Pérez Llorca anuncia 100 millones para la industria defensa Valenciana y una feria internacional en 2027

La Generalitat Valenciana ha lanzado hoy la Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad, dotada con 100 millones de euros para captar fondos europeos y posicionar a la región en la industria militar y de ciberseguridad. El president, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado el plan ante empresas, universidades e institutos tecnológicos en un acto que confirma la apuesta del Consell (el gobierno de la Generalitat) por un sector en plena transformación.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Generalitat ha presentado la Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad, con una inversión de 100 millones de euros.
  • ¿Quién está detrás? El president Juanfran Pérez Llorca y el Consell, con el respaldo de empresas, universidades y centros tecnológicos valencianos.
  • ¿Qué impacto tiene? Busca captar fondos europeos, potenciar la industria regional y organizar en 2027 una feria internacional en Valencia.

La iniciativa, explicó Pérez Llorca, no parte de cero. “No necesitamos construir de cero porque la base ya está”, afirmó, aludiendo al talento, el conocimiento y las capacidades en inteligencia artificial, ciberseguridad, y robótica. La Alianza coordinará la acción de la Generalitat con empresas, cámaras de comercio, universidades e institutos tecnológicos para aprovechar los programas nacionales y europeos de defensa.

Una alianza que nace con 100 millones sobre la mesa

Los 100 millones de euros iniciales se enmarcan en el Plan Estratégico de la Industria de la Defensa de la Comunitat Valenciana y tienen un carácter transversal. Se destinarán a proyectos de inteligencia artificial, ciberseguridad, sistemas autónomos, comunicaciones avanzadas y otras tecnologías duales. La Generalitat quiere que las pymes valencianas accedan a los miles de millones que la Unión Europea moviliza para la autonomía estratégica del continente.

Según fuentes del Consell, la Alianza se apoyará en iniciativas ya existentes como APOLO, que agrupa a empresas tractoras comprometidas con la innovación dual, y REDIT Defensa, que aporta capacidades avanzadas en robótica, simulación y nuevos materiales. El president destacó que sectores como la automoción, la manufactura o las telecomunicaciones ofrecen una base sólida para diversificarse hacia la industria de la defensa.

“La actual coyuntura internacional —ciberataques, desinformación, necesidad de soberanía tecnológica— ha convertido la seguridad en un motor de desarrollo económico”, subrayó Pérez Llorca. Y eso, insistió, es una oportunidad “que no podemos desaprovechar”.

Feria de la Defensa 2027: Valencia se cita con la industria global

El anuncio más simbólico de la jornada fue la confirmación de que Valencia acogerá en 2027 la Feria Internacional de la Industria Auxiliar de la Defensa. Será la primera edición de un evento que, según explicó el jefe del Consell, “contribuirá a reforzar nuestra visibilidad, permitirá a las empresas valencianas conectar con industrias de todo el mundo y potenciará nuestro posicionamiento como polo industrial y tecnológico”.

La feria, respaldada económicamente por la Generalitat, aspira a convertirse en un escaparate de las capacidades locales en robótica, materiales compuestos, sistemas de comunicación cifrada y ciberseguridad industrial. Fuentes del sector ven en esta cita la posibilidad de atraer contratos con grandes corporaciones europeas y estadounidenses que buscan proveedores fiables fuera de sus mercados tradicionales.

La industria de la defensa valenciana no parte de cero: ya tiene el talento, las empresas y la tecnología. Lo que necesita es un plan que lo ordene todo.

El Escenario Valenciano

La apuesta del Consell por la defensa no es un movimiento aislado. Responde al contexto de rearme europeo tras la guerra de Ucrania y al incremento de los presupuestos militares nacionales. El Gobierno central prevé elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, y la Comunitat Valenciana quiere estar en la primera línea de esa ola inversora. De hecho, la Alianza se alinea con la Estrategia Industrial de Defensa que prepara el Ministerio de Defensa, con la que se pretende descentralizar la producción y fortalecer el tejido industrial periférico.

En el plano autonómico, Pérez Llorca —que gobierna con el respaldo de Vox— necesita proyectos tractores que dinamicen la economía y alejen el foco de la gestión de la DANA, aún con heridas abiertas. La defensa le ofrece un relato de futuro sin las hipotecas del pasado inmediato. La oposición, encabezada por el PSPV y Compromís, no ha tardado en reclamar que esos 100 millones no desvíen fondos de la reconstrucción pendiente. Pero el Consell insiste en que son partidas nuevas, vinculadas a la financiación europea.

El próximo paso será la creación de una oficina técnica de la Alianza antes de fin de año y el diseño del programa de la feria de 2027. Las empresas valencianas ya preparan sus propuestas.

Ficha del Caso

  • El caso: La Generalitat Valenciana lanza un plan de 100 millones para convertir la región en referente de la industria de la defensa, con una feria internacional en 2027.
  • Datos importantes: Inversión inicial de 100 millones de euros. Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad. Feria Internacional de la Industria Auxiliar de la Defensa 2027. Sectores clave: IA, ciberseguridad, robótica, materiales avanzados. Marco europeo: programas de soberanía tecnológica.
  • Resumen: El Consell busca captar fondos europeos y posicionar a las empresas valencianas en el mapa mundial de la defensa, aprovechando el actual contexto de rearme y digitalización.

Juanma Moreno logra investidura con Vox en Andalucía: rebajas fiscales y 150 medidas de gobierno

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Juanma Moreno ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía por tercera vez con el apoyo de Vox, tras un pacto de 150 puntos. La formación de Abascal entra en el Gobierno con una vicepresidencia.
  • ¿Quién está detrás? Juanma Moreno (PP) y Santiago Abascal (Vox) han sellado personalmente el acuerdo, que compromete a Vox a aprobar los próximos cuatro presupuestos andaluces.
  • ¿Qué impacto tiene? El pacto blinda las cuentas hasta 2030 e incluye una rebaja progresiva del IRPF de hasta un punto, ayudas de hasta 1.500 euros por hijo y nuevas deducciones fiscales para familias.

Juanma Moreno ha sido investido este miércoles presidente de la Junta de Andalucía por tercera vez consecutiva, gracias al apoyo de Vox y a un acuerdo programático de 150 puntos que incluye un ambicioso paquete de rebajas fiscales y la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Gobierno autonómico. El líder popular andaluz consolida así un proyecto que arrancó en 2019 y que ahora, con mayoría parlamentaria reforzada, se blinda con estabilidad presupuestaria hasta 2030.

Según el documento suscrito por PP y Vox en el Parlamento andaluz, la coalición se articula sobre tres ejes: política fiscal de alivio a las rentas medias y bajas, apoyo a la natalidad y a las familias, y blindaje de las cuentas públicas. El texto compromete a los de Abascal a respaldar los próximos cuatro presupuestos de la comunidad, lo que en la práctica otorga a Moreno un horizonte de legislatura sin sobresaltos en las votaciones económicas.

Investidura, estabilidad y entrada de Vox en el Ejecutivo

La sesión de investidura culminó con una mayoría holgada de los dos partidos de centro-derecha en la Cámara andaluza, suficiente para garantizar la gobernabilidad. Vox, que ya apoyó la investidura de Moreno en 2022 sin entrar en el Ejecutivo, modifica ahora su estrategia territorial y asume una vicepresidencia dentro de la Junta. Un movimiento que fuentes del PP andaluz consultadas por Moncloa.com interpretan como un gesto de corresponsabilidad que puede replicarse en otras CCAA gobernadas por los populares.

