Karen Vardanyan se declara culpable de ataques ransomware Ryuk contra hospitales en EE.UU.

El armenio Karen Vardanyan se ha declarado culpable de los ataques del ransomware Ryuk contra hospitales en Estados Unidos. Extraditado desde Ucrania, acepta pagar 1,2 millones de dólares y se enfrenta a 15 años de prisión. La confesión, anunciada este jueves por el Departamento de Justicia, cierra uno de los capítulos más oscuros de la ciberextorsión sanitaria.

Vardanyan, de 34 años, admitió haber participado en la campaña que entre noviembre de 2019 y abril de 2020 lanzó Ryuk contra al menos tres organizaciones estadounidenses mientras residía en Ucrania y Rusia. Junto a otros tres acusados —los ucranianos Oleg Lyulyava y Andrii Prykhodchenko, y el también armenio Levon Avetisyan— recaudaron aproximadamente 1.160 bitcoins, valorados entonces en más de 15 millones de dólares, según los fiscales.

La cadena de extorsión que colapsó quirófanos durante la pandemia

El primer golpe llegó en diciembre de 2019 contra una empresa tecnológica de Oregón. Después vinieron una compañía de Michigan que pagó casi 1,2 millones de dólares para recuperar sus datos y, en febrero de 2020, una escuela de Texas. Ryuk paralizaba sistemas enteros con un ransomware de doble extorsión: cifraba los archivos y amenazaba con filtrarlos si no se pagaba el rescate en bitcoins.

El grupo accedía a las redes mediante campañas de phishing o aprovechando vulnerabilidades en servidores expuestos. Una vez dentro, desplegaban Ryuk de forma manual, no automática, lo que implicaba un reconocimiento previo de la la víctima y un ajuste fino del rescate. Ese tradecraft, más propio de un APT que de una banda callejera, les permitió atacar cientos de organizaciones.

No fue un hospital, sino toda una cadena sanitaria: en octubre de 2020, los atacantes de Ryuk lanzaron una oleada contra centros médicos en plena segunda ola de la pandemia. El Centro de Seguridad Cibernética de EE.UU. (CISA) y el FBI emitieron alertas conjuntas advirtiendo de que las amenazas ponían vidas en peligro. Al menos dos grandes sistemas hospitalarios, Universal Health Services y Hollywood Presbyterian, sufrieron interrupciones críticas.

En 2020, un hospital cifrado no era una anécdota de ciberseguridad: era un paciente sin quirófano y un oncólogo sin historial clínico. Un multiplicador silencioso de víctimas.

La extradición de Vardanyan desde Ucrania, ejecutada en 2025, subraya la creciente colaboración bilateral contra el cibercrimen. Kiev, que ha sido víctima de ciberataques rusos patrocinados por el Estado, está acelerando la entrega de delincuentes informáticos a Washington como parte de su acercamiento estratégico. Es una moneda de cambio que el DOJ agradece.

El acusado se declara culpable de conspiración informática y fraude/extorsión. Además de la pena de hasta 15 años de prisión y la restitución millonaria, reconoce que la condena conllevará consecuencias migratorias, y la expulsión de Estados Unidos tras cumplir su sentencia. El tribunal de Oregón aún no ha fijado la fecha del fallo.

El legado de Ryuk: una máquina de cifrar que no respetó ni a los enfermos

criminalidad informática

Ryuk ha dejado una estela de miles de víctimas en todo el mundo: desde redacciones de periódicos locales y ayuntamientos hasta servicios públicos de agua en Carolina del Norte. En 2019, el mismo grupo cifró los sistemas de varias cabeceras, y en 2020 dejó sin acceso a una planta de tratamiento. La banda mostró un desprecio absoluto por el daño colateral, usando el mismo ataque contra una escuela que contra un hospital de agudos. Según analistas de amenazas como Mandiant y CrowdStrike, detrás de Ryuk está el grupo criminal Wizard Spider, un colectivo con base en Rusia que ha desarrollado toda una suite de herramientas de ataque, incluyendo TrickBot y Conti. Si usted ha seguido esta serie de ataques, recordará que en 2020 los hospitales se convirtieron en un blanco prioritario para los grupos de ransomware.

Aunque no hay evidencia de un patrocinio estatal directo, el modus operandi de doble extorsión y la infraestructura de C2 distribuida indican un nivel de profesionalización que iguala al de muchas operaciones encubiertas de inteligencia. La línea entre el cibercrimen de élite y el espionaje de Estado se ha vuelto peligrosamente borrosa.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El vector es claro: ransomware de doble extorsión con alto impacto sobre infraestructuras críticas sanitarias. Los atacantes —un grupo con experiencia en APT y redes de lavado de criptomonedas— desplegaron Ryuk tras una intrusión manual. Las agencias defensoras: el DOJ, el FBI y, en la sombra, el CCN-CERT español que emitió avisos sobre la variante en 2020. La extradición desde Ucrania involucra también al SBU y refleja un alineamiento de intereses entre Washington y Kiev en la lucha contra el cibercrimen.

En España, recuerdo el caos de WannaCry en 2017, cuando Telefónica y el Hospital Clínic de Barcelona vieron sus ordenadores cifrados. Aquel ataque, atribuido a Corea del Norte, fue un aviso. Más recientemente, en 2021, el SEPE sufrió una intrusión con un ransomware que colapsó sus sistemas durante semanas. Ese incidente forzó al CCN-CERT a elevar la alerta y a coordinar una respuesta con el CNI. Hoy Ryuk y sus herederos —como Conti o LockBit— son una amenaza persistente para las más de 8.000 infraestructuras críticas que identificamos en El quinto elemento. Lo advertí entonces: «el próximo 11S empezará con un clic». Ryuk demostró que el clic puede congelar un quirófano.

Aunque el caso es público, el nivel de clasificación de los detalles técnicos que manejó el FBI —direcciones de wallet, servidores C2, técnicas forenses— probablemente se mantenga en un nivel reservado o confidencial. La confesión de Vardanyan es un hito, pero la sombra de sus cómplices sigue activa. La próxima fecha clave: su sentencia, que aún no tiene calendario.

Trump cita a periodistas del New York Times por revelar fallos de seguridad en el Air Force One

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia ha emitido citaciones judiciales contra varios reporteros del New York Times por un artículo sobre los protocolos de seguridad del nuevo Air Force One.
  • ¿Quién está detrás? La Administración de Donald Trump, a través del fiscal general y un gran jurado federal en Manhattan.
  • ¿Qué impacto tiene? La prensa estadounidense denuncia una escalada sin precedentes contra la libertad de expresión y la protección de fuentes anónimas.

El Departamento de Justicia ha citado a varios periodistas del New York Times por un artículo que revelaba carencias de seguridad en el nuevo Air Force One. La medida, calificada por el diario como una ‘escalada extraordinaria’, obliga a los reporteros a testificar el próximo miércoles ante un gran jurado federal en Manhattan. El caso destapa una de las tensiones más profundas en el Washington de 2026: el choque entre la protección de secretos de Estado y la Primera Enmienda.

Los hechos se remontan al pasado miércoles, cuando Tyler Pager, Julian E. Barnes, Eric Schmitt y Eric Lipton publicaron un reportaje en el que detallaban las dudas sobre la seguridad del nuevo avión presidencial. Según personas cercanas al proyecto citadas por los periodistas, la aeronave, donada por Catar, no habría sido equipada con todas las contramedidas defensivas del modelo anterior. La premura en la entrega podría haber impedido instalar sistemas avanzados para cegar misiles antiaéreos.

