La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha advertido este lunes, en su primera memoria anual, de que la actual Ley de Protección al Informante es insuficiente y de que España podría enfrentarse a sanciones de la Unión Europea si no se reforma de inmediato. El documento, que será presentado mañana en el Congreso por su presidente, Manuel Villoria, recoge las principales carencias que separan la legislación nacional de la directiva comunitaria sobre denunciantes de corrupción.
Lo que la AIPI considera insuficiente
La autoridad señala cinco puntos clave en los que la norma española queda por detrás de la directiva europea. La ley solo protege a quienes denuncien ante la propia AIPI o sus equivalentes autonómicos, pero no a quienes acudan a la Fiscalía, juzgados o fuerzas de seguridad, como sí exige Bruselas. También impone un límite temporal de dos años a la protección, plazo que la directiva no contempla y que puede sancionarse desde la Comisión Europea.
A estas carencias se suma la exclusión de los denunciantes cuyos casos sean rechazados por los canales internos de la empresa o la administración. La ley española, además, no prevé medidas cautelares urgentes que impidan que la represalia se consume, una laguna que la AIPI califica de «escasa e insuficiente». Por último, la norma solo cubre infracciones administrativas graves o muy graves, dejando fuera conductas como la mala gestión o el derroche, que constituyen el núcleo de muchas autoridades antifraude.
La AIPI también reclama extender la protección a interventores, letrados y otros profesionales que a menudo sufren presiones en el ejercicio de sus funciones, y unificar criterios con las comunidades autónomas para evitar la «pluralidad de respuestas» que hoy dificulta la coordinación.
El riesgo de sanciones de la UE
La directiva europea sobre protección de denunciantes es de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Si España no corrige esas deficiencias, la Comisión Europea podría abrir un procedimiento de infracción y, eventualmente, imponer sanciones económicas. La AIPI advierte de que la indefinición de la ley nacional y sus carencias exponen al país a esa multa, un mensaje que Villoria trasladará mañana al Congreso en su primera comparecencia.
La propia autoridad recalca que sin reformas urgentes la protección actual es insuficiente y las represalias pueden consumarse antes de que se actúe.
174 denuncias y solo dos sanciones en cuatro meses
En sus primeros cuatro meses de funcionamiento (septiembre-diciembre de 2025), la AIPI gestionó 174 comunicaciones. De ellas, solo 17 recibieron protección efectiva: 12 en el ámbito privado y 5 en el público. Se estudiaron sanciones en cinco casos, pero únicamente se concretaron en dos, ambos del sector público. El 96% de los expedientes estaban cerrados al finalizar el año.
Por tipología, el 55% de las comunicaciones se referían a infracciones penales o administrativas graves; el 15% eran peticiones de protección, y el 20% versaban sobre incumplimientos del sistema interno de información. El anonimato se solicitó en casi un tercio de los casos.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La AIPI, en su primera memoria anual, alerta de que la ley de protección del informante es insuficiente y España se expone a sanciones de la UE.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La Autoridad Independiente de Protección del Informante, su presidente Manuel Villoria, y el Congreso, que recibe el informe.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Villoria comparecerá mañana ante el Congreso para pedir la reforma urgente de la ley y evitar las multas europeas.
