dijo que la Iglesia se comprometió a trabajar en una salida para que Franco no fuera enterrado en La Almudena. Esto fue desmentido, en un gesto inusual, por el Vaticano, que subrayó que su postura era la de no oponerse a la exhumación y que no se había pronunciado contra la inhumación en la cripta de la catedral madrileña.
El siguiente capítulo se abrió cuando el prior del Valle de los Caídos negó la entrada a la basílica para realizar los trabajos de exhumación. En su respuesta a la solicitud que realizó el Gobierno, el prior señaló, en resumen, que negaba la entrada, entre otras cosas, porque estaba pendiente de la decisión del Tribunal Supremo.
El Vaticano había aclarado que su postura era que, en cualquier caso, se observe el ordenamiento jurídico español y se obedezca a la autoridad competente. La postura del prior fue considerada por algunos como una desobediencia a la autoridad del Gobierno, pero el portavoz de la Conferencia Episcopal aclaró que la autoridad competente en este momento del procedimiento era el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.
QUÉ PAPEL TIENE EL TRIBUNAL SUPREMO
Carmen Martínez Bordiú y su hija Cynthia Rossi durante el funeral de Carmen Franco en Madrid. Foto: GTRES.
Los acuerdos del Consejo de Ministros han sido recurridos por la familia Franco ante el Tribunal Supremo. La primera vez fue cuando el Gobierno acordó realizar las primeras gestiones para la exhumación. Estas fueron pedir un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid, comunicar la obra al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término está el Valle de los Caídos, así como pedir la autorización de entrada en la basílica.
El Tribunal Supremo le dijo a la familia que esta no era aún el acuerdo que ordena la exhumación, por lo que denegaba las medidas cautelares que solicitaba. Sin embargo, este tribunal aclaró que antes de realizar finalmente la exhumación, habría que esperar al recurso de la familia y a la decisión consecuente de esta instancia judicial.
La familia volvió a recurrir ante el Tribunal Supremo en el penúltimo acuerdo del Consejo de Ministros, en el que daba un plazo extraordinario de alegaciones a la familia. Ahora la incógnita es si este tribunal tomará la decisión de paralizar cautelarmente la exhumación antes de tomar una decisión sobre el fondo del asunto.
El tribunal tendría que dirimir sobre los argumentos del Gobierno, que se basan en el mandato del Parlamento y la necesidad de adecuarse a la ley de Memoria Histórica. La familia, por su parte, argumenta que no hay urgencia que justifique la vía del decreto ley, que se trata de una ley de caso único (redactada para aplicarse a una única persona), que la basílica es inviolable y que hay que respetar la voluntad de la familia.
Ximo Puig no dispone de encuestas demasiado optimistas y es por ello que ha decidido adelantar las elecciones de la Comunidad Valenciana al 28-A para hacerlas coincidir con las generales por dos motivos: los partidos nacionalistas podrían verse perjudicados y se prevé una alta participación que se supone que le beneficiará.
El presidente de la Generalitat ha explicado que este adelanto dota de «visibilización de la agenda valenciana y refuerza el autogobierno «frente a los «vientos de recentralización». La decisión, según Puig, no está «viciada de partidismo. Es indiscutible que estamos mejor que hace cuatro años pero no para quedarnos parados, queda mucho por delate».
Y añadió: «No podemos dar marcha atrás, no podemos mirar a un pasado del que salimos huyendo. Tenemos un a oportunidades y hay que aprovecharla. Hay que rechazar aquellos que quieren la confrontación, el maniqueísmo o la involución democrática».
El barón naranja afirma que está «estudiando el pacto en Andalucía» y señaló que armará un cordón sanitario contra el PSPV, porque «en la Comunidad Valenciana tampoco pactaremos con el PSC-valenciano. Es imposible confiar en el PSOE actual: un partido secuestrado por un Pedro Sánchez rehén de Podemos y separatistas».
Puig le contestó: «Yo respeto a todo el mundo. Incluso respeto a los que insultan habitualmente, a los que quieren fracturar a la sociedad valenciana, a los que no apuestan por la convivencia. Ese papel es un papel bastante irrelevante para una sociedad que afortunadamente quiere sumar, quiere mirar hacia delante«.
El presidente del Consell señaló que está «diametralmente en contra del sectarismo y del fanatismo y estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, como he hecho y haré siempre, incluso con aquellos que faltan el respeto de manera habitual a la inteligencia y a toda la sociedad valenciana».
