El Parlament ha aprobado este jueves el decreto ley del Govern que otorga a la Conselleria de Salud de la Generalitat las competencias para el control del coronavirus en las residencias de gente mayor, que antes dependía del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
En un pleno telemático, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha justificado que el cambio de titularidad era necesario «ante una pandemia que necesitaba medicalizar el sistema», y ha negado que haya habido dejadez ni mala praxis por parte del Govern.
A la espera de que en este pleno se apruebe una comisión de investigación sobre las residencias, ha asegurado que están abiertos al debate para poner al día el sistema residencial y evidenciar «los déficits acumulados durante décadas de infrafinanciación»
El decreto ley también incluye medidas para aportar estabilidad económica a entidades del sistema de salud, una ampliación del fondo de contingencia para atender el gasto extraordinario derivado de la pandemia y la reducción del canon del agua que pagan campings y hoteles.
También se ha aprobado otro decreto con medidas complementarias al determinar las competencias que asume Salud y las que mantiene Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en diversos centros residenciales, y, en el ámbito del sector público, amplía hasta finales de año el plazo para el depósito de fianzas de los contratos de arrendamientos urbanos.
La diputada de CatECP Marta Ribas ha considerado necesario que Salud asumiera las competencias de las residencias en plena emergencia sanitaria, pero ha pedido que vuelvan a depender de Asuntos Sociales cuando termine la pandemia: «Lo que debe permanecer en manos de salud es la atención sanitaria en las residencias», ha añadido.
Junto con el diputado de la CUP Vidal Aragonès, ambos han sido muy críticos con el precio de compensación de 43.400 euros que desde el presupuesto público se paga a la sanidad privada por estancias derivadas del coronavirus, «muy superior a cualquier referencia» de comparación de precios en otros territorios, como Navarra.
«En este decreto han elegido derecha y sanidad privada», ha lamentado la diputada del PSC Assumpta Escarp, que ha preguntado si esta crisis se hubiera afrontado mejor sin los recortes que sufrió el sistema sanitario con Boi Ruiz al frente.
PP Y CS
El diputado de Cs Jorge Soler ha reprochado que el Govern reclame que les devuelvan las competencias y luego «vacían de competencias una Conselleria para traspasarlas a otra», y ha llamado a Aragonès a superar el debate de la gestión pública y privada del modelo sanitario porque, a su juicio, se necesitan todas las estructuras.
Desde el PP, el diputado Santi Rodríguez ha argumentado que los recursos de la sanidad pública no son ilimitados, por lo que necesario pagar a la privada si presta un servicio, y ha apuntado: «No es casual que en Catalunya, un 30% de ciudadanos tengan un seguro médico privado, que seguramente compaginan con el servicio público».
La diputada de ERC Gemma Espigares ha criticado que algunos grupos hayan querido convertir el decreto ley en un debate sobre la sanidad pública y privada: «Podemos ajustar lo que sea necesario, pero si quieren hacer creer que se está privatizando o lucrando a la privada, o mienten o no conocen el sistema o quieren jugar a hacer trampas».
Desde JxCat, el diputado Lluís Guinó ha explicado que han intentado que el sector concertado «no quede sin recursos desde un punto de vista de tesorería» dado que representa el 65% de todo el sistema de salud, y ha recordado que habrá un proceso de auditoría para la trazabilidad de los recursos públicos.