El acuerdo, de hecho, no se limita a la investidura. Incluye un calendario de estabilidad presupuestaria que va más allá del ejercicio en curso y que, en palabras de un negociador popular, ‘da certeza a los mercados y a las familias andaluzas para toda la legislatura’.

Cosas del directo. La investidura se ha cerrado con menos ruido del que anticipaban algunos cenáculos madrileños.

Las cifras del pacto fiscal: IRPF, natalidad y gastos educativos

El paquete fiscal es, con diferencia, la pieza más ambiciosa del entendimiento entre PP y Vox. El acuerdo prevé bajar el 0,25 % anual el tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, con la meta de acumular una reducción total de 1 punto porcentual al término de la legislatura. La medida beneficiará a la inmensa mayoría de los declarantes andaluces y se suma a las rebajas ya aplicadas en los mandatos anteriores.

En paralelo, el capítulo de familia introduce una ayuda fiscal fija en la cuota del IRPF: 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.500 euros a partir del tercero. La deducción por nacimiento o adopción se duplica si el hijo presenta un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, un blindaje adicional para hogares con necesidades especiales. Las familias numerosas verán incrementadas sus deducciones autonómicas un 50 %: de 200 a 300 euros en categoría general y de 400 a 600 euros en categoría especial, sin límite de renta para acceder al beneficio.

El pacto amplía también las deducciones por gastos educativos: aula matinal, comedor, uniformes, material escolar y clases de refuerzo. Y suma una deducción del 15 % en el IRPF por gastos en cristales graduados, lentes de contacto y productos de limpieza para descendientes, con un tope máximo de 150 euros al año. Una medida que, en en el detalle, revela la intención de llegar a economías domésticas con rentas ajustadas.

Dejémoslo en que Moreno ha logrado en la mesa de negociación lo que llevaba meses defendiendo en los mítines: bajar impuestos sin renunciar a la estabilidad.

Juanma Moreno rebajas IRPF

El Eje del Poder Popular

La investidura andaluza es, ante todo, una demostración de que el PP puede construir mayorías funcionales con Vox sin que el Ejecutivo resultante quede bloqueado. Génova sigue el desenlace andaluz con interés estratégico: el modelo de coalición presupuestaria con calendario blindado puede ser una referencia para otras plazas donde los populares dependan de los de Abascal, o para un futuro escenario nacional.

Desde Génova se subraya que el acuerdo andaluz respeta las líneas rojas que Feijóo ha trazado para los pactos con Vox: centralidad institucional, control del gasto y prioridad absoluta a la bajada de impuestos. Fuentes de la dirección nacional consultadas por Moncloa.com reconocen que el esquema andaluz ‘es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay un liderazgo territorial consolidado y un socio que entiende la importancia de la estabilidad presupuestaria’.

Para los barones territoriales del PP, el pacto fiscal andaluz supone un espejo. Isabel Díaz Ayuso ya aplica en Madrid rebajas fiscales de calado, y Alfonso Rueda mantiene en Galicia una política impositiva contenida. Pero el blindaje presupuestario hasta 2030 eleva el caso andaluz a una categoría distinta: asegura que la legislatura no descarrile por una enmienda a la totalidad de las cuentas. ‘Es la diferencia entre gobernar y resistir’, resume un veterano del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La lectura a medio plazo tiene otra dimensión: el contraste con el Gobierno central. Mientras en Andalucía se rebaja el IRPF y se crean nuevas deducciones familiares, en Moncloa el Ejecutivo de Sánchez sigue sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2026, prorrogando las cuentas anteriores. Andalucía manda un mensaje de gestión previsible que el PP nacional tratará de rentabilizar en el ciclo electoral que se avecina.

Andalucía no solo estrena Gobierno: blinda cuatro ejercicios presupuestarios consecutivos, una estabilidad que contrasta con la parálisis presupuestaria que arrastra el Gobierno central desde hace meses.

El precedente histórico es claro. Cuando en 2019 Moreno llegó al Gobierno andaluz tras el pacto con Ciudadanos y Vox, muchos analistas anticiparon un mandato corto y turbulento. Siete años después, el barón popular ha revalidado el cargo con más apoyos y un programa fiscal más ambicioso, mientras Ciudadanos se ha diluido y Vox ha pasado de socio externo a socio de gobierno. Una transformación que no ha pasado desapercibida en el resto de federaciones territoriales del PP.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Andalucía como modelo de gobierno estable y bajada de impuestos frente al inmovilismo fiscal de Moncloa y la parálisis presupuestaria del Gobierno central.
  • Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Aprobación del primer presupuesto del nuevo Ejecutivo andaluz, previsiblemente en otoño de 2026, con el respaldo comprometido de Vox.

PP y Vox cierran el pacto de gobierno en Andalucía: dos consejerías para la formación de Abascal

El PP y Vox han alcanzado este jueves un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, que incluye la entrada de la formación de Santiago Abascal en el ejecutivo autonómico con dos consejerías.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Andalucía

El pacto, titulado ‘Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’, se estructura en cien puntos que abarcan políticas transversales a todas las áreas del ejecutivo. Vox ha logrado que el documento recoja el principio de ‘prioridad nacional’, una cláusula que blinda la atención a los andaluces frente a otros criterios de reparto y que la formación llevaba semanas defendiendo como condición indispensable para facilitar la investidura.

Según fuentes del partido consultadas por Moncloa.com, el acuerdo sigue la estela de los ya rubricados en Extremadura, Aragón y Castilla y León, territorios donde Vox ya forma parte de gobiernos de coalición con el PP. La entrada en la Junta de Andalucía supone un salto cualitativo: se trata de la comunidad más poblada gobernada por una coalición de estas características, con un peso simbólico y político que refuerza la estrategia territorial de la dirección nacional.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido en repetidas ocasiones que la presencia de la formación en los ejecutivos autonómicos es la única garantía de que las políticas de seguridad, inmigración y soberanía nacional no se diluyan. En el caso andaluz, el partido ha insistido en la necesidad de blindar la gestión de los servicios públicos para los ciudadanos de la región, un argumento que se ha traducido en puntos concretos del acuerdo.

Reacciones y desbloqueo de la investidura

El pacto desbloquea una investidura que se había dilatado por la resistencia de Moreno Bonilla a compartir poder, pese a que el PP se encontraba a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Fuentes parlamentarias andaluzas confirmaron a este medio que la presión de Vox fue determinante para que el presidente en funciones accediera a ceder dos carteras, una decisión que hasta hace pocas semanas descartaba en público.

La oposición, encabezada por Adelante Andalucía, ha denunciado opacidad en la negociación y ha elevado una petición a la Mesa del Parlamento de Andalucía para que los términos del acuerdo se hicieran públicos antes del debate de investidura. Sin embargo, el reglamento de la Cámara no obliga a divulgar los pactos de gobierno antes de la sesión, y tanto PP como Vox han defendido la legalidad del procedimiento.

El GPVOX ha subrayado que el acuerdo andaluz demuestra la capacidad de la formación para condicionar la agenda política incluso allí donde no tiene una mayoría amplia, y que las dos consejerías no son un fin en sí mismo sino un instrumento para aplicar los principios del partido en áreas clave.

Con Andalucía, Vox ya está presente en cuatro gobiernos autonómicos de coalición con el PP, un hecho que consolida su influencia territorial de cara al próximo ciclo electoral.