La Casa Blanca utilizó ‘la distracción y la desinformación’ como una herramienta declarada para proteger al presidente, según admitió su propio director de comunicaciones.

La polémica se desató al término de la cumbre de la OTAN en Turquía. El presidente Trump optó por regresar a casa en un avión presidencial más antiguo, dejando en tierra la nueva aeronave. Al ser preguntado por los motivos y por las posibles amenazas de Irán, el presidente fue directo: ‘Soy el número uno en la lista de objetivos de Irán’. En este contexto, las citaciones emitidas el viernes por el fiscal general buscan identificar el origen de la información clasificada que nutría el artículo del Times.

Las citaciones: bases legales y la doctrina de la fuente

Las subpoenas (citaciones judiciales de obligado cumplimiento) no solo exigen la comparecencia de los reporteros, sino que los sitúan en en la delicada tesitura de tener que revelar a sus fuentes confidenciales. Se trata de una técnica legal que, aunque tiene precedentes, la Administración Trump está llevando a un nuevo nivel de agresividad institucional. El abogado del diario, David McCraw, afirmó que ‘la presencia de agentes federales llamando a la puerta de reporteros debería escandalizar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución’.

Desde la Casa Blanca, el director de comunicaciones, Steven Cheung, no negó la falta de sistemas en el nuevo avión, sino que reivindicó una estrategia de contrainteligencia doméstica. ‘Usamos cada herramienta a nuestra disposición, incluyendo la distracción y la desinformación, para hacer frente a esas amenazas‘, declaró Cheung, en un ejercicio de transparencia poco habitual sobre las tácticas de la oficina de prensa presidencial. La declaración implica reconocer que la seguridad del presidente se protege, en parte, ocultando la realidad.

La Lógica de Washington

Para conocer el pulso real de la capital, hay que entender que esta decisión no es un arrebato. Responde a una lógica de blindaje total de la seguridad nacional que el ala más conservadora del Partido Republicano ha defendido durante décadas. La filtración de las vulnerabilidades del Air Force One se lee en el Despacho Oval como un mapa de ruta envenenado que se entrega a enemigos como Irán. La doctrina ‘America First’ aplicada a la inteligencia dicta que las sutilezas legales de la Primera Enmienda palidecen frente a una amenaza verificada contra la vida del comandante en jefe. No es un caso aislado: en 2013, la administración Obama espió en secreto las líneas telefónicas de periodistas de Associated Press por una filtración de la CIA, demostrando que la tensión entre prensa y estado es estructural en EE. UU.

Para España, este caso es un termómetro del desgaste institucional en que viven los corresponsales extranjeros en Washington. La criminalización de las fuentes anónimas puede disuadir a funcionarios de compartir información sensible sobre comercio o defensa que afecte a intereses europeos. El próximo miércoles, la comparecencia ante el gran jurado federal marcará el pulso de la libertad de prensa en los despachos de Manhattan. Si los reporteros se niegan a testificar, el enfrentamiento judicial está servido.

Ficha del Caso

  • El caso: Citación del Departamento de Justicia a cuatro periodistas del New York Times por desvelar que el nuevo Air Force One donado por Catar carece de sistemas antimisiles avanzados.
  • Datos clave: Los hechos ocurrieron tras la cumbre de la OTAN en Turquía. Trump utilizó el avión antiguo y admitió estar en la ‘lista de objetivos’ de Irán. La Casa Blanca admitió usar ‘desinformación’ para proteger la seguridad.
  • Para España: La escalada contra la prensa en EE. UU. sienta un precedente alarmante para la cobertura de asuntos de seguridad nacional por parte de los corresponsales españoles en Washington.

Trump concede a Ucrania licencia para fabricar Patriots, pero producción llevará años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado a Ucrania a fabricar sus propios interceptores Patriot PAC-3 MSE, el sistema antimisiles más avanzado del arsenal occidental. El anuncio, realizado durante la cumbre de la OTAN en Ankara, supone un giro doctrinal que Kiev lleva años reclamando, aunque la producción real tardará entre dos y cinco años y exigirá complejos acuerdos técnicos con Lockheed Martin, el contratista principal.

Zelenski agradeció la decisión y subrayó que Trump ‘reconoció a Ucrania como un país tecnológicamente preparado’. Hasta ahora, solo Japón fabrica el interceptor bajo licencia estadounidense; Alemania, los Países Bajos y España impulsan una línea europea paralela, mientras Berlín negocia bilateralmente su propia patente.

La apuesta por la producción doméstica

El movimiento cambia el modelo de dependencia ucraniano: del suministro racionado por los aliados a la capacidad de autofabricar el arma que más ha protegido sus ciudades contra los misiles balísticos rusos. ‘El Presidente dio luz verde para la licencia del Patriot’, confirmó Zelenski, ‘pero ahora los Ministerios de Exteriores, Defensa y los equipos técnicos deben cerrar todos los detalles’.

El acuerdo no está firmado, y el fabricante aún no ha sido informado oficialmente. Trump lo admitió sin ambages: ‘Todavía no se lo hemos comunicado a la compañía’. Lockheed Martin produce el interceptor PAC-3 MSE, un proyectil de impacto cinético (hit-to-kill) que destruye misiles balísticos en vuelo terminal. Cada unidad cuesta cerca de 3,9 millones de dólares y su cadena de suministro concentra los mayores cuellos de botella en un solo componente.

Los cuellos de botella de la cadena de suministro

El ‘seeker’ —el buscador infrarrojo que guía al interceptor hacia su blanco— se fabrica ​​en una única planta de Boeing en Huntsville, Alabama. Según un análisis del Foreign Policy Research Institute (FPRI), esa factoría produjo entre 650 y 700 unidades en 2025, cifra que marca el ritmo de toda la línea de montaje. Un interceptor completo tarda 24 meses en construirse, y su motor cohete sólido, 30.

Aunque el Pentágono firmó en abril un contrato de 4.800 millones de dólares para triplicar la producción de seekers, los interceptores pedidos bajo ese acuerdo no se entregarán antes de 2030. En 2025 Lockheed Martin suministró 620 PAC-3, y el objetivo industrial es alcanzar 2.000 anuales en un plazo de cinco años. Mientras tanto, Rusia lanza más misiles balísticos en un mes que los que la industria mundial produce en ese mismo período.

La licencia es un paso histórico, pero el cuello de botella industrial convierte la autonomía en un horizonte de años, no de meses.

En paralelo, Zelenski anunció que Ucrania desarrolla un sistema propio, bautizado FREYA, que combinará un misil de producción nacional con radares, lanzadores y puestos de mando europeos. El prototipo se presentará en Francia en los próximos días, y Kiev busca financiación europea para acelerarlo. ‘Entonces cerraremos el cielo de Ucrania con nuestras propias capacidades’, afirmó.

Equilibrio de Poder

La decisión de Trump reconfigura el tablero de la defensa antimisiles en Europa. Estados Unidos mantiene un celo extraordinario sobre la tecnología hit-to-kill —tanto que solo la ha compartido con Japón—, y abrirla a Ucrania, aunque sea bajo un régimen de licencia restrictivo, implica un voto de confianza tecnopolítico que no tiene precedente reciente. El precedente más cercano se remonta a la década de 1980, cuando la OTAN autorizó la fabricación bajo licencia del F-16 en Europa para reducir la dependencia logística del Pentágono; ahora el contexto es una guerra activa y un Kremlin que denunciará la transferencia como una escalada.

