La negociación del ERE de MasOrange tiene un nuevo capítulo esta semana

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Las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de MasOrange entre sindicatos y la empresa de telecomunicaciones para un máximo 795 trabajadores continuarán el miércoles, 25 de septiembre, en una mesa en la que los sindicatos defendieron en el último encuentro la búsqueda de soluciones que no impliquen tal destrucción «forzosa» de empleo.

masorange y la mesa


La mesa negociadora está formada, por parte de los sindicatos, por cinco representantes de CC.OO., cuatro de UGT y otros cuatro de la Confederación Sindical Independiente (Fetico), según han informado fuentes sindicales.

En este contexto, la primera reunión, que tuvo lugar el martes 17 de septiembre, concluyó con, por un lado, el «completo» rechazo de CC.OO. hacia el ERE, que supone el 9,5% de la plantilla de los cerca de 8.400 efectivos que la componen actualmente, al que este sindicato tachó de «forzoso» por ser «totalmente injustificado y arbitrario».

Según fuentes sindicales, de los 795 despidos, 521 corresponderían a OSP –el 18,3% de la plantilla, que asciende a 2.851 empleados–; 141 a Xfera –14,9% de 945 trabajadores–; 39 a Euskatel –14,1% de 276 trabajadores–, 35 a R Cable/Telecable –14,4% de 243 empleados–; 33 a Osfi –22,1% de 149 empleados–, y 26 a Lorca, lo que representa el 18,6% de sus asalariados, que suman 140.

CC.OO. indicó que ha quedado claro que están ante un «despido colectivo de carácter forzoso», en el que «si no hay voluntarios suficientes para completar el cupo de personas trabajadoras que quieren echar a la calle, recurrirán a las salidas traumáticas y forzadas».

Asimismo, el sindicato instó a la compañía a retirar el ERE, al tiempo que le invitó a buscar soluciones que no impliquen «tal destrucción de empleo, ni arriesguen imprudentemente la viabilidad de la empresa».

Por su lado, MasOrange, que anunció en un comunicado interno a la plantilla el pasado 3 de septiembre este ERE «de carácter voluntario», achacó estos despidos a «unas presuntas causas económicas, productivas y organizativas», que CO.OO. ya está analizando con su gabinete jurídico y económico.

masOrange anunció en un comunicado interno a la plantilla el pasado 3 de septiembre este ERE «de carácter voluntario»



Además, CO.OO. tachó de «ilegítima» la mesa de negociación, «maquinada a medida de la Dirección para desvirtuar la representatividad social y crear de manera ficticia un aparente grupo laboral que no se corresponde con la realidad económica y empresarial de la compañía».

USO PIDE LA «NULIDAD» DE LA MESA Y FETICO DA ‘LUZ VERDE’

USO criticó tras el primer encuentro que se haya constituido una mesa única para el ERE de MasOrange, en la que no cuenta con representación, por lo que pidió su «nulidad», al entender que deberían haberse constituido mesas en cada una de las seis empresas afectadas –Orange Espagne, Orange España Comunicaciones Fijas, Xfera Móviles, Lorca Telecom Bidco, Euskaltel y R Cable y Telecable–.

Además, USO indicó que tras la constitución de la mesa única de negociación este miércoles, se hizo oficial el número de personas trabajadoras afectadas por el proceso de despido colectivo en la nueva compañía de telecomunicaciones MásOrange, surgida del acuerdo entre Orange –OSP y OSFI– y MásMóvil –Xfera, Lorca Telecom, Euskaltel y R Cable y Telecable–.

Por otro lado, Fetico sólo señaló que revisará la documentación acreditativa de las causas económicas del ERE, tras dar por válida la constitución de la mesa de negociación.

EL 80% DE LOS DESPIDOS AFECTARÁN A MADRID

El 80% de los despidos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de MasOrange para un máximo de 795 trabajadores afectarían a los centros de trabajo de Madrid, donde se verían perjudicados 627 empleados, según datos facilitados por la Unión Sindical Obrera (USO).

Así, USO detalla que la empresa más afectada sería OSP, con una plantilla de 2.295 trabajadores y una propuesta de extinción de 432 puestos de trabajo en Madrid, que supone el 19%.

El Congreso examina el jueves la senda de déficit

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El Pleno del Congreso del próximo jueves, 26 de septiembre, debatirá y votará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para los próximos tres años, sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos suficientes para superar su tramitación parlamentaria.

CONGRESO Y APOYOS



Así, la senda volverá a la Cámara Baja dos meses después de que fuese rechazada con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts. Ahora, la Cámara Baja se volverá a pronunciar sobre la misma senda de déficit y objetivos presupuestarios, que sirven de preliminar para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ya avanzó que su formación votará en contra de la senda porque es la misma de julio; mientras que los de Carles Puigdemont se mantienen en su voto de julio y llegan a esta votación después de haber sumado sus votos a los del PP y Vox para tumbar una proposición de ley de Sumar y otros socios de izquierda para regular los alquileres de temporada.

PRÓLOGO DE LOS PRESUPUESTOS

Será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.

En esas dos ocasiones, el Congreso no supuso un escollo y los objetivos superaron el trámite de la Cámara Baja. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la senda ambas veces. Eso obligó al Ministerio de Hacienda a recurrir a un informe de la Abogacía del Estado para sortear el veto de la Cámara Alta y elaborar los Presupuestos con los objetivos que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea en abril de 2023 dentro del Programa de Estabilidad.

De hecho, esos objetivos remitidos a Bruselas son el ‘plan B’ del Gobierno para seguir la tramitación presupuestaria si las Cortes no respaldan la próxima semana los objetivos de estabilidad, que establece un déficit público del 2,5% en 2025, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.

