La exportavoz de Unión Progreso y Democracia Rosa Díez ha presentado un escrito en el que denuncia ante la Fiscalía General del Estado a la totalidad del Gobierno y al director del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por ocultar deliberadamente la necesidad de llevar mascarilla para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
En el escrito presentado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la exlíder de UPyD reclama la apertura de diligencias informativas por un presunto delito de prevaricación en su modalidad omisiva al no haberse ordenado desde el inicio del estado de alarma el uso obligatorio de mascarillas ni haberse limitado todavía más la libertad de movimientos en caso de no poder abastecerse de las mismas.
Según la ex líder de UPyD, que incluye en su escrito también a los miembros del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ordenó el uso obligatorio de mascarillas antes del 20 de mayo, fecha en el que se publicó en el BOE esta directriz, por una cuestión de «imagen» ante el desabastecimiento de material sanitario en el mercado en esos momentos.
El criterio de obligatoriedad solo se puso de manifiesto a la población cuando el gobierno de España pudo garantizar el suministro de las mismas pero no antes, poniéndose por tanto en grave riesgo a todos los ciudadanos, lesionando su derecho fundamental a la salud por motivos políticos: las mascarillas eran necesarias pero el Gobierno no quiso reconocerlo por el coste político que tendría su incapacidad, en ese momento, de garantizar el suministro de las mismas», alega en el escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona.
En este sentido, el escrito recoge unas declaraciones en las que Pedro Simón reconocía que «en una situación de escasez en el mercado de mascarillas» desde Sanidad se quiso ser «muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar». Así, indica que se estaba reconociendo que «con anterioridad no podían garantizar el suministro» y, por tanto, «habían recomendado que no era necesario su uso»
Igualmente, en el documento se alude a otras declaraciones en las que, previamente al 20 de mayo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señalaba que aunque las mascarillas eran útiles no eran para estar por la calle.
«Los problemas alegados con anterioridad al 20 de mayor, en realidad tenían que ver con la imagen del gobierno, pues si los presuntos responsables hubieran reconocido entonces su imposibilidad para abastecerse de mascarillas y, por ende, de proteger adecuadamente la salud de los ciudadanos, sin duda se hubiera evitado un gran número de contagios (y posiblemente también de fallecimientos)», indica al respecto.
En esta línea, la ex líder de UPyD defiende en su escrito que «se hicieron prevalecer los criterios políticos de protección de la imagen del gobierno, ocultándole al ciudadano que las mascarillas eran y debían ser obligatorias como se reconoce en la orden posterior». «Si se les hubiera dicho la verdad desde un principio, éstos se habrían protegido, y asimismo hubieran limitado aún más cualquier eventual contacto con terceros, precisamente porque habrían sabido que no disponían de las adecuadas mascarillas», argumenta.
«La prevaricación que se denuncia viene no por lo que se ha hecho sino por lo que no se hizo e forma deliberada y a sabiendas y que debía hacerse», concluye el escrito, en el que apunta a Illa por no ordenar el uso obligatorio de mascarillas antes y al Consejo de Ministros al completo por no «limitar todavía más y por mayor tiempo» los movimientos de los ciudadanos ante lo anterior.
