Fernández Enguita propone transformar la organización escolar con hiperaulas, codocencia y flexibilización del aula

La organización escolar sigue anclada en aulas cerradas, horarios rígidos y grupos homogéneos, según el sociólogo Mariano Fernández Enguita.

El catedrático emérito y profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid plantea, en una entrevista publicada por EDUCACIÓN 3.0, que el problema no es de recursos, sino de diseño. La escuela mantiene el modelo que él llama 1x1x1: un docente, un grupo, un aula.

Ese esquema se ideó en el siglo XVII a imagen de la imprenta: grupos de la misma edad, ritmo único, programas idénticos y maestros formados para reproducir la misma clase. Nació para escolarizar a pocos y cribar a muchos. Hoy, en cambio, el sistema atiende a casi todos los menores de entre 10 y 15 años y a más de la mitad hasta los 20, una carga para la que no fue calculado.

¿Por qué se mantiene? Enguita apunta a la propia biografía del profesorado, educado en ese formato, y a un incentivo profesional: la autonomía de ser el único adulto en el aula. Añade que sin trabajo colaborativo, el claustro genera más fricción que solidaridad, y que resulta más fácil pedir menos alumnos por clase que imaginar otra organización.

El modelo 1x1x1: por qué la escuela arrastra un diseño del siglo XVII

La propuesta del sociólogo se apoya en cuatro capas tecnológicas que hoy son posibles en cualquier centro. La primera es un conjunto de propiedades que él agrupa bajo el nombre de hiperaula, y que no designa un edificio nuevo ni una obra faraónica. La segunda es el hiperespacio: superficies diáfanas, mobiliario móvil y no anclado al suelo, de modo que el mismo recinto admita una lección frontal, un trabajo colectivo o una proyección en grupos pequeños.

hiperaulas

La tercera capa es la hiperrealidad, la riqueza de representaciones y simulaciones que va de las maquetas a la realidad virtual. La cuarta, el hiperaprendizaje: herramientas que registran el avance del alumno y monitores virtuales que ajustan contenidos y ritmos. Enguita reconoce que esta última está «en pañales», pero sitúa la inteligencia artificial conversacional como la vía para desarrollarla, siempre bajo control docente.

La escuela mantiene un corsé organizativo diseñado hace cuatro o cinco siglos, y son los centros, con sus proyectos, quienes deben romperlo, según Fernández Enguita.

La otra pieza es la codocencia: dos o más docentes compartiendo grupo, de forma continuada o temporal, en la misma materia o de manera interdisciplinar. Su objetivo declarado es acabar con la soledad del profesor en el aula y hacer viable la atención a un alumnado diverso. El sociólogo advierte, eso sí, de que la colaboración docente no se decreta: exige tiempo, formación y experiencia compartida.

La flexibilización alcanza también al tiempo y a los agrupamientos. Enguita propone abandonar el horario tipo parrilla, dar más autonomía a los equipos de área, curso o etapa, y combinar grupos lineales, equipos pequeños y trabajo individual según la actividad. Todo ello se concreta en el proyecto de centro, el documento que cada colegio o instituto elabora y que fija espacios, medios, horarios y agrupamientos.

A quién afecta: alumnado, profesorado y equipos directivos

El impacto recae sobre tres colectivos, según esta propuesta. El alumnado dejaría de estar asignado a un grupo fijo durante toda la jornada; el profesorado vería alteradas su jornada, su espacio de trabajo y su forma de evaluar; y los equipos directivos asumirían más margen para decidir cómo se organiza el centro. La propuesta se mueve en el terreno de la autonomía de cada centro, no en el de una norma estatal de obligado cumplimiento.

Enguita sitúa el cambio en las estructuras intermedias —centros, equipos y direcciones— antes que en una gran reforma desde arriba. A la administración le corresponde, según su planteamiento, facilitar y sostener ese margen; al profesorado, comprometerse con él. La formacion inicial y permanente del profesorado aparece en la entrevista como el principal cuello de botella para llevarlo a la práctica.

El Marco Educativo

La organización de aulas, horarios y agrupamientos no depende de un real decreto específico, sino del margen que la ley concede a los centros. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica de Educación) mantiene el artículo 120 de la LOE, que reconoce la autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros, y el artículo 121, que regula el proyecto educativo.

Las posiciones divergen. Los sindicatos docentes han situado la reducción de ratios en el centro de sus reivindicaciones, una vía que Enguita considera más de lo mismo frente a una reorganización de fondo. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte fija las enseñanzas mínimas, y las comunidades autónomas ordenan sus centros y desarrollan los currículos. El propio sociólogo insiste en que ninguna de estas fórmulas exige una reforma legal previa: basta con levantar restricciones materiales y tecnológicas.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: Fernández Enguita propone reorganizar la escuela con hiperaulas, codocencia y horarios flexibles, sin necesidad de cambiar la ley.
  • Por qué importa: El marco vigente —la LOMLOE y los artículos 120 y 121 de la LOE— ya permite a los centros decidir espacios, tiempos y agrupamientos.
  • A quién le importa: A docentes y equipos directivos de los centros no universitarios, y a las familias del alumnado de enseñanzas obligatorias y postobligatorias.

Trump abre en Miami las negociaciones con Ucrania y la OTAN para la ‘preparación invernal’

Las negociaciones de Ucrania en Miami han arrancado con Witkoff y Kushner al mando y con Moscú como destinatario real. Durante dos jornadas, los enviados de Trump han sentado en la misma sala a Kiev, a la Comisión Europea, a la OTAN y a los asesores de seguridad nacional de Londres, París y Berlín para hablar de la preparación invernal: resiliencia energética y exportaciones de cereal. El comunicado es amable. La arquitectura, no.

Quién se sienta en la mesa de Miami y quién no tiene silla

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, calificó la primera jornada de ‘constructiva’ en un mensaje publicado en X el viernes 9 de octubre. Su texto enumera los asuntos sobre la mesa: garantías de seguridad para Kiev, reconstrucción posbélica, adhesión futura a la Unión Europea, y un paquete de medidas inmediatas para atravesar el invierno. Lo que no aparece es un solo compromiso verificable. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.

La composición de las delegaciones revela el reparto real de poder. Estados Unidos acude con Witkoff y con Jared Kushner, el yerno presidencial reciclado en comisionado para los expedientes que la Casa Blanca no quiere tramitar por la vía diplomática ordinaria. Ucrania envía a Kirilo Budanov, jefe de la Oficina del Presidente, a Rustem Umerov, al frente del servicio de inteligencia exterior, y a David Arakhamia, que en 2022 encabezó la delegación ucraniana en las conversaciones de Estambul.

Hay más nombres y el orden importa. De Bruselas viaja Björn Seibert, jefe de gabinete de Ursula von der Leyen. La OTAN se sienta con Geoffrey van Leeuwen, hombre de confianza de Mark Rutte. Los tres gobiernos europeos que más armamento han entregado a Kiev —Londres, París y Berlín— comparecen a través de sus asesores de seguridad nacional, no de sus ministros de Exteriores. Nadie firmó nada. Moscú no está en la sala: espera en Moscú.

La llamada de 90 minutos que decide de verdad

Mientras Witkoff hablaba de ‘paz duradera’ en Florida, Trump y Putin mantenían el viernes una conversación telefónica de 90 minutos en la que abordaron Ucrania, Irán y un acuerdo para reanudar los suministros de diésel ruso a Estados Unidos y a los mercados internacionales. La versión la firma el Kremlin, a través del asesor Yuri Ushakov, según el cual el presidente estadounidense prometió trasladar la posición rusa a la delegación ucraniana reunida en Miami.

La secuencia tiene una lógica que Bruselas no puede permitirse ignorar: Washington negocia con Kiev en una sala y con Moscú en otra, y la segunda conversación condiciona la primera. Trump lleva meses presionando a Zelenski para que detenga los ataques contra las refinerías rusas, a las que atribuye el encarecimiento del diésel y el alza del combustible para el votante estadounidense. El calendario no es casual: las legislativas del 3 de noviembre están a tres semanas.

