EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno negocia con Junts el real decreto de vivienda que el Consejo de Ministros quiere aprobar el martes 29 de septiembre para limitar los desahucios; ambas partes confirman ya el intercambio de documentos.
- ¿Quién está detrás? La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lleva la interlocución directa con Míriam Nogueras (Junts) e Ione Belarra (Podemos), según fuentes del Ejecutivo.
- ¿Qué impacto tiene? El texto entraría en vigor de inmediato, pero necesita la convalidación del Congreso en el plazo de un mes, con los votos de Junts, ERC, EH Bildu y Podemos todavía en el aire.
El decreto de vivienda que Moncloa quiere aprobar el martes depende ahora del pulso fiscal con Junts. El Ministerio de Vivienda y el grupo de Carles Puigdemont intercambian documentos para cerrar un texto que limite los desahucios y llegue al Consejo de Ministros del 29 de septiembre con garantías parlamentarias.
Qué exige Junts y qué está dispuesta a ceder Moncloa antes del martes
Las sensaciones ya no son las de hace unas semanas, cuando el decreto permanecía varado ante el bloqueo absoluto de las conversaciones. Fuentes del Ejecutivo apuntan que es la propia ministra quien pilota la interlocución con Míriam Nogueras y con Ione Belarra, y Rodríguez admitió este jueves que lo ocurrido en las últimas horas ‘ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas’. El detonante tiene nombre: el desahucio de Maricarmen, que ha devuelto la vivienda al centro del debate público.
Aprobar el texto el martes sería solo el primer hito. Después se abre un mes para seguir negociando antes de la convalidación en el Congreso, el trámite por el que la Cámara baja ratifica o tumba un real decreto-ley —norma con rango de ley que el Gobierno aprueba sin pasar antes por las Cortes— en una única votación y sin margen para enmiendas parciales, tal y como fija el texto constitucional publicado en el BOE.
El corazón del acuerdo está en los desahucios. La ley vigente paraliza el lanzamiento durante cuatro meses desde la primera orden judicial, a la espera de que la administración competente —comunidades autónomas y ayuntamientos, sobre todo— ofrezca una alternativa habitacional; si el plazo expira sin solución, el desalojo se reactiva. Vivienda plantea ahora una fórmula intermedia: mantener la paralización más allá del cuarto mes mientras no exista alternativa, pero que sea la administración, y no el propietario, quien asuma los gastos del proceso.
La propuesta bebe de una idea que Junts defiende desde hace meses: que el Estado abone al casero la renta que deja de percibir para suspender el lanzamiento. Los de Puigdemont entregaron hace dos semanas a Pedro Sánchez un paquete de ‘medidas concretas’ y en abril registraron una proposición no de ley —sin efectos legales, pero útil para presionar— con deducciones por compra de vivienda habitual, exenciones para inquilinos, con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales, IVA al 0% para menores de 35 años y la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb en Catalunya.
El problema es la aritmética. Cada concesión a Junts, casi todas fiscales y en beneficio de los propietarios, debe convivir con la línea roja de Podemos: no votará ningún decreto que incluya la reforma de la ley del suelo que promovían el PSOE y el PNV. EH Bildu se declara dispuesta a ‘asumir ciertas cuestiones’, pero rechaza bonificaciones generalizadas que no discriminen por nivel de renta.
La vivienda ha dejado de ser un asunto de gestión para convertirse en el termómetro político de la legislatura, y ahora cada voto cuesta una cesión.
La presión social reabre una negociación que llevaba meses bloqueada
Quien movió ficha fue ERC. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, criticó que Vivienda haya empezado la ronda por Junts: ‘Puigdemont no debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás’. Los republicanos admiten conversaciones con el Gobierno, aunque censuran que se negocie con un grupo que, sostienen, tiene intereses inmobiliarios.
En el PSOE mantienen la calma y el argumentario. Fuentes socialistas insisten en que habrá una nueva oportunidad para votar el real decreto y reclaman altura de miras a todos los grupos. La lectura de Ferraz es que el texto responde a un problema real, el desahucio de familias vulnerables, y lo hace sin dejar desprotegido al propietario, que es el equilibrio que reclama también Bruselas. Nada está cerrado. Pero el marco ya existe.
El aterrizaje territorial es inmediato. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos son las administraciones que deben ofrecer la alternativa habitacional y, con el nuevo diseño, también quienes cargan con el coste mientras se resuelve el proceso. En Catalunya, la cesión de los inmuebles de la Sareb recaería sobre la Generalitat que preside Salvador Illa, lo que añade una capa de competencia entre el PSC y los grupos independentistas. En el resto del país, un marco estatal estable es la condición que los gobiernos territoriales vienen reclamando para no legislar cada uno a su aire.
El trámite tampoco admite improvisaciones: el texto que salga del Consejo de Ministros viajará al Congreso acompañado de su memoria económica y del informe preceptivo de los servicios jurídicos, y allí se someterá a una votación única. Puedes seguir la tramitación parlamentaria en la web oficial de la Cámara baja.
El Eje del Poder Socialista
Lo que observamos es un patrón que se repite desde el arranque de la legislatura: Ferraz legisla con el Boletín Oficial en una mano y la calculadora de votos en la otra. El Grupo Parlamentario Socialista sabe que una convalidación se decide en una sola votación y sin segunda oportunidad. Ya ocurrió en enero de 2024, cuando el decreto ómnibus de medidas anticrisis decayó en el Pleno por un empate a 171 votos que dejó a Moncloa sin margen y obligó a trocear el paquete para salvarlo después.
El pulso interno no es menor. La dirección federal sostiene que detener los desahucios es la prioridad y que las cesiones fiscales son el precio de un acuerdo que ningún otro socio puede cubrir en solitario; los gobiernos autonómicos y municipales del PSOE, por su parte, miran la letra pequeña de la financiación, porque son ellos quienes acaban gestionando la alternativa habitacional. Ferraz ha abierto así un debate interno necesario sobre hasta dónde se puede ceder en fiscalidad sin romper el bloque de la investidura.
La oposición tiene aquí una contradicción cómoda de señalar. El PP y Vox reclaman mano dura contra la ocupación ilegal, pero sus iniciativas no abordan la situación de las familias que se quedan sin techo; Junts, en paralelo, negocia las exenciones que reclamaba por escrito desde abril. Si el martes el decreto sale del Consejo de Ministros y en octubre supera la convalidación, el Gobierno habrá demostrado que la vivienda se ordena con acuerdo y que el coste del proceso lo asume la administración, no el inquilino vulnerable.
El reloj no perdona. Vivienda y Junts tienen hasta el lunes para cerrar los últimos flecos fiscales, y el texto que apruebe el Ejecutivo será el que llegue a la Cámara. Si el acuerdo se rompe, el decreto nace con fecha de caducidad y la negociación vuelve al punto de partida.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El derecho a la vivienda se defiende con medidas que protegen al vulnerable sin dejar indefenso al propietario.
- Protagonista: Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda y Agenda Urbana).
- Próximo hito: Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre y posterior convalidación del real decreto en el Congreso.
