El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) califica de «chapuza» la gestión del Ministerio de Justicia en el inicio de la primera fase de la desescalada en el sector, que ha comenzado este martes con más presencia de trabajadores, pero sin medidas de protección adecuadas para ellos ante la pandemia de coronavirus y sin una mínima regulación en los órganos judiciales que ha llevado a las plantillas a la autoorganización.
Esta desescalada, según critica, incumple las indicaciones sanitarias porque las fases en la Administración de Justicia se han empezado a aplicar de manera uniforme en toda España a pesar de que algunos territorios continúan en la fase 0 dictada por el Ministerio de Sanidad para el resto de actividades.
«El Ministerio de Justicia, por tanto, se desliga de lo que se establece con carácter general para el resto de actividades. Nuevamente, hace gala de su falta de previsión y control de la situación de pandemia en la que estamos inmersos e implanta una mayor dotación de personal en las sedes judiciales sin tener acondicionados los establecimientos ni previstos los equipos de protección individual (EPI)», afirma.
EN EL ÚLTIMO MOMENTO
Según el STAJ, el ministerio que dirige Juan Carlos Campo tenía previsto desde hace más de una semana que este martes comenzaba la primera fase de la desescalada en Justicia, pero «hasta ayer por la tarde no había dictado ninguna instrucción específica desarrollando cómo debía procederse en este primer día de vuelta paulatina a la actividad».
La instrucción, ha apuntado, «se ha conocido hoy y por tanto ha sido imposible de cumplir» en los juzgados y tribunales, adonde hoy estaba prevista la vuelta al trabajo de entre el 30 y el 40 por ciento de las plantillas.
La mencionada instrucción, explica el sindicato, recoge algunas indicaciones relativas a distribución de mobiliario para permitir el distanciamiento social con el público, pero la mayoría de estas medidas «no ha podido cumplirse bien por no existir mobiliario disponible para ello o sencillamente por no permitirlo las características de las oficinas».
«Lo más grave es que el ministerio vuelve a negar la dotación de EPI a los funcionarios. En muchos edificios sólo se ha distribuido entre el personal que presta servicios de guardia y Registro Civil, y se han dado indicaciones de que a partir de ahora éstos sean los únicos funcionarios que reciban las mascarillas. El resto no, pues según el ministerio, son actividades de ‘baja exposición'», denuncia.
«Obvia el ministerio que en esta primera fase en las oficinas judiciales se incrementa el personal de forma notable, con lo cual conviviremos con otros compañeros, estaremos cerca unos de otros, nos cruzaremos cuando nos levantemos a coger algún expediente, cuando entremos en despachos de jueces para despachar con ellos, o simplemente para al ir al baño, usaremos teléfonos, utilizaremos fotocopiadores, faxes, etc., todo de uso común, además de tener que atender al público aunque sea con cita previa. Por supuesto, sin test de diagnóstico», añade.
Los funcionarios también reprochan que en este primer día de la desescalada no se ha dotado al personal de mascarillas, «cuando son funcionarios que constantemente están tratando con presos, testigos, profesionales, incluso ahora durante el estado de alarma». De hecho, aseguran que ha habido un aumento importante de público en las sedes judiciales y prevén que haya más a partir de mañana.
NO HAY DATOS DE CONTAGIOS
También se quejan de que el Ministerio de Justicia «niega a las organizaciones sindicales información actualizada y puntual acerca de los casos confirmados o posibles de funcionarios contagiados por el coronavirus», circunstancia que está generando «gran desconfianza entre el personal».
En el aspecto organizativo de los turnos de trabajo a partir de hoy, el sindicato denuncia que no se ha recibido ninguna indicación al respecto, por lo que «han tenido que ser los funcionarios quienes, por su cuenta, se organicen, llamándose por teléfono el día anterior, sin saber siquiera si el porcentaje en su concreto centro de trabajo iba a ser de un 30, un 35 o un 40 por ciento».
A juicio del STAJ, todo esto demuestra la «incompetencia» del ministerio para gestionar la crisis sanitaria en el ámbito de la Administración de Justicia y revela que «ha estado perdiendo el tiempo» durante los dos meses de paralización del sector por el estado de alarma.
«No se ha tomado ninguna medida realista y útil para evitar el colapso de la Justicia ocasionado por la suspensión de la actividad judicial, colapso que se suma al que ya sufre históricamente esta Administración por la dejadez de los distintos gobiernos; no ha previsto las necesidades en materia de seguridad antes de iniciar la desescalada ni ha implantado un sistema eficaz para favorecer el teletrabajo», resume.