Lo que se está negociando en Miami no es la paz, sino el precio del diésel, el cereal y el invierno de un continente que no está sentado a la mesa.

Zelenski respondió con una dureza inusual hacia su principal socio. Calificó el entendimiento energético con Moscú de ‘decisión débil de socios fuertes’ y acusó a Washington de usar la cita de Miami como ‘cortina de humo’ mientras pacta con Putin a espaldas de Kiev. La frase, difundida por medios rusos, describe el problema de fondo mejor que cualquier comunicado conjunto.

Fuentes estadounidenses citadas por Axios apuntan a que Witkoff y Kushner viajarán a Moscú a finales de este mes con nuevas ideas para romper el bloqueo. Entre ellas figura un alto el fuego parcial limitado a la infraestructura energética. El invierno no espera.

Equilibrio de Poder

Lo que se está construyendo en Miami es un método, no un acuerdo. Washington ha decidido que el expediente ucraniano se gestiona en canal bilateral con el Kremlin y se comunica después a los aliados. Moscú acepta encantado ese formato: recupera el estatus de interlocutor indispensable y negocia sin prisa mientras conserva el terreno ocupado. Bruselas asiste con presencia testimonial. La administración Trump tampoco oculta su lógica: prioridad al Indo-Pacífico, coste cero en Ucrania y precios bajos de la energía en casa.

El precedente útil no es la crisis de los misiles, sino Minsk II. Aquel acuerdo de febrero de 2015 se firmó con el frente desmoronándose en Debáltseve y con una Europa ansiosa por cerrar el año sin sobresaltos energéticos. Normalizó un conflicto congelado durante siete años y permitió a Moscú rearmarse y consolidar lo ocupado. El formato de Miami no se parece al de Minsk: no hay firmantes, ni texto, ni OSCE. La función, en cambio, es idéntica.

Para España, el expediente es menos abstracto de lo que parece. El diésel mueve la economía española más que la gasolina y su precio de referencia se fija en los hubs del norte de Europa, de modo que cualquier movimiento del mercado global tiene traducción directa en los surtidores. Eso sí: mientras siga vigente la prohibición europea de importar diésel ruso, un pacto Washington-Moscú no llegará a las estaciones de servicio españolas.

El segundo canal es el cereal. España importa maíz y piensos del Mar Negro, y la Iniciativa de Granos del Mar Negro, enterrada por Rusia en 2023, demostró lo rápido que una ruptura de suministro se traslada al precio de la carne y del pienso. El tercero es el gas: España concentra la mayor capacidad de regasificación de la Unión y un invierno duro vuelve a tensar el mercado eléctrico y la factura industrial.

Hay una derivada más que en Moncloa se sigue con atención. Cada minuto que Washington dedica al expediente ucraniano es un minuto que no dedica al Sahel, donde el repliegue occidental ha dejado campo libre a actores rusos y a un yihadismo sin cortafuegos. La frontera sur española —Marruecos, Argelia, el Sáhara y el corredor saheliano— es sensible a ese vacío. Si el formato de Miami se institucionaliza, Europa tendrá que financiar su propia seguridad sin decidir la agenda.

Conviene reconocer el punto débil de esta lectura. El entendimiento sobre el diésel puede ser mucho menos sólido de lo que sugiere la versión del Kremlin, interesada en presentar a Putin como socio indispensable de la Casa Blanca. No hay texto público ni confirmación detallada por parte estadounidense. Lo prudente es tratar Miami como lo que es: una mesa de preparativos donde se decide si el frente se congela antes de las primeras heladas. La próxima prueba no será en Florida, sino en Moscú, a finales de este mes.

La Audiencia Provincial de Pontevedra fija la indemnización por apropiación indebida en la cuantía probada

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena por apropiación indebida y fija la indemnización en la cuantía probada, no en la reclamada. La sentencia 239/2026, de 23 de septiembre, impone un año y nueve meses de prisión y limita la responsabilidad civil a 12.565 euros.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena por delito continuado de apropiación indebida con la sentencia 239/2026, de 23 de septiembre, y fija la indemnización en 12.565 euros.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Artículos 253.1, 248 y 74 del Código Penal; rechaza el subtipo agravado del artículo 250.1.6.º y aprecia la atenuante simple del artículo 21.5.
  • ¿Qué impacto tiene? Consolida que la confesión del acusado no exime a la acusación de probar la cuantía del perjuicio; el resto del importe queda fuera de la condena.

Los antecedentes: ocho años de cobros y una revisión interna

El acusado, identificado en la resolución como Arcadio, trabajó como comercial y repartidor de Toycosur entre mayo de 2016 y marzo de 2024. Entregaba mercancía y, en determinadas operaciones, cobraba directamente a los clientes, una práctica habitual en la compañía.

Tras detectar irregularidades, la empresa abrió una revisión interna. El representante legal sostuvo que el trabajador reconoció primero una deuda cercana a los 36.000 euros, recalculada después hasta los 40.123,85. El comercial admitió la apropiación en el juicio, pero situó en 12.565 euros la cantidad realmente retenida, alegó dificultades personales y afirmó haber buscado un acuerdo. Toycosur lo despidió y presentó querella.

La pieza central de la acusación era el escrito manuscrito del 12 de febrero de 2024. Un perito calígrafo confirmó su autoría y firma, pero el tribunal le restó valor determinante porque el propio texto dejaba la cifra pendiente de una revisión posterior. No quedó acreditado quién propuso el importe del papel.

El fallo: 12.565 euros probados frente a 40.123,85 reclamados

Audiencia Provincial Pontevedra

El resto de la prueba documental presentaba defectos de base. Numerosas facturas proforma atribuían la venta a otro comercial, Hugo, incorporado después del despido del acusado. El representante de la empresa lo atribuyó al sistema informático, que reimprime el comercial vigente en ese momento, y admitió que los originales, con el vendedor real, podían recuperarse del archivo. Nunca se aportaron.

Tampoco se presentaron albaranes ni prueba contable o pericial del perjuicio total. Los clientes que testificaron no confirmaron entregas al acusado por las cantidades reflejadas. La única cantidad acreditada asciende a 12.565 euros, y la carga de probar una cifra superior correspondía a la acusación.

El tribunal fija la indemnización en la cuantía probada: la confesión del acusado no libera a la acusación de acreditar el perjuicio reclamado.

El Ministerio Fiscal había pedido tres años y seis meses de prisión al apreciar el subtipo agravado del artículo 250.1.6.º del Código Penal. La Sala lo rechaza: estar autorizado para cobrar a los clientes no demuestra por sí solo una confianza especial. La STS 146/2023 exige un plus de deslealtad más allá del que ya integra toda apropiación indebida.

No era el único comercial que cobraba en efectivo ni ocupaba un puesto singular. La calificación final es la de delito continuado de apropiación indebida del artículo 253.1, en relación con los artículos 248 y 74, sin agravante.

El 29 de junio de 2026, vispera de la vista oral, consignó judicialmente 5.950 euros. Su defensa pidió la atenuante muy cualificada de reparación del daño. El tribunal apreció la atenuante del artículo 21.5 solo en su forma simple: lo consignado no alcanzaba la mitad de lo probado y no se acreditó un esfuerzo económico extraordinario. La pena queda en un año y nueve meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

La Doctrina del Tribunal

La resolución no introduce un giro doctrinal, pero reactualiza un principio procesal de aplicación cotidiana: la prueba del delito y la prueba de la cuantía son exigencias autónomas. La confesión del acusado, incluso documentada y ratificada por perito calígrafo, no releva a la acusación de acreditar el importe exacto cuando el propio documento remite a una revisión ulterior.

En agravantes, la Sala aplica la STS 146/2023 y descarta que el cobro en efectivo implique por sí mismo el abuso del artículo 250.1.6.º. La relación laboral ordinaria y la pluralidad de comerciales con idénticas funciones excluyen la posición singular que la agravante requiere.

