EN 30 SEGUNDOS
- ĀæQuĆ© ha pasado? El Gobierno negocia con Junts el real decreto de vivienda que el Consejo de Ministros quiere aprobar el martes 29 de septiembre para limitar los desahucios; ambas partes confirman ya el intercambio de documentos.
- ĀæQuiĆ©n estĆ” detrĆ”s? La ministra de Vivienda, Isabel RodrĆguez, lleva la interlocuciĆ³n directa con MĆriam Nogueras (Junts) e Ione Belarra (Podemos), segĆŗn fuentes del Ejecutivo.
- ĀæQuĆ© impacto tiene? El texto entrarĆa en vigor de inmediato, pero necesita la convalidaciĆ³n del Congreso en el plazo de un mes, con los votos de Junts, ERC, EH Bildu y Podemos todavĆa en el aire.
El decreto de vivienda que Moncloa quiere aprobar el martes depende ahora del pulso fiscal con Junts. El Ministerio de Vivienda y el grupo de Carles Puigdemont intercambian documentos para cerrar un texto que limite los desahucios y llegue al Consejo de Ministros del 29 de septiembre con garantĆas parlamentarias.
QuƩ exige Junts y quƩ estƔ dispuesta a ceder Moncloa antes del martes
Las sensaciones ya no son las de hace unas semanas, cuando el decreto permanecĆa varado ante el bloqueo absoluto de las conversaciones. Fuentes del Ejecutivo apuntan que es la propia ministra quien pilota la interlocuciĆ³n con MĆriam Nogueras y con Ione Belarra, y RodrĆguez admitiĆ³ este jueves que lo ocurrido en las Ćŗltimas horas ‘ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venĆan mĆ”s distanciadas’. El detonante tiene nombre: el desahucio de Maricarmen, que ha devuelto la vivienda al centro del debate pĆŗblico.
Aprobar el texto el martes serĆa solo el primer hito. DespuĆ©s se abre un mes para seguir negociando antes de la convalidaciĆ³n en el Congreso, el trĆ”mite por el que la CĆ”mara baja ratifica o tumba un real decreto-ley ānorma con rango de ley que el Gobierno aprueba sin pasar antes por las Cortesā en una Ćŗnica votaciĆ³n y sin margen para enmiendas parciales, tal y como fija el texto constitucional publicado en el BOE.
El corazĆ³n del acuerdo estĆ” en los desahucios. La ley vigente paraliza el lanzamiento durante cuatro meses desde la primera orden judicial, a la espera de que la administraciĆ³n competente ācomunidades autĆ³nomas y ayuntamientos, sobre todoā ofrezca una alternativa habitacional; si el plazo expira sin soluciĆ³n, el desalojo se reactiva. Vivienda plantea ahora una fĆ³rmula intermedia: mantener la paralizaciĆ³n mĆ”s allĆ” del cuarto mes mientras no exista alternativa, pero que sea la administraciĆ³n, y no el propietario, quien asuma los gastos del proceso.
La propuesta bebe de una idea que Junts defiende desde hace meses: que el Estado abone al casero la renta que deja de percibir para suspender el lanzamiento. Los de Puigdemont entregaron hace dos semanas a Pedro SĆ”nchez un paquete de ‘medidas concretas’ y en abril registraron una proposiciĆ³n no de ley āsin efectos legales, pero Ćŗtil para presionarā con deducciones por compra de vivienda habitual, exenciones para inquilinos, con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales, IVA al 0% para menores de 35 aƱos y la cesiĆ³n a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb en Catalunya.
El problema es la aritmĆ©tica. Cada concesiĆ³n a Junts, casi todas fiscales y en beneficio de los propietarios, debe convivir con la lĆnea roja de Podemos: no votarĆ” ningĆŗn decreto que incluya la reforma de la ley del suelo que promovĆan el PSOE y el PNV. EH Bildu se declara dispuesta a ‘asumir ciertas cuestiones’, pero rechaza bonificaciones generalizadas que no discriminen por nivel de renta.
La vivienda ha dejado de ser un asunto de gestiĆ³n para convertirse en el termĆ³metro polĆtico de la legislatura, y ahora cada voto cuesta una cesiĆ³n.
