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Un fraile del convento de Santo Espíritu del Monte, ubicado en la localidad valenciana de Gilet, ha fallecido tras el ataque contra los religiosos perpetrado por una persona en la mañana de este sábado, han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Según explica la Benemérita a Europa Press, tras saltar la valla del monasterio, se ha producido la agresión a siete de los religiosos que allí se encontraban, uno de los cuales ha muerto. Aún no se ha producido ninguna detención por los hechos.

Por su parte, el provincial de los franciscanos de la Inmaculada Concepción, Fray Joaquín Zurera Ribó, OFM, ha hecho público un comunicado en el que relata el suceso y explica que una persona ha entrado en el convento y ha ido agrediendo a los religiosos que estaban en sus habitaciones.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han detallado que sobre las 10.00 horas se ha recibido el aviso para asistir a varios frailes heridos en el Monasterio Santo Espíritu de Gilet, por lo que hasta el lugar ha movilizado distintos recursos sanitarios.

En concreto, un SAMU ha trasladado a un varón de 76 años por traumatismo craneoencefálico hasta el Hospital Clínico; mientras que unidades SVB han trasladado a otros tres heridos por traumatismos o contusiones hasta el hospital de Sagunto. Se trata de tres varones de 57, 66 y 95 años de edad.

La institución religiosa condena esta agresión y se une al sufrimiento de los hermanos, «con las lesiones en el cuerpo y el dolor en el alma por lo vivido, que, sin duda, deja profunda huella en las personas».

«Pedimos también por el agresor para que sea consciente del daño y sea capaz de rectificar un comportamiento para nada propio de la condición humana. Este acontecimiento también nos está pidiendo a todos los hermanos estar más atentos para evitar que puedan entrar en nuestras fraternidades personas que puedan ocasionar daños de cualquier tipo, y así saber cuidarnos mutuamente».

Envía un mensaje de «absoluta tranquilidad» y asegura que «el peso de la ley» caerá sobre las empresas que «violenten derechos laborales»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que «sea prudente con sus palabras» y tenga «empatía» con los trabajadores y empresarios afectados por las consecuencias de la DANA que ha arrasado algunos municipios de la provincia de Valencia. «Creo que no ha tenido ninguna sensibilidad cuando habló ayer de permisos y con el lenguaje que ha empleado», le ha reprochado.

«Yo misma he estado con compañeros suyos, empresarios, que habían perdido sus casas, que tenían un dolor enorme. Y yo, por favor, le pido a la patronal española, al señor Garamendi, en este caso, empatía. Seguramente, desde Euskadi no se siente igual esto», ha sostenido este sábado en una entrevista concedida a À Punt, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que ha hablado con empresarios que estaban «completamente destrozados» y a quienes ha visto llorar porque habían «perdido familias y su casa.

En estos términos se ha pronunciado Díaz después de que este viernes Garamendi asegurara que no entendía la medida sobre permisos retribuidos del 100% del salario para los trabajadores afectados por la DANA anunciada por la ministra de Trabajo ni que planteara «escudos sociales a costa de empresas arruinadas», y dijera no entender a «la gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conocen, ni nada.

Le pido, por favor, que midamos las palabras», ha reiterado, a la vez que ha defendido que el Gobierno de España «está volcado de lleno para salvar empresas y trabajadores. «Aquí el esfuerzo es de país, y el gobierno de España, con los recursos públicos de todos los españoles, está haciendo lo que hicimos en pandemia», ha reivindicado. En este punto, ha manifestado: «Me gustaría volver a encontrar al señor Garamendi de pandemia, quien, junto con los sindicatos, se puso a disposición de su país y salvó empresas y trabajadores».

A este respecto, ha aseverado que los servicios públicos de Inspección de Trabajo harán que «el peso de la ley» caiga sobre las empresas que «violenten derechos laborales». «Insisto, estamos haciendo un esfuerzo de país, estamos defendiendo los servicios públicos, estamos poniendo medidas que salvan empresas y trabajadores», ha destacado, y ha hecho hincapié en que, ante ese «esfuerzo», las empresas «tienen que cumplir con la legalidad vigente».

No obstante, ha precisado que «a día de hoy» cuenta con «un elenco de empresas que están obligando, por ejemplo, a ir a trabajar a los trabajadores y trabajadoras sin que puedan desplazarse». «Esto no puede ser, por eso hemos hecho un permiso retribuido para esas personas. Pero, insisto, la inspección de trabajo está actuando y lo está haciendo diariamente» y «de manera contundente», ha apuntado.

«Y sí le digo a los trabajadores y trabajadoras y a las empresas que la ley es igual para todos y que tienen que cumplirla y que no se puede correr riesgos, que hay municipios que están absolutamente destrozados. Por tanto, por favor, respeten los derechos laborales y también las normas que están hoy en vigor», ha agregado.