Para España, el movimiento tiene una doble lectura. Por un lado, el consorcio europeo en el que participa —junto con Alemania y Países Bajos— gana legitimidad estratégica: demuestra que Bruselas necesita capacidades de fabricación autónomas y que la planta de Huntsville ya no puede atender sola la demanda global. Por otro, la entrada de Ucrania como productor bajo licencia introduce un competidor potencial en el mercado de exportación, aunque su capacidad inicial sea modesta. Mientras tanto, el programa FREYA abre espacio para que la industria española (por ejemplo, Indra o la antigua Santa Bárbara) contribuya con radares o sistemas de mando, si Madrid decide apostar por esa línea.

Rusia, que esta misma semana mató a al menos 22 civiles en Kiev con 29 misiles balísticos que burlaron las defensas ucranianas, observa el proceso con evidente inquietud. Para el Kremlin, cualquier aumento de la producción de interceptores en territorio ucraniano supone una amenaza directa a la ventaja que Moscú obtiene del desgaste de los arsenales occidentales. Y el propio Washington ha mostrado la fragilidad de sus reservas: en la guerra con Irán de este año, la marina disparó entre 1.060 y 1.430 Patriots, más de los que Ucrania recibió de todos sus aliados en cuatro años. El horizonte, en cualquier caso, es de medio plazo. La primera batería Patriot ensamblada en Ucrania no defenderá Járkov antes de 2028. Para entonces, la doctrina de disuasión europea podría ser muy distinta. Seguiremos de cerca la presentación del FREYA en Francia; allí se medirá cuánto de este plan es voluntad política y cuánto, capacidad industrial real.

La jueza cita como investigado al director general de Costas de Canarias por las obras de Cuna del Alma en Tenerife

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza de Arona (Tenerife) ha citado como investigado al director general de Costas de Canarias, Antonio Acosta, por las obras de la urbanización de lujo Cuna del Alma.
  • ¿Quién está detrás? La citación afecta a Acosta, nombrado por Coalición Canaria, y a otros altos cargos autonómicos y responsables de la promotora Segunda Casa Adeje SL.
  • ¿Qué impacto tiene? El caso se limita a las obras en la zona de servidumbre costera, pero reaviva el debate sobre el urbanismo en espacios protegidos del archipiélago.

La jueza de Arona investiga al director general de Costas de Canarias por las obras de Cuna del Alma en Tenerife.

El auto, fechado este viernes, cita a Antonio Acosta para el próximo 14 de septiembre a las 10.00 horas. Se le investiga por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en relación con la autorización concedida a la urbanización de 420 villas de lujo en el Puertito de Adeje.

La citación y los cargos

Junto a Acosta, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona ha llamado a declarar como investigado al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental, Valeriano Díaz, y al representante legal y administradores de la promotora Segunda Casa Adeje SL. Todos ellos comparecerán el 13 de agosto. Además, en calidad de testigos, han sido citados el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental, José David Marín, y el técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, quienes declararán el 16 de julio.

El procedimiento se centra en unos hechos muy concretos. La Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias dio el visto bueno a la ocupación de la franja de servidumbre de protección —los cien metros desde la orilla— para levantar un restaurante, una piscina y un aparcamiento de buggies. La Fiscalía consideró esos usos incompatibles con la Ley de Costas, lo que motivó la paralización cautelar de las obras en esa zona.

El alcance de la investigación

La jueza ha rechazado la petición de la acusación popular de extender la suspensión a todo el proyecto de Cuna del Alma, que abarca cerca de 430.000 metros cuadrados. Argumenta que «el presente procedimiento penal se centra en las obras autorizadas en la zona de servidumbre, por lo que no procede adoptar medidas respecto del resto». Las asociaciones ecologistas, agrupadas en la Asociación Cultural Social Ecologista Libre, denuncian que dos tercios del Puertito de Adeje ya han sido dañados por los trabajos.

Ese colectivo, que incluye a la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la Familia Galindo o ARCAN, sostiene que «de mantenerse este ritmo de ejecución, esta dinámica de hechos consumados terminará privando de efectividad una eventual resolución judicial favorable». A pesar del rechazo judicial, las asociaciones insisten en que que la causa debería abarcar todo el proyecto, porque la urbanización completa afecta a espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.

Las asociaciones ecologistas sostienen que la urbanización completa afecta a espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.

El Pulso Territorial

La imputación de Antonio Acosta llega en un momento delicado para el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo de Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente. La coalición que sustenta al ejecutivo insular ha convertido la gestión del litoral en uno de los ejes de su discurso territorialista, pero el caso Cuna del Alma expone las contradicciones entre el desarrollo turístico de alta gama y la protección de la costa.

La región, con una tasa de paro que duplica la media nacional (14,2% en el primer trimestre de 2026), mira al turismo como motor económico. Sin embargo, Canarias arrastra decenas de procedimientos judiciales por irregularidades urbanísticas en sus 1.500 kilómetros de costa. Baste recordar el precedente del hotel de El Algarrobico en Almería (2006) o, más cerca, el conflicto del hotel tropical de Gran Canaria, que acabó con la demolición de parte del edificio en 2023. La cita del 14 de septiembre, a apenas nueve meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2027, mantendrá la presión sobre la Consejería de Política Territorial y el propio Clavijo.

Ficha Autonómica

  • El caso: La jueza de Arona investiga presuntas irregularidades en la urbanización de lujo Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (Tenerife), y cita como investigado al director general de Costas de Canarias.
  • Datos importantes: La causa afecta a las obras en la zona de servidumbre de protección del litoral, un 5,25% de la parcela, pero la urbanización completa abarca 430.000 metros cuadrados. El director general fue nombrado por Coalición Canaria.
  • Resumen: Acosta declarará el 14 de septiembre. La jueza mantiene paralizadas las obras en la servidumbre, pero rechaza extender la suspensión a todo el proyecto. Las asociaciones ecologistas recurrirán la decisión. El caso tensa al Gobierno canario en un contexto de precampaña electoral.

Prado de noche gratis: horario hasta las 23:30 y dos exposiciones temporales este sábado en Madrid

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Madrileños, turistas y cualquier persona con ganas de arte: la entrada es libre durante todo el horario especial.
  • ¿Cuándo ocurre? Este sábado 11 de julio de 2026, de 20:00 a 23:30 horas.
  • ¿Qué cambia hoy? Se puede acceder gratis a dos exposiciones recién inauguradas en la pinacoteca, en un horario nocturno poco habitual.

Las noches de verano en Madrid suman un plan que mezcla cultura, gratuidad y un horario poco común. El Museo del Prado celebra este sábado una nueva edición de El Prado de noche, una cita que habitualmente reserva el primer sábado de cada mes pero que esta vez se traslada al segundo sábado de julio. La cita, que comienza a las 20:00 y se prolonga hasta las 23:30, permitirá visitar dos exposiciones temporales inauguradas hace apenas unos días sin pagar un euro.

Dos exposiciones temporales para estrenar la noche

La primera es A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420), un recorrido por el impacto que la pintura italiana tuvo en el gótico español antes de la llegada del Renacimiento. Reúne piezas que normalmente no comparten sala y que muestran cómo las influencias viajaron de los talleres de Siena o Florencia a los reinos peninsulares. Para quienes no sean especialistas, el título ya da una pista: es una oportunidad de ver con otros ojos ese periodo que a veces queda eclipsado por el brillo del siglo XV.