La presiĆ³n social reabre una negociaciĆ³n que llevaba meses bloqueada
Quien moviĆ³ ficha fue ERC. Su portavoz en el Congreso, Gabriel RufiĆ”n, criticĆ³ que Vivienda haya empezado la ronda por Junts: ‘Puigdemont no debe ser quien le establezca los lĆmites en Vivienda a los demĆ”s’. Los republicanos admiten conversaciones con el Gobierno, aunque censuran que se negocie con un grupo que, sostienen, tiene intereses inmobiliarios.
En el PSOE mantienen la calma y el argumentario. Fuentes socialistas insisten en que habrƔ una nueva oportunidad para votar el real decreto y reclaman altura de miras a todos los grupos. La lectura de Ferraz es que el texto responde a un problema real, el desahucio de familias vulnerables, y lo hace sin dejar desprotegido al propietario, que es el equilibrio que reclama tambiƩn Bruselas. Nada estƔ cerrado. Pero el marco ya existe.
El aterrizaje territorial es inmediato. Las comunidades autĆ³nomas y los ayuntamientos son las administraciones que deben ofrecer la alternativa habitacional y, con el nuevo diseƱo, tambiĆ©n quienes cargan con el coste mientras se resuelve el proceso. En Catalunya, la cesiĆ³n de los inmuebles de la Sareb recaerĆa sobre la Generalitat que preside Salvador Illa, lo que aƱade una capa de competencia entre el PSC y los grupos independentistas. En el resto del paĆs, un marco estatal estable es la condiciĆ³n que los gobiernos territoriales vienen reclamando para no legislar cada uno a su aire.
El trĆ”mite tampoco admite improvisaciones: el texto que salga del Consejo de Ministros viajarĆ” al Congreso acompaƱado de su memoria econĆ³mica y del informe preceptivo de los servicios jurĆdicos, y allĆ se someterĆ” a una votaciĆ³n Ćŗnica. Puedes seguir la tramitaciĆ³n parlamentaria en la web oficial de la CĆ”mara baja.
El Eje del Poder Socialista
Lo que observamos es un patrĆ³n que se repite desde el arranque de la legislatura: Ferraz legisla con el BoletĆn Oficial en una mano y la calculadora de votos en la otra. El Grupo Parlamentario Socialista sabe que una convalidaciĆ³n se decide en una sola votaciĆ³n y sin segunda oportunidad. Ya ocurriĆ³ en enero de 2024, cuando el decreto Ć³mnibus de medidas anticrisis decayĆ³ en el Pleno por un empate a 171 votos que dejĆ³ a Moncloa sin margen y obligĆ³ a trocear el paquete para salvarlo despuĆ©s.
El pulso interno no es menor. La direcciĆ³n federal sostiene que detener los desahucios es la prioridad y que las cesiones fiscales son el precio de un acuerdo que ningĆŗn otro socio puede cubrir en solitario; los gobiernos autonĆ³micos y municipales del PSOE, por su parte, miran la letra pequeƱa de la financiaciĆ³n, porque son ellos quienes acaban gestionando la alternativa habitacional. Ferraz ha abierto asĆ un debate interno necesario sobre hasta dĆ³nde se puede ceder en fiscalidad sin romper el bloque de la investidura.
La oposiciĆ³n tiene aquĆ una contradicciĆ³n cĆ³moda de seƱalar. El PP y Vox reclaman mano dura contra la ocupaciĆ³n ilegal, pero sus iniciativas no abordan la situaciĆ³n de las familias que se quedan sin techo; Junts, en paralelo, negocia las exenciones que reclamaba por escrito desde abril. Si el martes el decreto sale del Consejo de Ministros y en octubre supera la convalidaciĆ³n, el Gobierno habrĆ” demostrado que la vivienda se ordena con acuerdo y que el coste del proceso lo asume la administraciĆ³n, no el inquilino vulnerable.
El reloj no perdona. Vivienda y Junts tienen hasta el lunes para cerrar los Ćŗltimos flecos fiscales, y el texto que apruebe el Ejecutivo serĆ” el que llegue a la CĆ”mara. Si el acuerdo se rompe, el decreto nace con fecha de caducidad y la negociaciĆ³n vuelve al punto de partida.
š¹ El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El derecho a la vivienda se defiende con medidas que protegen al vulnerable sin dejar indefenso al propietario.
- Protagonista: Isabel RodrĆguez (ministra de Vivienda y Agenda Urbana).
- PrĆ³ximo hito: Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre y posterior convalidaciĆ³n del real decreto en el Congreso.