Eso sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió que ese ‘plan B’ recortará en 11.500 millones de euros la capacidad de gasto de las autonomías y los ayuntamientos. Es por esto que la ‘número dos’ del PSOE dijo que quien no apoye esos objetivos se pegará «un tiro en el pie» allá donde gobierne porque contará con menos recursos.

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ASUME LA MAYOR PARTE DEL DÉFICIT

La propuesta fiscal del Ejecutivo estipula que la Administración Central asuma la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Por su parte, el objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).

También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.

Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.

TECHO DE GASTO DE CASI 2.000 MILLONES

Por su parte, el límite de gasto financiero o ‘techo de gasto’, que no es sometido a votación, se ha fijado en un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,25 en los tres próximos ejercicios.

El Vaticano concluye que no hay elementos «sobrenaturales» en Garabandal pero permite el culto privado

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El Vaticano se ha pronunciado, por primera vez, sobre las apariciones de la Virgen de San Sebastián de Garabandal en la década de los 60 en el municipio cántabro de Rionansa, para señalar que «no hay elementos para concluir que son sobrenaturales», si bien permite el culto privado, ya que las personas «van a rezar y después a misa».

vaticano y doctrina para la fe


Así lo ha dicho el pasado jueves, 19 de septiembre, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, en una rueda de prensa en el Vaticano (Roma) al ser cuestionado por los hechos que ocurrieron en el pueblo cántabro entre los años 1961 y 1965, donde cuatro niñas de entre 10 y 12 años de la localidad aseguraron haber presenciado en varias ocasiones las apariciones de San Miguel Arcángel y de la Virgen María.

Fernández ha recordado que, como en el caso de El Escorial y otros, la Iglesia determinó para Garabandal un ‘no constat’, es decir, que no hay elementos para llegar a concluir que se trate de hechos sobrenaturales.

Sin embargo, el cardenal ha precisado que ese ‘no constat’ se pronunció «en otros tiempos», y «hoy puede corresponder a diversas determinaciones que son descritas en las nuevas normas».

Así, en el caso de Garbandal, ese ‘no constat’ puede ajustarse actualmente a un ‘curator’, lo que, en la práctica significa que se prohíbe el culto público pero puede haber un culto privado ya que las personas «rezan en el lugar y después van a misa en la parroquia».

Por otra parte, ha indicado que los obispos tienen la posibilidad de revisar o precisar sobre los hechos, si bien cree, en referencia al obispo de Santander, Arturo Ros, que «él no tiene ningún interés».

Las conocidas como las apariciones marianas de Garabandal se produjeron en los primeros años 60, cuando cuatro niñas afirmaron haber visto al Arcángel San Miguel y a la Virgen María y cayeron en un profundo éxtasis e incluso, se supone, levitaron.

La devoción por estos hechos atrae cada año a Garabandal a multitud de personas de diferentes países, especialmente de Estados Unidos y Canadá.

PROYECTO DE ERMITA

Precisamente, las monjas de la Fundación Hogar de la Madre pertenecientes a la comunidad de Zurita de Piélagos, han proyectado una ermita destinada al culto de la Virgen del Carmen en San Sebastián de Garabandal.

El templo, previsto en una parcela de suelo rústico, se destinará al culto privado.

Al conocerse esta intención, el pasado mes de julio, la Diócesis de Santander admitió que ésta o cualquier otra congregación o un particular puede levantar en terrenos de su propiedad lo que consideren oportuno, pero recalcó al respecto que para que un edificio religioso se destine el culto público necesita la autorización del obispo, Ros en este caso.

Así, según el proyecto, la ermita está prevista en terrenos propiedad de la Fundación Hogar de la Madre de Todos los Hombres Madre de la Juventud, con sede en el Barrio del Cubo de Barcenilla de Piélagos, y será de culto privado y para la advocación de la Virgen del Carmen.

«Se destinará a uso religioso de culto privado, referido a oración privada, sin que vaya a dedicarse a celebraciones litúrgicas de culto público, en tanto no lo autorice el obispo diocesano», se indica en la memoria del proyecto.

El templo se levantará en tres parcelas agrupadas en una en el polígono Las Ruedas, en San Sebastián de Garabandal, población que se hizo famosa por las presuntas apariciones de la Virgen María entre 1961 y 1965 a cuatro niñas de entre 10 y 12 años de la localidad.

Las parcelas se unificaron hace un mes y están pendientes de obtener del Catastro la identificación de la resultante, que suma una superficie total de 7.979 metros cuadrados.

En cuanto al proyecto del templo, registrado en la Dirección General de Urbanismo del Gobierno regional, es del arquitecto Jesús Miguel Ruiz, perteneciente al Colegio de Cantabria pero con estudio en Madrid.

Ha proyectado una ermita de planta baja rectangular, de 16,6 metros de largo y 10,8 de ancho, que se edificará en piedra natural. La superficie construida en planta baja es de 172,65 metros cuadrados, y de 229,97, la total.

El Constitucional se dispone a apartar a Juan Carlos Campo del debate sobre la ley de amnistía

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El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana las abstenciones presentadas por el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo en todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía que hay ahora mismo en la corte de garantías. Se espera que sean ratificadas, tal y como ocurrió, de forma unánime, en lo relativo a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS).