Cantó señala que «para sacar al tripartito repetiría la fórmula andaluza» y ha señalado que Soraya Rodríguez, Nicolás Redondo o Celestino Corbacho se han dado de baja en Ferraz porque «están hartos de ver como el PSOE se arrodilla ante Quim Torra y los independentistas o ante los del 3%».
UN COMPAÑERO DE CANTÓ MODERA SUS PALABRAS
Juan Córdoba, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, ha matizado las duras palabras de Cantó y señala que no se plantean «ningún pacto, sino sacar los mejores resultados posibles. En Cs pactaremos, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre con constitucionalistas, alejados de nacionalismos y populismos y pensando en lo mejor para los valencianos».
Albert Rivera junto a Toni Cantó en la Comunidad Valenciana. Foto: RTVE.
Llama la atención la alergia de Ciudadanos al PSPV teniendo en cuenta que han apoyado en les Corts la mayor parte de las leyes sacadas adelante por el ‘pacto del Botánico’. Tal y como señala Las Provincias, «entre julio de 2015 y el pasado mes de febrero se aprobaron 94 leyes elaboradas por socialistas, nacionalistas y Podemos, junto a los decretos del Gobierno de Puig. En 50 ocasiones, Ciudadanos votó a favor y en 14 ocasiones se abstuvo».
«De este modo, señalan, el partido naranja votó junto al ahora denostado tripartito un 55% de veces durante la legislatura, y en casi un 15% se abstuvo, de tal modo que sólo ha rechazado un tercio de las políticas impulsadas por el Consell».
El mismo medio apunta a que Ciudadanos apoyó el 68% de las leyes impulsadas por el tripartito conformado por el PSPV, Compromís y Podemos. El PP, más coherente en esta legislatura, solo votó a favor del 16% de las medidas impulsadas por Puig.
RIVERA SE CUELA EN LA AGENDA VALENCIANA
Albert Rivera ha pedido en público a Toni Cantó que acabe con el «adoctrinamiento» de las escuelas valencianas. Ximo Puig ha tildado las declaraciones de «falta de respeto enorme a los profesores y profesora de la Comunitat y a la ciudadanía, y una muestra de abuso de la propaganda para intentar no decir qué proponen de verdad en temas fundamentales y cruciales».
Según el presidente, es un «grave insulto decir que aquí hay adoctrinamiento, se está insultando a los maestros que cada día están trabajando seriamente por mejorar la educación de nuestros hijos, nuestros nietos y de toda las personas que están intentando tener el mejor proyecto de vida para sus hijos».
Puig señala que este es «un debate que no tiene nada que ver con la realidad, pero ese es el margen que han elegido porque un partido que no tiene muchas propuestas lo que se dedica es a intentar embarrar el campo».
El diputado de C’s en un acto con jóvenes del partido. Foto: Flickr Ciudadanos.
El líder de los socialistas valenciano señaló que quiere «al castellano y quiero al valenciano, que es mi lengua materna, y creo que efectivamente esta es una sociedad que no se va a dejar engañar por la confrontación y el sectarismo que ha propugnado durante tanto tiempo alguna derecha valenciana».
Podemos ha estado en el ojo del huracán en Aragón desde que Pablo Echenique se marchase a Madrid hace cuatro años. El secretario de Organización no ha podido mantener el control sobre la federación de la que fuese secretario general tras la doble derrota de su candidata afín.
Erika Sanz perdió a finales de 2015 la posibilidad de convertirse en secretaria general autonómica tras caer ante Nacho Escartín y el pasado otoño volvió a ser derrotada ante Maru Díaz, afín a la dirección de Podemos en Aragón.
La formación morada ha encauzado el timón en esta comunidad autónoma: su reciente defensa en el Parlamento de la sanidad en el medio rural o de la educación pública ha templado las aguas, hecho al que se le suma la mano tendida del alcalde maño, Pedro Santiesteve, que ha retrasado las primarias de Zaragoza en Común para integrar a los morados.
No parece fácil el acuerdo teniendo en cuenta que Podemos ha apostado fuerte en Zaragoza con la candidatura de Violeta Barba, actual presidenta de las Cortes aragonesas. Los morados podrían ir contra sus exsocios a nivel local y también rivalizarían con Izquierda Unida y la Chunta Aragonesista, con los que podría concurrir a las generales.
