El fango político amenaza con abandonar a las víctimas de la peor DANA del siglo. Nadie se hace responsable directo de las 211 muertes en Valencia, como tampoco de los ocho fallecidos en Letur (Albacete), Mira (Cuenca) y en Málaga, de los que apenas se habla en los debates. En Valencia no hubo alertas tempranas a la población en general, pero tampoco en los dos municipios de Castilla-La Mancha ni en Andalucía.
Cabe señalar que Mira pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como toda la zona de Valencia, mientras que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al que pertenece Letur, no tenía instalado ningún detector a pesar de ser una zona devastada por las riadas con un horizonte temporal T-500. Es decir, que el municipio había registrado en el pasado avenidas con elevados caudales, pero no se hizo nada al respecto.
El Gobierno no ataca ni responsabiliza a Emiliano García-Page, el máximo ejecutivo en Castilla-La Mancha, como lo está haciendo con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, como si los muertos tuvieran un mayor rédito político en el Levante.
La Generalitat, por su parte, apunta directamente a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, así como al Ministerio de Interior, con Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su dejación de funciones ante la peor DANA del siglo, que ha dejado 78 pueblos afectados el pasado 29 de octubre.
Nadie avisó de la riada hasta que fue demasiado tarde. Hasta el momento, la tragedia se ha cobrado 211 muertos solo en esa zona, una cifra que se eleva a los 219 por los fallecidos en Letur (Albacete), Mira (Cuenca) y en Málaga. Las responsabilidades se reparten entre las distintas administraciones, mientras el Gobierno dimitió de facto el mismo día de la tragedia al no enviar a todos los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y movilizar a todos los regimientos cercanos a la Comunidad Autónoma, teniendo además unidades en la propia provincia, que una semana y media después están trabajando y sirviendo de escaparate para las redes sociales.
LA PEOR DANA DEL SIGLO, CON LA PEOR GESTIÓN
El malestar entre los militares es notable con la ministra Robles y los mandos, que lejos de presionar al Ejecutivo para mandarles a Valencia, impusieron sanciones a quienes salieran a ayudar a los valencianos atrapados en garajes, casas, calles y tiendas. Tampoco Marlaska envió a los suyos, Policía Nacional y Guardia Civil, generando una protesta de los sindicatos y asociaciones, muy activas en esta emergencia nacional que el Ejecutivo se ha negado a coger para presionar aún más al Gobierno autonómico del PP. La pregunta es si hubieran actuado igual y en las mismas condiciones si Ximo Puig hubiera mantenido el Gobierno con Compromís.
Con un Carlos Mazón más que amortizado, el PSOE y Sumar tan solo esperaron a la riada de voluntarios, verdaderos héroes en Valencia, para actuar. Pedro Sánchez, de hecho, evitará dar explicaciones en el Congreso de los Diputados la próxima semana por la cumbre del Clima, como tampoco hará acto de presencia Teresa Ribera, más preocupada por ganarse su puesto en la Comisión Europea que con la peor DANA del siglo.
A pesar de tener entre sus competencias a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no alertó a la Generalitat del grave riesgo que corrían los ciudadanos a pesar de tener los datos de todos los caudales de ríos, barrancos y presas del noroeste de Valencia y más cuando las zonas afectadas eran inundables. Lo único que hizo fue limitarse a enviar correos, uno de ellos con datos erróneos, en vez de descolgar el teléfono o informar por whatsapp. El presidente de la CHJ, Miguel Polo, está denunciado como también el presidente de la AEMET, María Jesús Rallo.
MIGUEL POLO, UN SILENCIO SEPULCRAL TRAS MÁS DE 200 MUERTOS
Todos ellos tenían los datos. La CHJ no sólo dispone de caudalímetros en tiempo real, sino también de agua embalsada y entrante en las presas. Dispuso de esos datos seis horas antes de desatarse la tragedia, pero no los facilitó ni al Gobierno de Valencia como tampoco al de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page no disponía de esos datos para la zona de Mira, como tampoco de Letur, en Albacete, dos zonas con riesgo de inundación en un horizonte T-500.
El día del terrible suceso, la CHJ realizó reuniones, pero quien la dirige no es un ingeniero de Caminos, como ha ocurrido tradicionalmente al ser infraestructuras críticas no solo para los agricultores, sino también para la población. Miguel Polo no tiene experiencia en presas, como tampoco en caudales, pero sí política al ser exconcejal del PSOE en Titaguas y tan solo 22 días antes de la tragedia contrató un seguro de «responsabilidad civil derivada de un procedimiento penal» para todos los funcionarios y trabajadores del organismo que depende de Teresa Ribera.