En el orden del día del Pleno que se celebrará desde el martes, figura su abstención en los 16 recursos de inconstitucionalidad presentados por comunidades autónomas –14 de las regiones donde gobierna el PP más el presentado por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page– y por el propio PP; y en las tres cuestiones de inconstitucionalidad restantes, todas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La ponencia sobre esta ristra de abstenciones ha recaído sobre el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, con el objetivo de despejarlas rápidamente y agilizar con ello la tramitación de las impugnaciones a la ley de amnistía, que se considera asunto prioritario en el TC, si bien el primer fallo no se espera hasta el próximo año, de acuerdo con las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

El PP presentó el pasado viernes un nuevo escrito donde pide apartar a Conde-Pumpido del debate sobre las abstenciones de Campo, así como de las deliberaciones relacionadas con el recurso de inconstitucionalidad de ‘Génova’ –junto a Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez–, hasta que se resuelvan las recusaciones formuladas por los ‘populares’ contra los tres magistrados, según avanzó ‘El Mundo’ y confirmaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

De prosperar tal petición, podría alterar el próximo Pleno. Sin embargo, desde la sede de Domenico Scarlatti aclaran que el orden del día se mantendrá. Y ello, explican las fuentes consultadas, porque dar curso a la solicitud firmada por los de Alberto Núñez Feijóo supondría abrir la puerta a que la mera presentación de recusaciones contra magistrados permitiera configurar un «tribunal a la carta», algo contra lo que ya hay doctrina constitucional por considerarlo una estrategia fraudulenta.

En consecuencia, se espera que el Pleno dé vía libre a las abstenciones de Campo, el cual decidió apartarse de todos los asuntos que han ido llegando al TC sobre la amnistía porque en el informe que firmó como ministro de Justicia sobre los indultos a los condenados por el ‘procés’ dijo que ésta era «claramente inconstitucional»

LAS RECUSACIONES DE CONDE-PUMPIDO Y DÍEZ

Aprobadas las abstenciones de Campo, decaerán automáticamente las recusaciones lanzadas en su contra. En este escenario, ya se podrán designar ponentes definitivos para los asuntos en cola. Al respecto, cabe recordar que el ex ministro de Justicia es el ponente del recurso de inconstitucionalidad presentado por Cantabria contra la ley de amnistía. Una vez apartado, las fuentes avanzan que le sustituiría el magistrado conservador César Tolosa.

Después de superar el capítulo abstenciones, el TC resolverá las distintas recusaciones asunto por asunto. Así, la intención es que en el siguiente Pleno se estudien las planteadas contra Conde-Pumpido y Díez en el recurso de inconstitucionalidad del PP. Estaba previsto que la admisión a trámite de esta impugnación, cuya ponencia está en manos del magistrado conservador José María Macías, se decidiera la semana entrante, pero defectos formales lo han retrasado a octubre.

Contra Macías hay también una recusación pendiente. Se trata de la formulada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la cuestión de inconstitucionalidad del TS. El Ministerio Público argumenta que se pronunció contra la amnistía en dos textos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando era vocal: una declaración institucional antes de que hubiera ley y el informe emitido sobre la proposición de ley a petición del Senado.

Más allá de la ‘hoja de ruta’ marcada para el orden de resolución de los asuntos relativos a la amnistía, fuentes del TC reconocen hartazgo por la ola de recusaciones y recuerdan la doctrina fijada en 2021 que permitió al TC blindarse, conforme a la cual no cabe apartar a los magistrados por sus opiniones porque «precisamente han sido elegidos porque piensan y, además, por lo que piensan», para garantizar «la pluralidad en el entendimiento».

CAUSA ARCHIVADA

Amnistía aparte, la Sala Segunda estudiará este lunes el recurso de amparo interpuesto por la ex etarra Natividad Jáuregui, alias ‘Pepona’, contra las medidas cautelares que le impuso la Audiencia Nacional –prohibición de salir de España y retirada de pasaporte– a pesar del archivo de la causa en la que se le investigaba por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981.

Fue en noviembre del pasado año cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó la prescripción de la causa, declaró extinta la responsabilidad penal de ‘Pepona’ y acordó su puesta en libertad. Al mismo tiempo, los magistrados decidieron imponerle la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 3 de cada mes, además de la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, dado que el fallo aún no es firme.

Jáuregui, que permaneció en prisión hasta que la Sala de lo Penal acordó archivar la causa, fue procesada por el asesinato de Romeo Rotaeche, cometido en Bilbao el 19 marzo de 1981 cuando salía de misa en la Basílica de Begoña, con disparos de las armas que portaban ella y otro de los miembros del ‘comando Vizcaya’ Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya, actualmente fallecido.

‘Pepona’ huyó a Francia en 1978 por su presunta relación con las actividades del comando ‘Iskulin’. Posteriormente, entre enero y julio de 1981, pasaría a formar parte, ya como miembro ‘liberado’, del comando ‘Vizcaya’, participando en diversos atentados cometidos a lo largo de ese año en dicha provincia, varios con resultado de muerte.

Tras su regreso a Francia y permanencia clandestina en aquel país, huyó a México, donde sería localizada en 2002 con ocasión de la detención y posterior entrega a España de otro miembro de ETA, José Antonio Borde Gaztelumendi.

Después regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde sería localizada y detenida en la ciudad de Gante en 2013, como resultado de una operación culminada por la Policía Judicial Federal de Bélgica, que contó con la colaboración de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

El Congreso debate esta semana la ley del PNV que refuerza el control judicial del CNI y vincula su dirección a Moncloa

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El PNV llevará a votación el próximo martes en el Pleno del Congreso su reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para reforzar el control judicial de las actividades de los servicios de espionaje tras el ‘caso Pegasus’. En ella incluyen además, que la dirección de los servicios de espionaje dependan orgánicamente del presidente del Gobierno y no de un ministro, como ahora ocurre con Defensa.

No es la primera vez que los de Aitor Esteban plantean esta reforma en la Cámara Baja, que ya la rechazó la pasada legislatura con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, entre otros. Desde la bancada socialista alegaron que lo deseable sería que este tipo de reformas se impulsasen desde el Gobierno, con sus correspondientes informes jurídicos.

En aquel momento, acababa de salir a la luz la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a miembros del Gobierno con el programa ‘Pegasus’, un asunto que costó el puesto a la hasta entonces directora del CNI Paz Esteban, quien fue sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejerciendo como secretaria de Estado de Defensa. Ambas eran personas de confianza de la ministra Margarita Robles.