Nacho Escartín, el agricultor que conquistó la secretaría general de Podemos en Aragón, ha rebajado su tono en los últimos años y ha intentado tejer al partido tras los escándalos internos de los morados, especialmente la doble dimisión de Guillermo Lázaro, líder de Podemos Zaragoza, y María José Calderón, secretaria de Organización autonómica.
La pareja sentimental cargó a las cuentas del partido un viaje de placer a Nueva York, infamia por la que tuvieron que devolver el dinero y marcharse. La mano de Escartín fue crucial para que la guerra que no llegase a mayores.
El secretario general acaba de explicarque la situación interna del partido «no es todo lo buena que podría ser»y ha admitido que ha «sufrido el excesivo centralismo de nuestra organización, la cantidad de errores cometidos y la incapacidad de evolucionar hacia una herramienta más poliédrica, diversa y participada».
Escartín está molesto porque le han ‘puenteado’: «La negociación con IU y Equo ha sido en el ámbito estatal, sin contar con las necesidades o ideas que podríamos aportar desde los órganos autonómicos de Podemos». Los morados en Aragón «no han recibido ni una información de cómo se estaban desarrollando estas conversaciones, hasta conocer la pasada semana el acuerdo».
Tampoco parecen fáciles los acuerdos autonómicos después de que Izquierda Unida exigiese el puesto número dos de las listas en Zaragoza, Huesca y Teruel, aunque finalmente rebajaron las exigencias y para entonces el divorcio parecía consumado.
Podemos, pese a las críticas, es el principal apoyo de Javier Lambán, presidente socialista de Aragón. Foto: Flickr PSOE
A nivel municipal, explica, «desde la Coordinadora y el Plenario de ZeC no se ha remitido propuesta alguna para reconducir la situación». También opina sobre la política nacional y destaca la resistencia que ha demostrado Pedro Sánchez, con el que «el PSOE recupera aire y tono de izquierdas, pero hechos, lo que se dicen hechos, muy pocos».
Más crítico se muestra con Javier Lambán, presidente aragonés y «palmero de su diosa del socialismo, Susana Díaz, que no ha dudado en encontrar en Cataluña la diana de sus dardos más grandilocuentes. El independentismo y el Gobierno de la Generalitat han sido el lugar más recurrente sobre el que el presidente Lambán ha escondido su incapacidad y falta de rasmia, y hacia donde se ha despachado con gusto, en tuits, declaraciones y discursos.
Y explica que «salimos a ganar. Con humildad y con fuerza, con ilusión y valentía. En Aragón dos diputados son 5.000 votos y creemos que si somos capaces de dar lo mejor de cada una de nosotras en estos meses, las y los aragoneses revalidarán y aumentarán la confianza en nosotras. Porque hemos demostrado que Sí Se Puede, que no robamos y que gestionamos mejor«.
Zaragoza en Común, salpicada por algunos escándalos superficiales como la gomina que cargó Pedro Santiesteve al erario público, está alardeando del saneamiento económico de la capital aragonesa, de la sostenibilidad medioambiental llevada a cabo, de la apuesta por la participación, del cambio de la política cultural y de las medidas encaminadas a favor de la memoria histórica y en contra de las inmatriculaciones eclesiales.
UNAS ENCUESTAS POCO PROMETEDORAS
Javier Lambán no tendrá fácil repetir en el cargo al frente del Gobierno de Aragón por las pésimas previsiones electorales de sus socios, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. El PP quiere recuperar el trono que logró Luisa Fernanda Rudi en 2011.
Para lograrlo Luisa María Beamonte, candidata popular, tendría que necesitar del apoyo de Ciudadanos y Vox. Los naranjas tendrán como cabeza de cartel a Daniel Pérez Calvo, mientras que el partido de Santiago Abascal desvelará en los próximos días a sus diversos candidatos autonómicos.
MONCLOA.COM desvelaba el pasado 9 de enero que hace casi 15 años, en noviembre de 2004, cuando la constructora Sacyr intentó hacerse con el control del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la entidad financiera dirigida por Francisco González contrató al polémico comisario José Manuel Villarejo para que este realizara trabajos de espionaje.