La estrategia de Vox en el tablero autonómico

Con la entrada en la Junta de Andalucía, Vox redondea un mapa autonómico que la dirección nacional considera estratégico. El partido ya gestiona consejerías en Castilla y León, Aragón y Extremadura, y ahora suma la comunidad más poblada del sur de España. Este despliegue permite a la formación demostrar capacidad de gestión y, al mismo tiempo, marcar perfil propio frente a un PP que en Andalucía venía gobernando en solitario.

La lectura estratégica es clara: cada pacto de coalición sitúa a Vox como un socio exigente, no como un mero facilitador de investiduras. La inclusión de la ‘prioridad nacional’ en el acuerdo andaluz es un precedente que la formación intentará replicar en futuras negociaciones, ya que convierte un principio programático en cláusula de gobierno. El riesgo para el PP es evidente: ceder espacios de poder a Vox legitima a la formación ante su electorado y normaliza su presencia institucional.

Fuentes del partido consultadas por Moncloa.com anticipan que el foco se desplazará ahora a la conformación de los equipos de las dos consejerías y a la verificación del cumplimiento de los cien puntos del acuerdo. La investidura, salvo sorpresas, se celebrará en los próximos días en la Cámara andaluza, donde la suma de PP y Vox garantiza la mayoría necesaria.

Trump revoca las autorizaciones eólicas marinas de Biden y pone en jaque a Iberdrola y Siemens Gamesa

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Departamento del Interior ha acordado con Duke Energy la cancelación de un gran parque eólico marino frente a Carolina del Norte a cambio de un reembolso parcial de 129 millones de dólares.
  • ¿Quién está detrás? La administración de Donald Trump, con el secretario del Interior Doug Burgum al frente, en el marco de su agenda de ‘dominancia energética’.
  • ¿Qué impacto tiene? Acumula una factura de 2.700 millones en liquidaciones de arrendamientos eólicos y pone en riesgo las inversiones de Iberdrola y Siemens Gamesa en el sector offshore estadounidense.

El Departamento del Interior (DOI) anunció el lunes un acuerdo con Duke Energy para cancelar un gran proyecto eólico marino frente a la costa de Carolina del Norte a cambio de 129 millones de dólares, un nuevo paso en el desmontaje sistemático de la herencia energética de Joe Biden que deja en el aire las inversiones de gigantes españoles como Iberdrola y Siemens Gamesa.

El pacto permite a la eléctrica reintegrarse parcialmente de los costes del arrendamiento y redirigir ese dinero a nueva capacidad de generación con gas natural, nuclear y mejoras de red. “Este acuerdo nos permite reorientar los fondos hacia proyectos que beneficien directamente a nuestros clientes”, explicó Kodwo Ghartey-Tagoe, vicepresidente ejecutivo de Duke Energy Carolinas.

Un cheque de 129 millones para enterrar la eólica marina

La operación se enmarca en una serie de liquidaciones similares impulsadas por el secretario del Interior, Doug Burgum, quien defendió la medida como un “escenario en el que todos ganan”. La administración Trump insiste en que no se trata de un soborno, sino de un reembolso parcial de de los costes de arrendamiento, ajustado a la normativa federal. Fuentes críticas lo tachan de compra encubierta, aunque jurídicamente el DOI devuelve parte de lo que las empresas pagaron por los derechos de explotación.

Burgum añadió que el movimiento encarna “la visión del presidente Trump de liberar energía asequible y fiable para las comunidades estadounidenses, usando el sentido común para poner a los ciudadanos primero”. Con esos 129 millones, Duke Energy planea financiar reactores nucleares avanzados, nuevas plantas de gas y refuerzos de la red que, según la compañía, mantendrán los costes más bajos que los sobrecostes habituales de los parques eólicos subsidiados.

La factura acumulada del desmantelamiento: 2.700 millones de dólares

El de Duke Energy no es un caso aislado. Desde principios de 2026, el DOI ha ejecutado una cascada de cancelaciones de arrendamientos eólicos marinos que suman cerca de 2.700 millones de dólares en reembolsos. En marzo, TotalEnergies renunció a dos grandes concesiones (frente a Nueva York y Carolina del Norte) por 928 millones y redirigió el capital a producción de petróleo y gas en Texas y el Golfo de México.

A mediados de junio, Invenergy entregó cuatro arrendamientos en la bahía de Nueva York, la costa central de California y el golfo de Maine a cambio de 765 millones, comprometiéndose a construir centrales de gas natural en Indiana, Wisconsin, Iowa, Kansas y Misuri. Otros acuerdos con Bluepoint Wind y Golden State Wind añadieron 900 millones adicionales. El resultado es un goteo constante que vacía de proyectos la costa estadounidense y alimenta una cartera creciente de inversiones en combustibles fósiles y nuclear.

Ese reenfoque golpea de lleno a las empresas españolas con apuestas relevantes en la eólica marina americana. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, opera el primer gran parque marino del país (Vineyard Wind 1) y posee otros arrendamientos en la costa este. Siemens Gamesa, con fábrica en Virginia, suministra turbinas a varios de esos proyectos. “Cada cancelación reduce el mercado potencial y deja en suspenso contratos de suministro ya firmados”, advierten fuentes del sector renovable español.

Washington no está frenando la eólica marina: la está comprando para cerrarla. Y las empresas españolas se quedan sin comprador.

La Lógica de Washington

La Casa Blanca no improvisa. La agenda de ‘dominancia energética’ de Trump parte de una premisa que hunde sus raíces en Ronald Reagan y en los planes de emergencia energética de George W. Bush: la energía eólica marina, intermitente y subsidiada, eleva las facturas de los hogares y crea dependencia de cadenas de suministro extranjeras. Para este gobierno, devolver el dinero de los arrendamientos y empujar a las empresas hacia el gas, el petróleo, el GNL y la nuclear es corregir lo que consideran una década de “declive gestionado”.

Esa visión encaja con el electorado de estados costeros como Carolina del Norte, donde las facturas eléctricas y la creación de empleo industrial pesan más que las señales verdes. Además, el argumento de seguridad nacional —evitar que rivales como China controlen la tecnología de las renovables— refuerza el giro. Para España, el coste es doble: la posible pérdida de activos de Iberdrola y el freno a las exportaciones de turbinas de Siemens Gamesa, que en 2025 facturó más de 400 millones en pedidos atlánticos.

La proyección inmediata pasa por nuevas cancelaciones de arrendamientos en los próximos meses y una revisión de los permisos pendientes. El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya ha trasladado su preocupación en los canales bilaterales, aunque el margen de negociación es estrecho: el DOI actúa con mandato presidencial directo y los acuerdos se firman sin pasar por el Congreso.

Ficha del Caso

  • El caso: La Casa Blanca ha pactado con Duke Energy el fin de un gran proyecto eólico marino en Carolina del Norte, reembolsando 129 millones de dólares y elevando el total de liquidaciones de arrendamientos a 2.700 millones desde principios de año.
  • Datos clave: 2.700 millones acumulados en cancelaciones; TotalEnergies (928 millones), Invenergy (765 millones), Bluepoint Wind y Golden State Wind (900 millones). La inversión se redirige a gas natural, petróleo, nuclear y geotermia.
  • Para España: Iberdrola y Siemens Gamesa ven peligrar sus proyectos y contratos de suministro en EE. UU., en un contexto de desmantelamiento acelerado de la eólica marina por parte de la administración Trump.

