El consejero de Industria, Mikel Jauregi, exige a la SEPI condonar los 150 millones de euros que Tubos Reunidos le debe. Lo hace con una advertencia: ‘Sin quita de la deuda de SEPI, nos quedamos sin inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos’.
La advertencia la formuló durante su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del martes, 27 de octubre. Jauregi situó la compañía en ‘los minutos de descuento’ y reclamó ‘un cambio radical de la posición de SEPI’ para evitar el cierre de un grupo con tres plantas en Euskadi y 1.400 trabajadores.
Tubos Reunidos y los cinco inversores interesados afrontan una cita decisiva este miércoles, 28 de octubre, en una reunión con la SEPI y el Ejecutivo vasco. En ese encuentro debe concretarse si existe una fórmula que permita mantener la actividad y los 1.400 empleos vinculados a las factorías vascas.
Qué reclama el Gobierno Vasco a la SEPI
La deuda procede del rescate de 112 millones de euros concedido en julio de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el instrumento que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding adscrito al Ministerio de Hacienda. Aquella inyección se articuló como un préstamo a devolver.
El consejero reclama ahora una quita, es decir, la condonación parcial o total de esa deuda. Defiende que la ayuda pública no puede convertirse en ‘un lastre’ que impida la entrada de capital privado y traslada la decisión al terreno político, más allá del calendario financiero.
El expediente se encuentra en fase concursal y la administración concursal que lo tutela es la receptora directa de las comunicaciones del fondo público. Su criterio será determinante para validar cualquier acuerdo con los inversores y para fijar las condiciones de la eventual operación.
El Gobierno Vasco sostiene que sin condonación no habrá inversores, mientras la SEPI defiende que la normativa europea le impide anular la deuda.
La propuesta de la SEPI y el riesgo de ayuda de Estado
El organismo estatal ha trasladado durante meses a la administración concursal y al Ejecutivo autonómico la imposibilidad de anular el préstamo. Su argumento es que la Comisión Europea podría calificar esa condonación como ayuda de Estado incompatible con el mercado interior. Jauregi cuestionó que la SEPI haya consultado a la comisaria Teresa Ribera sobre el criterio aplicable al expediente.
La posición de Madrid quedó por escrito el sábado 24 de octubre. Julián Mateos-Aparicio, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, reiteró a los administradores concursales la disposición del Gobierno de España a examinar ‘las fórmulas’ que planteen los inversores para sostener la compañía sin condonar los 150 millones. La carta alude a la posibilidad de flexibilizar el calendario de reembolso ‘en lo que la norma permita’. Jauregi ha calificado esa vía de ‘aspirina’ para un ‘enfermo en la UCI’.
El precedente de 2021 y la presión política
El expediente se remonta a julio de 2021, cuando el fondo público de solvencia activó la inyección de 112 millones en una compañía considerada estratégica para la industria vasca. El régimen europeo de ayudas de Estado, recogido en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, obliga a autorizar cualquier medida pública que alivie la carga financiera de una empresa en dificultades, lo que limita el margen de la SEPI.
En paralelo, EH Bildu ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una salida que evite el cierre de las plantas y ha situado en el Ejecutivo central la responsabilidad de la solución. El Departamento de Industria mantiene la presión pública sobre la SEPI a pocas horas del encuentro.
Del resultado de la reunión depende la continuidad de tres factorías y de 1.400 puestos de trabajo en Euskadi. La SEPI es la titular de la deuda y el Gobierno Vasco actúa como interlocutor ante los inversores. Cualquier acuerdo deberá contar además con el visto bueno de la administración concursal.