La segunda, Prado. Siglo XXI, cambia del todo de registro. Propone un repaso por los hitos y decisiones que han definido al museo en los últimos veinticinco años. No es una muestra de obras sino de procesos: cómo se ha financiado, cómo ha organizado sus colecciones, qué papel juega en el circuito internacional. Según el comunicado del propio museo, la exposición plantea «un recorrido por las etapas de su historia reciente que han ido definiendo su funcionamiento, su proyecto científico y su lugar en el panorama cultural internacional».

De 20:00 a 23:30: cómo llegar, qué esperar y por qué este sábado no es el primer sábado

El horario es generoso: tres horas y media para recorrer ambas muestras con calma. El acceso es por la puerta de Velázquez (la principal, en el paseo del mismo nombre) y, aunque la entrada es gratuita, el aforo está limitado. La experiencia de ediciones anteriores dice que las colas empiezan a formarse media hora antes de la apertura y que, pasadas las 21:30, la presión baja bastante. Quien quiera evitar aglomeraciones hará bien en llegar sobre las siete y media y quedarse hasta el cierre, cuando las salas suelen estar más despejadas.

Saltarse la cita del primer sábado de julio tiene una explicación sencilla, aunque el museo no ha detallado los motivos oficiales. Diversas fuentes consultadas por Merca2.es apuntan a que los trabajos de montaje de Prado. Siglo XXI terminaron demasiado justos para el primer fin de semana, de manera que se optó por retrasar la apertura nocturna siete días. En cualquier caso, la decisión tiene un efecto colateral: el segundo sábado compite menos con otras ofertas culturales de la ciudad y puede atraer a un público distinto.

Abrir el Prado de noche y gratis no es solo un gesto cultural: es un termómetro de cuánto valora la ciudad su patrimonio.

El Prado responde a una demanda creciente de museos nocturnos gratuitos

En Madrid, la oferta museística nocturna y gratuita ha crecido de manera notable en los últimos años. El Museo Reina Sofía mantiene su entrada libre los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, y el Thyssen-Bornemisza abre gratis los lunes. Pero ninguna de estas opciones iguala la combinación de horario vespertino, fin de semana y dos exposiciones temporales de estreno que propone el Prado esta noche.

Además, el dato de que esta edición se celebre excepcionalmente en el segundo sábado pone de relieve la capacidad del museo para ajustarse a las circunstancias sin renunciar a su compromiso con la gratuidad. En un contexto en el que las administraciones culturales reciben cada vez más presión para democratizar el acceso, gestos como este ayudan a que la pinacoteca no sea solo un icono turístico sino un equipamiento de barrio, aunque su barrio sea el de los Jerónimos.

No obstante, cabe recordar que el aforo sigue siendo limitado y que las colas pueden ser largas. La recomendación, por tanto, es planificar la visita y consultar los detalles logísticos en la web oficial del Museo del Prado. Para quien quiera entender mejor el contexto histórico y arquitectónico de la institución, la entrada de Wikipedia del Museo del Prado es un buen punto de partida.

La noche promete arte, gratuidad y ese punto de excusa para bajar al centro cuando el calor ya ha aflojado. Aprovecharla solo depende de llegar antes de las once y media.

Detenido un hombre por la presunta violación de una mujer en Pamplona

Un hombre ha sido detenido por la presunta violación de una mujer en Pamplona durante la pasada madrugada, según ha confirmado el Ayuntamiento de la capital navarra. La agresión sexual se produjo sobre las 4:45 horas en la Vuelta del Castillo, un céntrico parque de la ciudad situado junto a la Ciudadela y muy frecuentado por los pamploneses.

La Vuelta del Castillo es uno de los espacios verdes más emblemáticos de Pamplona, lugar de encuentro habitual tanto para el ocio diurno como para el nocturno. El ataque ha causado una fuerte conmoción entre los vecinos.

La condena unánime del Ayuntamiento

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona, que reúne a todos los grupos políticos municipales, ha emitido una declaración institucional unánime en la que muestra su «rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca» en la ciudad. El texto, difundido por el consistorio, recoge también su «absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad».

El Ayuntamiento se ha comprometido a «trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos». Asimismo, se ha adherido a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona e invita a la ciudadanía a participar en los actos de protesta que se convoquen.

Hasta el momento, las autoridades no han facilitado detalles sobre la identidad del detenido ni sobre su posible relación con la mujer agredida. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias del ataque y determinar si hubo más implicados.

El detenido permanece bajo custodia policial mientras la investigación continúa abierta.

Tres denuncias por tocamientos en la última jornada de fiestas

La Junta Local de Protección Civil, reunida esta mañana, ha tenido conocimiento también de tres denuncias por agresiones por tocamientos ocurridas en la última jornada de las fiestas de Pamplona. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones, según ha informado el Ayuntamiento. Con este arresto, ya son dos los detenidos por agresiones sexuales en la capital navarra en las últimas horas. Las otras dos denuncias continúan siendo investigadas por las fuerzas de seguridad.

El consistorio ha reiterado su condena a este tipo de comportamientos y ha recordado que la ciudad dispone de un protocolo de actuación ante agresiones sexistas que se activa de inmediato en cuanto se tiene conocimiento de los hechos. Pamplona vuelve a mostrar su firme rechazo a la violencia de género y su compromiso por crear espacios seguros para las mujeres.

Rusia lanza ataques rusos de precisión contra planta de drones en Kiev y puertos en Odesa

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Rusia ha lanzado ataques de precisión contra la planta de drones Aerodron en Kiev y los puertos de Izmail, Chernomorsk y Yuzhny en Odesa.
  • ¿Quién está detrás? El Ministerio de Defensa ruso reivindica la operación como represalia por supuestos ataques ucranianos contra infraestructura civil rusa.
  • ¿Qué impacto tiene? Golpea la capacidad de producción de drones y la logística militar ucraniana, y eleva la tensión en el flanco este de la OTAN sin que, por ahora, se reporten víctimas civiles.

Esta madrugada, fuerzas rusas han ejecutado una serie de ataques de precisión contra la planta de fabricación de drones Aerodron en Kiev y tres puertos estratégicos en la región de Odesa. El movimiento, confirmado por el Ministerio de Defensa ruso, supone un nuevo golpe a la infraestructura militar ucraniana en un momento en que el conflicto se recrudece en el Donbass.

Según el comunicado difundido por Moscú, los bombardeos nocturnos se dirigieron contra la fábrica Aerodron —dedicada a la producción de vehículos aéreos no tripulados— y contra las instalaciones de Fanplit, donde se ensamblan y almacenan los drones Fire Point-2. La nota rusa añade que este último emplazamiento había sido camuflado como una planta civil de madera contrachapada y muebles.

En paralelo, los ataques alcanzaron los puertos de Izmail, Chernomorsk y Yuzhny, todos ellos en el litoral de Odesa. El Ministerio ruso los califica de centros logísticos clave para las fuerzas armadas ucranianas, e incluye entre los objetivos depósitos de combustible, almacenes de carga militar y la propia infraestructura portuaria que sostiene las operaciones de suministro bélico.

La narrativa rusa: disuasión y mensaje a Occidente

El relato oficial del Kremlin va más allá del hecho táctico. En un segundo comunicado, el Ministerio de Defensa subrayó que sus sistemas de armas de largo alcance conservan la capacidad de “penetrar de manera fiable cualquier sistema de defensa antiaérea o antimisiles proporcionado a Zelensky por sus patrocinadores occidentales”. Una afirmación que, traducida a términos operativos, pretende proyectar la imagen de un arsenal ruso capaz de superar las defensas que la OTAN ha transferido a Kiev, incluidos los sistemas Patriot y NASAMS.

