En una encrucijada legal y social que quiere cambiar el futuro de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miles de policías nacionales y guardias civiles han alzado la voz, hartos de la inacción del Gobierno. Su principal demanda, ser reconocidos como profesión de riesgo, no es un capricho, sino una reivindicación histórica que les equipararía a otros cuerpos de seguridad como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y las policías locales. Esta medida, aseguran, es vital para garantizar una jubilación digna y acorde con los peligros inherentes a su trabajo.
La batalla ha alcanzado un punto de inflexión. Tras un fallo del Tribunal Supremo, impulsado por el sindicato Jupol, que el 21 de mayo obligó al Gobierno a reconocer a la Policía Nacional como profesión de riesgo, la esperanza de una solución rápida se ha diluido. El Ejecutivo, liderado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, parece arrastrar los pies, y el colectivo Equiparación Real, que agrupa a más de 20.000 agentes, está decidido a no ceder.
El discurso del Gobierno ha sido objeto de una feroz crítica por parte de los representantes sindicales. Desde Equiparación Real no se andan con rodeos: «Marlaska dice que el planteamiento sobre la equiparación salarial es insostenible», afirman, recordando cómo en 2020 y 2024 el ministro justificó la falta de avances por razones económicas. La asociación refuta este argumento con contundencia, señalando que España ha alcanzado la «recaudación tributaria más alta de su historia» y ha gastado 42.000 millones de euros en subvenciones a otros países.
«Después de esto, yo diría que vamos tarde, pero vamos bien», comentan con una mezcla de frustración y determinación. La paciencia de los agentes se ha agotado. «Nosotros… o paralizamos las relaciones con la Administración definitivamente y acudimos a la justicia, o seguiremos muriendo estúpidamente en acto de servicio por 65 años de edad y por 70 euros al día», sentencian. Un miembro de la entidad dejó un duro testimonio, que fue un crudo recordatorio del peligro que enfrentan: «No compensa arriesgarse para acabar siendo un bonito cadáver vestido de uniforme, o peor aún, un tullido babeando en una silla de ruedas».
SENTENCIA CON LAGUNAS
La victoria del Tribunal Supremo, aunque celebrada, no fue total. Como explican desde la misma entidad, la sentencia solo beneficia a los policías nacionales que ingresaron a partir de 2011, adscritos al régimen de la Seguridad Social. Esto deja fuera a un vasto sector del cuerpo, aquellos que pertenecen a las llamadas «clases pasivas».
«La sentencia solo insta a que el Gobierno reconozca esto en relación a los policías nacionales que ingresaron a partir del 2011», lamentan. Esta discriminación ha generado un profundo malestar, ya que el mismo trabajo, con los mismos riesgos, se valora de manera distinta según el año de ingreso. La demanda que originó el fallo, según la asociación, «no planteó en términos de equiparación real todo lo que tenía que plantear». El Ministerio, lejos de subsanar esta laguna, «arrastra los pies», lo que ha llevado a Equiparación Real a desconfiar de cualquier avance inminente.
El colectivo, consciente de la complejidad del sistema, ha decidido tomar cartas en el asunto ha presentado una reclamación administrativa que, si el Gobierno no atiende, se convertirá en una demanda judicial. El abogado Miguel Durán, jefe del equipo que lidera la ofensiva legal, explicó la estrategia: «Acudiremos bien al Tribunal Superior de Justicia… si es el ministro, acudiremos a la Audiencia Nacional, pero todo esto probablemente acabará en el Tribunal Supremo».
LA CUESTIÓN EUROPEA Y EL PRECEDENTE DE OTROS COLECTIVOS
La batalla no se limita a los tribunales españoles. Los agentes planean llevar su caso ante organismos internacionales. «Acudiremos también a través de una cuestión prejudicial al TJUE«, anunció el abogado. El objetivo es que la justicia europea «establezca la correcta interpretación del tratado de la Unión Europea y de las directivas sobre estas materias sobre proyección de riesgos». Esta iniciativa busca presionar al Gobierno y demostrar que la discriminación salarial y la falta de reconocimiento no solo son un problema nacional, sino una potencial violación de normativas europeas.
La indignación de los agentes se acentúa al ver cómo otros colectivos sí han conseguido avances. Se puso de ejemplo el caso de la ONCE, donde en el pasado también existían dos regímenes. La negociación con el gobierno de Felipe González unificó el tratamiento de todos los trabajadores. «Aquí lo que se trata es que para todos los policías nacionales y para todos los guardias civiles se reconozca la condición de profesionales de riesgo«, afirmó Durán.
La reciente decisión del Congreso de reconocer facilidades para la jubilación anticipada de ujieres y personal administrativo ha sido la gota que ha colmado el vaso. «Con mis respetos, vale, pero como no sea por el riesgo que comporta convivir con ciertos diputados, yo no lo veo», ironizó Durán, contrastando la lentitud del Gobierno con la rapidez con la que se atienden las demandas de otros funcionarios.
EL COSTE DE LA DIGNIDAD: 1.000 MILLONES DE EUROS
El argumento económico, una vez más, fue puesto a prueba. Miguel Durán aclaró cual sería el costo de esta equiparación con cifras aproximadas: «No excedería en absoluto de 1.000 millones de euros«. Aunque es una suma significativa, Durán la puso en perspectiva, comparándola con los miles de millones que el Gobierno destina a otros fines.
«Cuando uno oye al presidente del Gobierno hablar con la alegría que lo hace de decenas de miles de millones… que nuestro sistema fundamental de protección, de seguridad ciudadana… se vean privados, ese reconocimiento no nos parece defendible», subrayó.
La discriminación no es solo un problema salarial, sino una herida profunda en el colectivo. Un agente de policía nacional describió su situación: «Yo tengo 43 años, con 65 no me voy». Explicó que si su compañero, que ingresó en 2012, se jubila, él, que pertenece a clases pasivas, se irá con «700 euros menos». «Es que no tiene ningún sentido», afirmó con impotencia.
La discriminación se extiende más allá del agente vivo. «Es una viuda, cuando se matan al marido… también es discriminada respecto de otras», denunció. El caso de la viuda de un guardia civil asesinado en Barbate, que se quedó sin indemnización tras la declaración de insolvencia del Estado, se ha convertido en un símbolo de la lucha. «Si estoy vivo, bien, y si me matan, pues la viuda. Todo esto… no afecta ni a mil, ni a diez mil, afecta a dos tercios de la Policía Nacional», clamó el agente, visibilizando la magnitud del problema.
La batalla por la «profesión de riesgo» es más que una demanda laboral; es una lucha por la dignidad, la justicia y la seguridad de quienes arriesgan sus vidas por los demás. Los agentes, representados por Equiparación Real, no se rendirán hasta que el Estado les reconozca el valor que, para ellos, va más allá de un salario o una pensión. La sociedad española observa, atenta, el desenlace de esta histórica confrontación.
