Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona han solicitado una reunión «urgente» con el director general de Salud Pública de la Junta, Manuel Fernández Zurbarán; ante el «aplastante» aviso de la Fiscalía de que en este barrio pesa un «peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y la salud de las personas», una «afección» que el Ministerio público considera «constatada
En un escrito remitido el pasado 5 de febrero y recogido por Europa Press, el colectivo señala al director general sus «ocho años de lucha» a cuenta de su situación y destaca el «informe aplastante de la Fiscalía General de Medio Ambiente de Madrid, que corrobora lo tantas veces denunciado» por la asociación de afectados, que solicita así una reunión urgente para abordar «de primera mano este grave problema».
En un escrito fechado el pasado 7 de enero, la Fiscalía de Sevilla traslada al Juzgado número 3 de Coria del Río un resumen del informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre, sobre el «foco contaminante» de la estación de servicio.
Dicho informe técnico, según expone la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla al juzgado instructor del caso, «confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas»; con lo que «se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado», que conforman «aguas, suelos y salud de los habitantes».
EL INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE
Y es que entre las conclusiones del informe de diciembre de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado figuran aspectos como que «se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio».
Siempre, «como consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos del tipo gasolina, gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado», según este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General.
Así, este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General constata «la afección generada por la contaminación tanto al medio natural, como a la salud de las personas».
Merced a dicho informe, la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla pide al Juzgado número tres de Coria, en su reciente escrito de enero, aspectos como «la cuantificación económica de los daños a las aguas subterráneas y suelos a los solos efectos del cálculo de la responsabilidad civil, puesto que la valoración penal de la conducta y sus consecuencias medioambientales ya ha sido efectuada en los diferentes informes».
Este escrito de la Fiscalía sobre este informe pericial que señala un «daño constatado en la salud de las personas» queda sobre la mesa después de que el pasado mes de noviembre, la consejera de Salud, Rocío Hernández, manifestase en el Parlamento que no había sido acreditada una «relación causal» entre las afecciones de los vecinos de la barriada Guadalquivir y la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera.
LAS DECLARACIONES DE LA CONSEJERA
A preguntas de la diputada autonómica de Vox Ana Ruiz, quien preguntaba por el estudio epidemiológico que los vecinos esperan desde hace «dos años» y por el estudio «más exhaustivo» anunciado en marzo de 2023 junto con la Consejería de Política Industrial y Energía; la consejera explicaba que el citado estudio epidemiológico fue realizado y remitido al Juzgado, así como que fue acometida una «revisión retrospectiva» de la situación sanitaria de estas personas, un refuerzo de las urgencias de atención primaria en Coria, con una consulta «específica» para estos vecinos; y «múltiples reuniones con expertos» de diversa índole. «
Rocío Hernández señalaba al respecto, en noviembre, que no le constaba «relación causal» entre la situación sanitaria de los vecinos y la contaminación derivada de la fuga de hidrocarburos de la gasolinera, porque no habían sido detectadas «afecciones crónicas en la población» ni «tampoco se sabe a qué componentes químicos han estado expuestos», según indicaba entonces.
Y especialmente, avisaba del desconocimiento de los resultados de las pruebas analíticas del Instituto de Toxicología a «121» de los vecinos, «porque el proceso está judicializado» por la vía Penal; si bien mostraba su compromiso de seguir trabajando y «a disposición» del colectivo y los tribunales.
En el asunto pesa además un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta, sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco del conocido episodio de contaminación; que expone que aún pesan «elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación».
EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS TERRENOS
En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo, emitido el pasado 28 de agosto de 2024 y recogido por Europa Press, se detalla que la documentación aportada por la empresa de la estación de servicio deriva del «seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control», señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como «el informe final del proyecto» de descontaminación.
Pero tras analizar pormenorizadamente el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que «si bien el proyecto tal y como estaba autorizado ha finalizado, las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación»; además de que «no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada haya sido agotada, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación».
A tal efecto, este departamento de la Junta señala que «procede la ampliación del proyecto de recuperación» voluntaria del suelo de cara a su descontaminación.
Sobre el asunto pesa también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero de 2024.
LA SENTENCIA DEL TSJA
En dicha sentencia, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, investigado en la causa penal; que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.
El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta «inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos», ordenando al Ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados; pero sin acceder a ordenar el plan de «realojo» pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.