Asimismo, ha enviado «un mensaje de absoluta tranquilidad» porque, ha afirmado, «los mecanismos están disponibles para acompañar a todo el tejido productivo». Así, se ha referido a los ERTE: «Los trabajadores y trabajadoras afectadas van a estar cubiertos, como lo hicimos en pandemia, y, por tanto, van a mantener su puesto de trabajo, pero también las empresas». «Vamos a salvar el tejido productivo», ha prometido la ministra, quien ha señalado que esta catástrofe ambiental «tiene singularidades» respecto a la pandemia.

«Más allá del coste económico que tengan las medidas, les quiero mandar un mensaje en nombre del Gobierno de España: vamos a acompañar todo este proceso y en colaboración, por supuesto, con la Generalitat. Por tanto, por favor, están los recursos a disposición de las empresas y de los trabajadores», ha subrayado.

MEDIDAS CON VIGENCIA DESDE EL 29 DE OCTUBRE

Yolanda Díaz ha reconocido que «todavía» no se conoce «el impacto económico y social de esta catástrofe ambiental». «No lo tenemos ni nosotros –el Gobierno central– ni la Generalitat», ha apostillado, al tiempo que ha asegurado que ella misma está en «conexión permanente» con el Consell y los agentes sociales «para ser capaces de conocer casi día a día cuál es la afectación no solo de la catástrofe, sino también del coste económico y social».

En esta línea, ha recalcado que el Ejecutivo «está terminando» un paquete de medidas que aprobará este próximo lunes el Consejo de Ministros para «dar cobertura a las necesidades por esta enorme catástrofe». En concreto, ha detallado que se trata de «ayudas económicas, ayudas a las empresas, a los sectores productivos, a los trabajadores, a las trabajadoras y a los autónomos».

Respecto a los permisos retribuidos del 100% del salario para los trabajadores afectados por la DANA, que se aprobará también este lunes, ha explicado que «tendrá vigencia desde el pasado martes 29 de octubre». «Es decir, tienen vigencia y protección, y aquí quiero mandar un mensaje claro a empresas y trabajadores y trabajadoras, desde la desgracia que han sufrido ustedes el pasado 29 de octubre», ha añadido.

Y ha mencionado que se aplicarán desde el martes de la DANA también «las exoneraciones en la Seguridad Social a los autónomos», así como los permisos de teletrabajo para trabajadores y trabajadoras afectadas o las medidas de protección específica para las trabajadoras del hogar o de interrupción del cómputo de los contratos temporales. «Por tanto, tranquilidad», ha insistido, y ha resaltado: «Que todo el mundo sepa que está protegido desde el pasado 29 de octubre, empresarios, trabajadores y trabajadoras».

«Los servicios públicos sirven para esto. Cuando se recortan derechos, se recortan servicios y se practican políticas que van en contra del bien común, lo que estamos haciendo es dañar a las sociedades. Por eso, lo público importa, y no solo en crisis, sino que importa de manera estructural», ha defendido, y ha reiterado que los ERTE de fuerza mayor «no son nada nuevo», pues esta figura se recoge en la Reforma Laboral y «está a disposición de las empresas y los trabajadores, en este caso, de su comunidad –en referencia a la Comunitat Valenciana–, pero también del conjunto de España».

Tras la entrega a los Juzgados de Barbate (Cádiz) de los dos nuevos detenidos como tripulantes de la narcolancha que el pasado 9 de febrero embistió a una zodiac de la Guardia Civil que participaba en una operación contra el narcotráfico en el puerto de dicha localidad, con el resultado de la muerte de dos agentes, ha sido decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les ha puesto a disposición judicial pasadas las 9,00 horas de este sábado, por su papel en aquellos hechos saldados con la muerte de un miembro del Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS) de 39 años de edad y un agente del Grupo de Acción Rápida (GAR) de 43 años, arrollados por la narcolancha.

Ambos detenidos, dos marroquíes que acompañaban a Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha que ya fue arrestado el pasado 19 de septiembre, fecha en la que fueron solicitadas Órdenes Internacionales de Detención sobre los dos varones ahora localizados y un tercer tripulante, que todavía queda por localizar, habrían comenzado sus respectivas comparecencias judiciales sobre las 11,00 horas de la mañana.

Tras ello, el juzgado ha ordenado para ambos prisión provisional sin fianza, siendo los dos investigados ingresados en el Centro Penitenciario Puerto II, ubicado en El Puerto de Santa María.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, ambos han sido detenidos como responsables de la muerte de los dos citados guardias civiles el pasado 9 de febrero, cuando la embarcación en la que desempeñaban sus funciones fue fuertemente embestida por la narcolancha en la que navegaban todos ellos.