Las tres claves del pacto PP-Vox que han hecho posible la investidura de Juanma Moreno en Andalucía

Juanma Moreno ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía en la mañana de este jueves en la segunda votación celebrada en el Parlamento andaluz, al cosechar el apoyo de los 15 diputados de Vox, con quienes el PP ha sellado un pacto de gobierno apenas media hora antes del pleno.

El acuerdo sellado en el Parlamento andaluz

El acuerdo se firmó a las 18:30 en la sede del Parlamento entre Moreno y el portavoz de Vox en la Cámara, Manuel Gavira. El documento, de 150 medidas, incorpora a Vox por primera vez al Ejecutivo andaluz con Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Además de la vicepresidencia del Gobierno autonómico, el pacto reserva para Vox un senador por designación de la comunidad autónoma y la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento andaluz. La formación de Santiago Abascal ha logrado en Andalucía el mismo esquema de poder que ya ostenta en Extremadura, Castilla y León y Aragón, donde también gobierna con el PP.

Las negociaciones, que se intensificaron tras la fallida primera votación, han pivotado sobre la exigencia de Vox de figurar dentro del Gobierno y de que el acuerdo programático recoja la llamada “prioridad nacional”, un eje que ha marcado las conversaciones en todas las comunidades.

El camino hasta la investidura

En la primera votación, el martes, Moreno no consiguió la mayoría absoluta necesaria: solo obtuvo 53 votos del PP frente a los 56 en contra de PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Esa derrota forzó una segunda ronda, en la que bastaba con mayoría simple —más síes que noes—, y que finalmente se ha saldado con éxito para el líder del PP-A.

En la cita de este jueves, la aritmética dio un vuelco. Moreno sumó 68 votos a favor —53 del PP y 15 de Vox— y 41 en contra, todos de los grupos de de izquierda. Es el tercer presidente de la Junta que no logra la investidura al primer intento, tras Manuel Chaves en 1994 y Susana Díaz en 2015.

Andalucía se convierte así en la cuarta comunidad autónoma con un gobierno de coalición entre PP y Vox en los últimos meses. El bloque de investidura queda configurado con 68 escaños, ocho por encima de la mayoría absoluta, pero las tensiones internas entre los socios ya asoman en el horizonte legislativo.

El pacto convierte a Andalucía en la cuarta comunidad autónoma con un gobierno de coalición entre PP y Vox en los últimos meses, tras Extremadura, Castilla y León y Aragón.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Juanma Moreno ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía en segunda votación con el apoyo de Vox, tras cerrar un acuerdo de gobierno.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El PP de Moreno y Vox, con Manuel Gavira como vicepresidente del Gobierno andaluz.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Moreno tomará posesión y formará gobierno con la incorporación de los consejeros de Vox en las áreas pactadas.

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, se postula como candidato a la Alcaldía de Santiago de Compostela

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha anunciado este jueves su precandidatura para encabezar la lista del PSOE a la Alcaldía de Santiago de Compostela en las elecciones municipales de 2027. Lo ha hecho a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que reivindica su arraigo en la ciudad y llama a “recuperar la ilusión” para la capital gallega.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, se ha postulado como precandidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago.
  • ¿Quién está detrás? El propio Blanco, con el respaldo de la dirección del PSdeG, que le incluyó en una encuesta entre cinco posibles aspirantes.
  • ¿Qué impacto tiene? Las primarias se resolverán el 19 de julio; si no hay más aspirantes, Blanco será proclamado candidato sin votación.

Blanco, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, fue coordinador de los servicios jurídicos de UGT entre 1992 y 2023, año en que tomó posesión como delegado del Gobierno tras la salida de José Ramón Gómez Besteiro hacia el Congreso. Afiliado al PSOE desde 1991, ejerció como asesor del conselleiro de Traballo durante el gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño.

La presentación de su precandidatura no cierra el proceso. Hasta las 12:00 horas de este viernes 3 de julio, otros militantes pueden formalizar su aspiración. La vicesecretaria xeral del PSOE compostelano, Marta Álvarez Santullano, ya había expresado públicamente su intención de competir, aunque ayer aún no había presentado los papeles.

El PSOE busca cerrar la profunda crisis que en 2025 llevó a la expulsión de cuatro de sus seis concejales en Raxoi.

La candidatura socialista en Santiago es una de las grandes incógnitas del partido en Galicia para las próximas municipales. La fractura interna que estalló en el mandato anterior culminó con la salida de Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Milagros Castro y la propia Álvarez Santullano, quienes anunciaron su intención de concurrir con una candidatura propia.

El calendario de unas primarias decisivas

El proceso de primarias diseñado por la dirección gallega del PSOE fija un calendario intenso. Tras el cierre de precandidaturas el 3 de julio, los aspirantes dispondrán de una semana —del 4 al 11 de julio— para recabar los avales necesarios entre la militancia.

Si concurre más de un candidato, la campaña de información se desarrollará del 12 al 18 de julio y la votación tendrá lugar el domingo 19 de julio. En caso de que Pedro Blanco sea el único aspirante, será proclamado directamente como cabeza de lista sin necesidad de pasar por las urnas.

La dirección del PSdeG ha tratado de medir el terreno con una encuesta entre los vecinos de Santiago en la que se valoraba a cinco posibles alcaldables: el propio Blanco, la diputada autonómica Patricia Iglesias, el secretario local Aitor Bouza, el exministro José Miñones y Marta Álvarez Santullano. La inclusión del delegado del Gobierno apuntaba ya a la apuesta del aparato.

El Laboratorio Gallego

La candidatura de Pedro Blanco no solo pone a prueba la capacidad del PSdeG para recuperar la capital gallega, sino que también refleja las tensiones de un socialismo gallego que busca rearmarse tras años de dominio del PPdeG y del BNG en las principales ciudades. Santiago es un enclave simbólico: gobernada por los populares desde 2019, con una izquierda fragmentada y un nacionalismo en ascenso, la plaza compostelana se ha convertido en un termómetro del estado de forma del PSOE en el noroeste peninsular.

Desde Madrid, el movimiento de Blanco tiene una lectura clara: el PSOE nacional refuerza el perfil de un hombre de partido que, desde la Delegación del Gobierno, ha sido la voz de la Moncloa en Galicia. Su salto a la política municipal prueba que la estrategia del presidente Sánchez pasa por colocar figuras con peso institucional en las ciudades que puedan ser decisivas en el mapa electoral de 2027. No obstante, el fantasma de la escisión de los cuatro concejales expulsados amenaza con restar votos y credibilidad a una candidatura que se presenta como la de la unidad del socialismo compostelano.

El 19 de julio se sabrá si el PSOE de Santiago apuesta por la continuidad que representa Blanco o por una renovación que encarnaría Álvarez Santullano. En cualquier caso, la sombra de la candidatura escindida de los exconcejales promete condicionar una campaña que los socialistas gallegos afrontan con la presión de no ceder más terreno en una de sus plazas históricas.

Ficha del Caso

  • El caso: Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, presenta su precandidatura para ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago de Compostela en 2027.
  • Datos importantes: Primarias: cierre de precandidaturas el 3 de julio, recogida de avales del 4 al 11 de julio, votación el 19 de julio. Posible rival: Marta Álvarez Santullano. Crisis anterior: cuatro concejales expulsados planean candidatura independiente.
  • Resumen: La apuesta de Blanco por la alcaldía pone a prueba la cohesión del PSdeG en Santiago y la capacidad del PSOE para disputar el poder municipal en Galicia frente al PP y al BNG.