Respecto a la reparación del daño, reitera que la atenuante del artículo 21.5 exige proporcionalidad entre lo consignado y el perjuicio. La consignación de 5.950 euros queda por debajo de la mitad del importe probado.

El impacto práctico recae sobre las acusaciones que cuantifican el perjuicio sin soporte contable. Las facturas proforma reimpresas, los albaranes no aportados o las testificales no confirmatorias no sostienen la cifra reclamada. El criterio es trasladable a cualquier procedimiento por apropiación indebida con pluralidad de operaciones. La sentencia no es firme y cabe apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Galicia, pendiente de publicación en el CENDOJ.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Procedimiento penal por delito continuado de apropiación indebida contra un comercial de Toycosur, S.L., por retención de cobros en metálico a clientes entre 2016 y 2024.
  • Datos importantes: Sentencia 239/2026, de 23 de septiembre; artículos 253.1, 248 y 74 del Código Penal; pena de un año y nueve meses de prisión; indemnización de 12.565 euros; sin voto particular reseñado.
  • Fecha de los juicios: Vista oral en junio de 2026; consignación judicial el 29 de junio de 2026; sentencia de 23 de septiembre de 2026; pendiente de publicación en el CENDOJ.
  • Personas acusadas y por qué: Un antiguo comercial, identificado en la resolución como Arcadio, por apropiación indebida de cobros realizados a clientes.

Los eurodiputados que quieren blindar 93.000 millones para la PAC: claves del presupuesto PAC 2027

Un grupo de eurodiputados ha presentado una propuesta para blindar 93.000 millones de euros adicionales destinados a la próxima PAC (Política Agraria Común, el sistema de ayudas al campo financiado por la Unión Europea). La iniciativa se ha remitido por carta a la Comisión y al Consejo antes de que arranquen las negociaciones del presupuesto comunitario, con el presupuesto PAC 2027 como telón de fondo. El objetivo declarado es evitar que el apoyo al sector agrario se recorte en el próximo periodo.

La propuesta parte de dos mecanismos de financiación ya existentes que, según sus impulsores, permitirían mantener el nivel actual de apoyo agrícola sin crear nuevas fuentes de ingresos comunitarios. El eurodiputado irlandés Barry Cowen firma la iniciativa junto al resto de representantes de Fianna Fáil y Fine Gael, además del independiente Michael McNamara. El texto se ha trasladado por escrito a las principales instituciones de la Unión.

Las dos vías para sumar 93.000 millones

El primer mecanismo pasa por adelantar y blindar íntegramente para la agricultura unos 45.000 millones de euros procedentes de los ajustes de la revisión intermedia. En la práctica, se trata de dinero ya previsto que se reservaría en su totalidad para el sector primario antes de que pueda desviarse a otras partidas.

El segundo consiste en asegurar dentro del marco de la PAC otros 48.000 millones de euros reservados al desarrollo rural en los planes nacionales y regionales de asociación que Bruselas ha propuesto. Ambos bloques suman los 93.000 millones que los firmantes quieren blindar.

  • Primera vía: 45.000 millones de euros de la revisión intermedia, adelantados y reservados para el sector agrario.
  • Segunda vía: 48.000 millones de euros de desarrollo rural, retenidos dentro del marco de la PAC.
  • Destinatarios: agricultores y ganaderos de toda la Unión Europea que dependen de las ayudas directas.

La carta va dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, António Costa; al comisario de Presupuesto, Piotr Serafin, y al comisario de Agricultura, Christophe Hansen. En ella se detalla una ruta para proteger la financiación agraria europea sin necesidad de activar de inmediato nuevos ingresos comunitarios.

Qué ofrece Bruselas y por qué lo consideran insuficiente

La propuesta inicial de la Comisión garantiza unos 294.000 millones de euros de apoyo a la renta de los agricultores dentro de la PAC, una cifra que queda por debajo de las ambiciones del Parlamento Europeo para el próximo periodo. Esa distancia entre lo que plantea Bruselas y lo que reclaman los eurodiputados está en el origen de la iniciativa. La Comisión mantiene publicados los detalles de la política en su web de Agricultura.

La diferencia entre los 294.000 millones que propone Bruselas y las ambiciones del Parlamento marca el pulso de la próxima PAC.

Barry Cowen ha defendido que blindar esos 93.000 millones ‘no es el final de la ambición’ de la coalición y ha subrayado que los agricultores ‘necesitan un presupuesto debidamente financiado y un plan que pueda ejecutarse de verdad’. El eurodiputado ha emplazado a quienes discrepen a presentar una alternativa igual de concreta.

A quién afecta en el campo español y qué está en juego

La decisión sobre estas cifras condicionará el volumen de ayudas agrarias europeas que llegarán a España en el próximo marco financiero plurianual (el presupuesto de la Unión Europea para un periodo de varios años). En las comarcas más despobladas, las ayudas directas sostienen buena parte de la actividad agraria y de la renta de las explotaciones familiares.

El calendario de la negociación marcará cuándo se concreta el reparto. Los firmantes quieren que las cifras queden fijadas antes de que el debate presupuestario entre en su fase decisiva. Si el blindaje no prospera, el marco que salga adelante tendría menos margen para el sector primario que el que reclama el Parlamento.

🌾 Ficha de la medida

  • Organismo responsable: Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo en la negociación del marco financiero plurianual.
  • Normativa o convocatoria: Propuesta de blindaje de 93.000 millones de euros para la próxima PAC.
  • A quién afecta: Agricultores y ganaderos de la Unión Europea, incluidos los españoles.
  • Cuantía / Plazo: 93.000 millones adicionales: 45.000 millones de la revisión intermedia y 48.000 millones de desarrollo rural.
  • Estado: En trámite. Propuesta remitida por carta a la Comisión y al Consejo.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: Un grupo de eurodiputados pide blindar 93.000 millones adicionales para la próxima PAC antes de las negociaciones del presupuesto europeo.
  • 👥 A quién afecta: A agricultores y ganaderos de toda la UE, y en especial a las explotaciones que dependen de las ayudas directas.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: El nivel de apoyo al campo dependerá de si se acepta el blindaje o se mantiene la propuesta inicial de Bruselas.

Sánchez llama a urnas llenas el 29-N: ‘perro sin amo’ frente al miedo de PP y Vox al voto por correo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Pedro Sánchez ha abierto la precampaña de las elecciones generales del 29-N en el auditorio Los del Río de Dos Hermanas (Sevilla), ante más de 5.000 personas según la organización.
  • ¿Quién está detrás? El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, arropado por la vicesecretaria general, María Jesús Montero; la secretaria de Organización federal, Rebeca Torró, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
  • ¿Qué impacto tiene? Ferraz coloca la defensa del voto por correo y la réplica a los bulos de PP y Vox en el centro de su relato de precampaña, con Andalucía como primer escaparate.

Pedro Sánchez ha arrancado este sábado la precampaña del 29-N reivindicándose como ‘un perro que no tiene amo’ y llamando a llenar las urnas frente a los bulos de PP y Vox sobre el voto por correo.

El primer gran acto de campaña de los socialistas se ha celebrado en el auditorio Los del Río, en el tradicional feudo socialista de Dos Hermanas (Sevilla), con más de 5.000 asistentes según la organización. La elección del escenario no es casual: Andalucía es la federación más numerosa del PSOE y el punto de partida de una precampaña que se prolongará hasta el 29 de noviembre.

Un líder sin amo y la fábula de Pedro y el lobo

El secretario general del PSOE ha construido su intervención sobre una idea sencilla: se ha definido como ‘un perro que no tiene amo’ y ha añadido que, si sirve ‘a alguien, es a la gente de a pie. La formulación resume el argumentario con el que Ferraz quiere recorrer los próximos dos meses. Frente a quienes, a su juicio, gobiernan para unos pocos, el PSOE se presenta como el partido que sostiene el Estado del bienestar, las pensiones y los salarios de la mayoría.

Sánchez ha augurado que el PSOE va a ganar las generales y que podrá seguir gobernando ‘cuatro años más para la gente de a pie’. Lo ha dicho ante una militancia entregada, en la que la mayoría de los asistentes coreaban su nombre, con María Jesús Montero como principal aval sobre el escenario.

