El Gobierno ha rechazado la peticiĂłn de Vox se quitar monumentos y nombres de calle que rinden tributo al que fuera presidente de la Generalitat catalana en la RepĂşblica, LluĂs Companys, ya que, segĂşn explica, en virtud de la Ley de Memoria HistĂłrica sĂłlo deben retirarse aquellos recordatorios que impliquen enaltecimiento del golpe de estado de 1936 y la dictadura.
El diputado de Vox Francisco JosĂ© Contreras Peláez se dirigiĂł el Ejecutivo, a travĂ©s de varias preguntas parlamentarias pidiĂ©ndole explicaciones sobre el hecho de que en aplicaciĂłn de la conocida como Ley de Memoria HistĂłrica sĂłlo se eliminen sĂmbolos relativos a personalidades del bando naciones, pero no del republicano, pese a que algunos de los homenajeados, denunciaba, fueran responsable directa o indirectamente de persecuciĂłn y crĂmenes.
En concreto, de Companys argumentaba que dio «golpe de estado» al proclamar la República catalana en octubre de 1934 y que una vez repuesto en el cargo tras la victoria del Frente Popular en el 36 estableció un «régimen de terror contra las derechas y la Iglesia».
Contreras cita incluso a la entonces ministra de Sanidad, la anarquista Federica Montseny reconociendo que se pudo haber causado la «muerte violenta de cuatro o cinco mil ciudadanos catalanes catalogados como hombres de derechas», y recuerda que Companys firmó personalmente varias sentencias de muertes.
SENTENCIAS Y TRIBUNALES ILEGĂŤTIMOS
Ante estas apreciaciones, el Gobierno replica al diputado de Vox que Companys fue «legĂtimo presidente de la Generalidad de Cataluña» que despuĂ©s de la guerra la Gestapo, en connivencia con las autoridades franquistas, le capturĂł en Francia, y acabĂł fusilado en aplicaciĂłn de la condena a muerte que se le impuso en un «juicio sumarĂsimo sin las debidas garantĂas».
Además, le recuerda que el Congreso aprobĂł una proposiciĂłn no de ley en 2017 declarando que las dos sentencias dictadas contra Companys por Tribunal Regional de Responsabilidades PolĂticas de Barcelona y el Consejo de Guerra de Oficiales Generales «son ilegĂtimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez».
Asimismo, remarca ante Contreras que en 2018 el Consejo de Ministros aprobĂł una declaraciĂłn de reparaciĂłn «por la que se rechaza y condena el consejo de guerra que decidiĂł la ejecuciĂłn del mismo, y se proclama pĂşblica y solemnemente el reconocimiento y restituciĂłn de la plena dignidad del Presidente Don LluĂs Companys i Jover».
TAMBIÉN DEFIENDE A LARGO CABALLERO, ‘EL LENĂŤN ESPAĂ‘OL’
Del mismo, modo, el Gobierno defiende los homenajes al socialista Francisco Largo Caballero, apodado ‘el Lenin español’, a quien el diputado de Vox señala como principal responsable del «intento de golpe de Estado» del 34 y recuerda su enfrentamiento con los socialistas moderados de Julián Besteiro. Los de Abascal aseguran que, como presidente del Consejo de Ministros durante la guerra, Largo Caballero permitiĂł el asesinato de «decenas de miles de personas».
Por su parte, el Gobierno recalca que Largo Caballero además de diputado fue ministro de Trabajo, «legĂtimo presidente del Gobierno con arreglo a una ConstituciĂłn democrática como fue la de la II RepĂşblica» y que tras la contienda fue detenido por la Gestapo y deportado a un campo de concentraciĂłn nazi hasta el final de la II Guerra Mundial.
«No se alcanza a comprender que su estatua frente al ministerio que dirigió, poniendo en marcha medidas laborales que hoy se consagran en nuestra Constitución vigente, puedan considerarse un elogio o enaltecimiento de un golpe de estado que provocó una guerra fratricida, que le correspondió enfrentar desde la legalidad institucional democrática constituida», apostilla el Ejecutivo.
LO MISMO CON CARRILLO Y MARCOS ANA
Contreras es el mismo diputado que habĂa pedido tambiĂ©n al Ejecutivo que se retiraran nombres de calles y sĂmbolos de homenaje al lĂder comunista Santiago Carrillo y al poeta Fernando Marraco Castillo, más conocido como Marcos Ana, el preso polĂtico que más años pasĂł en cárceles franquistas.
Como hace ahora ante las peticiones relativas a Companys y Largo Caballero, el Gobierno recordó al diputado que la Ley de Memoria prevé la retirada de los elementos que supongan «el enaltecimiento, justificación o elogio del golpe de Estado contra el sistema democrático, la Guerra Civil que provocó y el régimen dictatorial instaurado».
«La mencionada ley -abunda– quiere contribuir a cerrar las heridas todavĂa abiertas en los españoles y españolas y a dar satisfacciĂłn a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represiĂłn de la dictadura, profundizando de este modo en el espĂritu del reencuentro y de la concordia de la TransiciĂłn, en torno a los principios, valores y libertades constitucionales», zanja el Gobierno.