El pedrisco que arrasa 1.200 hectáreas en Los Vélez: las claves de una catástrofe agrícola en plena cosecha

Te cuento lo que ha ocurrido este pasado domingo en la comarca almeriense de Los Vélez: una tormenta de granizo ha arrasado unas 1.200 hectáreas de cereal y almendro en plena campaña de recolección. La organización agraria COAG Almería ha sido la primera en denunciar el alcance de la catástrofe, que deja al sector primario de la zona con pérdidas millonarias.

Los daños en el cereal y el almendro: dos cultivos clave en el peor momento

El pedrisco, una tormenta de granizo de gran intensidad, se cebó con las parcelas de cereal que estaban a punto de ser cosechadas. Según el comunicado de COAG Almería, los daños afectan tanto a la espiga ya madura como al grano que estaba listo para entrar en la cosechadora. La organización agraria (la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) estima que la práctica totalidad de las 1.200 hectáreas dañadas corresponden a este cultivo, en el momento más crítico de su ciclo.

El almendro, por su parte, no sale mejor parado. Ya había sufrido esta primavera los embates de temporales anteriores que mermaron su producción. Ahora, con el granizo de este domingo, los frutos que quedaban en el árbol han quedado inservibles. COAG Almería habla de un cultivo «muy castigado» y advierte de que la campaña de este año será ruinosa para muchos productores.

Una comarca agrícola que acumula una primavera muy adversa

Los Vélez, al norte de Almería, es una zona eminentemente agrícola donde el cereal de secano (el que depende solo de la lluvia) y el almendro son el sustento de muchas familias. La primavera de 2026 ha sido especialmente complicada: lluvias torrenciales en abril, heladas tardías en mayo y ahora este pedrisco a las puertas del verano. Los agricultores acumulan ya tres siniestros en lo que va de año, lo que ha ido minando la rentabilidad de las explotaciones.

Según COAG Almería, los seguros agrarios apenas cubrirán una parte de las pérdidas, porque muchos productores no pudieron contratar pólizas que ampararan fenómenos tan seguidos y extremos. Esto deja al sector en una situación de vulnerabilidad total de cara al resto del año agrícola.

El pedrisco del pasado domingo ha rematado una campaña ya de por sí difícil para los agricultores de Los Vélez.

Las consecuencias para los agricultores y la economía de la comarca

El impacto territorial de esta tormenta va más allá del campo. La comarca de Los Vélez depende en gran medida del empleo que genera la agricultura: desde la mano de obra estacional en la recolección hasta los servicios auxiliares. Las explotaciones dañadas, muchas de ellas familiares, tendrán que hacer frente ahora a pagos pendientes sin ingresos y con la incertidumbre de no saber si la próxima cosecha podrá salir adelante.

La organización agraria ya ha pedido a las administraciones que evalúen los daños sobre el terreno y habiliten líneas de ayuda urgentes. De momento, el lunes por la mañana los técnicos comenzaron a visitar las fincas para cuantificar el destrozo. El tiempo, como suele ocurrir en estos casos, corre en contra: el cereal dañado se pierde definitivamente y el almendro necesitará años para recuperar su capacidad productiva.

Puedes consultar más detalles sobre la comarca en la página de Los Vélez en Wikipedia.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: Un pedrisco ha devastado 1.200 hectáreas en Los Vélez (Almería), según COAG Almería, en plena cosecha de cereal.
  • 👥 A quién afecta: A los agricultores de cereal de secano y almendro de la comarca, muchos con explotaciones familiares.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Pérdidas económicas severas este año y un largo periodo de recuperación para el almendro dañado.

La Eurocámara acelera los permisos para redes eléctricas y renovables para abaratar la energía

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La comisión de Industria del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves, por 57 votos a favor y 3 en contra, una propuesta para acelerar los permisos de redes eléctricas y proyectos de energías renovables.
  • ¿Quién está detrás? El texto, liderado por el eurodiputado danés Niels Fuglsang (S&D), introduce plazos máximos, portales digitales únicos y la aprobación tácita si se superan los tiempos.
  • ¿Qué impacto tiene? Para España, la medida podría desatascar miles de megavatios de nuevos parques eólicos y solares atrapados en trámites, y acelerar la expansión de la red para abaratar el recibo de la luz.

La comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha dado luz verde este jueves a un ambicioso plan para acortar los plazos de concesión de permisos de redes eléctricas y proyectos de energías renovables. El objetivo: reducir los precios de la energía mediante un suministro doméstico más barato y limpio. Los eurodiputados han aprobado iniciar las negociaciones con el Consejo por 64 votos a favor y 3 en contra, allanando así el camino para que la normativa se convierta en ley durante la presidencia irlandesa.

Plazos récord, aprobación tácita y umbrales más altos

La propuesta establece plazos máximos de tres meses para los procedimientos de conexión a la red. Si se supera ese plazo, algunos proyectos obtienen una aprobación tácita, una innovación que podría revolucionar la burocracia energética. Además, se eleva el umbral de potencia que exige permiso administrativo: las instalaciones solares a pequeña escala, el almacenamiento de energía y las estaciones de recarga pasan de 100 kW a 200 kW. Las estaciones de recarga de hasta 1 MW instaladas sobre estructuras artificiales quedan directamente exentas de cualquier trámite.

Las bombas de calor también se benefician: las de menos de 50 MW tendrán un permiso en un máximo de un mes (tres meses para las geotérmicas), aplicándose igualmente el silencio positivo. La norma busca eliminar uno de los principales cuellos de botella que, según la Comisión Europea, retrasa hasta diez años la construcción de redes de transporte y hasta nueve años la autorización de renovables, de los cuales más de la mitad del tiempo se consume en permisos.

La presunción de interés público prioritario para renovables y redes eléctricas se refuerza: los Estados miembros solo podrán limitarla en casos excepcionales y debidamente justificados para proteger patrimonio cultural formalmente designado. Se crea además un portal digital único nacional para centralizar todas las etapas de la tramitación.

En cuanto al reparto de beneficios, se rebaja el umbral obligatorio de 10 MW a 7 MW. Las comunidades energéticas y los proyectos ciudadanos quedan exentos, y se insiste en que los hogares vulnerables reciban una parte adecuada de los beneficios generados por los proyectos en su territorio.

Pasar de nueve años de permisos a un máximo de tres meses para la conexión a red es la reforma más disruptiva para el sector energético europeo en una década.

El impulso renovable en España: de la burocracia al enchufe

En España, donde la cola de proyectos renovables con autorización pendiente supera los 3.000 megavatios —el equivalente a varias centrales nucleares—, la medida puede ser el revulsivo que el sector lleva años esperando. Las asociaciones fotovoltaicas y eólicas calculan que acortar los trámites podría acelerar en al menos tres años la entrada en operación de nuevos parques, especialmente en regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, donde la tramitación local suele ser especialmente lenta. La aprobación tácita elimina una fuente histórica de incertidumbre y litigios.

El despliegue de puntos de recarga para el vehículo eléctrico también se agiliza: las estaciones de hasta 1 MW en estructuras existentes no necesitarán permisos administrativos, eliminando una traba que, según el sector, frenaba la expansión de la infraestructura de carga en los núcleos urbanos. A esto se suma el nuevo límite de 7 MW para compartir los beneficios con las comunidades locales, una exigencia que en España podría calmar los recelos de ayuntamientos y vecinos ante grandes parques solares o líneas de alta tensión.

renovables aceleración permisos

El Eje del Poder Europeo

La aceleración de permisos es un pilar clave del Clean Industrial Deal y del paquete europeo de redes lanzado por la Comisión en diciembre de 2025. El Parlamento Europeo, liderado por el ponente Fuglsang, ha adoptado un texto más ambicioso que el original de Bruselas, suprimiendo los resquicios que permitían a los gobiernos nacionales limitar la presunción de interés público. Esta tensión no es nueva: durante la negociación del Reglamento de Redes Transeuropeas, países como Alemania o los Países Bajos defendieron flexibilidad para proteger paisajes, mientras que el sur, con España e Italia a la cabeza, exigía plazos cortos para cumplir sus objetivos climáticos.