Nació así el ‘Proyecto TRAMPA’ cuyo principal cometido fue encontrar “aspectos negativos” de una serie de personas, a las que el comisario colocó en el llamado “grupo hostil (GH)” y que formaban el núcleo de la operación de Sacyr para hacerse con el control del BBVA. Luego vendrían las noticias de la «acción final» en el edificio Windsor y el ‘Proyecto FISH’, una operación de hostigamiento contra el constructor Fernando Martín en 2009.
VILLAREJO EXIGIÓ 750.000 EUROS AL BBVA
El excomisario de Policía, José Manuel Villarejo.
Villarejo centró sus primeras investigaciones en Luis del Rivero, presidente de la constructora; Miguel Sebastián, por aquel entonces jefe de la Oficina Económica en el Palacio de la Moncloa a las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero y que antes había pasado por el BBVA; y Juan Abelló, vicepresidente de la empresa de infraestructuras y que también ocupaba un puesto de consejero en el BSCH -hoy Banco Santander-, un hecho de vital importancia para el BBVA porque se creía que detrás de la operación se encontraba Emilio Botín. Pero el espionaje masivo abarcó muchos otros aspectos.
El comisario contrató con el banco de González, a través de una filial de su empresa de detectives Cenyt, y propuso cobrar parte de su trabajo a través de sociedades ficticias o en el exterior.
La primera cifra que planteó Villarejo, 2 de diciembre de 2004, fue de 750.000 euros. Pero ese mismo día redactó un nuevo borrador rebajando los emolumentos a 510.000 euros. Un mes después, el 3 de enero de 2005, disminuyó su caché a 360.000 euros y admitía que le pagaran mensualmente, a razón de 30.000 euros. El contrato era prorrogable anualmente, salvo denuncia expresa, lo que debía reportarle otros 360.000 euros al año siguiente.
Eso le situaría nuevamente cerca del reto ambicionado inicialmente -720.000 euros-, aunque MONCLOA.COM desconoce si finalmente se prorrogó dicho acuerdo. Al finalizar el encargo del BBVA, el comisario reclamó cobrar 120.000 euros adicionales, lo que significa que en el menor de los casos Villarejo planteó al BBVA cobrar 470.000 euros por un trabajo que debía durar como máximo un año.
Miguel Sebastián, Rodrigo Rato y Luis del Rivero, tres de los espiados por Villarejo.
El BBVA fue informado por el comisario José Manuel Villarejo del contenido de pinchazos telefónicos, el tráfico de casi 15.000 llamadas, seguimientos personales y espionaje de la vida íntima de miembros del Gobierno de Zapatero, empresarios, financieros y periodistas. El comisario realizó este trabajo de inteligencia con el objetivo de desestabilizar la operación de Sacyr de hacerse con las riendas de BBVA. Para ello no reparó en utilizar todos los medios para espiar a las personas pertenecientes al que denominaron como “grupo hostil”.
Los trabajos clandestinos de información consiguieron detalles precisos sobre las intenciones de las personas que pilotaban la operación, pero no solo eso. También buscaron “aspectos personales censurables” o proyectos políticos oscuros, como los califica uno de los informes elaborados.
Así, por ejemplo, escudriñaron la vida privada, relaciones sentimentales, costumbres sexuales, consumo de alcohol o drogas, problemas con Hacienda, sospechas sobre su patrimonio y cualquier incidente o irregularidad con los que conseguir que se retiraran de su empeño.
BBVA ACCEDIÓ A UNA LLAMADA DE LA MONCLOA
La entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega fue interceptada en una llamada entre Sebastián y un alto cargo del Santander. | Gtres
El comisario José Manuel Villarejo interceptó para el BBVA, el 18 de enero de 2005, una llamada telefónica realizada desde el Palacio de la Moncloa a un directivo del Banco Santander Central Hispano (BSCH), en la que fueron grabados de forma subrepticia la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el jefe de la Oficina Económica en Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián.
En las hojas de cálculo a las que tuvo acceso MONCLOA.COM había 65 llamadas en las que el origen o el destino estaba identificado como “Presidencia del Gobierno”, “Ministerio de la Presidencia” o “Moncloa”. Y en 60 de las 65 ocasiones aparecía el móvil corporativo que tenía Sebastián en aquel momento en Presidencia de Gobierno.