REFORZAR EL CONTROL JUDICIAL

Ante esta situación, el primer cambio legislativo que quiere impulsar el PNV pasa por establecer que la propuesta del nombramiento del director del CNI no salga de un ministro, sino del propio presidente del Gobierno, lo que conllevaría elevar la responsabilidad «política y directa» de los servicios de Inteligencia al centro mismo de la Moncloa por lo que pudiera ocurrir en un futuro.

En cuanto al control parlamentario del CNI, que actualmente recae sobre la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, el PNV propone que los diputados puedan ser informados de los medios utilizados por los servicios de espionaje, ya que hasta ahora, ni siquiera en la comisión de secretos se puede confirmar que el CNI disponga de ‘Pegasus’.

En la reforma, recogida por Europa Press, el PNV propone además que el control judicial de las actividades del CNI, que desde los escándalos de los años noventa se encargó a un juez del Supremo –encargado de dar autorización previa por un tiempo máximo de tres meses, prorrogables–, se lleve a cabo por tres magistrados del Alto Tribunal y que sus decisiones se adopten por unanimidad, habida cuenta de que no hay una segunda instancia.

También busca que los jueces sean informados de los medios que va a utilizar el CNI para esas actividades, pues considera que deben valorar el nivel de intromisión y la afectación a derechos fundamentales en aras de aplicar el principio de proporcionalidad.

Por último, el PNV propone obligar al CNI a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas, un control que permitiría saber si se ha ajustado a la autorización previa y que sería de mucha utilidad a la hora de decidir sobre posibles prórrogas.

ERREJÓN NECESITA 176 VOTOS

También esta misma semana, concretamente el próximo jueves, el Pleno de Congreso tiene previsto autorizar al portavoz de Sumar en la Cámara, Íñigo Errejón, para acceder a materias clasificadas como secretas, recibir información sobre el uso de los fondos reservados y poder controlar las actividades del Centro de Nacional de Inteligencia (CNI).

Fue el pasado mes de diciembre cuando el Congreso eligió a los miembros de la Comisión de Gastos Reservados, uno por grupo, que son los únicos que pueden ejercer estas tareas de control y que suelen reservarse para los portavoces de las distintas formaciones parlamentarias.

Entonces la portavoz de Sumar era Marta Lois, pero renunció a su acta de diputada a principios de este año para concurrir a las elecciones autonómicas gallegas, si bien finalmente no fue elegida. La Portavocía de Sumar recayó entonces en Errejón, y aún tenía pendiente recibir el aval del Pleno para integrarse en el ‘club’ de diputados con acceso a información reservada.

La votación sobre su nombramiento se ha incluido como último punto del orden del día de la sesión plenaria del jueves y como es habitual, será mediante papeleta y urna y deberá lograr un mínimo de 176 votos para ser elegido.

Desde 2004 los diputados debían recabar el apoyo de tres quintos del Congreso (210) para formar parte de esa comisión. Pero ese listón exigía apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y en la anterior legislatura el PP, Vox y Ciudadanos rechazaban apoyar la entrada de los independentistas, lo que les impedía llegar a ese mínimo.

SE BAJÓ EL UMBRAL PARA METER A LOS INDEPENDENTISTAS

Para salvar el bloqueo, que se prolongó durante dos y medio de legislatura, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aprobó rebajar el listón a la mayoría absoluta (176 votos). Lo hizo en abril de 2022 cuando los grupos independentistas exigían explicaciones al CNI por el espionaje mediante el programa ‘Pegasus’, pero la comisión no podía reunirse porque no se había elegido a sus integrantes.

Según la legislación, la llamada Comisión de Gastos Reservados es la encargada de ejercer el control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo; Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Desde diciembre de 2023 integran este órgano Miguel Tellado (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Aitor Esteban (PNV) y Néstor Rego (del BNG, en representación del Grupo Mixto).

Feijóo expone mañana en el Comité Ejecutivo del PP sus prioridades para el nuevo curso, con el foco en la conciliación

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desgranará este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido sus prioridades para el nuevo curso político, con el foco puesto en la «alternativa social» que el PP quiere desplegar en el Parlamento a través de leyes como la de Conciliación, una norma que va a registrar este mes de septiembre, según han indicado a Europa Press fuentes ‘populares’.

Se trata de la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en este periodo de sesiones y encima de la mesa estarán otros asuntos de actualidad, como las medidas migratorias que defiende el PP tras el pacto sellado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, o la defensa de una negociación multilateral en financiación autonómica.

De hecho, ante esa ronda de contactos que ha iniciado Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, desde ‘Génova’ ya avisan al Gobierno que no logrará «dividir» a los ‘barones’ del PP, que le van a demandar un trato «justo y solidario» con la financiación. «Que Sánchez pierda ya toda la esperanza de chantajes y sobornos», resumió el pasado viernes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo.

Los ‘populares’ recuerdan que Feijóo y todos sus presidentes autonómicos rubricaron el pasado 6 de septiembre un documento en el que se comprometen a «no romper la multilateralidad en ningún supuesto» y condenan «totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda.

El PP nacional considera que lo que debe hacer Pedro Sánchez es convocar la Conferencia de Presidentes, que no se reúne desde marzo de 2022, y así lo volverá a defender Feijóo ante el Comité Ejecutivo del PP. «Sánchez no quiere una reunión de todos juntos porque le devoran», sentencian en el equipo del líder del PP.

UNA LEY DE CONCILIACIÓN

En su intervención de este lunes, Feijóo pondrá el acento en la agenda social que quiere desplegar el Grupo Popular en este periodo de sesiones, según han señalado a Europa Press fuentes del partido. Una de esas medidas será la Ley de Conciliación que el PP quiere registrar este mes.