La votación de hoy supone un mensaje claro: la Eurocámara prioriza el abaratamiento de la energía y la autonomía estratégica sobre las cautelas locales. Sin embargo, la presidencia irlandesa del Consejo —que tomará las riendas de las negociaciones interinstitucionales— tendrá que lidiar con los reparos de los Estados miembros más reticentes. Mientras, en España, el Gobierno ha calificado el acuerdo de «punto de inflexión» para el sistema eléctrico, aunque evita concretar cómo lo trasladará a la legislación nacional. La gran incógnita es si los plazos de aprobación tácita sobrevivirán intactos al trílogo con el Consejo, o si los países más industrializados forzarán excepciones que diluyan el efecto buscado.

Fuglsang lo resumió así tras la votación: “Europa es muy dependiente de los costosos combustibles fósiles importados y esto debe cambiar. Con este texto aceleramos la construcción de redes eléctricas y renovables propias, algo urgente para garantizar energía asequible e independencia energética”. La pelota está ahora en el tejado de los Veintisiete.

Alicante se dispara: el alquiler sube un 8,6% en junio y marca máximos históricos en toda la provincia

Si vives en la provincia, ya lo notas en cada renovación de contrato: el alquiler ha vuelto a marcar un máximo histórico este junio. Según los datos de Idealista, el precio medio se sitúa en 12,6 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 8,6%, muy por encima de la media nacional.

La cifra no es un capricho estadístico. Prácticamente todas las zonas analizadas de la ciudad de Alicante registran récords este mes, y el fenómeno se repite en buena parte de la provincia. La tensión del mercado del alquiler está dejando fuera a quienes buscan una vivienda estable sin ingresos elevados.

El alquiler en Alicante bate récord: la subida no da tregua

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El incremento del alquiler en la provincia se ha acelerado especialmente desde 2025, en línea con lo que ocurre en el resto de España, pero con una intensidad mayor. Zonas como Benalúa, La Florida, Babel o San Gabriel encabezan las subidas en la capital, con encarecimientos superiores al 17% en lo que va de año.

Un piso de 80 metros cuadrados en la ciudad cuesta ya de media 1.088 euros al mes, frente a los 992 euros de hace un año. Es decir, casi cien euros más cada mes para la misma vivienda, un salto que muchas familias no pueden absorber sin recortar en otras partidas.

Por qué se dispara el precio: la clave está en la oferta

El alquiler en España lleva años creciendo muy por encima de los salarios, y Alicante no es una excepción: es la cuarta provincia más poblada del país y una de las más densamente urbanizadas, lo que multiplica la presión sobre un parque de vivienda que no crece al mismo ritmo que la demanda. Los portavoces del sector coinciden en que la falta de oferta, y no solo la demanda turística, explica buena parte de la escalada.

En los mercados donde no existen topes regulatorios, como ocurre en la mayoría de municipios alicantinos, los propietarios fijan libremente el precio de salida de cada nuevo contrato. Eso, combinado con una demanda que no deja de crecer, empuja el alquiler al alza mes tras mes.

Los municipios donde alquilar ya es un lujo

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Benidorm y Finestrat lideran el ranking provincial, con precios que superan ampliamente los 16 euros por metro cuadrado. Les siguen Alfaz del Pi, El Campello, Jávea y Calp, todos por encima de los 14 euros, zonas donde el turismo y la segunda residencia disparan la competencia por cada piso disponible.

En el lado opuesto, Elda, Alcoy y Elche mantienen precios más contenidos, entre ocho y nueve euros por metro cuadrado. La brecha entre la costa y el interior de la provincia se ha vuelto tan amplia que muchos alicantinos ya descartan directamente buscar alquiler cerca del litoral.

Dónde crece más rápido el alquiler dentro de la provincia

Si algo caracteriza a este junio es la velocidad de las subidas en municipios que hasta hace poco pasaban desapercibidos. El alquiler no solo sube en las zonas ya caras, sino que se acelera con fuerza en localidades que ganan población y conectividad.

Orihuela, la sorpresa del año

Con un incremento interanual superior al 15,7%, Orihuela se ha convertido en el municipio donde más ha subido el alquiler en toda la provincia, superando incluso a zonas costeras tradicionalmente más tensionadas.

El Campello, pisándole los talones

Muy cerca queda El Campello, con una subida cercana al 15%. Su cercanía a la capital y su buena comunicación por tranvía lo han convertido en una alternativa cada vez más solicitada por quienes ya no pueden pagar el alquiler en el centro de Alicante.

Cómo afecta esta subida al día a día de los inquilinos

Detrás de cada punto porcentual hay una familia reorganizando sus cuentas. La subida del alquiler en Alicante está teniendo consecuencias muy concretas sobre la vida cotidiana de quienes no son propietarios, especialmente entre los perfiles jóvenes y las rentas medias.

Estas son algunas de las señales más visibles del impacto:

  • Menos margen de ahorro mensual para miles de hogares alicantinos.
  • Más pisos compartidos entre profesionales que antes vivían solos.
  • Búsquedas desplazadas hacia el interior de la provincia.
  • Renovaciones de contrato con subidas que superan el IPC.

¿Seguirá subiendo el alquiler en Alicante?

Nada apunta a un frenazo inmediato: mientras la oferta no crezca al ritmo de la demanda, el alquiler seguirá presionando al alza, sobre todo en la costa. Aun así, algunas voces del sector empiezan a hablar de una moderación trimestral que, con paciencia, podría traducirse en subidas algo menos bruscas de cara a 2027.

Si estás buscando alquiler en la provincia, el consejo más realista es mirar más allá de la primera línea de costa y anticiparte: cerrar contrato pronto suele salir más a cuenta que esperar a que el precio vuelva a subir el mes que viene.

Decathlon tira los precios en su sección de últimas unidades con hasta el 50% en material deportivo

Decathlon ha vuelto a mover ficha en pleno verano y esta vez lo hace donde más se nota: el bolsillo. La cadena francesa ha reactivado su sección de «Últimas unidades», un espacio permanente en su web donde conviven camisetas desde 3,49 euros y rebajas de hasta el 50% en running, fútbol, fitness y montaña.

No es una promoción puntual ni un truco de temporada. Es la forma que tiene Decathlon de vaciar estanterías sin renunciar a margen, y para quien compra material deportivo con regularidad, es el momento de revisar el carrito antes de que el stock desaparezca.

Decathlon estrena su rincón de última oportunidad para ahorrar en deporte

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La mecánica de Decathlon es sencilla: cuando un producto se queda con pocas unidades en almacén, pasa automáticamente a esta sección con un descuento adicional para liquidarlo cuanto antes. Ahí conviven zapatillas de running, botas de montaña, balones de fútbol y accesorios de fitness que en temporada normal cuestan bastante más.

Lo interesante es que no se trata de restos de catálogo antiguo. Muchas de las piezas rebajadas siguen siendo modelos actuales, simplemente en tallas o colores que se han vendido más rápido de lo previsto. Eso explica que las camisetas técnicas de running o los tops de fitness aparezcan desde apenas 3,49 euros sin que sean artículos descatalogados.