Ribera y Polo guardan silencio desde hace once días. Ninguno de los dos ha ofrecido explicaciones sobre lo sucedido, tampoco han dimitido ni piensan hacerlo. Ninguno de los dos ha explicado por qué no se facilitaron todos los datos en tiempo y forma a los gobiernos autonómicos de Valencia y Castilla-La Mancha, más cuando la posible rotura de la presa del Forata se comunicó a las 20.00 horas del fatídico día. En Letur, nada se sabe de ninguna alarma a la población, a pesar de que se usa el mismo sistema de alertas dependiente de Interior. En Mira, tampoco hubo alerta a la población.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, dieron orden de mantener a las unidades quietas, como se hizo con los agentes de la UIP en los graves altercados tras la sentencia del 1-O en Urquinaona (Barcelona), pero con la diferencia de que en Valencia moría la gente. La excusa del Ejecutivo central es que todo estaba colapsado y que era peligroso entrar en la zona, descrita por experimentados militares en misión en el extranjero como una «zona de guerra» e incluso «peor».
TERESA RIBERA, DESAPARECIDA TRAS LA PEOR DANA DEL SIGLO
No obstante, a pesar del desastre y devastación, los periodistas llegaron antes que los militares, la policía local de Madrid llegó antes que los soldados del Ejército de Tierra, de la Marina y del Aire, los mismos que ahora suben a sus redes sus imponentes vehículos adaptados para poder circular por cualquier superficie, por penosa que esta sea. Incluso un grupo de bomberos franceses voluntarios llegó a zonas donde no había pasado ningún policía local ni de la Nacional, como ocurre también con bomberos de las Islas Baleares, que cogieron un ferry para llegar lo antes posible a la Valencia.
Así las cosas, Pedro Sánchez quiere salvar a su activo más valioso para Bruselas, a pesar de las competencias claramente definidas de Teresa Ribera. El Gobierno de Pedro Sánchez disponía de todos los datos, de los caudales y de las consecuencias de las caídas de lluvias de más de 600 litros/m2 por hora en algunas zonas de la Ribera Norte, de las que no se alertó a la población, o de caudales de muerte y devastación, de los que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, tampoco consideró elevar la alarma tras transcribir a mano unos datos con frases como «incremento generalizado de caudales, especialmente en los ríos Magro y Júcar», para después rebajar la alerta a nivel O y luego para elevarla cuando ya era demasiado tarde. Todo ello, a través de correos electrónicos.
Ni un mísero mensaje de texto, ni una llamada ni menos un aviso a la población a pesar de estar activado el sistema ES-Alert, que no está reglado en la Comunidad valenciana, según ha afirmado la consejera de Justicia, Salomé Pradas, en unas declaraciones muy criticadas al hacerse viral un vídeo cortado para dejarla en mal lugar.
«El sistema Es-Alert es un protocolo provisional, que no está reglado, y aún así, se emplea -por acuerdo del CECOPI- por primera vez en la historia de la CV cuando el Ejecutivo, por boca del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, me reconoce en una llamada telefónica que existe un riesgo inminente de rotura de la presa de Forata», ha asegurado Pradas, dejando en el aire si se abrieron las compuertas.
EL AVISO POR LA ROTURA DE UNA PRESA, A LAS 20.00 HORAS
Pradas, que ha sido la primera noticia de portada del telediario de máxima audiencia en RTVE, afirma que «conocía la existencia del sistema de envío masivo de mensajes de alertas a la población en casos de emergencias, sistema que se activó por parte del CECOPI una vez que el Ministerio de Transición Ecológica me reconoció a las 20.00 horas del 29 de octubre el riesgo inminente de rotura de la presa de Forata». Es decir, no fue hasta el riesgo de rotura de una presa cuando el Ministerio de Teresa Ribera alertó a la Generalitat, para esa hora todos los municipios estaban inundados.
También la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, deberá explicar por qué se acudió con la UME a Utiel, pero no al resto de poblaciones en un claro peligro de inundaciones en el resto de municipios bañados por el río Magro, el canal Júcar-Segura -roto por dos partes-, y el propio Turia, entre otros barrancos y ramblas. Según su versión, la Generalitat solo la pidió para Utiel. «Lo que pasó, pasó y ya se hablará», ha respondido al ser preguntada si ofreció ayuda a la Generalitat, concretamente a la consejera de Justicia.
El Gobierno de Pedro Sánchez continúa así con su estrategia de obtener rédito político y centrar la atención en Mazón antes que en las víctimas, con el fin de mantener a salvo a Teresa Ribera del foco. «Es nuestro momento», apunta el argumentario socialista, tal y como expuso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la red social ‘X’.
