EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo confirma la condena a Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión y 17 años y tres meses de inhabilitación por dos delitos de prevaricación en el caso del auditorio de Puerto Lumbreras.
- ¿Quién está detrás? La Sala Segunda, con Manuel Marchena como presidente y Carmen Lamela como ponente, desestima el recurso de la defensa.
- ¿Qué impacto tiene? La oposición trata de extender la sombra al PP de Murcia y a López Miras, mientras Génova separa la responsabilidad individual del proyecto del partido.
El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la condena de tres años de prisión y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo público al ex presidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez por dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con falsedad documental, en el caso del auditorio de Puerto Lumbreras. La Sala Segunda desestima el recurso de la defensa y ratifica la multa de 3.600 euros.
Los hechos probados: un auditorio sin expediente y seis millones de euros
La resolución llega tras la sentencia que la Audiencia Provincial de Murcia dictó en marzo de 2023. El tribunal que la confirma lo integran Manuel Marchena, como presidente, Carmen Lamela, como ponente, y los magistrados Eduardo de Porres, Leopoldo Puente, y Javier Hernández. Los hechos se remontan a 2005, cuando Sánchez era alcalde de la localidad murciana.
Según el Tribunal Supremo, ‘un conjunto de irregularidades’ rodeó al proyecto del teatro-auditorio, que requería una subvención de seis millones de euros a la comunidad autónoma. El entonces regidor encargó verbalmente a un arquitecto la redacción de un anteproyecto ‘sin previo expediente alguno de contratación’, y ni ese documento ni el proyecto básico posterior tuvieron entrada en el registro municipal ni el visado del Colegio de Arquitectos.
Una vez comunicada la concesión de la ayuda, Sánchez remitió al órgano autonómico los proyectos y un escrito que afirmaba disponibilidad de la parcela por un convenio de cesión en trámite. El Supremo sostiene que eso ‘no era cierto’: ‘No consta ningún convenio probado, ni inscripción en el Registro de convenios urbanísticos sobre la citada parcela, ni expediente alguno tramitado al efecto’.
Cuando el arquitecto detectó la ‘inviabilidad técnica y económica’ de la obra, ambos, junto a la secretaria accidental del Consistorio, acordaron confeccionar un proyecto modificado que permitiera justificar la inversión y evitar el reintegro, ‘aunque ello supusiera dejar la obra inacabada. El arquitecto, Martín Lejarraga, ha sido condenado a 16 años y seis meses de inhabilitación como cooperador necesario.
El Supremo rechaza la tesis de la defensa de que la intervención de Sánchez fuera ‘meramente protocolaria o institucional’. Los magistrados concluyen que, ‘teniendo en cuenta la notoriedad y cuantía del proyecto’, era imposible que el ex alcalde no conociera lo que firmaba, y subrayan que no eran ‘escritos internos, sino documentos administrativos oficiales’ dirigidos al órgano concedente de la subvención.
El Supremo ratifica la condena, pero el caso pertenece a la etapa municipal de Sánchez, un capítulo que el PP cerró con su dimisión en 2017.
Del fallo al tablero político: la oposición busca extender la sombra
Desde el PSOE, la portavoz regional Isabel Gadea ha afirmado que ‘el modelo de gestión del PP en la Región de Murcia ha sido condenado a prisión’. La dirigente socialista ha vinculado el fallo con el actual presidente autonómico, Fernando López Miras, y con el ex presidente Ramón Luis Valcárcel, a quien sitúa pendiente de juicio. Son acusaciones políticas que no cuentan con una resolución judicial firme que las respalde.
Por su parte, la diputada de Podemos en el parlamento autonómico, María Marín, ha calificado la resolución como ‘una condena al padrino de López Miras y a todo el Partido Popular’. Para Marín, los tres años de prisión ‘se quedan cortos’ ante lo que describió como ‘un fraude de seis millones de euros’.
El PP, por su parte, enmarca la sentencia en la etapa municipal de Sánchez y recuerda que el ex presidente ya dimitió en 2017 para no arrastrar al conjunto del partido. Aquel 28 de abril de 2017, Fernando López Miras fue investido presidente de la Región gracias a la abstención de Ciudadanos, lo que abrió una nueva etapa de gestión al frente del Gobierno murciano.
El Eje del Poder Popular
En esta redacción entendemos que el fallo obliga a Génova a administrar con cuidado dos planos. El primero es el respeto escrupuloso a la Justicia, una seña de identidad del Partido Popular que la dirección nacional reivindica frente a los ataques del Gobierno a los tribunales. El segundo es la separación entre responsabilidades individuales y el proyecto colectivo. Pedro Antonio Sánchez pagó con su dimisión en 2017 el coste político de un caso que, conviene subrayarlo, se remonta a su etapa como alcalde, muy anterior a su presidencia regional.
La Región de Murcia, gobernada por el PP, es donde la noticia aterriza con más fuerza. La estrategia de Fernando López Miras ha sido la de renovar el discurso y desplegar una gestión de perfil propio, con foco en sectores productivos como el agua y la agricultura. Ese es el terreno donde el partido quiere que se dirima el debate, y no en un expediente judicial que ya forma parte del pasado.
El riesgo para el PP es que la oposición intente convertir un caso cerrado en una etiqueta general. La respuesta que ensayan Génova y el grupo parlamentario es la de siempre: distinguir los expedientes individuales de la salud institucional del partido y reivindicar su política de tolerancia cero. La comparación con la regeneración que encarnan barones como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno forma parte de ese argumentario.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Respeto a las resoluciones judiciales y separación entre responsabilidades individuales y el proyecto del Partido Popular.
- Protagonista: Fernando López Miras (presidente de la Región de Murcia).
- Próximo hito: Ejecución de la sentencia firme y eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
