Las pulseras antimaltrato siguen agitando el avispero judicial y político. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Esther Erice, ha remitido en la mañana de hoy una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en respuesta a la misiva remitida por esta la pasada semana en relación con los dispositivos electrónicos de control utilizados en los procedimientos de violencia sobre la mujer más conocidos como pulseras antimaltrato.
En dicha misiva, Erice recuerda que la instalación de dichos dispositivos es una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar y que las incidencias que se puedan ocasionar deben comunicarse al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, las comunicaciones sobre incidencias que puedan recibirse en el Observatorio “son trasladadas a los organismos competentes” para así “garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas”.
Así sucedió, explica la carta, con dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente; y con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025.
DISPOSITIVOS ANTIMALTRATO
La cuestión relativa a los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos fue tratada “de forma exhaustiva” en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año. En el curso de dicha reunión, señala la carta, “intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse”. En concreto, por parte del Observatorio “se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas”.
En esa misma reunión, se dio asimismo cuenta por parte del Observatorio de la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, iniciativa que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo y de cuyo resultado está previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará previsiblemente octubre.
En esta reunión se pondrán asimismo en conocimiento de todas las instituciones las conclusiones que sobre las disfunciones advertidas en el sistema se alcanzaron en las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, aprobadas el pasado 25 de marzo y de las que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo siguiente dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Erice finaliza su carta confiando en que la información aportada sea de utilidad para una mayor protección y seguridad de las víctimas y reiterando “el firme y leal compromiso del Observatorio y del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la violencia de género”.
