La representación legal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido al Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz que «se nos confiera traslado de las actuaciones completas correspondientes a este expediente criminal, a los fines previstos en el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», es decir, del sumario completo de la causa.
El escrito del abogado de Sánchez pide que «igualmente, en tanto no se produzca de manera efectiva y plena dicho traslado, procede la suspensión del plazo dispuesto por el mencionado precepto, que se reanudará con la entrega al Procurador que suscribe».
El 23 de septiembre la Audiencia Provincial de Badajoz desestimaba el recurso interpuesto por David Sánchez y otros investigados en la causa contra el auto de la juez instructora que dejaba listo para juicio oral la investigación contra el hermano del presidente del Gobierno y otros 10 acusados. Sánchez será juzgado por prevaricación y tráfico de influencias. La resolución fue adoptada de manera unánime por los tres magistrados de la Sala.
Ahora, fuentes jurídicas consultadas opinan que David Sánchez solo trata de ganar tiempo antes de que se decrete la celebración de juicio oral y sea sentado en el banquillo de los acusados.
La juez Beatriz Biedma del juzgado de instrucción 3 de Badajoz acusó formalmente ya a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y a otros 10 cargos de la Diputación pacense de prevaricación administrativa y tráfico de influencias el pasado 28 de abril. Lo hizo en un auto que transforma las diligencias previas en Procedimiento Abreviado, paso previo a la apertura de la fase de juicio oral. Asimismo, decretaba el sobreseimiento parcial de la causa con respecto a Alejandro Cardenal, jefe de Recursos Humanos en el mismo organismo.
En un trabajado auto de 71 folios la juez acordó seguir la causa también contra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación Provincial, Elisa Moriano, ex jefa del Área de Cultura cuando se produjo la contratación, Cristina Núñez, diputada del Área de Cultura que firmó la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), Manuel Candalija, el jefe de Servicio de Actividades Culturales, Félix González, jefe de Recursos Humanos, Francisco Martos, diputado del Área de Cultura, Emilia Parejo Galán, directora del Área de Cultura, Juana Cinta Calderón, directora del Área de Recursos Humanos entre 2015 y 2023, Ricardo Cabezas, Vicepresidente Primero y Diputado Delegado del Área de Cooperación Municipal y Luis María Carrero, Jefe de Sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas. Los diez junto a David Sánchez están acusados de Prevaricación Administrativa y tráfico de influencias.
PREVARICACIÓN
Sobre el delito de prevaricación, decía la magistrada que «la falta de explicación racional y mínimamente verosímil de los hechos por parte de los investigados (cabe aquí destacar la forma en que el Sr. Sánchez describió haber conocido la publicación de las bases, o su incapacidad para explicar con claridad, pese a ser Jefe de la misma, el concepto y ubicación de la Oficina de Artes Escénicas)», son considerados claros indicios del delito de prevaricación administrativa.
A estos añadía «la celeridad de los trámites, celeridad que nítidamente se contempla en los procedimientos de provisión de los puestos objeto del presente procedimiento».
El auto afirmaba que «los investigados conocían la injusticia de la resolución» del puesto de trabajo en favor de David Sánchez y argumenta Biedma que «los correos más relevantes, como el de 20-3-2017 (relativo a la crítica del organigrama de Cultura) y el de 19-5-2017 (con el asunto «El hermanísimo») remitidos ambos desde el correo corporativo de Evaristo Valentí (director de uno de los conservatorios) han aparecido en la cuenta privada de Yolanda Sánchez (directora del otro conservatorio) y datan de un período en el que los correos de las cuentas oficiales de ambos había sido eliminados».
Sobre la eliminación de estos mails, continuaba el auto, «Yolanda afirmó con rotundidad no ser ella quien llevó a cabo esa eliminación, por lo que fue un tercero; respecto a Evaristo, admitió la posibilidad de haberlos borrado él, pero, dada su ocultación en un principio de elementos esenciales para la presente investigación, no se descarta tampoco que dicha eliminación estuviera relacionada con la incoación de este procedimiento, bien realizada por él mismo o por un tercero como en el caso de Yolanda».
La juez reconoce que «no ha sido posible recuperar los correos electrónicos de Miguel Ángel Gallardo, ni de su cuenta de Diputación, que manifiesta no utilizaba, ni la correspondiente al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, pese a haberse autorizado el desplazamiento de agentes de la UCO a sus sede con dicha finalidad y a la empresa informática encargada de su gestión».
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
En relación al delito de tráfico de influencias la juez enumeraba varios indicios, como «indicios de que David Sánchez habría utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al obtener que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera y, en segundo lugar, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasará a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho; y en beneficio del Sr. Carrero, quien consiguió acceder a un puesto creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la provisión de comisión de servicios».
Sobre el presunto beneficiario, Luis María Carrero, decía la magistrada que «habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el Sr. Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al Puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas».
En cuanto a la cobertura mediante Comisión de Servicios del mencionado puesto, dice la magistrada que «le Ley de Función Pública de Extremadura determina en su artículo 122 que dicha figura procede cuando un puesto de trabajo «quede vacante» podrá ser cubierto, en caso de «urgente e inaplazable necesidad» en comisión de servicios y que dichas comisiones de servicios, que tienen carácter provisional tendrán una duración máxima de dos años».
Pero, añadía en su auto, que «en el caso que nos ocupa, no es que el puesto quedara vacante, sino que fue creado y no se inició el correspondiente procedimiento para su forma de provisión mediante «concurso específico de méritos» como así expresamente se establece en su Ficha de Creación».
La juez cree que David Sánchez «tenía una relación estrecha con el presidente de la Diputación, como se observa, entre otros, en los correos 300, 585 y 679, donde habla de comidas informales y contacto fuera del horario laboral durante el fin de semana».
DELITOS CONTRA HACIENDA
Respecto a los delitos contra la hacienda pública y enriquecimiento ilícito, decía el auto que «no existen indicios racionales de criminalidad que permitan continuar el procedimiento penal por los mismos». El informe de la AEAT, concluyó que «David Sánchez es residente fiscal en Portugal y dicha circunstancia no es incompatible con la condición de empleado público de la administración española».
Sobre el delito de enriquecimiento ilícito, «el único incremento en su patrimonio superior a 250.000€ se encuentra justificado por una donación a su favor por parte de su padre, donación declarada a Hacienda y cuyo pago del correspondiente impuesto también consta», añadía el auto.
Los investigados interpusieron recurso de reforma primero y subsidiarios de apelación que ahora han sido desestimados en su totalidad.