El documento con las transcripciones Villarejo se jactó de que “a pesar de las contramedidas” que había puesto el propio Sebastián para proteger sus comunicaciones telefónicas, el pinchazo de la llamada realizada desde un número fijo de La Moncloa había sido posible ya que ‘RUPER’ (Ignacio Rupérez Calvo, un alto directivo del BSCH que, en opinión de Villarejo, era el “enlace” entre el llamado ‘grupo hostil’ y la entidad financiera de Botín), tenía el “control afectado”.
Rupérez le confesó a Sebastián que “el Jefe -presuntamente Emilio Botín– tiene la cabeza en la Audiencia y además lo ve todo muy parado”, lo que confirmó que el Santander era renuente a entrar en la operación de Sacyr para echar de la presidencia del BBVA a Francisco González.
Sebastián lamentó que el Santander no se lanzara en apoyo de Sacyr –“No os veo muy activos”, subrayó el entonces gurú económico de Zapatero- y le pide a Rupérez un “esfuerzo” porque había que “tener un recambio si al final el financiero Juan Abelló no sigue en la operación para desbancar a González del BBVA”.
De la Vega se sumó a la conversación y transmitió a Rupérez tranquilidad respecto a la situación de Emilio Botín. Rupérez confirmó a la vicepresidenta del Gobierno que podían seguir contando con el BSCH en la operación de Sacyr para asaltar el BBVA. “No quiero más comunicados contra SV (Sacyr Vallehermoso) ni contra nadie… ahora hay que dar aspecto de unidad frente al PP”, subrayó la número dos del Gobierno.
“MI PRESI ME LLAMA CADA 10 o 15 DÍAS”
El presidente de honor del BBVA, Francisco González.
El jefe de seguridad de BBVA dijo que trabaja directamente para el presidente (FG), que su director era Ángel (Ángel Cano, consejero responsable de la Seguridad en el BBVA), que él preparaba la factura para Villarejo, y que compartía sus informes de espionaje con dichos cargos del BBVA.
Así se confirmaba que todos los informes que realiza Villarejo para el BBVA estaban ejecutados según las órdenes emitidas por ‘Tommy’, el alias de Corrochano en círculos policiales.
En esta grabación, Julio Corrochano desmintió el desconocimiento del presidente de honor del BBVA. FG no sólo estaba al corriente de los informes que realizaba Villarejo en contra sus enemigos, sino que le pedía menos información pública y más munición propia del espionaje que le estaba pagando tan generosamente. FG quería secretos de sus enemigos a cualquier precio, a tenor de su jefe de seguridad.
La prueba de que FG era el destinatario final del trabajo llegó cuando Corrochano urge a Villarejo para que le avanzara “bombas” contra los rivales del presidente y así él poder comunicárselas: “Sobre todo para cuando me llamen, porque me llama cada diez o quince días el presi. Para tener yo tres o cuatro historias preparadas, que vean que estamos…”, le dijo.
LA CONDICIÓN SEXUAL DE SEBASTIÁN COMO ARMA
Miguel Sebastián, en una imagen de 2017, ‘MIKY’, era objetivo prioritario del espionaje pagado por el BBVA. | Gtres
La vida íntima del que era jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, Miguel Sebastián, aparece en varios momentos de la conversación entre Julio Corrochano, jefe de Seguridad del BBVA, y el comisario Villarejo. El comisario desveló al jefe de Seguridad del BBVA que Sebastián había tenido “varios meses de pelea” con el que, en palabras suyas, era su pareja sentimental: Maurici Lucena, por aquel entonces director del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y que en la actualidad es presidente de AENA.
Tras ello, Villarejo y el directivo del BBVA entraron de lleno en otra supuesta relación sentimental de Sebastián con David Vegara, que en el primer Gobierno de Zapatero ejerció el cargo de secretario de Estado de Economía.
En esta misma conversación Corrochano y Villarejo planearon una estrategia de extorsión contra Miguel Sebastián. En este sentido, se subraya que “aparte de estos bulos transmitidos a través de su entorno se le está intentando desestabilizar a través de su relación sentimental”. Y para ello, “se ha encontrado un posible ligue, un cubano llamado IVAN que trabaja en un pub de la Plaza de Chueca”. Se trata de intentar sobornar al supuesto amante del exministro y pasearlo por los platós de televisión.
JUAN CARLOS I, OBJETIVO DEL ESPIONAJE
El rey Juan Carlos fue objetivo de las investigaciones de Villarejo.