«Para aquellas personas que quieren ser padres o madres no hay nada mejor que hace seis años en conciliación o en vivienda», sentencian en Génova, que dice que buscarán recoger esa «frustración colectiva» ante la falta de políticas concretas de la izquierda.

Feijóo ya anunció esta semana que la Ley de Conciliación del PP incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles y ha planteado que el 50% lo financie el Estado, aportando 2.000 millones de euros, y el otro 50% las comunidades autónomas.

Otra de las medidas de esa ley será favorecer la reincorporación de la mujer al mundo laboral tras una baja por maternidad, a través de incentivos a las empresas y de exenciones fiscales a las trabajadoras autónomas

En el PP destacan además que por fin haya un acuerdo para una Ley de mejora de la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), tras el acuerdo sellado esta semana entre todos los grupos parlamentarios. Feijóo ya celebró hace unos días haber contribuido a que la Ley ELA vaya a aprobarse pronto: «Por una vida digna hasta el último aliento».

LA POLÍTICA MIGRATORIA Y VENEZUELA

Feijóo aprovechará además para poner el foco en la inmigración y dará cuenta de la gira que ha iniciado para buscar una «alianza europea» contra la inmigración ilegal y que ya le ha llevado a reunirse en Atenas con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Se trata de dos países que, según el PP, están gestionando la inmigración «mucho mejor» que el Gobierno español.

Además, esta semana está prevista una nueva reunión del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, tras la que mantuvieron el pasado 12 de agosto y en la que alcanzaron un «principio de acuerdo», según los ‘populares’.

El PP está dispuesto a sentarse de nuevo con el ministro Torres para buscar una solución al problema migratorio y la acogida de menores pero espera que acuda a esa reunión con el compromiso de aportar recursos económicos y luz verde del Ministerio de Hacienda para «desbloquear» esos fondos, según han señalado fuentes de la formación.

La situación en Venezuela será otro de los temas de la reunión del Comité Ejecutivo del PP. Los ‘populares’ insisten en pedir la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pese al comunicado del candidato opositor venezolano Edmundo González negando «coacciones» del Gobierno español en el marco de su salida de Venezuela.

Ante esa declaración, Albares ha exigido al Partido Popular que se disculpe por las «injurias y calumnias» que vertió el jueves contra el servicio exterior español, en alusión a las declaraciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, acusando al Gobierno de estar implicado en el «golpe de Estado» de Venezuela.

UN PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

A la espera de ver si Feijóo alude o no este lunes al Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el Gobierno, los ‘populares’ se han mostrado muy críticos con esas medidas, llegando a calificarlo de «plan de degeneración» democrática.

En ‘Génova’ ya anticipan que no van a entrar a valorar las medidas concretas de ese plan, como busca el Gobierno. «No vamos a amplificar el ‘plan Begoña’ porque lo que busca el Ejecutivo es desviar la atención de los casos que le afectan», señalan en el equipo de Feijóo.

Por lo pronto, el pasado miércoles, Feijóo ya acusó a Sánchez de buscar imponer la «censura», algo que, según dijo, no se veía «desde Franco». En la misma línea, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, aseguró que Sánchez busca abrir una «guerra sucia» y una «purga general» contra medios y jueces que le resultan «incómodos», como si estuvieran en la «antigua Unión Soviética». «Eso es fascismo», aseveró.

«Mientras se habla del ‘Plan de Degeneración Democrática’ del Gobierno no se habla de la imputación de Begoña Gómez, la amnistía, el concierto catalán, la imputación del hermano de Pedro Sánchez o el caso Koldo. «Ese es el único objetivo del plan: tapar sus miserias», aseguró el PP un mensaje en su cuenta de la red social ‘X’.

Pradales y Chivite hacen una defensa conjunta del Concierto y el Convenio, y piden que se respeten

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El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han defendido de forma conjunta del Concierto económico y el Convenio, y han pedido respeto a sus sistemas fiscales propios, que consideran «solidarios». Además, aseguran que estos tienen cabida en el modelo de Estado al margen de la reflexión que se aborda sobre la financiación de las comunidades de régimen común, y recuerdan que conllevan «un riesgo unilateral» para Euskadi y la Comunidad Foral.

En un artículo titulado ‘Responsabilidad, solidaridad y riesgo en la financiación de nuestro Autogobierno’ publicado en el Grupo Noticias y recogido por Europa Press, Pradales y Chivite afirman que el Concierto Económico vasco y el Convenio Navarro exigen «un alto nivel de responsabilidad y compromiso con la gestión, una fiscalidad igualmente responsable, y en ningún caso se articula contra nadie, por su hondo componente solidario y porque su respaldo legal supone un marco de refuerzo institucional que hace incuestionable su anclaje constitucional».

En esta línea, han defendido su cabida en «el modelo de Estado que tenemos, independientemente de que la reflexión en torno al modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común pudiera conducir a un modelo diferente al actual».

Por ello, creen que «es de justicia ponerlo en valor, respetarlo y afirmar el compromiso en su defensa como Derecho histórico y piedra angular» del Autogobierno vasco y de Navarra.

Pradales y Chivite señalan que los sistemas de Concierto y Convenio Económico son el elemento más singular del actual autogobierno, «con un modelo de federalismo fiscal con el máximo nivel de autonomía».

En este sentido, recuerdan que «tienen una honda raíz histórica y entroncan en la autonomía tributaria, de la que se conservan registros jurídicos históricos que se remontan a la Edad Media». Además, añaden que su formulación actual deriva del proceso de transición a la democracia y el reconocimiento constitucional de los Derechos Históricos de los territorios forales, y subrayan que «encuentran su marco en el Estatuto de Gernika y en el Amejoramiento foral, y gozan de plena estabilidad y seguridad jurídica».