Por qué Decathlon puede permitirse rebajar precios hasta la mitad

Decathlon fabrica y distribuye sus propias marcas, lo que le permite controlar el coste de producción de principio a fin sin depender de intermediarios. Esa estructura es herencia directa del Grupo Mulliez, la asociación familiar francesa que también controla cadenas como Leroy Merlin o Auchan y que desde hace décadas apuesta por modelos de negocio con marca propia y precios ajustados.

Gracias a ese margen de fabricación, Decathlon puede permitirse liquidar últimas unidades a la mitad de precio sin que la operación deje de ser rentable. Es la misma lógica que aplica el Grupo Mulliez en el resto de sus enseñas: vender mucho, rotar rápido y mantener el catálogo siempre renovado.

Qué encontrarás en la sección de últimas unidades de Decathlon

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Running, fútbol, fitness y montaña son las cuatro familias que más protagonismo tienen ahora mismo en la sección. En running destacan zapatillas técnicas y ropa transpirable con descuentos que en algunos modelos rozan el 50%, mientras que en fútbol se pueden encontrar botas y equipaciones de marcas propias a precios que raramente se ven en temporada regular.

En montaña, la categoría se llena de mochilas, calzado de trekking y ropa impermeable, un terreno donde Decathlon siempre ha tenido fuerza gracias a marcas como Quechua. Fitness completa el cuadro con material de entrenamiento en casa, mancuernas y accesorios de bajo coste que suelen ser los primeros en agotarse.

Cómo comprar bien antes de que se agote el stock

El problema de esta sección no es la calidad, es la velocidad a la que desaparece. Las tallas centrales de calzado y las prendas en M y L suelen volatilizarse en cuestión de horas, así que conviene tener claro qué se necesita antes de entrar a mirar.

Revisar la web con frecuencia y activar las notificaciones de la app ayuda a no perder oportunidades, ya que el stock se actualiza a diario según lo que se va vendiendo en tienda física y online.

Trucos rápidos antes de pagar

Comprueba la talla disponible en tu tienda más cercana antes de reservar online. Lee las valoraciones del producto: un artículo con cientos de reseñas suele ser una apuesta segura aunque esté rebajado.

Evita el error más común

No compres solo porque está barato. Si el modelo no encaja con tu deporte o tu nivel, el descuento deja de ser un ahorro real.

Las categorías donde Decathlon tira más los precios

Algunas familias de producto concentran los descuentos más agresivos dentro de esta sección, y conviene tenerlas localizadas si se quiere aprovechar al máximo la campaña:

  • Running: zapatillas y ropa técnica con descuentos de hasta el 50%
  • Fútbol: botas y equipaciones de marca propia a precio reducido
  • Montaña: mochilas y calzado de trekking Quechua
  • Fitness: accesorios de entrenamiento en casa desde pocos euros

Esta variedad es precisamente lo que diferencia a Decathlon de otras liquidaciones puntuales: aquí no se limpia solo un almacén, se rebaja de forma simultánea gran parte del catálogo deportivo activo.

Lo que viene: el futuro de las rebajas relámpago en Decathlon

Todo apunta a que este modelo de descuentos por stock limitado ha llegado para quedarse. Decathlon lleva meses reforzando su sección de últimas unidades como complemento fijo a las rebajas de temporada, y la tendencia entre los compradores españoles ya no es esperar a enero o julio, sino revisar la web con regularidad durante todo el año.

Para quien compra material deportivo de forma habitual, el consejo es simple: no dejar la decisión para mañana. El stock de esta sección cambia cada día, y lo que hoy cuesta la mitad puede no estar disponible en 24 horas.

Pedraz pide las declaraciones de Carmen Pano sobre el dinero entregado en el PSOE

El auto del juez Santiago Pedraz de este pasado jueves, además de imputar a la directora de la Guardia Civil y al general Manuel Llama, DAO de la Benemérita, incluía la decisión de recabar «para su incorporación a la causa testimonio de las declaraciones prestadas por Dª Carmen Pano en el mes de febrero de 2025 en las diligencias previas 147/2024 de Tribunal Central de Instancia, Plaza 5 y en la causa especial núm.: 20775/2020 celebrada ante el Tribunal Supremo».

La empresaria Carmen Pano, investigada en la causa Hidrocarburos, declaró y siempre ha ratificado lo mismo, que entregó dos bolsas de dinero en la sede del partido socialista de la calle Ferraz, en Madrid, por indicación de Victor de Aldama, algo que hasta el momento el empresario siempre ha negado.

Sin embargo, el juez Pedraz ha decidido escuchar a Carmen Pano, que ratificó ante el tribunal Supremo la entrega de ese dinero. Aquella mañana dijo que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz en octubre de 2020 por orden del conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama.

Entonces Pano acudió como testigo ante el instructor del Caso Koldo en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, quien estuvo a cargo de la investigación que se dirigió en el Supremo contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García, y De Aldama.

Pano habría hecho ese pago a cambio de que otro de los socios de De Aldama, Claudio Rivas, que acudió como testigo al juicio del Caso Koldo, consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para una de sus empresas: Villafuel, un asunto que dio pie a otra investigación en la Audiencia Nacional (AN).

El Supremo citó tanto a Pano como a su hija en calidad de testigos, pero ambas están imputadas en otro caso que investiga el Juzgado Central de Instrucción Número 5, a cargo de Santiago Pedraz, por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Son dos causas diferentes pero todas tienen que ver entre sí y se entrelazan porque hay personajes que intervienen en todas.

Entonces la empresaria María del Carmen Pano Sánchez ratificaba en el Tribunal Supremo que entregó las bolsas con dinero en la sede del PSOE. El chófer de Pano, Álvaro Gallego, ratificó que llevó a la empresaria hasta la sede de Ferraz en las mismas fechas que ella aseguró haberlo hecho.

Álvaro Gallego, ya declaró en la Audiencia Nacional que llevó a la empresaria a la calle de Ferraz con una bolsa que contenía 45.000 euros y que, unos diez minutos después, salió sin ellas, aunque ha dicho que no sabe si entró a la sede del PSOE.

Gallego añadió que vio una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón que contenía tacos de 5.000 euros en billetes de 50, aunque reconoció que no sabía cuánto había. Además, señaló que «desconocía el motivo de la entrega del dinero y que no le dijeron si era para el PSOE porque no era asunto suyo».

Gallego, al igual que Pano, dijo que ese dinero la empresaria lo recibió de Claudio Rivas, dueño de Villafuel, a través de un ayudante.

El chófer de Pano

En su declaración el chófer explicó que esa cantidad inicial eran 100.000 euros, señalando que 10.000 euros se perdieron, 45.000 fueron al despacho del empresario Víctor de Aldama y los 45.000 restantes llegaron a Ferraz.

La empresaria declaró que la mitad de dinero provenía de Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa junto a Aldama como presuntos cabecillas del ‘caso hidrocarburos’ y la otra mitad se la dio Aldama.

En ambas ocasiones, Pano dijo que lo hizo para que su empresa se viese favorecida con una licencia como operadora de fuel gracias a la intervención del Gobierno. Es decir, Pano sostuvo que pagó ese dinero en concepto de mordida o soborno.