La escalada coincide con avances rusos en el frente oriental. Apenas una semana antes, Moscú había anunciado la toma de Konstantinovka, una plaza fuerte al noroeste de Donetsk que abre el camino hacia la conurbación de Slavyansk-Kramatorsk, los dos últimos grandes núcleos urbanos bajo control ucraniano en la región. El movimiento de pinza se acelera sobre el terreno mientras, desde el aire, se castiga la retaguardia logística.

Moscú intenta demostrar que la ayuda militar occidental no blinda el espacio aéreo ucraniano.

Equilibrio de Poder

El doble golpe sobre la planta de drones y los puertos de Odesa obedece a una lógica que hemos visto repetirse en los últimos dos años: Rusia responde con fuego a cada ataque ucraniano sobre su territorio, al tiempo que pone a prueba los sistemas antimisiles aliados. La diferencia ahora es el mensaje explícito a los donantes: ningún escudo es impenetrable. Para Bruselas, la lectura es delicada porque parte de los arsenales transferidos —como el SAMP/T franco-italiano o los IRIS-T alemanes— son presentados como garantía de seguridad para las ciudades ucranianas. Si Rusia demuestra lo contrario, la credibilidad del paraguas europeo sufre un desgaste inmediato.

Washington observa con una mezcla de cautela y urgencia. La Administración Trump, centrada en el Indo-Pacífico, necesita que el frente ucraniano no colapse antes de un eventual alto el fuego negociado. Un hundimiento de la defensa aérea ucraniana obligaría a la OTAN a reconsiderar su implicación directa, justo lo que Trump quiere evitar.

Para España, el episodio tiene un reflejo en el flanco sur. Los puertos de Odesa son el punto de salida de grano y fertilizantes hacia el Magreb y Oriente Próximo. Cualquier interrupción prolongada de las rutas marítimas del mar Negro dispara los precios de los alimentos en el norte de África, un vector de inestabilidad que Moncloa y Rabat siguen con preocupación. Aunque el impacto inmediato es limitado —los puertos atacados sirven principalmente a la logística militar—, la amenaza sobre la infraestructura civil portuaria podría ampliarse si Moscú intensifica la campaña.

En el plano militar, la operación confirma que Rusia mantiene una reserva de misiles de precisión —Iskander, Kalibr o incluso Kinzhal— suficiente para golpear en profundidad, a pesar de las sanciones. La fábrica de drones Aerodron era un objetivo de alto valor: los UAV ucranianos han demostrado ser una de las herramientas asimétricas más eficaces contra el territorio ruso. Al neutralizar la capacidad de producción, Moscú busca reducir la amenaza de futuros ataques sobre sus ciudades.

La próxima ventana de riesgo se abre en el mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso ha insinuado que sus capacidades de largo alcance también apuntan a buques que transportan armas y material militar para el régimen de Zelensky. Una advertencia que podría materializarse en incidentes navales en las rutas de tránsito hacia Odesa, donde ya opera la Operación Aspides liderada por la UE. Estaremos atentos a los próximos partes del Estado Mayor ucraniano y a cualquier movimiento de la flota rusa en Sebastopol.

Juanma Moreno diseña un Gobierno de continuidad en Andalucía para frenar el empuje de Vox

Juanma Moreno ha diseñado un Gobierno de continuidad con un objetivo claro: frenar el empuje político de Vox en Andalucía tras el pacto de coalición que ha otorgado al partido de Santiago Abascal una vicepresidencia y varias competencias. El presidente andaluz, que presentó su nuevo ejecutivo el jueves 9 de julio, mantiene a diez de los once consejeros del anterior mandato y crea dos vicepresidencias adicionales —la primera y la tercera— para diluir el peso del recién llegado.

Lo que Vox ha conseguido en el nuevo Ejecutivo

El acuerdo entre el PP andaluz y Vox ha permitido a los de Abascal estrenarse en un gobierno autonómico con una vicepresidencia segunda y las carteras de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía, ocupa esa vicepresidencia y tendrá prelación protocolaria sobre el resto, aunque en la práctica queda subordinado a la vicepresidencia primera de Antonio Sanz, que asume la coordinación ejecutiva del gabinete.

Vox obtiene así capacidad de gestión directa en áreas sensibles como la Justicia —competencia que hasta ahora ostentaba José Antonio Nieto— y el Turismo, que abandona Arturo Bernal. Desde el partido se subraya que estas consejerías permitirán aplicar políticas de simplificación normativa y defensa del tejido productivo andaluz, en línea con su programa económico y de soberanía regional. No es un mero relleno: por primera vez, Vox tendrá voz y voto en el Consejo de Gobierno de la comunidad más poblada de España.

Cómo contrarresta Moreno la influencia de Vox

La respuesta de Juanma Moreno ha sido un diseño de gabinete que busca mantener la inercia de la legislatura anterior. Para ello, refuerza a su hombre fuerte, Antonio Sanz, que suma a la vicepresidencia primera la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias; y crea una vicepresidencia tercera para Carolina España, que conserva Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Así, el presidente dispone de dos contrapesos orgánicos frente a Gavira.

El resto del ejecutivo apenas cambia. Repiten diez consejeros, entre ellos Ramón Fernández Pacheco (Agricultura), Carmen Castillo (Educación) o Loles López (Servicios Sociales). Solo dos caras nuevas completan el equipo: Mario Muñoz, que asume Fomento y Movilidad, y Adolfina Martínez, al frente de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Moreno ha querido trasladar que el pacto con Vox “no va a sufrir ningún cambio sustancial” en su hoja de ruta y que la “vía andaluza” sigue basada en “moderación, diálogo social y respeto al adversario”, según declaró durante la presentación.

Qué implica este equilibrio para el futuro de la coalición

El reparto de poder en Andalucía contiene un equilibrio tenso. Por un lado, Vox se estrena como socio imprescindible y dispone de plataformas ministeriales con presupuesto y capacidad normativa; por otro, la estructura de vicepresidencias ideada por Moreno limita su margen de maniobra real. La vicepresidencia segunda es, en la práctica, una vicepresidencia de cuarta si se cuenta la prelación protocolaria invertida. Y, sin embargo, para Vox supone un salto cualitativo respecto a otras comunidades como Castilla y León, donde el PP le cedió solo una consejería y ningún puesto en la Mesa.

Moreno intenta diluir el peso de Vox con estructura, pero el partido de Abascal ya está dentro del corazón de la Junta.

La negociación paralela sobre el reparto de cargos en instituciones dependientes de la Junta, incluida la radiotelevisión pública, y la prometida revisión “a la baja” de todos los impuestos autonómicos serán los primeros test de esa relación. Vox exigirá avances concretos en desregulación y rebaja fiscal; el PP andaluz, fiel a su imagen moderada, tratará de contener los gestos más rupturistas. El pulso no ha hecho más que empezar.