El primer informe citado relata que, a pesar de la buena relación de Abelló con el rey, el financiero supuestamente habría utilizado los servicios de la prestigiosa agencia internacional de detectives Kroll para que le informaran de “los negocios de un árabe llamado Abdul Rahman el Asir (ex cuñado del conocido Kashogi)” con el Rey.
Los trabajos de Kroll sobre el rey Juan Carlos se habrían extendido luego a ofrecer a Juan Abelló “datos de negocios en Marruecos del falso Príncipe Tchokotua, con Mohamed VI y el propio SM (Su Majestad). Zourab Tchokotoua es conocido por su amistad con el rey y por haber mediado para la cesión del palacio de Marivent, la residencia de verano de la familia real en Mallorca.
La información manejada por el comisario indica que Abelló habría errado al dar por hecho un apoyo del rey y, a pesar de no tenerlo, presentarse ante los demás protagonistas de la operación (entre otros, Emilio Botín o Miguel Sebastián) “como un enviado” de Felipe González y el monarca.
BBVA CONTROLÓ REUNIONES DE LOS EXPRESIDENTES
Los expresidentes Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González en un acto en el Congreso. Foto: Gtres
González era visto por Villarejo como el padrino de Miguel Sebastián gracias a la intermediación del exministro Carlos Solchaga, al expresidente socialista le atribuye la iniciativa de pedir a los miembros del ‘grupo hostil’ que Solchaga fuese el sustituto de Francisco González.
De Aznar se subrayó que personas de su entorno han sido “detectados” con directivos de Société Generale, el banco francés que se interesó por la operación de Sacyr, y la inmobiliaria Metrovacesa.
Sobre Zapatero, destacó los rumores difundidos por Miguel Sebastián sobre una “intervención personal del Presidente (P) en graves irregularidades económicas sobre abono o condonaciones de deudas referidas a Aerolíneas Argentinas. Datos que dice haber conseguido el pasado mes de octubre, en unos contactos mantenidos en el entorno del actual Presidente de Argentina (Nestor Kichner)”.
WINDSOR: LA ACCIÓN FINAL DE VILLAREJO PARA FG
El estructura de varios pisos del edificio Windsor se derrumba en el incendio de 2005. Foto: Quique Fidalgo/El Mundo
Entre los documentos publicados en enero por MONCLOA.COM se encontraba una sinopsis en la que aparecía un misterioso párrafo(pinche aquí para leer el documento) que, por sí sólo, no indicaba más que Villarejo había realizado acciones secretas de las que ni siquiera quería hacer referencia en los documentos presentados al banco. En principio, no parecía posible conocer a qué acciones se refería.
Así, el informe de Villarejo decía -respetando su puntuación y mayúsculas usadas-: “Esta sinopsis no pretende ser del todo exhaustiva, toda vez que PARTE de las ACTUACIONES realizadas y de los DATOS FACILITADOS no se han archivado por obvias MEDIDAS DE SEGURIDAD (Por ello no pueden ahora recogerse exhaustivamente)”.
El comisario daba cuenta de que “El objetivo de este proyecto se ha CUMPLIDO TOTALMENTE, por lo que este GIA ya ha FINALIZADO su cometido”. Las siglas GIA se corresponden a lo que denominó Grupo de Inteligencia y Análisis, su equipo de trabajo en esta misión encomendada por el BBVA.
En todo caso, el trabajo iba a continuar. Villarejo señaló que “no obstante (y por deferencia hacia T), se continuará la labor hasta conseguir el máximo de las nuevas actuaciones solicitadas (por ahora pendientes)”. ‘T’ o también ‘Tommy’ es identificado en la documentación de Villarejo sobre este caso como Julio Corrochano, el jefe de seguridad del BBVA en aquel momento y la persona con la que Villarejo despachaba.
Posteriormente, la investigación realizada por MONCLOA.COM descubrió un nuevo documento que era crucial (pinche aquí para leerlo). Era muy parecido al anterior, menos en el párrafo final, que tenía una redacción diferente. Ahí fue donde el comisario José Manuel Villarejo anotó en el resumen de conclusiones de los trabajos para el BBVA una contundente “acción final” que consistió en “eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL.”
Este último párrafo describía, en su transcripción literal, el “intento de sustitución de soportes documentales originales, en su defecto eliminación física de los mismos. Si comunicar ni fecha ni procedimiento del sistema operativo para conseguir su destrucción”. El texto incluía una errata -a juicio de este medio- en la que, donde decía “Si comunicar…” debía decir “Sin comunicar…”.
