Cataluña afronta la mayor inversión eléctrica de su historia. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Govern han acordado incorporar 3.800 megavatios (MW) de nueva capacidad a la red de transporte catalana hasta 2030, dentro de un plan estatal que movilizará 17.000 millones de euros en toda España. La cifra es inédita. La letra pequeña, todavía, un borrador.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, puso voz al anuncio. ‘Es un paso rotundo, un antes y un después’, aseguró durante la presentación, celebrada en uno de los puntos que se beneficiarán del refuerzo. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, lo secundó con una fórmula más técnica y, quizá por eso, más elocuente: ‘hemos pasado de una muy buena planificación a una excelente’.
Un salto histórico para la red catalana
El despliegue contempla 96 subestaciones nuevas o mejoradas, 437 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, y otros 640 kilómetros de tendidos repotenciados para aumentar su capacidad. La ejecución recaerá en Redeia, la matriz de Red Eléctrica, en la que el Estado controla el 20% del capital a través de la SEPI. No es un detalle menor: la titularidad de la red vuelve, cada cierto tiempo, al centro del debate político catalán.
En el capítulo de renovables, donde Cataluña arrastra un retraso reconocido respecto a otras comunidades, el plan ampliará la capacidad de acceso para nuevas instalaciones de generación con 3 GW y de almacenamiento con 1,5 GW. Eso permitirá dar cabida a centrales hidroeléctricas reversibles como el proyecto de La Baells y habilitar nuevos puntos de conexión para eólica y fotovoltaica.
Los territorios que notarán el cambio
El nuevo campus del hospital Josep Trueta, entre Girona y Salt, es uno de los proyectos que reforzará su suministro con estas inversiones. Otra gran infraestructura sanitaria, el nuevo hospital Clínic en la Diagonal, dispondrá de 30 MW dentro de los 3.800 previstos. La salud, en este plan, no es una metáfora: son equipos que consumen y que necesitan garantía.
La industria será otra de las protagonistas. El polígono de Torreblanca-Quatre Pilans, a las afueras de Lleida, contará con una nueva subestación eléctrica. Y Paneque situó como pieza estratégica la futura gigafactoría de inteligencia artificial en Móra d’Ebre, una ‘oportunidad para el país’ que, según defendió, se desarrollará con criterios ambientales.
La red que Cataluña no construyó en dos décadas empieza a levantarse con dinero estatal y promesas aún sin repartir.
A la lista se suman la electrificación del Port de Barcelona, las plantas desalinizadoras de Cubelles y La Muga y la futura infraestructura de hidrógeno verde. Es la fina lluvia de electricidad que Paneque prometió para todo el territorio: capilaridad, no un único gran nodo.
La letra pequeña: quién paga y por qué importa
Aquí conviene frenar. El Ministerio no ha concretado qué parte de los 17.000 millones tocará a cada comunidad, porque sostiene que muchas actuaciones tienen un impacto transversal y no se pueden asignar a una sola región. Traducido: la Generalitat celebra una cifra histórica que, por ahora, no puede auditar en clave territorial.
La lectura política es doble. Por un lado, el Govern exhibe capacidad de atracción de inversión estatal en un asunto sensible; por otro, la ejecución depende de Redeia, una compañía cuyo principal accionista institucional es el propio Estado. Cataluña gana red, pero no controla el calendario. Ese reparto de poder es el que seguirá dando titulares.
El precedente juega en contra de las prisas. Durante años, Cataluña ha visto cómo otras comunidades avanzaban en renovables mientras aquí se encadenaban los trámites administrativos. Esta vez, el volumen es lo bastante grande como para cambiarlo todo, siempre que las subestaciones lleguen a tiempo.
Lo que observamos es un movimiento con doble filo. Moncloa necesita mostrar músculo inversor en un territorio donde la desconfianza hacia el Estado sigue siendo moneda corriente, y la Generalitat necesita colgarse la medalla de una cifra que, en realidad, firma el Ministerio. Nadie va a reconocerlo en público. Los dos gobiernos salen a ganar, y ese equilibrio frágil suele durar poco.
La próxima cita para comprobarlo será el desarrollo normativo del plan, previsto a lo largo de 2027. Ahí se sabrá si los 3.800 MW son una promesa que aterriza en las comarcas o una cifra de portada que se diluye en los despachos.