También recuerdan que han sido avalados por los máximos tribunales españoles y europeos, que aplicando la doctrina que el Tribunal de Luxemburgo acuñó en el asunto de las Islas Azores, «han concluido que los territorios forales disponen de autonomía institucional, de procedimiento y económica.

De esta forma, apuntan que «desempeñan un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las empresas», por lo que han sido «declarados como plenamente compatibles con el Derecho de la UE».

LAS CRÍTICAS PARTIDISTAS

«Los regímenes de Concierto y Convenio son, por tanto, continuadores de la tradición histórica foral, tienen hoy en día el máximo reconocimiento jurídico, político y jurisprudencial en nuestro ordenamiento y, a pesar de todo, periódicamente son objeto de críticas y de utilización partidista», apuntan.

Segun precisan, estas críticas «obvian su singularidad en el Derecho comparado y la diferencia radical de características que plantea respecto al régimen de financiación de las comunidades autónomas de régimen común».

«El problema radica en que todavía hoy, desde 1980 y la aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), no se ha encontrado una fórmula que permita una adecuada financiación de todas las Comunidades Autónomas», señalan el Lehendakari de Euskadi y la presidenta navarra.

Ambos aclaran que podrían «articularse mecanismos en el sistema de financiación» de las autonomías «de régimen común, multilaterales o con un grado mayor o menor de bilateralidad, que puedan imitar o asemejarse en algunas de sus características» a los modelos de Euskadi y Navarra, aunque «no disfrutarían de la seguridad y estabilidad en el tiempo que la garantía institucional del núcleo intangible de la foralidad».

Imanol Pradales y María Chivite aseguran que el Concierto y el Convenio articulan «un régimen de autonomía para sus respectivos territorios que les permite desarrollar una política fiscal propia y diferente a la del Estado en el ámbito de la imposición directa y en los impuestos municipales, así como en algunas figuras concretas de la imposición indirecta».

Así, indican que las instituciones de Euskadi y Navarra «tienen a su disposición ese instrumento de política fiscal» que normalmente está a disposición exclusiva de los Estados. De esta forma, destacan que «es posible desarrollar una política fiscal propia y adaptar el instrumento tributario a la idiosincrasia de cada uno de los territorios»

Pradales y Chivite remarcan que el Concierto y el Convenio reconocen a las Haciendas Forales como Administraciones tributarias integrales, y se han construido unas administraciones tributarias «modernas, altamente informatizadas», pero también «cercanas y volcadas en otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes y a los operadores económicos».

Todo ello, tal como apuntan, contribuye a complementar las medidas tributarias de política fiscal «adoptadas para reforzar la actividad económica y aumentar la riqueza del país».

RIESGO UNILATERAL

En tercer lugar, resaltan «una característica central» del Concierto y Convenio: el riesgo unilateral». «Las Haciendas Forales recaudan todos los impuestos que forman parte del sistema tributario estatal, a excepción de los gravámenes a la importación. Con esos recursos atienden, con riesgo unilateral, sus obligaciones con la Administración General del Estado (Cupo, Aportación y otros flujos financieros), así como todo el gasto público propio».

De esta forma, explican que gestionar una Hacienda propia implica «un elevado grado de responsabilidad, rigor y autoexigencia en la gestión». A su vez, puntualizan que el Cupo y la Aportación «no tienen que ver con que las Haciendas Forales recauden más o menos, dado que no se calcula como una parte alícuota de los recursos recaudados, sino que se calcula identificando en los PGE todas las partidas de gasto público que se corresponden con competencias no asumidas por cada una de las comunidades», manifiestan.

Para ello, se aplica el índice de imputación que refleja el peso de cada comunidad en el conjunto del Estado: en el caso de Euskadi el 6,24% y en el de Navarra el 1,6%, «porcentajes superiores a lo que representa su población respecto al conjunto del Estado».

De esta manera, afirman que el Concierto y Convenio son «solidarios» a través de cuatro elementos «acumulativos de solidaridad»: la aportación anual de lo que el Estado establece como dotación al Fondo de Compensación Interterritorial; la aportación a la carga financiera de toda la deuda pública emitida por el Estado; las instituciones vascas o navarras no reciben financiación extraordinaria en crisis económicas, sino que asumen unilateralmente las consecuencias de la reducción de los ingresos tributarios; y el índice de imputación del Cupo y de la Aportación.

El lehendakari vasco y la presidenta navarra destacan que el Concierto y el Convenio son «instrumento fundamental» para que instituciones vascas y navarra desarrollen sus propias políticas públicas, y establecen «un marco de relación adecuado con la Administración tributaria del Estado y las de otros países».

«Se trata de un régimen respaldado por la historia, por las normas fundamentales que regulan la actual estructura jurídico-política, tanto del Estado como de la Unión Europea, que goza del reconocimiento judicial al máximo nivel y de una estabilidad y un clima de seguridad jurídica que ha permitido construir la sociedad del bienestar en la que hoy vivimos», añaden.

Compromís reclama al Gobierno que fije plazos para anular los sumarios del franquismo contra Miguel Hernández

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El diputado de Compromís en el Congreso adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha solicitado al Gobierno que proceda a anular los dos sumarios impulsados por el franquismo contra el poeta alicantino Miguel Hernández, que falleció en prisión en 1942, y que recogían su condena a muerte.

Así lo traslada en una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno, que apela a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y recoge así una demanda histórica de los familiares de Miguel Hernández que vienen efectuando.

Precisamente el diputado se reunió el pasado jueves junto a la portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, con la nuera del poeta, Lucía Izquierdo para expresarle su compromiso de impulsar medidas de reparación y reconocimiento para Hernández y su familia. Por ejemplo, la formación valenciana impulsa una moción en el ámbito municipal en ese sentido.