La Guardia Civil detiene en Los Gallardos (Almería) a dos personas por no evacuar el incendio forestal

La Guardia Civil ha detenido este sábado a dos vecinos de Los Gallardos (Almería) por negarse a cumplir las órdenes de evacuación durante el incendio forestal que ha costado la vida a 12 personas y ha calcinado ya más de 6.000 hectáreas en la comarca del Levante almeriense.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha detenido a dos residentes en Los Gallardos por no seguir las indicaciones de desalojo durante el incendio forestal.
  • ¿Dónde y quién? Los hechos ocurrieron en la zona afectada por el fuego en Los Gallardos, en la provincia de Almería. Las detenciones las confirmó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, desde el Puesto de Mando Avanzado en Turre.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Las órdenes de evacuación no son recomendaciones, sino instrucciones de obligado cumplimiento. Desobedecerlas pone en riesgo vidas y puede acarrear detención, recuerdan las autoridades.

Detenidos por desobedecer las órdenes de desalojo

El incendio, originado el pasado jueves 9 de julio, avanzó con una velocidad de vértigo que alcanzó los 100 metros por minuto, convirtiendo los diseminados rurales en una trampa mortal. De las 12 víctimas mortales, cuatro fueron localizadas calcinadas dentro de un vehículo, mientras que otras ocho fallecieron tras salir de una vivienda y tomar un camino sin salida.

La mayoría de los fallecidos eran ciudadanos británicos y belgas residentes en la zona, que al parecer decidieron inicialmente permanecer en sus casas y, al ver la virulencia de las llamas, intentaron una evacuación equivocada. El ministro Félix Bolaños, en rueda de prensa desde Turre, confirmó las dos detenciones y pidió a la población que atienda todas las instrucciones de la Guardia Civil.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reiterado a lo largo de estos días que las órdenes de evacuación “no son recomendaciones ni sugerencias, sino instrucciones de obligado cumplimiento”. La propia Junta han defendido que la decisión de no activar el sistema de avisos EsAlert se tomó siguiendo criterios técnicos establecidos por los mandos del Plan INFOCA.

Los municipios refuerzan la seguridad y piden escolta para regresar a las viviendas

El Ayuntamiento de Los Gallardos ha solicitado a los vecinos que no accedan por sus propios medios a las parcelas desalojadas y que, en caso de necesitar volver para atender a sus animales, lo hagan acompañados de un agente público. La Guardia Civil mantiene acotadas las carreteras y ha establecido desvíos y rutas alternativas en la zona afectada.

Los desalojados —1.448 personas hasta la fecha— están siendo atendidos en dispositivos habilitados en los municipios de la comarca, donde reciben alimentos, agua y zonas de descanso. El alcalde de Bédar relató cómo él mismo, junto a concejales, policías locales y voluntarios, fueron “puerta a puerta” avisando a los vecinos del peligro inminente.

Las órdenes de evacuación no son un consejo: son la diferencia entre la vida y la muerte en un incendio que avanza a 100 metros por minuto.

La Guardia Civil, a través de su Comandancia de Almería, mantiene batidas constantes en las áreas ya sofocadas para descartar la presencia de nuevas víctimas. Los 12 cuerpos recuperados continúan bajo proceso de identificación forense.

La Lectura Andaluza

La tragedia de Los Gallardos vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las zonas de interfaz urbano-forestal en la Andalucía oriental. Aquí, miles de vecinos, muchos de ellos extranjeros poco familiarizados con la virulencia de los incendios mediterráneos, viven en diseminados rodeados de masa forestal. La Junta de Andalucía, a través del Plan INFOCA, despliega año tras año un operativo que moviliza a más de 4.500 efectivos, pero la conducta individual sigue siendo el factor más difícil de controlar.

Para los ciudadanos andaluces que residen en entornos similares, el mensaje es meridiano: desoír una orden de evacuación no solo pone en riesgo la propia vida, sino también la de los equipos de emergencia. Las dos detenciones practicadas en Los Gallardos marcan un precedente en la aplicación de consecuencias penales por desobediencia en un contexto de catástrofe. La propia política de la Junta, que ha defendido sus criterios técnicos frente a la polémica del EsAlert, subraya que la colaboración vecinal y el respeto a las indicaciones de los profesionales son insustituibles.

Con las batidas de rastreo aún en marcha y 1.448 personas desalojadas, la prioridad ahora es completar la identificación de las víctimas y restablecer la normalidad en los municipios afectados. El servicio 112 Andalucía mantiene activado el nivel de alerta, mientras que las comarcas del Levante almeriense se preparan para un verano que se presenta especialmente cálido. La lección es dura: en un fuego que devora 100 metros por minuto, cada minuto cuenta.

La Junta activa la alerta sanitaria por virus del Nilo en Torredonjimeno (Jaén)

La Junta de Andalucía ha activado este viernes la alerta sanitaria por virus del Nilo Occidental en Torredonjimeno (Jaén).

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, integrada en la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha declarado el área en alerta tras confirmar la presencia de mosquitos portadores del virus en una trampa de vigilancia instalada por la propia administración autonómica. La decisión se ha comunicado este mismo 11 de julio de 2026, después de los análisis rutinarios de la red de monitoreo entomológico que la Junta mantiene en toda la comunidad.

Se trata de la tercera detección de circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) este año en Andalucía. Las anteriores se produjeron en Pulpí (Almería), que también fue declarada área en alerta, y en Benacazón (Sevilla), aunque en este último caso la trampa afectada estaba a más de 1.500 metros de zonas residenciales y no fue necesario activar el nivel de alerta. El cambio de criterio en Torredonjimeno obedece a la proximidad de focos larvarios a núcleos de población.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Junta ha activado la alerta sanitaria por virus del Nilo Occidental en Torredonjimeno (Jaén) tras encontrar mosquitos portadores en una trampa oficial.
  • ¿Dónde y quién? La detección corresponde a una trampa de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en el municipio jiennense y es la tercera de la temporada en Andalucía.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Se intensificarán las tareas de vigilancia y control de mosquitos en un radio de 1,5 km, las farmacias y centros de salud reforzarán la información preventiva y el Ayuntamiento deberá ejecutar su plan municipal hasta el 7 de agosto.

Medidas de vigilancia y control local

La declaración de área en alerta implica intensificar las tres vigilancias: la entomológica (detectar mosquitos con el virus), la animal (analizar équidos y aves silvestres) y la humana (pruebas a personas con síntomas compatibles). Al mismo tiempo, se activan acciones de promoción comunitaria y se refuerza la comunicación a la ciudadanía a través de las farmacias comunitarias y los equipos de enfermería, que difundirán las medidas de protección frente al mosquito Culex.

El Ayuntamiento de Torredonjimeno deberá intensificar las actuaciones contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental. Las labores de control y tratamiento de mosquitos deben cubrir no solo el casco urbano, sino también los puntos situados a un máximo de 1,5 kilómetros que puedan actuar como focos larvarios o refugios de adultos.

La detección en Jaén, una provincia hasta ahora periférica en la circulación del virus del Nilo, confirma la expansión territorial del patógeno en la comunidad andaluza.

El plazo de la alerta se prolongará hasta el próximo 7 de agosto de 2026. Durante ese período los servicios municipales deberán incrementar la frecuencia de las fumigaciones, la eliminación de aguas estancadas y la vigilancia de imbornales y zonas verdes. La Junta de Andalucía coordinará los trabajos y facilitará el soporte técnico a través de sus delegaciones territoriales.

Sin casos humanos pero con aumento de mosquitos

Hasta el momento no se ha diagnosticado ningún caso de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía. Se han realizado estudios de laboratorio a 207 usuarios con síntomas sospechosos y despistaje de arbovirosis en 82 pacientes con meningitis víricas, todos con resultado negativo. Tampoco se ha detectado circulación del VNO en équidos ni en las 185 aves silvestres analizadas en lo que va de campaña.