El líder socialista ha criticado la ‘fábula de Pedro y el lobo’ que, a su entender, difunden contra él dirigentes del PP y de Vox, y ha atribuido sus advertencias sobre el voto por correo a una razón concreta: ‘tienen miedo a perder’ porque ‘efectivamente, van a perder las elecciones’.

La batalla del voto por correo ya no es técnica: quien siembra dudas sobre las urnas busca restar participación antes de que se cuente un solo voto.

Sobre el voto por correo, Sánchez ha sido tajante: PP y Vox difunden ‘mentiras’ y ‘bulos’ porque saben que una participación alta les perjudica. ‘Estos de que el que pueda hacer, que haga, ahora son los de cuantos menos voten, mejor’, ha advertido, antes de pedir a los suyos que no dejen ni una papeleta sin depositar el 29 de noviembre.

El voto por correo y el miedo de la derecha a las urnas llenas

Pedro Sánchez perro sin amo

El sistema del voto por correo está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y se gestiona a través de Correos y de la Oficina del Censo Electoral, con la Junta Electoral Central como árbitro. Los socialistas han puesto el foco en en la defensa de ese procedimiento después de varias semanas de mensajes que cuestionan su fiabilidad sin aportar prueba alguna.

En vivienda, Sánchez ha acusado a la derecha de enfrentar a pequeños propietarios e inquilinos para no mirar ‘a los aticazos y a los fondos buitre’. Es el mismo eje que el PSOE ha desplegado en el Congreso y en los territorios donde gobierna: limitar los precios en zonas tensionadas, movilizar suelo público y perseguir la compra especulativa de bloques de vivienda.

Antes que Sánchez intervinieron la propia Montero y el secretario de Organización del PSOE de Andalucía y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez. Entre los asistentes figuraban la secretaria de Organización federal, Rebeca Torró; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández.

El Eje del Poder Socialista

La lectura interna que se hace en Ferraz es que el acto de Dos Hermanas marca el tono de toda la precampaña. Montero ejerce de bisagra entre la dirección federal y la federación andaluza, Rebeca Torró tiene encomendada la maquinaria de movilización y el Grupo Parlamentario Socialista preparará el terreno para que el relato de campaña llegue con respaldo normativo. Con Sumar y los socios de investidura, el partido mantiene abierta la negociación de los últimos flecos legislativos.

En el plano territorial, el 29-N se juega en clave de gestión. Los gobiernos autonómicos socialistas —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Cataluña a través del PSC— han convertido la sanidad, la vivienda y la financiación en su argumento de contraste, mientras los grandes ayuntamientos socialistas se erigen en primera línea de la movilización del voto por correo. Para pensionistas, dependientes y familias con hijos, la cita de noviembre tiene consecuencias directas sobre el marco presupuestario de los próximos años.

El riesgo inmediato está en el calendario. Una precampaña de siete semanas da margen a que los bulos sobre el voto por correo se instalen, y la respuesta institucional tendrá que ser quirúrgica. Los precedentes no invitan al optimismo: en la campaña de las generales de julio de 2023 el sistema ya fue objeto de disputa partidista y la desconfianza no se disipó del todo. El próximo hito será el arranque oficial de la campaña, previsiblemente a mediados de noviembre, y la constitución de las juntas electorales.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: ‘Urnas llenas’: cada voto por correo es un derecho garantizado y la mejor respuesta a los bulos de la derecha.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (secretario general del PSOE y presidente del Gobierno), arropado por María Jesús Montero (vicesecretaria general y secretaria general del PSOE-A).
  • Próximo hito: El arranque oficial de la campaña electoral, previsiblemente a mediados de noviembre, y el refuerzo del dispositivo de Correos para el 29-N.

ASAJA-Sevilla denunciará los precios de la aceituna de mesa bajo costes: qué exige y a quién señala

ASAJA-Sevilla presentará denuncias ante la Junta de Andalucía y el Gobierno central por las ofertas de aceituna de mesa bajo coste. La organización agraria trasladará en los próximos días a la administración autonómica y a la central un conjunto de operaciones comerciales que, a su juicio, podrían incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, además de las normativas de competencia y de etiquetado. Lo hace en una campaña que la propia entidad califica de catastrófica y ruinosa para los productores.

Las operaciones detectadas incluyen ofertas por debajo de los costes de producción, según la denuncia que prepara la organización. El escrito se registrará una vez cerrada la documentación que acompaña a cada operación, sin que la entidad haya, concretado la fecha exacta.

Qué denuncia ASAJA-Sevilla y ante quién la presenta

El escrito se dirigirá a dos administraciones distintas. Por un lado, a la Junta de Andalucía, competente en materia agraria y en el control comercial dentro de la comunidad. Por otro, al Gobierno central, a través de los organismos que vigilan la cadena alimentaria y la competencia en el conjunto del país.

Según ha trasladado la organización, la denuncia se apoya en tres frentes normativos:

  • La Ley de la Cadena Alimentaria, por la posible venta por debajo de los costes de producción.
  • Las normas de competencia, por el efecto que esas ofertas pueden tener sobre el resto de operadores del sector.
  • Las reglas de etiquetado, en los aspectos que la organización considera que también deben revisarse.

La denuncia no se ha registrado todavía. La organización ultima el expediente con la documentación de las operaciones detectadas y prevé presentarlo ante las dos administraciones en los próximos días.

Una denuncia no es una sanción: abre la vía para que la administración compruebe si esas ofertas llegaron a venderse por debajo del coste.

Qué dice la Ley de la Cadena Alimentaria sobre vender por debajo de costes

La Ley de la Cadena Alimentaria (la norma que prohíbe vender alimentos por debajo del coste de producción) es el eje jurídico de la denuncia. El texto completo puede consultarse en el BOE, y establece la obligación de que cada eslabón de la cadena cubra sus costes, además de un régimen de infracciones y sanciones para quien incumple esa regla.

La vigilancia corresponde a los servicios de inspección de la cadena alimentaria y a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el organismo estatal que tramita estas denuncias. Presentar el escrito no equivale a una resolución: abre un procedimiento de comprobación en el que la administración decide si hubo infracción.

Por qué el sector califica la campaña de catastrófica

La calificación de catastrófica y ruinosa la sostiene la propia organización sobre la campaña en curso. Andalucía concentra la mayor parte de la producción española de aceituna de mesa, con Sevilla entre las provincias de referencia, de modo que lo que ocurre en este sector se extiende a un tejido amplio de explotaciones familiares y a la industria transformadora asociada.

España figura entre los primeros productores mundiales de este producto, que se recolecta para su consumo tras el aderezo y no para la molturación. Ese detalle explica por qué el fruto exige un manejo más cuidadoso en el campo y por qué cada punto de precio pesa tanto en la cuenta final de la explotación.

El margen de esas explotaciones se estrecha por dos vías: unos costes de recolección y transformación que no bajan y un precio en origen que, cuando cae por debajo del coste, convierte cada kilo entregado en una pérdida. El coste lo asume quien cultiva.

A quién afecta: los productores y las comarcas olivareras

El impacto directo es para los agricultores que venden su producción a la industria. Si las operaciones por debajo de coste se consolidan, la consecuencia se traslada al territorio: explotaciones que no cubren gastos, menos inversión, presión sobre el empleo de la recolección y más dificultades para el relevo generacional (la incorporación de jóvenes que sustituyan a los agricultores que se jubilan). En las comarcas donde el olivar de mesa es el cultivo principal, esa pérdida de renta marca la diferencia entre continuar y abandonar.

La denuncia busca precisamente eso: que las administraciones comprueben si los precios aplicados respetan la ley. La campaña sigue abierta y el expediente aún no ha entrado en ningún registro.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: ASAJA-Sevilla presentará denuncias por ofertas de aceituna de mesa que podrían incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.
  • 👥 A quién afecta: A los productores de aceituna de mesa de Andalucía y a las explotaciones familiares de las comarcas olivareras.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Si la administración aprecia infracción, se abre un procedimiento sancionador; si no, las ofertas bajo coste seguirán presionando la renta.