Mediante su iniciativa, Ibáñez destaca que Miguel Hernández es un «poeta universal» que fue «perseguido», como otros tantos «demócratas», por defender la II república frente al golpe franquista. Ello motivó que fuera detenido y encarcelado dos veces hasta su fallecimiento en la prisión alicantina del Barrio de Benalúa.

El diputado de Compromís expone que los dos sumarios que se le abrieron por las autoridades franquistas objetivamente «no tienen ningún rigor jurídico» y los hechos imputados que implicaron incluso una condena a muerte «nunca se pueden considerar delitos», dado que solo se apoyan en aspectos ideológicos y su respaldo a la II República.

«No recogen ningún testimonio en defensa del literato y los consejos sumarísimos de urgencia se desarrollan sin garantías jurídicas», ahonda Ibáñez.

Por todo ello, pregunta al Ejecutivo qué plazos tiene previstos y bajo qué procedimiento jurídico va a anular de forma «explícita» los sumarios contra Miguel Hernández.

«AVANZAR EN REPARACIÓN Y JUSTICIA»

En declaraciones a Europa Press, Ibáñez ha reivindicado que para garantizar la Memoria Democrática se tiene que «avanzar en la reparación y la justicia» de las víctimas del franquismo.

Por ello, nos sumamos a la petición de la familia de Miguel Hernández, para que el Gobierno y la justicia anulen singularmente los dos sumarios. Invitamos a todas las administraciones a que difundan su patrimonio literario pero también de compromiso con la II República», ha enfatizado.

Feijóo dice que el embajador Ramón Santos era consciente de la coacción a Edmundo González en la Embajada

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el embajador español en Venezuela, Ramón Santos, era consciente de la coacción a Edmundo González dentro de la Embajada y «se prestó para hacer un acto de coacción». «El embajador español es consciente de que se está coaccionando a ese vencedor legítimo de las elecciones y se presta a la embajada del país para hacer un acto de coacción, de presión absolutamente imposible de convalidar en un regimiento democrático ordinario como es el español», ha indicado Feijóo este domingo en una entrevista a Radio Galega, recogida por Europa Press.

Feijóo ha criticado que el Gobierno siga sin reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y que España haya intermediado entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana para que saliese del país «el líder que ganó las elecciones». Ha destacado que países como Chile o México, reconocen que el ganador de las elecciones fue el candidato a la oposición, asilado en España.

«Maduro no tiene actas que puede acreditar que ha ganado y, por tanto, lo que está haciendo es perseguir a la oposición, que se tiene que refugiar en las embajadas o que está en sus casas prácticamente en una situación de enorme pánico», ha apuntado Feijóo.

El ‘popular’ ha indicado que si el Gobierno de España «está con Maduro», él está con los demócratas venezolanos: «Para mí es una honra liderar el reconocimiento de los resultados democráticos de Venezuela en contra de mi Gobierno, en contra del Gobierno de España.

La AN estudia este lunes si mantiene en prisión a las dos repatriadas desde Siria procesadas por pertenencia a DAESH

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La Audiencia Nacional (AN) estudiará este lunes si mantiene en prisión provisional a Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos mujeres que fueron repatriadas en 2023 desde Siria junto a sus hijos y que el pasado mes de enero fueron procesadas por un delito de integración en la organización terrorista Estado Islámico (DAESH).

Lo que se celebrará este lunes, en concreto, será una vista en la que su defensa y las acusaciones -incluida la Fiscalía_fijen su posición y realicen sus respectivas peticiones. Después, será el tribunal el encargado de decidir si mantiene en la cárcel a las dos mujeres, donde permanecen desde enero del pasado año.

Cabe recordar que el juez Santiago Pedraz las procesó asegurando que ambas «participaron en España en actividades en favor de la organización yihadista Estado Islámico » previamente a su desplazamiento voluntario a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, «aceptando el mismo destino que ellos una vez proclamado el pseuodcalifato en junio de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi y con plena voluntad de mantener su integración en la referida organización terrorista».

El magistrado señaló entonces que las dos tuvieron un papel destacado durante su estancia en España dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al-Andalus, manteniendo contactos con otras mujeres que servían para introducir a las conversas dentro de una visión rigorista del Islam.

El juez añadía que, con posterioridad, ambas se desplazaron a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos, con la plena voluntad de formar parte de la organización y la finalidad de poner a su disposición toda su capacidad en las funciones que la propia organización les asignara.

El magistrado indicaba que las investigadas siempre mostraron su voluntad de ser miembros de Daesh y que solo solicitaron ser repatriadas a España tras el sitio y caída de la ciudad siria de Baguz. La resolución también incluía las labores de adoctrinamiento llevadas a cabo por las investigadas con sus hijos y con otros menores a su cargo en favor de esa organización terrorista.

Lo que no sabes de Segovia y los secretos de uno de los acueductos mejor conservados de la historia

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Segovia es una ciudad española con una historia rica y fascinante, conocida principalmente por su majestuoso acueducto, una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo antiguo. Este monumento romano no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que además guarda secretos que muchos visitantes no conocen. A simple vista, el acueducto parece una obra de ingeniería impresionante, pero es mucho más que eso, es un testimonio de la habilidad y el ingenio de los romanos, y un símbolo duradero de la ciudad de Segovia.

El acueducto de Segovia es el corazón de la ciudad

El acueducto fue construido en el siglo I d.C. durante el reinado del emperador Trajano o Adriano, y tiene un largo total de más de 15 kilómetros. Lo que muchos no saben es que esta impresionante estructura fue creada sin utilizar una sola gota de mortero. Cada una de las piedras de granito que forman sus arcos se mantiene en su lugar únicamente por la precisión en su colocación. Este hecho ha sido objeto de estudio y asombro para ingenieros y arquitectos de todo el mundo, que aún intentan comprender cómo una obra de tal magnitud ha logrado permanecer en pie durante más de 2.000 años en un estado tan impecable.