De momento, Pano sólo acudirá ante Pedraz en calidad de testigo, pero tiene que terner cuidado porque tras su declaración podría ser imputada, ya que si reconoce haber pagado sobornos en dinero o especie para favorecer los intereses de su empresa, Combustibles Lucinala, a un partido político, es un delito. Hace meses Carmen Pano incluso acudió a un notario para dar fe de que había entregado esa cantidad de dinero en la sede del PSOE. Carmen Pano fue detenida en diciembre de 2024, dentro del Caso Hidrocarburos y luego puesta en libertad.

Por qué España rechaza a Palantir aunque sea referencia militar para toda la OTAN

La empresa estadounidense Palantir Technologies se ha convertido en uno de los grandes referentes mundiales en el análisis de datos aplicado al ámbito militar. Sus plataformas permiten integrar información procedente de satélites, drones, sensores, inteligencia electrónica y fuentes abiertas para ofrecer una imagen operativa prácticamente en tiempo real. Se trata de una capacidad que utilizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y numerosos países aliados de la OTAN, especialmente tras la guerra de Ucrania.

Sin embargo, España mantiene una clara distancia con Palantir y ha evitado que la compañía se convierta en un proveedor estratégico del Ministerio de Defensa, según ha remarcado El Confidencial y fuentes cercanas al caso. Aunque sus soluciones tecnológicas son consideradas entre las más avanzadas del mundo, el Gobierno español apuesta por una estrategia basada en la soberanía tecnológica, el desarrollo de capacidades nacionales y el control europeo sobre los datos militares más sensibles.

Esta decisión responde a una combinación de factores políticos, industriales, estratégicos y tecnológicos que explican por qué Madrid mantiene el veto de facto a una empresa cuya presencia sigue creciendo entre los aliados occidentales.

Palantir resultados IA defensa
Palantir es una de las empresas referencia para la OTAN

La soberanía tecnológica, principal motivo del rechazo

Uno de los principales argumentos del Gobierno es la necesidad de evitar una dependencia tecnológica excesiva de empresas estadounidenses en sistemas considerados críticos para la seguridad nacional.

En los últimos años, España ha impulsado una política orientada a que las capacidades digitales militares sean desarrolladas, siempre que sea posible, por la industria nacional y europea. Esta estrategia cobra todavía más importancia en programas como el FCAS, el futuro sistema de combate aéreo europeo, o en proyectos de inteligencia artificial aplicados a las Fuerzas Armadas.

La filosofía es clara: cuanto mayor sea el control sobre el software, los algoritmos y la gestión de los datos, menor será la dependencia de proveedores externos.

Palantir ofrece plataformas extraordinariamente potentes, pero su arquitectura tecnológica implica una relación muy estrecha con el fabricante para el mantenimiento, las actualizaciones y la evolución del sistema. Para algunos responsables españoles, esta situación podría limitar la autonomía estratégica del país a largo plazo.

Además, la Unión Europea lleva años defendiendo el concepto de autonomía estratégica, especialmente tras comprobar la creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

La protección de los datos militares preocupa al Ministerio de Defensa

Otro de los factores más relevantes tiene que ver con el control de la información clasificada.

Las plataformas de Palantir están diseñadas para integrar enormes volúmenes de información procedentes de múltiples fuentes. Precisamente esa capacidad, considerada una de sus mayores fortalezas, también genera interrogantes sobre quién controla realmente la infraestructura tecnológica y cómo se garantiza el acceso exclusivo a datos especialmente sensibles.

El Ministerio de Defensa español concede una enorme importancia al principio de que la información estratégica permanezca bajo control nacional.

No se trata únicamente de proteger documentos clasificados, sino también de preservar modelos de inteligencia, patrones operativos, despliegues militares, capacidades logísticas y procesos de toma de decisiones que constituyen una parte esencial de la defensa del Estado.

En este contexto, apostar por desarrollos propios o por empresas europeas permite, según la visión del Gobierno, mantener una mayor capacidad de supervisión sobre todo el ciclo de vida del software.

La creciente incorporación de inteligencia artificial en los sistemas militares hace que este aspecto cobre todavía mayor relevancia.

España apuesta por fortalecer su propia industria de Defensa

El rechazo a Palantir también tiene una importante dimensión industrial.

España pretende consolidar un ecosistema nacional capaz de desarrollar software militar avanzado mediante compañías como Indra, GMV, Sener, Escribano Mechanical & Engineering, Tecnobit o numerosas pequeñas empresas especializadas en inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas de mando y control.

La llegada de un gigante como Palantir podría desplazar parte de ese mercado tecnológico hacia un proveedor extranjero con una enorme capacidad financiera y comercial.

El Ejecutivo considera prioritario que las inversiones derivadas del incremento del gasto en Defensa se traduzcan también en empleo cualificado, transferencia tecnológica y fortalecimiento del tejido industrial español.

Esta política encaja igualmente con la estrategia europea para aumentar la autonomía industrial del continente en sectores considerados críticos.

Mientras Estados Unidos apuesta por grandes contratistas tecnológicos nacionales, Bruselas intenta reproducir un modelo similar que permita reducir dependencias exteriores.

En este escenario, abrir la puerta a Palantir supondría asumir un riesgo para el desarrollo de capacidades propias precisamente cuando Europa trata de reforzarlas.

EL CEO DE PALANTIR ATACA A TESLA Y APPLE
El polémico CEO de Palantir, Alex Karp (Fuente: Agencias)

Una empresa admirada dentro de la OTAN que sigue generando debate

Paradójicamente, el veto español contrasta con la expansión internacional de Palantir.

La compañía trabaja con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, participa en numerosos programas de inteligencia y mantiene contratos con varios países aliados.

La guerra de Ucrania ha reforzado todavía más su prestigio gracias a la capacidad de sus plataformas para integrar información procedente de múltiples sensores y facilitar la toma rápida de decisiones en operaciones militares complejas.

Numerosos analistas consideran que sus soluciones representan uno de los mayores avances en la digitalización del campo de batalla.

Sin embargo, también existen críticas relacionadas con la concentración de poder tecnológico en un reducido número de empresas privadas estadounidenses, la dependencia que pueden generar sus plataformas y las implicaciones derivadas del uso masivo de inteligencia artificial aplicada a operaciones militares.

España comparte parte de esas reservas y considera que el desarrollo de capacidades propias resulta más coherente con la estrategia nacional de Defensa.

Eso no significa que las Fuerzas Armadas españolas renuncien a utilizar tecnologías de análisis avanzado de datos. Al contrario, el Ministerio de Defensa está acelerando la incorporación de inteligencia artificial, automatización y sistemas de mando digital, pero pretende hacerlo mediante soluciones que permitan mantener el máximo nivel posible de control tecnológico.

El debate, en cualquier caso, continuará creciendo durante los próximos años. La rápida evolución de la inteligencia artificial está transformando completamente la manera de planificar operaciones militares, analizar amenazas o coordinar fuerzas en combate. Empresas como Palantir seguirán marcando buena parte del ritmo de esa revolución tecnológica.

Sin embargo, para España la cuestión ya no gira únicamente en torno a disponer del mejor software disponible, sino a decidir quién controla la tecnología, quién gestiona los datos y quién mantiene la capacidad de decisión sobre herramientas que serán decisivas en los conflictos del futuro.

Ese equilibrio entre innovación, autonomía estratégica y fortalecimiento de la industria nacional explica por qué el Gobierno mantiene sus reservas hacia una empresa que, pese a ser considerada una referencia tecnológica dentro de la OTAN, continúa sin convertirse en un socio estratégico de la Defensa española.