EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una moción que reclama al Gobierno todos los expedientes, circulares e instrucciones del voto CERA vinculado a la conocida como ley de nietos. Se debatirá el próximo martes y se votará el miércoles 30 de septiembre.
- ¿Quién está detrás? El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, y su dirección nacional, que lleva meses peinando la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
- ¿Qué impacto tiene? Obliga al PSOE a retratarse sobre la depuración caso a caso del censo antes de que el Tribunal Supremo resuelva sobre el fondo.
El PP llevará al Pleno del Senado una moción para depurar caso a caso el censo del voto CERA de la ley de nietos. La Cámara Alta debatirá la iniciativa el próximo martes y la votará el miércoles 30 de septiembre, con el Grupo Parlamentario Popular en disposición de sacarla adelante gracias a su mayoría absoluta. La moción, impulsada por Génova, recopila en doce exigencias la ofensiva parlamentaria contra la aplicación que el partido considera manipulada de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Votación, calendario y las doce exigencias de la moción
El núcleo operativo del texto es la documentación. El PP reclama al Gobierno todos los expedientes, criterios, circulares, notas interpretativas y órdenes internas que hayan utilizado el Ministerio de Justicia, Exteriores, los consulados y los registros civiles para tramitar las solicitudes. El objetivo declarado es impedir que el Ejecutivo pueda escudarse en instrucciones no publicadas, con independencia de lo que resuelva el Tribunal Supremo.
La iniciativa pide además un desglose de solicitudes, concesiones y denegaciones, con las nacionalidades inscritas y las causas de resolución. También quiere saber cuántos electores se han incorporado al censo, dónde están registrados y qué altas presentan errores, falta de trazabilidad documental o aplicación incorrecta de los criterios. La petición busca que se garantice la identificación del nacionalizado, su vínculo familiar y su correcta adscripción al CERA o al censo de residentes.
El texto no pide anular nacionalidades ni puede impedir que el Supremo revise o levante su propia cautelar. Exige únicamente que la Oficina del Censo Electoral y la Junta Electoral Central no restituyan el derecho de voto de las inscripciones afectadas sin acreditar el vínculo familiar, documental y territorial exigido en cada expediente. La moción puede seguirse en la web oficial del Senado. Es, hasta la fecha, el compendio parlamentario más completo del PP tras meses de litigios, peticiones de datos y denuncias sobre las más de 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad presentadas.
La moción no revocará una sola nacionalidad: obligará al PSOE a votar en el Senado sobre las garantías de legalidad que hasta ahora ha esquivado.
El interés electoral que el PP atribuye al PSOE
Los populares sostienen que el Ejecutivo siempre negó que la medida tuviera un interés electoral, pero detectan una contradicción en su reacción posterior a la cautelar del Supremo. Según fuentes de la dirección nacional consultadas por Moncloa.com, ‘en cuanto el Supremo suspendió los efectos de manera cautelar han salido todos los ministros a presionar a los jueces para que resuelvan antes de las elecciones’. Once de los doce puntos de la moción tienen, de hecho, dimensión electoral.
La dirección popular responde que controlar al Gobierno y sospechar de todo lo que hace el sanchismo, es la tarea de la oposición, pero sitúa el asunto de la nacionalidad en el centro del debate porque, alegan, no es un trámite administrativo sino un honor. Recuerdan que ser español supone pasaporte europeo, libre circulación, derecho de residencia y acceso a servicios públicos, además del sufragio. ‘Incorporar a millones de personas al cuerpo político español les permite a todos usar, por ejemplo, la sanidad pública, vivan donde vivan’, apuntan.
A esa batería de reproches se suma la enmienda que Sumar ha registrado a la reforma de la Ley Orgánica de Educación, que se tramita en el Congreso de los Diputados. La formación pretende elevar a rango legal parte del contenido aplicado por la instrucción de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente. Para el PP, es una ‘enmienda intrusa’ que demuestra lo poco que les interesa el fracaso del informe PISA y, sobre todo, una confesión de culpa.
El Eje del Poder Popular
El calendario no es casual. La moción llega a la Cámara Alta la misma semana en que el Supremo ha ordenado a los consulados verificar qué expedientes cumplen los requisitos legales, y el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, la palanca que ha convertido en rutina la corrección parlamentaria de las leyes del Gobierno. Génova mantiene la presión sobre el voto exterior mientras los barones autonómicos subrayan que las comunidades que gobiernan serían las primeras en absorber el impacto de un censo inflado.
El aterrizaje territorial es directo. Un alta irregular en el CERA no solo altera el reparto de escaños por circunscripción: tensiona también el acceso a servicios públicos en las comunidades que reciben población retornada o nacionalizada. El PP enmarca su ofensiva como una defensa del principio de jerarquía normativa, después de que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ampliara, según su tesis, el alcance de una norma aprobada por las Cortes mediante una instrucción administrativa.
El riesgo inmediato es de expectativas. La moción no resuelve el litigio de fondo ni ata las manos del Supremo, de modo que el partido deberá sostener la presión en el tiempo y evitar que el PSOE convierta la votación en un simple trámite. El precedente es conocido: en el Senado, el PP ha convertido los vetos y las mociones en el instrumento para forzar al Gobierno a retratarse, aunque en la mayoría de los casos no logre el efecto normativo deseado de inmediato.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Defensa de la legalidad y del voto con garantías frente a la aplicación interesada de la ley de nietos.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP) y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
- Próximo hito: Debate de la moción el martes 29 de septiembre y votación en el Pleno del Senado el miércoles 30.