Conciertos gratis de Hispanidad en Madrid: Sebastián Yatra, Marta Sánchez y Carlos Baute este fin de semana

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A quien busque un plan sin coste en Madrid este fin de semana, en el entorno de la Plaza Mayor, la Plaza de España y Madrid Río.
  • ¿Cuándo ocurre? Hoy sábado 10 de octubre, con la clausura del festival el domingo 11.
  • ¿Qué cambia hoy? Acceso libre a tres escenarios, con Sebastián Yatra a las 20:30 en la Plaza de España; teatros y gastronomía siguen hasta el domingo.

Los conciertos gratis de Hispanidad Madrid afrontan este sábado su jornada central, con Sebastián Yatra, Marta Sánchez y Carlos Baute entre los nombres de un cartel repartido por tres escenarios. La entrada es libre en todos ellos, sin reserva previa.

Dónde y a qué hora suenan los conciertos gratis este sábado

La Plaza de España arranca con Nat Simons a las 13:00 y guarda el momento fuerte para las 20:30, cuando Sebastián Yatra suba al escenario. La Plaza Mayor mezcla pop, jazz, música sinfónica y flamenco en una misma jornada: pasan Santi Comet, Ibérica Suite Jazz y el trompetista cubano Arturo Sandoval. Y la explanada de Madrid Río completa los grandes escenarios con Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera, y la banda granadina 091.

La programación no se queda en el centro. El Centro Cultural Pilar Miró acoge el concierto de Emilia y Pablo, formación que funde raíces latinoamericanas y sonoridades flamencas. En el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, la Gala Hispanidad Circo Diverso reúne varias disciplinas circenses en torno a la diversidad cultural del mundo hispano.

Qué queda de Hispanidad 2026 hasta el domingo

Los Teatros del Canal mantienen su vínculo con el festival. Dentro de Canal Hispanidad, la Sala Roja Concha Velasco programa hasta el domingo Ferial de Calaveras, una ofrenda escénica a la identidad mexicana y al legado del grabador José Guadalupe Posada que combina danza, música y narrativa. En paralelo, Canal Baila lleva a la Sala Negra La razón sensible, del coreógrafo mexicano Shantí Vera, una propuesta que parte del movimiento para indagar en otras formas de pensar el cuerpo.

No todo es música en directo. El Teatro de La Abadía mantiene en cartel hasta el domingo LIBRES!!!, escrita por Esther F. Carrodeguas y dirigida por Andrés Lima, con Alba Flores, Laura Galán, Nüll García y la pianista Eva Valdelomar. Es un montaje a ritmo de cabaré que recupera la historia de las mujeres españolas que lucharon por su emancipación.

El plan más terrenal llega con el estómago. El festival gastronómico Agave y Maíz ocupa la explanada de Puente del Rey, en Madrid Río, hasta el lunes 12 con 14 casetas de alta cocina mexicana avalada por el Sello Copil, que conceden la Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía. Habrá coctelería de autor y destilados de agave -mezcal, tequila, raicilla, bacanora y sotol-, además de los premios al Mejor Taco, Mejor Cóctel y Mejor Tostada.

Un cartel gratis con Yatra y Sandoval no se mide por el aforo que llena, sino por lo que cuesta devolver a casa a diez mil personas a la vez.

Por qué Hispanidad 2026 se juega algo más que un fin de semana de música

El modelo de conciertos gratuitos con cabezas de cartel no es nuevo en España. Barcelona lo explota cada septiembre con La Mercè, y Madrid lo ha adoptado para su semana grande de la Hispanidad. La diferencia está en la geografía: aquí el grueso del público se concentra en el eje Plaza de España-Madrid Río, dos espacios que ya cargan con la movilidad del ocio nocturno cualquier sábado. La Comunidad de Madrid convierte así el cierre del festival en una prueba de capacidad para el transporte público, no solo para el espectáculo.

A eso se suma un detalle que la organización repite cada edición: casi todo es gratis, pero nada es espontáneo. Los Teatros del Canal y los centros culturales regionales exigen reserva o entradas con antelación para sus funciones, mientras los escenarios al aire libre se llenan por orden de llegada. Sin embargo, el programa no detalla este año un dispositivo específico de refuerzo de Metro para la noche del sábado, algo que sí ocurre en citas como la Nochevieja o los grandes conciertos de fin de gira en el WiZink Center.

La lectura crítica es sencilla. Hispanidad 2026 ha construido un cartel potente y gratuito, con nombres internacionales y una programación paralela que cubre teatro, circo y gastronomía. Lo que no ha resuelto con la misma ambición es la logística del último kilómetro, justo cuando miles de vecinos volverán a casa a la misma hora desde puntos distintos de la ciudad. La cita regresará en 2027 y, antes, quedará la factura de este domingo: cuánta gente pasó por los escenarios y cuántos se marcharon antes del final para no quedarse atrapados.

Desarticulada en Madrid una red de ‘andarines’ que explotaba repartidores 14 horas por 0,7 € el bulto

La Policía Nacional ha desarticulado una red de ‘andarines’ en Madrid que explotaba a repartidores irregulares con jornadas de hasta 14 horas a pie y 0,7 euros por bulto entregado. Cuatro personas han sido detenidas, una de ellas mujer, por pertenencia a organización criminal, explotación laboral y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La operación, adelantada por ABC Madrid el 9 de octubre, coloca el foco en el tramo más opaco del reparto de última milla: el que va desde que el paquete sale del centro de distribución hasta que alguien lo deja en el portal de un bloque de Carabanchel, Vallecas o Tetuán. En ese trayecto no hay alta, ni nómina, ni aplicación que guarde el nombre de quien empuja el carro.

De la parroquia al descampado: cómo captaban a las víctimas

El primer contacto llegaba por redes sociales, por aplicaciones de mensajería e incluso por el boca a boca entre feligreses de varias parroquias, según recoge la investigación policial. La oferta sonaba razonable: un puesto de trabajo, un contrato prometido y ayuda para regularizar la situación administrativa en España. Ninguna de esas tres cosas existía.

Tras una supuesta entrevista, los reclutadores citaban a la víctima en un punto de encuentro. Allí la recogían en las mismas furgonetas que después harían el reparto y la trasladaban a un descampado, donde le asignaban un carro de grandes dimensiones que debía recargar hasta dos veces por jornada. La trama llegó a contratar a menores de edad y ofreció puestos de conductor a personas sin permiso.

Catorce horas, seis días y 0,7 euros por bulto

explotación laboral

El engranaje funcionaba con precisión de cadena de montaje. Un miembro acreditado entraba en el centro de distribución y cargaba los paquetes en la misma puerta, porque era el único autorizado a pisar el interior; los demás esperaban fuera. Los bultos viajaban sin ninguna protección frente a la lluvia, el frío o el calor de agosto.

Cada ‘andarín’ iniciaba entonces una jornada de hasta 14 horas, seis días por semana, empujando peso por aceras y rotondas. El precio pactado era de 70 céntimos por paquete: para ingresar 70 euros haría falta entregar cien bultos, a pie, en un solo día. Y el dinero no pasaba por sus manos. La organización les facilitaba sus propias claves de acceso a las aplicaciones de entrega, de modo que el cobro íntegro aterrizaba en las cuentas de los cabecillas.

La trampa no fue el sueldo bajo, sino el contrato que nunca existió y los papeles que nunca llegaron.

Seis días. Catorce horas. Setenta céntimos.

Las víctimas aceptaban precisamente por eso, por la promesa de regularizar su situación, un señuelo eficaz contra quien no puede reclamar sin exponerse. Así se sostenía la estructura: en el escalón más bajo, gente sin papeles con miedo a denunciar; en el más alto, cuatro detenidos con acceso acreditado a los centros de distribución.