Acueducto de segovia

La ciudad no sería lo que es hoy sin este acueducto. Durante siglos, su función principal fue la de suministrar agua desde la sierra de Guadarrama hasta la ciudad. Los habitantes de Segovia se beneficiaron de un sistema de abastecimiento de agua limpio y efectivo que superaba con creces cualquier tecnología de la época. El agua llegaba a las fuentes y hogares de la ciudad, transformando la vida cotidiana y consolidando a Segovia como una ciudad próspera en tiempos romanos.

Existen multitud de leyendas en torno al acueducto de Segovia

A lo largo de los años, el acueducto de Segovia ha sido objeto de muchas leyendas locales. Una de las más populares cuenta que fue construido por el diablo. La historia dice que una joven segoviana, cansada de cargar agua desde una fuente lejana, hizo un pacto con el diablo: él construiría el acueducto en una noche a cambio de su alma. Sin embargo, antes de que el demonio pudiera completar la última piedra, la luz del día apareció, salvando a la joven y dejándola con un magnífico acueducto para su ciudad.

b2 Moncloa

Hoy en día, el acueducto de Segovia sigue siendo uno de los monumentos mejor conservados de la época romana. Aunque ya no se utiliza para transportar agua, sigue siendo un símbolo de la resistencia y la historia de Segovia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, este impresionante monumento atrae a miles de visitantes cada año, quienes se maravillan ante la grandeza de su diseño y su perfecto estado de conservación.

Segovia tiene un legado cultural e histórico impresionante

A pesar de los siglos que han pasado, Segovia y su acueducto siguen siendo testimonio de la historia. La ciudad, con su encanto medieval y sus calles empedradas, ha sabido preservar su esencia a lo largo del tiempo, y su acueducto sigue siendo el ícono que la representa en el mundo entero. Para aquellos que buscan sumergirse en la historia y conocer los secretos de una ciudad milenaria, Segovia es, sin duda, una parada obligatoria.

b1 Moncloa

De esta forma, Segovia no solo es famosa por su acueducto, sino también por su legado histórico y cultural. El monumento romano es una puerta a un pasado glorioso y un recordatorio de lo que los seres humanos han sido capaces de lograr con ingenio y determinación.

Los Reyes inauguran este lunes la temporada del Teatro Real con ‘Adriana Lecouvreur’ y su homenaje al teatro

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Los Reyes inauguran un año más la temporada del Teatro Real, que abre mañana lunes 23 de septiembre con la ópera ‘Adriana Lecouvreur’ inspirada en la vida de la legendaria actriz de la Comédia Française y que sirve de homenaje al teatro.

Esta pieza de Francesco Cilea, que comenzará la tarde del lunes sobre las 19.30 horas y que durará aproximadamente tres horas, nunca antes se había representado en el escenario del Teatro Real, pese a la gran popularidad de este título. La ópera, ambientada en el París de la Ilustración, está inspirada en la vida de Lecouvreur, idolatrada y defendida por Voltaire.

El libreto de Arturo Colautti está inspirado en una obra teatral de Eugène Scribe y Gabriel Legouvé en la que se relata la fama, amoríos, la relación con el mariscal Mauricio de Sajonia -pareja de la celosa Madame de Bouillon-, y la muerte en extrañas circunstancias, con apenas 38 años, de la actriz.

Nicola Luisotti asume la dirección musical, mientras que en el papel titular se alternarán Ermonela Jaho y Maria Agresta, junto a Elina Garanca, Brian Jagde y Nicola Alaimo. El director de producción del Real, Justin Way, fue asistente de David McVicar durante la creación del montaje de Adriana Lecouvreur en el Covent Garden, en su estreno.

Desde entonces dirige sus reposiciones, y lo hará por décima vez en el Teatro Real, mientras que la escenografía es de Charles Edwards y el vestuario, dieciochesco, ha sido diseñado por Brigitte Reiffenstuel. «Es un espacio escénico conceptual que no tiene nada de realista, pero el vestuario sí: el que una ópera sea moderna o clásica no tiene que ver con ponerle a alguien unos tejanos», ha ironizado el director artístico del Real, Joan Matabosch.

McVicar ha respaldado esta idea del vestuario de época, ya que en la actualidad «la forma de comprender los montajes se ha internacionalizado». «Lo importante es que el montaje sea verdadero», ha añadido, continuando con la línea de la diferenciación del verismo -movimiento operístico de cuño realista y naturalista en boga en Italia en los albores del siglo XX- en el que en un principio se había situado a esta ópera.

«Para mí, todas las obras que se dicen veristas en ópera no son veristas, por la sencilla razón de que en la vida real no se canta, se habla. Uno puede hablar de esa corriente verista en otras disciplinas, pero en la ópera no se puede hacer», ha apuntado Luisotti.

‘Adriana Lecouvreur’ es también un retrato de los «aspectos morales» de dos mundos en el siglo XVIII: el de los sirvientes y el de la aristocracia. «Cuando Adriana intenta formar parte de la aristocracia, su mundo se empieza a desmoronar», ha recordado Edwards.

Precisamente, el coro del Teatro Real asume esa figura de la aristocracia, una clase social «alta y corrupta», según el director del coro, José Luis Basso. «Aquí se muestra lo que pasa cuando una persona del pueblo insulta a otra de clase aristocrática, perteneciente a una sociedad rica y aburrida que se divierte destruyendo al otro», ha afirmado.

La soprano Ermonela Jaho ha reconocido que el llevar a escena a una artista supone un reto. «Me he adentrado en este personaje real y creo que solo se puede afrontar con el lenguaje del alma para conectar con el público», ha admitido. Las funciones están dedicadas a José Carreras, en el 50º aniversario de su interpretación del papel de Maurizio en Adriana Lecouvreur en Madrid, junto a Montserrat Caballé.