La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia, compuesta por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas y el Consejo General de la Abogacía Española, han acordado este viernes mantener la fase 1 de la desescalada en el sector.
Esta primera fase, que se inició este martes, supuso la reincorporación de entre el 30 y el 40 por ciento de la plantilla de la Administración de Justicia. La Comisión ha acordado mantener estos porcentajes para la prestación del servicio ante la necesidad de seguir analizando de manera sosegada en cada sede judicial y resto de servicios las medidas de seguridad colectivas y personales precisas para evitar contagios.
Durante el encuentro que se ha tenido esta mañana, y al que ha asistido el ministro Juan Carlos Campo, se ha analizado los primeros cuatro días de reincorporación programada de los funcionarios judiciales y se ha transmitido que ha «transcurrido con normalidad y sin incidentes reseñables», según informa el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y la comunidades autónomas que tienen atribuida la gestión tanto de los medios como del personal en los juzgados, tribunales, fiscalías y el resto de servicios han coincidido en la necesidad de continuar en la fase actual.
CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS
Los sindicatos de la Administración de Justicia mostraron el pasado martes su descontento con la forma en la que se había llevado a cabo el arranque de la actividad y denunciaron que éste se esté haciendo de manera homogénea en toda España sin tener en cuenta que muchas provincias continúan por recomendación de las autoridades sanitarias en la fase 0 del plan de desescalada del Gobierno.
Así lo hizo el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que calificó de «chapuza» la gestión del Ministerio de Justicia en el inicio de la primera fase de la desescalada en el sector. El sindicato criticó la autoorganización de las plantillas y lamentó la falta de medidas de protección adecuadas para los funcionarios de Justicia contra la pandemia de coronavirus.
Otros dos sindicatos, han llevado la actuación del Ministerio ante la Inspección de Trabajo. Uno de ellos ha sido el CSIF, que ha tachado al Ministerio de «irresponsable» por comenzar la recuperación de la actividad con una «evidente falta de medios de protección»; mientras que CCOO asegura ante la autoridad laboral que durante todo el estado de alarma y la puesta en marcha del plan de desescalada, el departamento que dirige Juan Carlos Campo ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
FASES DE LA DESESCALADA
La Orden del Ministerio de Justicia por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19, publicada el pasado 9 de mayo, prevé que la fase 1, denominada «Inicio de la reincorporación programada», se prolongue durante al menos una semana, siempre en función de los cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus que establezca el Gobierno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
La disposición recoge otras tres fases hasta la vuelta a la nueva normalidad. La segunda fase, denominada «Preparación para la reactivación de los pasos procesales», prevé la reincorporación de entre el 60 y el 70 por ciento de los funcionarios. La fase 3, «Actividad ordinaria con plazos procesales activados», establece la vuelta al trabajo de la totalidad de la plantilla para el momento en que se levante la suspensión de actuaciones.
Por último, la fase 4, «Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma», comenzará en el momento en que se supriman las recomendaciones sanitarias permitiendo el retorno al funcionamiento ordinario de cada órgano.
Esta norma, consensuada en la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19, busca conjugar el retorno escalonado al trabajo en los órganos judiciales, fiscalías, institutos de medicina legal e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el «máximo rigor en las medidas de seguridad laboral para garantizar la salud de todos los operadores jurídicos y los usuarios del servicio público de la justicia», explica el Ministerio en un comunicado.
Por otro lado, los participantes en la reunión también se han comprometido a compartir en próximos encuentros sus propuestas para la creación de juzgados especializados en asuntos derivados de la crisis del Covid-19 que prevé el decreto aprobado el pasado 28 de abril para evitar el colapso de los juzgados y tribunales, convalidado por el Congreso de los Diputados este miércoles.
