La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha ofrecido este jueves al ‘president’ de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, un presupuesto de legislatura para afrontar la emergencia sanitaria y la crisis económica derivada del coronavirus, además de exigir «sacrificios» en la administración y recortar 1.200 millones de euros para la primera fase de reconstrucción.
En rueda de prensa telemática, la primera desde el estado de alarma, ha tendido la mano al Consell tras mantener este mes «altura de miras más allá de la lógica crítica democrática». «Es el momento de arrimar el hombro y no ir a remolque», ha reivindicado poniendo el ejemplo del líder del PP, Pablo Casado, porque «el virus ha ido por delante del gobierno de Pedro Sánchez y del de Puig».
El Covid-19 demuestra para Bonig que la legislatura está «agotada y acabada» y que el Botànic II (PSPV, Compromís y Podem) está «roto, enfrentado y sin iniciativa» tras ofrecer «medias verdades y mucha improvisación». Sí ha reconocido que es una crisis que desborda a cualquier gobierno y ha advertido que pedirán responsabilidades cuando toque.
En este escenario, el PPCV quiere que el presupuesto sea de legislatura y no anual, con medidas contra la crisis inmediatas pero prorrogables, pero que «la primera en sacrificarse sea la administración, eliminando la grasa». «No podemos tener 350 asesores, un ‘president’ y 11 consellers», ha defendido Bonig en comparación a los siete del anterior gobierno.
TEST MASIVOS Y CLÚSTER PÚBLICO-PRIVADO
Su «paquete», anunciado en las últimas semanas, pasa por test masivos para todos los valencianos, un plan de choque sociosanitario para volver a una cierta normalidad, un clúster de colaboración público-privada para futuras pandemias o un refuerzo extraordinario de juzgados para no generar «más agonía y colapsos en empresas».
Otra de las medidas, «ahora que se habla de rentas» en España, es agilizar la renta valenciana de inclusión porque «solo llega al 3% de la población necesitada y hay una media nueve meses para cobrar».
El PPCV vuelve a reclamar la declaración del luto oficial, con banderas a media asta y crespón negro, al igual que «siempre que hay un asesinato por violencia machista». «Hay 945 compatriotas valencianos fallecidos que merecen algún tipo de reconocimiento», ha enfatizado Bonig.
Para que «la Comunitat se vuelva a poner en marcha», sus propuestas económicas pretenden evitar el cierre de empresas, los despidos y «un agujero financiero irreversible», sin ninguna subida de impuestos. Pide modificar el tramo autonómico del 0,7% del IRPF y destinarlo «especialmente a residencias y organizaciones» para gastos derivados de la pandemia.
También propone que la Generalitat asuma el pago de la cuota de los autónomos de abril a junio con fondos de la reducción de la administración y los 281 millones del IVA que adeuda el Gobierno de la liquidación de 2017. Bonig ha vuelto a exigir a Puig que lo reclame a Sánchez porque «es dinero de todos los valencianos», al igual que los fondos para el empleo.
En la misma línea, el PP plantea que el Consell asuma el 75% de las cotizaciones sociales durante seis meses, un plan de pago inmediato a proveedores y que aumente los seguros agrarios a cinco millones para cubrir el 80% en dos años. Y recuperar las ayudas «eliminadas» a la industria, hasta 70 millones, incluyendo el sector turístico como el más castigado: «Dinero en vena para las pymes».
En educación, el plan incluye acabar con la brecha digital y una rebaja de la matrícula universitaria del curso 2020-2021 en proporción a este último trimestre perdido. Bonig ha rechazado cualquier «aprobado general o masivo» y ha pedido que sea caso por caso, además de tachar de «contrasentido» permitir extraescolares en julio si no hay clase.
REABRIR LES CORTS
Como síndica del PP, ha urgido a que reabran Les Corts para que la oposición recupere el control al Botànic. Ha ironizado con que «ahora todos quieran comparecer» en diputación permanente, como anunciaron este miércoles tanto Puig como la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y la de Sanidad, Ana Barceló. Y ha exclamado: «No se puede amordazar a la democracia».
También en clave política, Bonig ha asegurado disponer de «datos y pruebas de la descoordinación entre el PSPV y Compromís y Podemos, unos haciéndolo mal pero dando la cara y otros escondiéndose», aunque cree que no es el momento.
«Esta no ha sido una crisis de presupuesto sanitario, ha sido una pandemia de gestión sanitaria», ha recalcado, apuntando los hospitales de campaña como un «error». Ha vuelto a pedir información sobre la gestión de las residencias de mayores, con «una clara responsabilidad política», y ha censurado la «opacidad y contradicción» en los datos de fallecidos.
Preguntada por si el PP pretende iniciar acciones legales como algunos sindicatos médicos, Bonig lo ha descartado de momento y ha asegurado que estarán «a su lado para que se sepa toda la verdad». «Si en este proceso vemos que se ha incurrido en delito, lo estudiaríamos», ha avisado.
