Los vicepresidentes de Vox plantan a la ministra Sira Rego y rechazan el reparto de menas de Ceuta. Carlos Pollán (Castilla y León), Óscar Fernández (Extremadura) y Alejandro Nolasco (Aragón) han comunicado este viernes al Ministerio de Juventud e Infancia que no acudirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 13 de agosto y exigen al Gobierno que paralice cualquier traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de la ciudad autónoma.
Las exigencias de Vox: trámites individuales y retorno a Marruecos
En las cartas remitidas al Ministerio, los tres vicepresidentes plantean tres reclamaciones fundamentales. Exigen al Gobierno que se abstenga de preparar o ejecutar traslado alguno hasta que no se hayan completado los expedientes individualizados previstos en la ley. También solicitan que el Ejecutivo remita el expediente completo y la situación administrativa de cada menor cuyo traslado pretenda realizar. Y, en tercer lugar, reclaman acelerar los procedimientos de reunificación familiar y, cuando la normativa lo permita, el retorno a Marruecos mediante entrega a las instituciones de protección marroquÃes.
Los dirigentes de Vox fundamentan su postura en la Ley Orgánica 4/2000 y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige una resolución individualizada y motivada, asà como acreditar la minorÃa de edad, intentar localizar a los progenitores y recabar los informes necesarios. Sostienen que no pueden aplicarse soluciones automáticas o colectivas sin estudiar cada caso. ‘Los menores, con sus familias’, subrayan, insistiendo en que el interés superior del menor obliga a priorizar la reunificación familiar siempre que sea posible.
El partido añade un argumento competencial: la materia de extranjerÃa corresponde exclusivamente al Estado; trasladar a los menores antes de que finalicen los procedimientos migratorios supone desplazar a las comunidades autónomas las consecuencias de una competencia estatal aún abierta. A juicio de Vox, esa distribución territorial puede dificultar la localización de familiares, retrasar los retornos y complicar la resolución de los expedientes.
Además, recuerdan que Marruecos ha manifestado su disposición a recibir a menores marroquÃes que se encuentren en España. Exigen por ello al Ejecutivo que explore esa vÃa antes de proceder a cualquier reparto entre regiones. Vox anuncia que recurrirá ante los tribunales aquellos expedientes que, según su criterio, deban concluir con el retorno y no lo hagan.
La dirección de Vox utiliza el plantón a la ministra para dejar claro que no aceptará repartos de menores sin el escrupuloso cumplimiento de la ley y sin dar prioridad al retorno a Marruecos.
Reacciones y viabilidad del órdago autonómico
La Comisión Sectorial del 13 de agosto se desarrollará sin representantes de Castilla y León, Extremadura ni Aragón, un vacÃo deliberado que evidencia la firmeza del pulso de Vox. Hasta el momento, el Ministerio de Juventud e Infancia no ha respondido oficialmente, pero fuentes gubernamentales han anticipado su rechazo frontal a las tesis de la formación, al considerar que el reparto solidario es una obligación derivada de la legislación de protección de menores.
Vox, por su parte, no descarta llevar el conflicto a los tribunales si el Gobierno insiste en trasladar a los menores sin haber ultimado los procedimientos individualizados. La formación ya ha empleado esta vÃa en otras ocasiones para condicionar la polÃtica migratoria desde los ejecutivos autonómicos.
Una maniobra con la vista puesta en el otoño polÃtico
La actuación conjunta de los tres vicepresidentes, coordinada con la dirección nacional de Santiago Abascal, trasciende el episodio concreto. Vox aprovecha la crisis migratoria de Ceuta para reforzar su perfil como único partido que exige control férreo de fronteras y devoluciones sistemáticas a los paÃses de origen. En vÃsperas del nuevo curso polÃtico, el objetivo es doble: marcar distancias con el PP, que en algunas comunidades ha aceptado el reparto de menores, y movilizar a un electorado sensible al discurso de la inmigración.
El precedente de las coaliciones autonómicas demuestra que Vox no se conforma con ocupar carteras; utiliza las instituciones para plasmar su ideario y condicionar la agenda del Gobierno central. La negativa a sentarse en la mesa sectorial es un gesto que incomoda tanto al Ejecutivo de Sánchez como a un PP que busca equilibrar firmeza y gestión responsable. En un escenario de fragmentación parlamentaria, cada movimiento de presión cuenta.
Con este plantón, Vox deja claro que no aceptará repartos que, a su entender, vulneren la legalidad y desprotejan a los menores. Las próximas semanas dirimirán si el Gobierno cede o si el conflicto escala en los tribunales.