Desde que comenzó el periodo de altas densidades de mosquitos, la red autonómica ha procesado 2.528 muestras en 196 trampas, resultando positivas las de Pulpí, Benacazón y ahora Torredonjimeno. Sin embargo, el informe semanal de la Consejería advierte de un incremento progresivo de las densidades de mosquitos hembras transmisoras en varias localidades. La última semana ha registrado densidad abundante en Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija; mientras que Gerena, La Carlota y Bailén presentaron densidades intermedias.

La Lectura Andaluza

Que el virus del Nilo Occidental aparezca en un municipio del interior jiennense como Torredonjimeno tras los focos costeros de Pulpí y las zonas húmedas de Sevilla dibuja un patrón de dispersión que ya se intuyó en el gran brote de 2020, cuando la comunidad registró 77 casos humanos y 8 fallecimientos, la mayoría en las provincias de Sevilla y Huelva. La diferencia ahora es que el sistema de alerta temprana de la Junta funciona con mayor anticipación: las trampas permiten detectar la circulación viral en mosquitos antes de que se produzca el salto a humanos, y la declaración de área en alerta activa automáticamente un protocolo de contención municipal que en 2020 tardó semanas en desplegarse.

Para los vecinos de Torredonjimeno, las próximas cuatro semanas serán de especial atención. La Consejería insiste en tres gestos sencillos: usar repelente, vestir ropa clara y eliminar cualquier recipiente con agua estancada en patios, jardines o terrazas. Las farmacias y los centros de salud se convierten en aliados de primera línea para resolver dudas y reforzar el mensaje preventivo. Mientras, el Ayuntamiento asume la responsabilidad directa de los tratamientos larvicidas y adulticidas en el radio de 1,5 kilómetros, con seguimiento técnico de la administración autonómica.

El horizonte más inmediato es la publicación del próximo informe semanal de la Dirección General de Salud Pública. Si las densidades de mosquitos siguen aumentando en localidades como Isla Mayor o Lebrija, no sería extraño que se declararan nuevas áreas en alerta en las próximas semanas, sobre todo de cara a septiembre, el mes históricamente más comprometido. Andalucía dispone ahora de una red de 196 trampas que cubre todas las provincias, un despliegue que no existía con esa cobertura hace apenas tres veranos y que convierte a Jaén en un termómetro más de un problema de salud pública que ya no entiende de fronteras geográficas. La detección en Torredonjimeno no es una alarma, sino la confirmación de que el sistema de vigilancia cumple su función: localizar el riesgo antes de que toque la puerta.

La UDEF insta a seguir investigando la macrocausa por presunto fraude en oposiciones de Policía en Huelva, Jaén y Cádiz

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido este viernes a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada diez oficios detallados que recogen indicios de presunto fraude en las oposiciones de la Policia Local en municipios de Granada, Jaén, Cádiz y Huelva.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La UDEF ha pedido al juzgado que traslade diez oficios con indicios de amaños en oposiciones de Policía Local a distintos partidos judiciales andaluces.
  • ¿Dónde y quién? La investigación afecta a procesos selectivos en ayuntamientos de Granada, Jaén, Cádiz y Huelva, con la participación de tres agentes apodados el «tridente».
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? El fraude habría perjudicado la igualdad en el acceso al empleo público y la limpieza de las contrataciones municipales.

La magistrada instructora requirió en marzo a los investigadores que separaran los informes por localidades, ya que la macrocausa abierta en Granada solo abarca los procesos de Granada capital, Albolote y Algarinejo. La UDEF considera que los tribunales de Santa Fe deben investigar tres exámenes: uno para cuatro plazas en el Ayuntamiento de Santa Fe, otro para una plaza en Cijuela (2023) y otro para dos plazas en Las Gabias (2022).

A Cádiz se remitirían los expedientes de una convocatoria de dos plazas en Paterna de Rivera (noviembre de 2024), mientras que al partido judicial de San Fernando se le advertiría sobre los procesos de marzo de 2024, que ofertaban doce plazas de policía local, cuatro de oficial, tres de subinspector y una de intendente.

Diez oficios que multiplican el foco de la macrocausa

En la provincia de Huelva, la Policía Nacional demanda que el partido judicial de Ayamonte continúe las pesquisas sobre una plaza de jefe de Policía Local de Cartaya (2019) y otras cuatro plazas del mismo municipio (2024). Igualmente, se pide enviar a Jaén el informe sobre tres plazas de Alcalá la Real publicadas en noviembre de 2022.

El informe relativo a dos plazas de Montefrío (2020) deberá ir al juzgado de Loja, mientras que las sospechas sobre una plaza de subinspector en Almuñécar (2023) y dos plazas en Iznalloz (2022-2023) también serán trasladadas a los tribunales competentes.

La macrocausa ha revelado la participación de tres agentes de la plantilla de la Policía Local de Granada, a los que la UDEF denomina el «tridente». Se trata de personas de confianza del exjefe de la Policía granadina en mandatos del PP, y se les vincula a un presunto grupo criminal que operaba en los procesos selectivos.

El fraude no solo buscaba favorecer a candidatos afines, sino que también manipulaba las contrataciones públicas para que un psicólogo afín se adjudicara los contratos de las pruebas psicotécnicas.

La mecánica del amaño: el psicólogo, los presupuestos filtrados y las preguntas dirigidas

El volcado del móvil de un psicólogo investigado ha sido clave para la UDEF. Los agentes apuntan a que un policía local vinculado al sindicato CSIF, que ostentó cargos a nivel andaluz, actuó como intermediario entre los ayuntamientos y el psicólogo para que éste se hiciera con los contratos de las pruebas. Supuestamente, le facilitaba las ofertas económicas de competidores, lo que le permitía rebajar a última hora su propuesta y resultar adjudicatario.

Una vez lograda la adjudicación, el psicólogo supuestamente garantizaba el aprobado de los aspirantes afines, en su mayoría familiares de miembros de la Policía Local o personas próximas a los consistorios. Los investigadores han identificado que, en algunos casos, el tribunal examinador descartaba deliberadamente las preguntas de miembros no afines para filtrar solo aquellas que favorecían al candidato señalado. Un testimonio voluntario de un vocal de tribunal en un municipio de Granada ha corroborado estas irregularidades, señalando que el presidente del tribunal rechazó las preguntas que él había redactado y que el examen práctico, elaborado sin consenso, versaba sobre una materia compleja que benefició a un opositor con vínculos en el Ayuntamiento.

La Lectura Andaluza

La investigación pone al descubierto una trama que se habría extendido por media docena de partidos judiciales y una quincena de municipios de la comunidad. La UDEF ha documentado al menos dieciséis procesos selectivos bajo sospecha, todos para plazas de carácter local pero financiados con fondos públicos de los ayuntamientos. El alcance geográfico —desde la costa de Almuñécar hasta la serranía de Alcalá la Real, y desde el litoral de Ayamonte hasta la campiña de Montefrío— dibuja un mapa de presunta irregularidad que trasciende lo puntual y afecta a la percepción ciudadana sobre la igualdad de oportunidades en el empleo público.

