La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha pedido por escrito al Gobierno que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) –que funciona en Cataluña desde 2017 con 127.711 beneficiarios– sea subsidiaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal, para que su implementación no tenga un impacto negativo sobre la medida catalana.
Ha valorado positivamente una prestación para familias vulnerables, en especial ante el contexto de la crisis social y económica por el coronavirus, pero ha considerado que las comunidades autónomas no deberían tener límite en la complementariedad ni en la compatibilidad del IMV, ha informado la Conselleria este domingo en un comunicado.
Ha reclamado que las personas que soliciten el IMV y ya tengan reconocida la RGC dispongan de un acceso ágil, rápido y sencillo al nuevo ingreso, y que puedan darse por convalidados aquellos requisitos ya comprobados por las comunidades autónomas, desburocratizando la tramitación.
Siguiendo el modelo del sistema de pensiones no contributivas, ha pedido asegurar que el Govern se ocupe de la gestión del IMV y que se dote a la medida de suficientes recursos humanos, logísticos y económicos.
Y ha transmitido al Gobierno que es el momento de la coordinación basada en el respeto competencial, que debe permitir a cada comunidad autónoma diseñar las políticas de protección adaptadas a las singularidades de cada territorio.
