El espionaje de José Manuel Villarejo al servicio del BBVA afectó al propio Baltasar Garzón cuando era magistrado de la Audiencia Nacional. El exjuez, a través de una portavoz, ha calificado este hecho a MONCLOA.COM de «gravísimo» en el caso de que se verificase. Paradójicamente, su bufete defiende a tres comisarios vinculados de una manera u otra con las actuaciones irregulares de Villarejo: Enrique García-Castaño, Carlos Salamanca y Eugenio Pino.
El 11 de enero de 2005, uno de los informes de la Operación Trampa de espionaje a los enemigos de FG, detalla lo siguiente: «Igualmente se ha detectado en la tarde de hoy un intenso tráfico telefónico entre Félix [José Félix González Salas] y el magistrado BG [Baltasar Garzón] para evacuarle consultas referidas a la querella hoy interpuesta por ADIC (datos que constan en otro anexo). Dada la delicadeza del tema se aconseja más información verbal».
El informe se refiere a la querella presentada ese día en la Fiscalía Anticorrupción por la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) contra el presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el vicepresidente del Santander, Juan Abelló, y el presidente de dicho banco, Emilio Botín, por la opa contra el BBVA que dirigía FG.
La querella tenía también como objetivo a Demetrio Carceller y Matías Cortés, consejeros de Sacyr. La denuncia presentada les acusaba de los presuntos delitos de «uso de información relevante para la cotización de valores», «imposición de acuerdos abusivos con ánimo de lucro en perjuicio de los demás socios» e «impedimento de la actuación de las autoridades inspectoras y supervisoras».
En el escrito se indicaba que los cuatro consejeros de Sacyr actuaron al margen de los demás consejeros de la constructora y, uno de ellos, Juan Abelló, comunicó «reservadamente» este «golpe de mano» a Emilio Botín, presidente del Banco Santander.
Gracias a esta información privilegiada, según ADIC, el banco «se apresuró a vender de inmediato» el 2,23% de las acciones de Sacyr en la cartera del SCH «infringiendo» además «las obligaciones sobre publicidad financiera».
Posteriormente, según el relato de ADIC, los títulos de Sacyr «se desplomaron» en Bolsa, desde 12,28 a 11,40 euros por acción, lo que supuso un «beneficio ilícito» de 5,57 millones de euros. El «asalto al BBVA» fue «un verdadero farol» que produjo «perjuicio a infinidad de modestos accionistas», puesto que, al final de la operación, «se pudo comprobar que Sacyr, en realidad, no tenía acciones del BBVA» pese a que se dijo que la constructora poseía, con sus afines, el 8 por ciento de los títulos del banco.
Hay una casi total coincidencia nominal entre los consejeros denunciados por ADIC y los espiados por Villarejo como elementos del ‘grupo hostil’ que pilotaba la OPA para descabalgar a FG. Pero también hay una total coincidencia temporal: en enero de 2005 funciona a toda máquina la factoría de Villarejo para rastrear las llamadas, contactos y vida sexual de los enemigos del presidente del BBVA.
Pero Villarejo va más lejos. Y explica que no ha sido cosa del azar, sino obra suya y que pasará el cobro a FG, ya que figura en su informe de conclusiones: «En este sentido, como se anticipó en su momento a T [Julio Corrochano, jefe de seguridad de El Corte Inglés], después de numerosos contactos con la asociación ADAC [ADIC], se consiguió activar la ya conocida denuncia ante la fiscalía Anticorrupción, donde se acusa a todos los miembros del GH».
El interlocutor de Garzón era un amigo suyo, José Félix González Salas. Tan amigo que cuando Garzón fue expulsado de la judicatura fundó su bufete en una sede coincidente con las oficinas del Grupo Sarot, propiedad de González Salas, censor y auditor de cuentas, especializado en la prevención del blanqueo de capitales. Además, González Salas era empresario taurino, propietario de plazas de toros y apoderado de diversos toreros. Se le atribuye haber aficionado a Garzón a los toros.
El informe de Villarejo para el BBVA evidencia dos cosas: su grupo de espionaje no sólo sabe cuántas veces han hablado Garzón y su amigo (podría ser fruto del rastreo de tráfico de llamadas, actividad ilegal por la que se investiga en Tándem a un defendido de Garzón, García-Castaño), sino que también conocen de qué hablaron el juez y el fiscalista. Esto ya apunta directamente a un pinchazo telefónico, un salto cualitativo en la gravedad de la invasión en la intimidad de ambos interlocutores.
Los espías, por ello, en su informe aluden a la necesidad de hablar directamente con el BBVA de las charlas interceptadas. González Salas fue intensamente focalizado y biografiado por la tropa de Villarejo en sus investigaciones sobres los enemigos de FG. Le tacharon de ser el fiscalista de Abelló, algo que refutan personas cercanas a dicho empresario.
En todo caso, se produce un complejo baile: si González Salas era tan cercano a Abelló como apuntaban los espías de FG y, por tanto enemigo del presidente del BBVA, Garzón en aquellos momentos tenía una buena relación con FG, tanto que BBVA financió cursos ese año en Nueva York que organizó el magistrado que, entretanto, imputaba a diversos exdirectivos hostiles a FG por las cuentas ocultas del BBVA.