Aunque todo el dispositivo fue bautizado por Villarejo como el proyecto Trampa, este archivo de resumen de todo el trabajo realizado, llamado Trampa-Sinopsis-FG, se tituló, de forma novedosa, como “Proyecto FG”, las iniciales de Francisco González y también de su firma de bolsa.
LA SOLEDAD DE FG MIENTRAS ARDÍAN LAS REDES POR EL WINDSOR
El expresidente del BBVA, Francisco González. Foto: Moncloa.com
Fue la imagen del hombre derrotado. El expresidente del BBVA, Francisco González, fue fotografiado por MONCLOA.COM en la terraza de Capuccino Grand Café, un selecto lugar en la plaza de la Independencia con vistas a la Puerta de Alcalá, en plena vorágine por las noticias sobre el incendio del edificio Windsor.
El ya expresidente de honor de la segunda entidad financiera del país estuvo sólo en todo momento, sin escolta, y mantuvo un rictus serio, de preocupación, mientras leía una tableta. En ese momento ya se conocía que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la ‘Operación Trampa’, Manuel García Castellón, había pedido a MONCLOA.COM los informes publicados sobre Villarejo y el Windsor para añadirlos a la pieza separada número 9 que afecta al BBVA.
González se sentó, curiosamente, en una terraza en la que podía ver justo enfrente una oficina bancaria del BBVA. Pagó el café cortado con un billete de 50 euros y apenas levantó la vista de la citada tableta en todo el tiempo en el que estuvo sentado en el Capuccino.
EL BBVA ENCARGÓ A VILLAREJO «HOSTIGAR» A FERNANDO MARTIN
De izquierda a derecha, el expresidente del BBVA, Francisco González; el constructor Fernando Martín y el comisario José Manuel Villarejo.
BBVA puso en manos del comisario José Manuel Villarejo el encargo de recuperar una deuda de unos 80 millones de euros que el constructor Fernando Martín mantenía con el banco, según los documentos publicados por MONCLOA.COM el pasado miércoles. El comisario controló el tráfico de llamadas telefónicas y realizó seguimientos personales para sus investigaciones.
El encargo quedó reflejado en unos documentos dentro de lo que denominaron como “Informe Fish”. Estos archivos están fechados en diciembre de 2009. Uno de ellos señala que el encargo del BBVA se realizó a través de la firma de abogados Simmons & Simmons.
El comisario realizó un estudio económico del encargo con dos presupuestos. El primero con un coste “a determinar según resultados”, con una duración de seis a nueve meses. Villarejo se llevaría el 12,5% de los bienes o el efectivo recuperado, más una provisión de fondos de 575.000 euros. El segundo presupuesto ascendía a cuatro millones de euros.
En estos trabajos estaban incluidos, según estos presupuestos y otros documentos dentro de este proyecto, “vigilancias, seguimientos, filmaciones y controles electrónicos, (si fuera necesario)”. Además, esta propuesta incluía desplazamientos a cualquier lugar dentro de España y seis desplazamientos internacionales.
El trabajo incluía el “hostigamiento y en la medida de lo posible, boicot” de las actividades de las personas del entorno de Fernando Martín, que le ayudaran en la tarea de alterar su conducta contra el banco y que “con ello comience el proceso de cometer errores estructurales”.
El comisario incluyó entre sus objetivos analizar la “conducta y vínculos” de la familia de Fernando Martín, al igual que la “conducta, hábitos y relaciones” del constructor, al que identifica bajo la clave “TIN” en los documentos que elabora. Parte de sus esfuerzos se emplearían, “en propiciar una dinámica disruptiva de hostigamiento sostenido, que provoque a TIN y su entorno una inseguridad permanente que hasta el día de hoy no tiene”.
El embajador de Portugal, Francisco Ribeiro de Menezes, explicó ayer en un evento organizado por Executive Forum y Vózpopuli que la voluntad de Portugal «nunca ha sido usurpar lo que sea ni reclamar la portugalidad, entendiendo el término como antónimo de hispanidad” sobre la expedición de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, la primera vuelta al mundo en barco de la historia de la que ahora se conmemora el quinto centenario.