Por qué el ‘andarín’ se cuela por la grieta de la Ley Rider

El modelo choca con la norma que ordena el sector desde 2021. La Ley Rider obligó a las plataformas de reparto a contratar por cuenta ajena a sus trabajadores, y desde entonces la figura del falso autónomo quedó en el centro de las actuaciones de la Inspección de Trabajo. La red desarticulada opera un escalón más abajo: sin plataforma que responda, sin alta que revisar, y sin empresa a la que exigir responsabilidad.

Madrid concentra buena parte de los nodos logísticos de la región, desde Mercamadrid hasta los polígonos de Villaverde y Vallecas, pasando por el entorno de Barajas. De ahí salen cada mañana furgonetas que después se desparraman por la ciudad. La Zona de Bajas Emisiones de Madrid 360 filtró desde 2022 el acceso de vehículos contaminantes a la almendra central, pero no dice nada sobre quién baja del vehículo y empuja el carro.

La comparación con Barcelona resulta inevitable. Allí la Inspección de Trabajo y el sector del transporte llevan años en un pulso parecido, con el reparto a domicilio como foco recurrente de fraude. La diferencia es de escala, no de modelo. En Madrid la competencia inspectora es estatal, y las operaciones contra el reparto irregular acaban llegando por la vía policial, casi siempre después de una denuncia o de una víctima que se atreve a dar el paso.

No es un caso aislado. El reparto de última milla ha crecido en la región al ritmo de las compras por internet y, con él, los huecos por los que se cuela la explotación: subcontratas sin rastro, centros de distribución que solo acreditan a un nombre y descampados donde nadie pregunta.

Ese es el punto débil de toda la cadena: sin contrato no hay prueba, y sin papeles la denuncia cuesta el doble. Los cuatro detenidos quedan en manos de la justicia y la causa seguirá engordando, o quedará en nada, según cuántas personas se sienten a declarar en los próximos meses.

La Policía Nacional mantiene abiertos los canales de denuncia de la Policía Nacional para quien sospeche de una oferta laboral sin contrato, una vía que en este tipo de tramas casi siempre empieza por un aviso externo.

Nada indica que el modelo haya desaparecido con esta operación. Los carros seguirán saliendo de los descampados mientras haya quien acepte la promesa de un contrato que no llega.

EH Bildu registra una ley contra la especulación y Pradales exige suelo para 42.000 viviendas en Euskadi

El Lehendakari Imanol Pradales y EH Bildu chocaron este viernes en el Parlamento Vasco por la vivienda en Euskadi. El jefe del Ejecutivo reclamó suelo a los alcaldes de la coalición abertzale para levantar 42.000 pisos, y Pello Otxandiano exigió una ley contra la especulación.

El choque en el pleno del Parlamento Vasco

En el pleno de la Cámara autonómica, el debate giró en torno al suelo disponible en los municipios gobernados por la coalición. Según los datos aportados por el Ejecutivo, esas localidades disponen de terreno para habilitar hasta 42.000 viviendas, frente a las 30.000 que EH Bildu reclama construir en toda Euskadi. ‘Muevan a sus alcaldes’, emplazó Pradales a los dirigentes de la formación, a quienes pidió pasar del debate teórico a la acción y poner el suelo al servicio del conjunto de la comunidad.

Pello Otxandiano, por su parte, sostuvo que en el Parlamento Vasco existen mayorías holgadas para aprobar iniciativas más ambiciosas y contundentes que los decretos estatales en materia de vivienda. El líder de EH Bildu situó entre ellas una ley contra la especulación y la declaración de zona tensionada para el conjunto que la coalición denomina Hego Euskal Herria, esto es, Euskadi y Navarra. La propuesta aspira a ir más allá del marco estatal en materia de alquiler.

La vivienda es una competencia que en Euskadi gestiona el PSE-EE, socio de coalición del PNV en el Gobierno Vasco. El consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso, siguió el intercambio desde el escaño del Ejecutivo, una posición que sitúa al Departamento de Vivienda en el centro del pulso entre el Lehendakari y la coalición abertzale.

Qué medidas ha activado ya el Gobierno Vasco

Durante su intervención, Pradales enumeró las iniciativas ya en marcha. Entre ellas, un fondo social para levantar 10.000 pisos en ocho años, con una rentabilidad garantizada a los inversores privados de hasta el 6,62%; la reforma legal aprobada a finales de 2025, y un decreto de esta primavera con cambios en programas de alquiler protegido como Gaztelagun o Bizigune. El Lehendakari defendió que todo el programa comprometido en 2024 está activado y que su Gabinete sigue lanzando nuevas medidas.

El Ejecutivo cifra en 42.000 las viviendas que caben en suelo municipal de EH Bildu, mientras la coalición exige una ley contra la especulación en toda Euskadi.

El Lehendakari lamentó que EH Bildu votara en contra de la ley de vivienda impulsada por el Ejecutivo al tiempo que uno de sus municipios, Errenteria, ha sido el primero en aplicarla. Para los próximos presupuestos, el Gobierno prevé incorporar otros tres cambios legales, entre ellos hacer permanentes las viviendas protegidas anteriores a 2003 situadas en zonas tensionadas. El Ejecutivo ha tendido la mano a la coalición para sumarse a esos acuerdos.

PNV y PSE-EE disponen de mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, suficiente para sacar adelante sus textos sin el respaldo de la coalición abertzale. Aun así, Pradales subrayó que la llave de las 42.000 viviendas está en manos municipales y emplazó a EH Bildu a mover a sus alcaldes. ‘Cada metro cuadrado cuenta’, añadió durante el pleno.

Por qué la llave de la vivienda está en los ayuntamientos

En Euskadi, la política de vivienda se reparte entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los ayuntamientos, que controlan la ordenación del suelo a través del planeamiento urbanístico. Esa arquitectura competencial explica que el Ejecutivo sitúe en los consistorios, y no en la Cámara autonómica, la capacidad real de desbloquear los 42.000 pisos. En la práctica, el reparto obliga al Gobierno Vasco a pactar con cada municipio las promociones de suelo residencial.

El intercambio en el Parlamento Vasco tendrá continuidad en la tramitación de los próximos presupuestos, donde el Ejecutivo prevé incorporar los tres cambios legales anunciados. La sesión confirma que la vivienda en Euskadi se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación entre el Gobierno de coalición y la oposición, con el PSE-EE como responsable del área y con el PNV y EH Bildu midiendo fuerzas de cara al próximo ciclo político.

Carlos IV, el rey que abdicó dos veces y perdió la corona en Bayona

En la madrugada del 19 de marzo de 1808, Aranjuez no se despertó con el murmullo de las fuentes del Real Sitio, sino con gritos. Una multitud había asaltado la casa de Manuel Godoy, el hombre que llevaba más de quince años gobernando España en nombre de un rey al que buena parte de la corte consideraba un convidado de piedra. Dentro de palacio, Carlos IV oía los golpes, algún disparo suelto y un rumor que crecía sin remedio: su propio hijo, el príncipe Fernando, estaba siendo aclamado por los amotinados como salvador de la patria.

Horas antes, la situación ya era insostenible. Corrían rumores de una fuga inminente de la familia real hacia el sur y, quizá, hacia América. Godoy había ordenado mover tropas y la corte se había trasladado al Real Sitio, a unos cuarenta y cinco kilómetros de Madrid. En la tarde del 17 de marzo, las calles se llenaron de soldados, criados y vecinos. El motín que estalló entonces se llevó por delante veinte años de reinado en apenas cuarenta y ocho horas.

Capítulo I: Un Borbón sin vocación

Carlos IV había nacido en Portici, en el reino de Nápoles, el 11 de noviembre de 1748, mientras su padre, el futuro Carlos III, reinaba en aquel territorio. Llegó al trono español el 14 de diciembre de 1788, tras la muerte de su progenitor, y desde el primer día dejó claro que no pensaba parecerse a él. Carlos III había sido un rey madrugador y meticuloso, capaz de supervisar personalmente el trazado de una calle. Su hijo prefería la caza, la calma y la compañía de su esposa, María Luisa de Parma, con quien se había casado en 1765.