Para los andaluces que se preparan durante meses para unas oposiciones, conocer que las piezas del proceso pudieron estar amañadas erosiona la confianza en las instituciones. La Junta de Andalucía, aunque no es la convocante directa de estos puestos de la Policía Local, tiene competencias en la coordinación de las policías locales y en la formación de los agentes, por lo que la investigación podría impulsar una revisión de los protocolos de control en la contratación de tribunales y en la selección de los evaluadores psicotécnicos. El Parlamento de Andalucía ha acogido ya varias preguntas de la oposición sobre este caso, y cabe esperar que la comisión parlamentaria de Gobernación reclame explicaciones en el próximo periodo de sesiones. Mientras tanto, los juzgados granadinos y los de las otras tres provincias implicadas se preparan para asumir la fase de instrucción que la UDEF considera indispensable para depurar responsabilidades penales.

La Eurocámara posterga el ‘chat control UE’ mientras el trílogo se estanca por la polémica del espionaje

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo ha dejado pasar una prórroga de la normativa temporal de ‘chat control’ hasta 2028, que mantiene la detección de abuso infantil en plataformas digitales, pero excluye las comunicaciones cifradas de extremo a extremo.
  • ¿Quién está detrás? La Comisión Europea propuso la extensión; el Consejo (con presidencia irlandesa) impulsó un texto sin cambios; la Eurocámara, en una segunda lectura, no logró la mayoría para rechazarlo, por lo que queda aprobado automáticamente.
  • ¿Qué impacto tiene? Mientras tanto, la ley definitiva CSAR sigue estancada en los trílogos. El debate sobre el espionaje masivo de las comunicaciones privadas retrasa cualquier avance y mantiene la incertidumbre para plataformas y usuarios en España.

El futuro chat control europeo sigue varado. La Eurocámara ha esquivado esta semana, con un giro de procedimiento inesperado para muchos, el debate sustancial sobre la polémica ley de vigilancia de comunicaciones. Los eurodiputados no han aprobado —ni rechazado— la norma definitiva, pero han permitido que siga viva una prórroga del régimen transitorio hasta 2028, aplazando así la gran batalla sobre el escaneo masivo de mensajes que enfrenta a las capitales desde hace cuatro años.

Lo que realmente se votó esta semana (y lo que no)

Conviene aclararlo desde el primer párrafo: la Eurocámara no se ha pronunciado sobre la propuesta de Reglamento CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), el conocido como chat control 2.0. Ese texto, que la Comisión Europea presentó en 2022 con la intención de obligar a las plataformas digitales a escanear las comunicaciones —incluidas las cifradas de extremo a extremo—, está atascado desde hace meses en los trílogos, las negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión.

Lo que sí se ha votado, y ha quedado aprobado por la vía de los hechos, es la prolongación de un mecanismo provisional, el chat control 1.0, que nació en 2021 como una derogación temporal de las normas de privacidad electrónica para que las autoridades pudieran detectar material de abuso infantil en los servicios de mensajería. Aquel régimen puente expiraba y Bruselas propuso extenderlo cuatro años más. La tramitación, en principio rutinaria, se enredó cuando un sector de la Eurocámara quiso aprovechar la prórroga para limitar el alcance del escaneo.

El Pleno de finales de marzo ya había tumbado en primera lectura un texto que contenía enmiendas favorables a la privacidad. Esta semana, en segunda lectura, la historia se repitió: los eurodiputados volvieron a votar en contra de su propia versión enmendada. Pero, a diferencia de entonces, ahora el Consejo ya tenía una posición firme y muy distinta. La consecuencia es que, según el procedimiento de codecisión, al no alcanzarse una mayoría absoluta en contra del único texto sobre la mesa —el del Consejo—, éste queda automáticamente aprobado.

Así, el régimen que hasta ahora permitía rastrear comunicaciones no cifradas se mantendrá hasta 2028, pero con una salvaguardia crucial introducida en los debates: las comunicaciones cifradas de extremo a extremo, como las de WhatsApp y Signal, quedan expresamente excluidas del rastreo. Un matiz que, según fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com, fue determinante para que muchos eurodiputados críticos con el espionaje masivo no movilizaran el voto en contra.

El trílogo del CSAR sigue bloqueado por la sombra del espionaje masivo

Mientras la prórroga técnica seguía su curso atropellado, la negociación del reglamento definitivo lleva meses en punto muerto. Los trílogos no han superado el principal escollo: si la futura ley podrá obligar a las plataformas a romper el cifrado de extremo a extremo. La posición del Parlamento, liderada por los socialdemócratas y los liberales, es un rechazo frontal. El Consejo, bajo la actual presidencia irlandesa, arrastraba una propuesta muy ambiciosa que la anterior presidencia danesa había impulsado con el respaldo de la Comisión.

Sin embargo, una minoría de Estados miembros, entre los que se encuentran Alemania, Países Bajos y, según fuentes diplomáticas, también España, han frenado ese maximalismo. Su argumento: el rastreo generalizado de comunicaciones privadas equivale a una vigilancia masiva incompatible con el derecho fundamental a la privacidad que consagra la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Esta fractura en el seno del Consejo ha hecho imposible cerrar un mandato de negociación que pueda sentarse a hablar con el Parlamento en un trílogo efectivo.

La paradoja es mayúscula: la Eurocámara rechazó su propio texto para aceptar el del Consejo sin querer aceptarlo, y el resultado mantiene el statu quo otros cuatro años.

La incógnita ahora es si antes de 2028 los colegisladores serán capaces de alumbrar una norma definitiva. Si no lo hacen, los Veintisiete se enfrentarían a un vacío legal el día que expire la prórroga, lo que obligaría a negociar una nueva extensión de urgencia o a dejar la detección de abusos exclusivamente en manos de sistemas voluntarios de las plataformas.

El Eje del Poder Europeo

El estancamiento del chat control es, en realidad, un termómetro de las tensiones entre los grandes bloques de la Unión en materia de derechos digitales. Por un lado, el eje franco-alemán —con París y Berlín tradicionalmente más favorables a dotar a las autoridades de herramientas de vigilancia— se ha visto contenido por las posiciones más garantistas de los frugales del norte (Países Bajos, Dinamarca, Suecia) y por el activismo de eurodiputados que ven en el cifrado una línea roja infranqueable.

Para España, este debate tiene un eco particular. La penetración de WhatsApp ronda el 90% entre los usuarios de móvil, y un escaneo obligatorio de los mensajes habría supuesto un vuelco en la confianza digital de millones de ciudadanos. Organizaciones de defensa de los derechos civiles, como la Asociación de Internautas y redes como Xnet, llevan meses alertando del riesgo de que el reglamento CSAR normalice el espionaje masivo. El Gobierno español, que heredó una posición ambigua de legislaturas anteriores, ha optado por una línea de prudencia: apoya la lucha contra el abuso infantil pero rechaza, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, cualquier mecanismo que debilite el cifrado.

La lectura a medio plazo es preocupante para la seguridad jurídica de las plataformas. Si el CSAR no se aprueba antes de 2028, la UE quedará con un régimen transitorio permanentemente prorrogado y sin un marco claro de obligaciones. Las tecnológicas estadounidenses —Meta, Apple, Google— ya han tomado posiciones: prefieren un reglamento definitivo que les dé certezas antes que un parche que puede mutar cada cuatro años. Y mientras, el reloj del trílogo sigue corriendo hacia ninguna parte.

La próxima ventana de oportunidad se abrirá tras el verano, cuando la presidencia del Consejo pase a manos de un nuevo Estado miembro. Fuentes diplomáticas consultadas por Moncloa.com apuntan a que se intentará un último acercamiento en otoño. Si fracasa, el chat control seguirá siendo el eterno proyecto de ley que nunca llega.