Ribeiro de Menezes celebró la buena relación entre España y Portugal, si bien reconoció que existen “algunos sectores de la opinión pública portuguesa que guardan alguna duda o recelo hacia España”. “Un sentimiento”, añadió, “alimentado por una idea empírica de que nuestro vecino no se interesa por lo que sucede en Portugal y su cultura”. Pero esa lectura ya no es válida en la actualidad, aseguró el embajador.
Asimismo, recayó en que “de vez en cuando” hay alguna cuestión concreta de polémica entre ambos países. “Hace años que trabajamos con España en el tema de las conmemoraciones del V Centenario de Magallanes y Elcano”, cuyo viaje desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda empezó el 20 de septiembre de 1519 en una expedición financiada por el emperador Carlos I.
El diplomático luso anunció que España y Portugal tendrán un programa conjunto para estas conmemoraciones “más allá de las nacionales”, que será presentado pronto. El Ministerio español de Cultura, junto con la UNESCO, ya trabajan en los actos de la celebración.
“Creo que no hace falta pedir un informe, porque esa historia si la conocemos y sabemos muy bien quién hizo qué”, declaró Ribeiro de Menezes haciendo referencia al reciente documento emitido por la Real Academia de la Historia (RAH) a petición del director de ABC, Bieito Rubido, sobre la “plena y exclusiva españolidad” de la primera vuelta al mundo en barco.
“Nunca hemos pretendido entrar en una estéril competencia histórica con España, eso no está en el ADN de nuestra amistad”, aseguró el embajador, quien insistió en que Portugal quiere conmemorar la hazaña y celebrar el concepto del mundo único e interconectado, el futuro, el valor de los océanos y lo “mejor que hay en la humanidad”.
De este modo, Ribeiro de Menezes sintió mucho que “no todos hayan entendido esto, y sobre todo, que medio milenio más tarde, Magallanes y Elcano han sido víctimas de fake news”.
EL ACERCAMIENTO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL
Si bien el embajador portugués celebró la buena relación entre ambos países. «No conocemos la historia del otro, es como si estuviéramos empezando de nuevo”. En este sentido, hizo hincapié en que le gustaría poder escribir la historia de la Península Ibérica en común y que tal vez, “ahora eso sea posible”.
A propósito del asunto, dijo que quiere evitar “nuevos prejuicios, engaños y tonterías” entre España y Portugal, para así poder trabajar en conjunto. “La Corona siempre ha estado muy presente en el proceso de acercamiento de los dos países”, agradeció.
Además, quiso hacer gala del lugar privilegiado que Portugal ocupa como destino turístico para los españoles y que “nunca antes” la cultura portuguesa había sido tan conocida en España como ahora, con la presencia de numerosos escritores tanto clásicos como actuales en las librerías de nuestro país.
«No todos han entendido esto, y sobre todo, que medio milenio más tarde, Magallanes y Elcano han sido víctimas de ‘fake news’«
Respecto a las relaciones comerciales, Ribeiro de Menezes expresó que “hay una gran complementariedad entre España y Portugal”, lo cual posibilita nuevas oportunidades de negocio no solo en el espacio compartido de la Península Ibérica sino en toda Europa, y en mercados más lejanos como América Latina, África subsahariana y Asia.
Además, señaló la madurez de las relaciones políticas entre Portugal y España y se mostró confiado de cara a los próximos comicios en ambos países, ya que “pase lo que pase, nuestras afinidades e intereses compartidos son perennes”.
Con respecto a la Unión Europea, el embajador expresó su preocupación sobre amenazas como el surgimiento de populismos, el Brexit y las secuelas de la última crisis económica. De este modo, el embajador subrayó que no hay que olvidar “de dónde somos ni adónde vamos” y seguir adelante con el desarrollo y la consolidación del proyecto europeo. En este sentido, manifestó que ambos países pueden ser un claro ejemplo real de cooperación, colaboración y gestión conjunta para el resto del continente.
Finalmente, el embajador comentó la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos para el Mundial de fútbol de 2030, que el jefe del Ejecutivo español expresó el pasado mes de noviembre al rey Mohamed VI, quien se mostró «muy receptivo» a la propuesta.
Ribeiro de Menezes se mostró a favor de la propuesta, que le resulta especialmente interesante, puesto que se trataría de la primera candidatura pluricontinental, en este caso, euro-africana. En todo caso, aclaró que es una competencia de las federaciones de fútbol de los tres países. “He visto que hay más candidaturas buenas”, valoró el diplomático.