En noviembre de 1792, con la Revolución francesa desbordada más allá de los Pirineos, Carlos IV nombró secretario de Estado a un joven guardia de corps llamado Manuel Godoy. Había nacido en Badajoz en 1767, había entrado en palacio en 1784 y no tenía ninguna experiencia de gobierno. El rey y la reina, en cambio, le tenían una confianza sin límites. En pocos años, Godoy acumuló títulos, riquezas y un poder que irritaba a media España. En 1797 se casó con María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón y prima del propio monarca: la manera más rápida de convertir a un advenedizo en familia.

Capítulo II: Godoy y los años de la guerra

El reinado de Carlos IV fue, casi entero, una sucesión de guerras ajenas. En 1793, España entró en la coalición contra la Francia revolucionaria y sufrió la llamada Guerra del Rosellón. En 1795, Godoy firmó con París la Paz de Basilea, que le valió del rey el título de Príncipe de la Paz. Un año después, el Tratado de San Ildefonso convirtió a España en aliada de la República francesa y, de paso, en enemiga de Gran Bretaña.

Aquel giro tuvo un precio inmediato. En 1797, la escuadra española fue derrotada en el cabo de San Vicente y la isla de Trinidad pasó a manos británicas. La alianza se renovó en 1800, con la devolución de la Luisiana a Francia, y en 1801 Godoy lanzó contra Portugal la breve Guerra de las Naranjas. El respiro duró poco. El 21 de octubre de 1805, frente al cabo de Trafalgar, la flota franco-española fue aniquilada por el almirante Horatio Nelson. En una sola tarde, España perdió buena parte de su marina y, con ella, la capacidad de defender el comercio con América.

Mientras tanto, en el interior, el descontento crecía. La guerra consumía la hacienda, los precios castigaban a los más pobres y la figura de Godoy se convirtió en el blanco de todas las iras. En los mentideros de Madrid se le atribuían amores con la reina y un ansia de poder sin fondo; en los papeles clandestinos se le llamaba, simplemente, «el Choricero». Nadie con poder en España era tan odiado por tantos.

abdicación de Bayona

Capítulo III: La trampa de Fontainebleau

La derrota de Trafalgar dejó a Carlos IV atrapado entre dos fuegos. Napoleón Bonaparte, dueño ya de media Europa tras Austerlitz y Jena, necesitaba cerrar el continente al comercio británico y, para lograrlo, debía ocupar Portugal, el último puerto abierto a Londres. El 27 de octubre de 1807, Godoy y el emperador firmaron el Tratado de Fontainebleau: las tropas francesas podrían atravesar España camino de Lisboa y, una vez conquistado el reino vecino, se repartirían sus provincias entre Madrid y París.

Lo que sobre el papel era una operación conjunta se convirtió en una ocupación. En pocas semanas, decenas de miles de soldados franceses cruzaron los Pirineos y se instalaron en Burgos, Valladolid, Salamanca, Pamplona y Barcelona. El general Joachim Murat, cuñado de Napoleón, mandaba las fuerzas imperiales. Godoy, aterrado, empezó a preparar la salida de la familia real hacia Andalucía y, si las cosas se torcían, hacia América. Aquel plan, real o exagerado por sus enemigos, fue la mecha del motín.

El otoño anterior había dejado, además, la confianza entre padre e hijo hecha trizas. En la llamada Conjura del Escorial, el príncipe Fernando apareció implicado en un intento de apartar a Godoy del poder. El rey perdonó a su hijo, pero desde entonces gobernó con la sospecha pegada al cuerpo.

Capítulo IV: El motín de Aranjuez

En marzo de 1808, la corte se instaló en Aranjuez. La presencia de tropas, la certeza de que los franceses avanzaban y el rumor de una fuga a América encendieron la chispa. El 17 de marzo, la multitud empezó a concentrarse ante la casa de Godoy. En la tarde del 18, el palacio del favorito fue asaltado, sus muebles arrastrados a la calle y sus papeles esparcidos por el barro. Godoy pasó horas escondido hasta que lo descubrieron; la muchedumbre lo golpeó y estuvo a punto de matarlo. El propio Fernando tuvo que intervenir para salvarle la vida, quizá para poder exhibirlo vivo.

Carlos IV, viendo a su favorito en peligro y a su hijo aclamado por la tropa, cedió. El 19 de marzo de 1808 firmó su abdicación en favor de Fernando, que reinaría como Fernando VII. Fue su primera renuncia al trono. Y no tardó en intentar deshacerla: pocos días después escribió a Napoleón para declarar que aquella firma le había sido arrancada por la fuerza. Esa carta, más que ninguna otra cosa, fue la invitación que el emperador esperaba.

abdicación de Bayona

Capítulo V: Bayonne, la corona en el aire

Napoleón no reconoció al nuevo rey. El emperador había decidido que los Borbones españoles no debían seguir en el trono y, con la excusa de arbitrar entre padre e hijo, convocó a los dos a Bayonne, en el sur de Francia. Fernando VII acudió confiado y llegó el 20 de abril de 1808. Carlos IV, María Luisa y un Godoy liberado por los franceses lo hicieron a finales de abril. En aquella casa, junto al río Adour, el emperador tuvo delante a un rey acabado, a una reina que no disimulaba su desprecio por su hijo y a un favorito impopular que solo pensaba en salvar la vida.

Las conversaciones fueron, en realidad, un simulacro. El 2 de mayo de 1808, mientras la familia real seguía en Francia, Madrid se levantó contra la ocupación. La represión ordenada por Murat dejó decenas de muertos y dio a España uno de sus mitos fundacionales: los fusilamientos del 3 de mayo, que Goya pintaría seis años después.

Nada de aquello detuvo al emperador. El 5 de mayo, Carlos IV cedió a Napoleón todos sus derechos a la corona; al día siguiente, Fernando VII hizo lo mismo. La abdicación de Bayonne estaba firmada. Napoleón entregó el trono a su hermano José, que reinaría en España hasta 1813. En menos de dos meses, Carlos IV había perdido lo que había heredado para toda una vida.

Capítulo VI: El largo exilio

Carlos IV y María Luisa, humillados, fueron instalados primero en Compiègne y después en Marsella. Más tarde se trasladaron a Roma, donde vivieron rodeados de servidores y cuadros, lejos de un trono que ya no era suyo. En diciembre de 1813, por el Tratado de Valençay, Napoleón devolvió la corona a Fernando VII, que regresó a España en 1814. Carlos IV no volvió a pisar suelo español.

María Luisa murió en Roma el 2 de enero de 1819. Su marido la siguió diecisiete días después, el 19 de enero de 1819, en la misma ciudad. Tenía setenta años y llevaba más de una década sin decidir nada importante. Su entierro fue discreto, como su reinado: sin batallas propias, sin discursos memorables, sin una sola frase que la historia haya querido guardar en mármol.

abdicación de Bayona

Capítulo VII: Un rey de perfil

En 1800, Francisco de Goya había retratado a la familia real en un lienzo que cuelga en el Museo del Prado, con el propio pintor asomado en la penumbra del fondo. En aquel cuadro, Carlos IV aparece con el pecho cubierto de condecoraciones, más acompañante que protagonista de su propia estampa. La observación es del cronista, no del pintor, pero encaja con lo que dejaron escrito quienes lo trataron: un hombre afable, cazador, desconfiado a ratos, incapaz de sostener sobre sus hombros el peso de un imperio en descomposición.

Abdicó dos veces, en Aranjuez y en Bayonne, y las dos veces lo hizo empujado por otros. La primera, por un motín que aclamaba a su hijo. La segunda, por un emperador que ya había repartido Europa sobre el mapa. Los historiadores discuten desde hace dos siglos si fue víctima de las circunstancias o simple espectador de su propio naufragio. Lo que nadie discute es el resultado: el hombre que había nacido en un palacio de Nápoles murió en una casa de Roma, con la corona en manos ajenas y el nombre de su dinastía a punto de caer, en apenas veinte años, del trono de Madrid al de un destierro sin retorno.

