La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha convertido en la primera ministra de la democracia en ser reprobada tres veces, tras ser censurada por el Congreso de los Diputados por condicionar el trabajo de la Abogacía del Estado en el sumario sobre el proceso independentista catalán.
La reprobación ha sido formulada en una moción que ha salido adelante gracias a los votos del Partido Popular, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, que sumaron 167 votos. En el lado contrario, PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís votaron en contra de la iniciativa de los populares, pero alcanzaron sólo 162 votos.
Finalmente, la clave de la victoria de la moción la ha tenido la abstención de nueve diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y dos de Bildu. Esta es la tercera reprobación que sufre la ministra de Justicia, tras las cosechadas anteriormente en el Congreso y en el Senado.
El cambio de posición de Ciudadanos también ha hecho posible la reprobación de la ministra. En principio, el grupo liderado por Albert Rivera no era favorable a la moción del Partido Popular.
Ciudadanos recriminó al PP que buscaran la reprobación de la misma ministra con la que acababan de pactar hace muy pocas fechas la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el mismo grupo de Ciudadanos había pedido explicaciones a Delgado sobre el cese del abogado Edmundo Bal, por lo que se decantó por apoyar una reprobación que iba en el mismo sentido.
El Partido Popular presentó esta moción como consecuencia de las acciones de la ministra que, en su opinión, hicieron variar el criterio de la abogacía del Estado. En el Senado, la ministra Delgado fue reprobada por su gestión sobre la demanda presentada en Bélgica contra el juez instructor del caso, Pablo Llarena.
DELGADO Y LA ABOGACÍA DEL ESTADO
La reprobación es consecuencia de una interpelación anterior, pero su votación ha coincidido en el día en que la ministra ha cesado a Edmundo Bal como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado.
Bal llevaba la acusación del Estado contra los políticos catalanes investigados por el proceso secesionista catalán. Esta acusación consideraba hasta ahora que los investigados cometieron un delito de rebelión, además de los de sedición y malversación de fondos públicos.
Sin embargo, la decisión final de la Abogacía del Estado, frente al criterio de Bal, fue retirar la acusación por el delito de rebelión, el más grave. Bal tuvo otro encontronazo anterior cuando defendió que el Estado debía personarse en la causa contra el juez Llarena en Bruselas.
Esta postura chocó con la que sostuvo inicialmente la ministra Delgado, aunque finalmente el Gobierno cambió de criterio y coincidió con el del jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado.
La anterior ocasión en la que el Congreso votó para que la ministra dejara su cargo estuvo relacionada con las grabaciones publicadas por MONCLOA.COM en la que se descubrió que había tratado personalmente con el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente encarcelado como consecuencia de la investigación del caso Tándem. En esta otra ocasión, la Cámara Baja pidió la dimisión de Dolores Delgado.
La conversaciones con el comisario Villarejo fueron calificadas como “escandalosas” en aquella ocasión. Las grabaciones dejaron en mal lugar a la ministra, ya que ésta había negado en primera instancia que hubiera tenido trato con el comisario ahora encarcelado. La ministra cambió posteriormente su versión y admitió que había coincidido con él, pero descafeinando el grado de cercanía con el excomisario.
Sin embargo, las grabaciones sacaron a la luz que la ministra asistió a un almuerzo en el que estuvieron presente Villarejo y altos mandos policiales, además del exmagistrado Baltasar Garzón. Los audios descubrieron una familiaridad que no coincidía con lo expresado por la ministra.
“Su injerencia en la Justicia puede resultar un desastre histórico para toda España y, en especial, para Cataluña”
La moción aprobada en ese momento, que pedía su cese o dimisión, salió adelante gracias a las abstenciones de Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís, Bildu y Coalición Canaria.
En el debate de la moción de reprobación de la ministra Delgado que ha salido adelante en el Congreso, el diputado del PP, Jordi Roca, ha señalado que su grupo está “francamente preocupado con lo que pueda hacer el Partido Socialista al frente del Ministerio de Justicia”.
En ese sentido añadió que “no sabemos los pactos secretos a los que llegó para que el nacionalismo les apoyara en la moción de censura”. Roca realizó un repaso por la situación en Cataluña y ha puesto el acento finalmente en las “listas de jueces, desobediencia de sentencias y burlas a requerimientos del Tribunal Constitucional”.
El representante del grupo popular atacó al socialista al señalar que “su injerencia en la Justicia puede resultar un desastre histórico para toda España y, en especial, para Cataluña” y terminó su alocución pidiendo la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales.
Por su parte, el diputado socialista Artemi Rallo respondió que la moción propuesta por el Partido Popular “eleva al paroxismo la impudicia de la que es capaz” ese grupo. Rallo también criticó a las filas lideradas por Pablo Casado cuando dicen que defienden a la Abogacía del Estado. Rallo les recordó que el PP nombró abogada general del Estado a una sobrina de Álvaro Lapuerta, extesorero de este partido.
El diputado socialista, además, recordó que el antiguo responsable de finanzas del PP urdió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional para financiar al Partido Popular”, según la Audiencia Nacional. La sobrina de Lapuerta, recordó Ralló, negó la personación del Estado en la causa de la caja B de este partido.
