El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Jesus Guerrero, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que el reparto de los 16.000 millones de euros para ayudar a las Comunidades Autónomas a paliar la crisis no se cierre hasta que los criterios sean consensuados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en que está Aragón, y no impuestos por el Ministerio de Hacienda, que ha «rectificado para contentar a las autonomías que han protestado tras conocer la primera distribución».
Guerrero ha exigido un trato justo para Aragón, que salía perjudicada con el reparto anterior y que sigue saliendo perjudicada con el nuevo reparto que prima la población. Por ello ha reclamado al Gobierno de Sánchez el establecimiento de «nuevos criterios justos», que son «los únicos» que permitirían a Aragón, en base al obligado respeto a la justicia territorial, dejar de ser la «eterna perjudicada».
Así las cosas, el diputado ha pedido que las peculiaridades de Aragón como su gran extensión, baja densidad de población y envejecimiento se tengan en cuenta. Somos una Comunidad con escaso peso en las Cortes Generales «1.300.000 habitantes, el 3% de la población en el 10% del territorio», criterios, ha dicho Guerrero, que no se tienen en cuenta, ya que se prima la población.
«No es de recibo que Aragón salga siempre perjudicada». Como aragonés, ha lamentado, estoy «indignado». Sí el anterior reparto del fondo de 16.000 millones no era justo con Aragón, este, cuya distribución depende más de la población, lo es menos», ha añadido.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Jesús Guerrero ha reclamado que en la nueva reforma de financiación autonómica prime «el diálogo» y, de una vez por todas, la «justicia territorial», teniendo en cuenta las especiales características de Aragón, que hacen que a la Comunidad Autónoma les cuesten mucho más caros los servicios públicos que presta a los aragoneses.
Asimismo, ha demandado la aplicación del artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
REMANENTES
El diputado autonómico ha vuelto a requerir al Gobierno de la nación que permita a los ayuntamientos, en este caso de Aragón, usar sus remanentes para reducir los gastos derivados de la pandemia y hacer frente a la crisis generada por la COVID-19, utilizando el superávit «en políticas sociales y aquellas que incentiven el empleo.
Lo más eficaz que puede hacer el Gobierno de España en la gestión de la crisis común, ha concluido, es «dejar libertad a los entes locales para gestionar sus ahorros».