EH Bildu negocia con el Gobierno Vasco los presupuestos de Euskadi 2027

EH Bildu ha iniciado las conversaciones con el Gobierno Vasco para negociar los presupuestos de Euskadi 2027, centradas en vivienda y fiscalidad. La formación ha confirmado el arranque de los contactos, que se desarrollarán durante las próximas semanas.

La negociación se produce antes de que el anteproyecto de cuentas llegue al Parlamento Vasco. Según ha trasladado EH Bildu, el objetivo es cerrar un acuerdo previo que incorpore compromisos concretos y permita a la formación respaldar el texto durante su tramitación.

Qué negocian EH Bildu y el Gobierno Vasco

El punto de partida es el anteproyecto que elabora el Consejo de Gobierno, el órgano que reúne al Lehendakari y a sus consejeros. El Ejecutivo vasco, presidido por Imanol Pradales, gobierna en coalición con el PSE-EE, y las cuentas de 2027 se tramitarán a lo largo de los próximos meses.

Las conversaciones se centran en dos áreas. La vivienda aparece como prioridad por su impacto en el acceso al alquiler en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, mientras la fiscalidad remite al sistema tributario propio del País Vasco. EH Bildu sitúa ambos asuntos en el núcleo de la negociación.

EH Bildu ha planteado el diálogo en clave de servicios públicos. Sostiene que un eventual acuerdo debe traducirse en medidas que refuercen la sanidad y la educación y que atiendan las necesidades de la ciudadanía. La formación mantiene abierta la vía de la negociación con el Ejecutivo.

La negociación entre EH Bildu y el Gobierno Vasco se centra en la vivienda y la fiscalidad, ejes de un eventual acuerdo sobre las cuentas de 2027.

Los dos ejes: vivienda y fiscalidad

La vivienda figura entre los asuntos que EH Bildu ha situado en el centro de su acción política en esta legislatura. La presión del alquiler en los principales municipios vascos ha llevado la política de vivienda al primer plano del debate autonómico, y la formación vincula su respaldo a las cuentas a que el texto recoja medidas en ese ámbito.

En Euskadi, las instituciones vascas gestionan competencias en materia de vivienda protegida y de suelo, y los presupuestos anuales fijan las partidas destinadas a estas políticas. El Gobierno Vasco las coordina a través de su departamento correspondiente.

La fiscalidad añade una particularidad al debate. Los principales impuestos, como el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA, se gestionan a través del concierto económico, un régimen singular por el que las diputaciones forales recaudan y regulan los tributos y la comunidad aporta después al Estado una cantidad conocida como cupo.

El encaje foral y el calendario presupuestario

Esa arquitectura implica que cualquier cambio en la fiscalidad vasca debe aprobarse en las Juntas Generales de cada territorio mediante normas forales. El Gobierno Vasco coordina la política fiscal a través del Órgano de Coordinación Tributaria, pero la competencia normativa recae en las instituciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa, y Araba-Álava.

El cupo, la cantidad que Euskadi aporta al Estado por las competencias no transferidas, se revisa de forma periódica en la Comisión Mixta del Concierto Económico, el foro que reúne a las dos administraciones.

En Navarra se sitúa el precedente más cercano. EH Bildu mantiene abierta una negociación con el Gobierno de Navarra de cara a los presupuestos forales de 2027, un proceso que, según ha trasladado la formación, avanza antes de que las cuentas lleguen al Parlamento de Navarra.

La aprobación de las cuentas vascas exige una mayoría en la Cámara y obliga al Ejecutivo a asegurar apoyos suficientes en el pleno. El Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE afronta así la tramitación con la mirada puesta en la votación final.

El desenlace tiene también una lectura estatal. El peso de EH Bildu en el Parlamento Vasco y su influencia en el Congreso de los Diputados sitúan la negociación en un plano que trasciende Euskadi, donde el respaldo de la formación resulta relevante en distintas votaciones.

Los siguientes pasos dependen del acuerdo que puedan alcanzar las partes. El anteproyecto se remitirá al Parlamento Vasco, donde se debatirán las enmiendas y se someterá a votación antes de final de año.

La Policía Nacional alerta del riesgo de un ‘otoño caliente’ de conflictividad social en la campaña electoral

La Policía Nacional alerta de un aumento de la conflictividad social en Madrid durante la campaña electoral. Los flancos más radicales de la acampada de Sol, que ocupa la plaza desde el 26 de septiembre, preparan un ‘otoño caliente’ de movilizaciones coincidiendo con el calendario electoral.

De la protesta por la vivienda a la agenda antirrepresiva

La acampada arrancó el 26 de septiembre con una reinvindicación concreta, el acceso a una vivienda digna, pero sus sectores más radicalizados han tomado la iniciativa en las últimas semanas. Uno de esos flancos, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR), ya convoca jornadas de preparación en el edificio okupa de La Rosa, de acuerdo con la información disponible.

El MAR saltó a la palestra durante los graves disturbios que siguieron al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, en febrero de 2021. Aquella espiral de altercados se convirtió en un precedente de referencia para las unidades de información de la Policía Nacional, que desde entonces monitorizan sus convocatorias con especial atención.

En paralelo, según esa misma información, el colectivo de ultraderecha Núcleo Nacional imparte formación intensiva a sus simpatizantes más jóvenes. La coincidencia de ambos polos en la calle es el principal foco de preocupación policial, por su potencial de enfrentamiento directo.

El criterio institucional es claro: preservar el orden público sin limitar el derecho de manifestación. Ninguno de estos colectivos ha anunciado por ahora actos violentos, pero el patrón histórico invita a las unidades de información a mantener la vigilancia sobre sus convocatorias.

La Policía Nacional mantiene desplegadas sus unidades de intervención en Madrid para garantizar la convivencia y proteger el derecho de manifestación durante todo el calendario electoral.

El dispositivo policial ante la campaña electoral

La Policía Nacional mantiene activado un dispositivo específico en el entorno de la Puerta del Sol y en los principales puntos de concentración de la capital. La Unidad de Intervención Policial (UIP), la unidad antidisturbios del Cuerpo, y las unidades de información trabajan de forma coordinada con la Delegación del Gobierno en Madrid.

El objetivo es doble: garantizar la seguridad y preservar el derecho de reunión. La doctrina policial en concentraciones masivas prioriza la disuasión y el diálogo previo con los convocantes antes de recurrir a la intervención directa.

La coincidencia con la campaña electoral eleva la exigencia del dispositivo. Los analistas de orden público subrayan que estos periodos concentran un mayor número de convocatorias y de intentos de aprovechamiento por parte de grupos radicales que buscan visibilidad ante las cámaras.

El calendario electoral multiplica además los actos públicos, los recorridos de candidatos y las concentraciones en espacios abiertos, lo que amplía la superficie de riesgo. La protección de los actos de campaña se convierte así en una prioridad paralela a la gestión de la protesta social en la calle.

El Contexto Operativo

La conflictividad social en las grandes concentraciones urbanas es una de las amenazas que el Ministerio del Interior sigue con más atención. En su último balance anual de criminalidad, el departamento registró más de dos millones de infracciones penales en España, con Madrid entre las comunidades de mayor volumen y un peso creciente de los delitos de odio y de la alteración del orden público en contextos de protesta.

La Policía Nacional ha demostrado en los últimos años una capacidad de respuesta sostenida en la gestión del orden público. Los dispositivos desplegados en episodios previos de alta conflictividad se han saldado con un número muy reducido de incidentes graves en relación con el volumen de manifestantes, un indicador que las unidades de intervención consideran un aval de su preparación.

La proyección apunta a un otoño de máxima exigencia operativa. Si se confirman las jornadas antirrepresivas y las movilizaciones anunciadas por los flancos radicales, la Policía Nacional escalará el dispositivo en función de la evolución de las convocatorias, con la vista puesta también en la protección de los actos de campaña.

El trabajo de inteligencia y de anticipación resulta, en este contexto, tan decisivo como la actuación en la calle. La Policía Nacional mantiene así su compromiso con la convivencia y con la protección de los derechos de todos los ciudadanos a lo largo de todo el ciclo electoral.