Se acabó el recreo judicial con el caso BBVA que dejó hibernado seis meses el juez Diego Egea. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado un requerimiento al BBVA para que en el plazo de 72 horas entregue sin falta toda la documentación relativa a los contratos e informes vinculados al comisario José Manuel Villarejo, según ha sabido MONCLOA.COM de fuentes relacionadas con este caso.
Dicho plazo acaba el lunes ya que el sábado y domingo no se consideran días hábiles. El escrito, además, lleva las habituales coletillas legales que, en la práctica, significan que de no cumplirse tal mandato judicial, el magistrado procederá por otras vías a lograr tal información. Es decir, García Castellón se vería abocado a emitir una orden de entrada y registro en la sede del BBVA para requisar a través de la policía judicial el material exigido.
Pero hay otra segunda derivada de esta acción judicial, de facto un ultimátum legal, y es que si el juez halla la documentación vía registro que le ha sido negada tras su requerimiento se abrirán posibles responsabilidades legales de aquellos directivos que pudiendo haber facilitado tal documentación no lo hicieron.
En definitiva, podría suponer un delito de obstrucción a la justicia que acabaría arruinando no sólo la imagen reputacional del banco, sino que podría llevar al banquillo a miembros del consejo de administración que preside Carlos Torres si se determina que supieron de la existencia de tal material y lo ocultaron a la justicia.
El ultimátum del juez, en cierta medida, es más una cortesía que lo contrario. Podría haber solicitado directamente el registro como ocurre con tantas causas de corrupción como las que ha manejado la Audiencia Nacional (Púnica, Lezo, Gürtel…). Y, sin embargo, nunca hubo preaviso de registro como en este caso.
PRESIDENCIA DE FRANCISCO GONZÁLEZ
Otro elemento nada tranquilizador para la factoría del espionaje del BBVA que funcionó durante el mandato de FG es que este requerimiento rompe el mito de que los hechos delictivos están prescritos. Por el momento, el juez no se da por aludido sobre tal circunstancia e investiga todos los posibles contratos e informes desde 2005 a 2017 bajo la presidencia de Francisco González y, después, ya se verá su configuración o no penal y su posible o no prescripción.
A partir de esta requisitoria, con los papeles en la mano, el juez podrá empezar con el desfile de citaciones para definir qué eran fabulaciones delictivas de Villarejo y cuáles eran acciones delictivas reales. Pero, fabulaciones o no, hay pruebas materiales de su espionaje y de que por tales acciones (o fabulaciones como el excomisario alega ahora en algunos casos) cobró sumas fabulosas del BBVA. Ningún banco paga millones por fábulas. Eso da valor a la palabra escrita por Villarejo y sus subalternos.
Fuentes de la entidad financiera indicaron a MONCLOA.COM que BBVA «ha colaborado y colaborará con las autoridades judiciales, respetando los principios y garantías que rigen los procedimientos judiciales».
García Castellón ya solicitó el pasado martes a MONCLOA.COM la entrega de la documentación publicada aquel día sobre el incendio del edificio Windsor. El juez reclamó los documentos “en relación a la contratación por parte de BBVA o su entonces Presidente a GRUPO CENYT (José Manuel VILLAREJO PÉREZ)”. El presidente del BBVA en 2004 era Francisco González y se trató de la primera vez que este último aparecía citado en un auto judicial, al menos con el cargo que ostentaba entonces.
El juez instructor precisó que este requerimiento a MONCLOA.COM se enmarca en las investigaciones en curso de la pieza secreta número 9 de ‘Operación Tándem’, que se abrió precisamente tras las primeras publicaciones de este diario y El Confidencial en enero sobre los trabajos encargados por el BBVA a Villarejo, y que aún siguen bajo secreto de sumario. MONCLOA.COM hizo entrega al juez de la información solicitada el mismo día.
Los documentos de texto elaborados por el comisario en prisión José Villarejo y su equipo desvelan su presunta relación con el pavoroso incendio, léase su planeamiento de la destrucción de las auditorías comprometedoras para FG, que se desató en el corazón financiero de Madrid hace ahora justo 14 años. Estos documentos, a los que ha tenido acceso en exclusiva MONCLOA.COM, pueden ser claves para retomar la investigación cerrada como un incendio fortuito ahora que se cumple este aniversario.
El Juzgado de Instrucción Central número 6, que dirige el juez Manuel García Castellón, es el que está llevando a cabo la investigación sobre todas las actividades presuntamente ilícitas del comisario Villarejo. Trabajos y encargos de empresas y partidos, que efectuaba en paralelo con su condición de oficial de alto rango de la Policía, de hecho, adjunto al director Operativo de la misma.
Por lo tanto, esta documentación hay que circunscribirla a la llamada ‘Operación Tándem’, que ya tiene nueve piezas separadas, con casi toda la instrucción bajo secreto de sumario. La última, relacionada con las actividades de Villarejo por encargo del BBVA, es la que hoy da un salto cualitativo con el escrito enviado por el juez García Castellón a la sede principal del banco que preside Carlos Torres.
