La asociación Afectados para la Gestión del Coronavirus (AGG), que preside el particular que presentó la denuncia por la que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias como la marcha feminista del 8 de marzo, ha solicitado a la juez Carmen Rodríguez-Medel que le otorgue la dirección letrada de las acusaciones populares en la causa al entender que fue la primera asociación en formalizar todos los requisitos formales.
Así lo dice el abogado de la asociación en un recurso,
contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción de Madrid número 51 de Madrid de conceder la dirección letrada a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena.
Según explica el recurso, firmado por el presidente de AGG, Víctor Valladares, la asociación entregó un escrito el pasado miércoles 3 de junio de 2020 por la mañana para «subsanar» la falta de firma electrónica o digital de letrado «adelantándonos incluso a la providencia de esa misma fecha», en la que la magistrada advertía de ese defecto formal y solicitaba la fianza de 1.000 euros para poder personarse como acusación popular.
La asociación asegura que este escrito donde se presentaba la firma fue entregado en el juzgado el pasado 4 de junio a primera hora de la mañana y que así consta en el registro del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
TODO LOS REQUISITOS CUMPLIDOS ANTES DEL AUTO DE LA JUEZ
Ese mismo día abonó la fianza solicitada, apunta la asociación y, por tanto, cumplió «con todo los requisitos formales de personación y además habiéndolo hecho en primer lugar de todas las asociaciones que pretendía ser reconocidas como acusación popular».
Por ello, no entiende que la juez acordará en un auto con fecha de ese mismo día dejarle fuera de las acusaciones populares que ostente la dirección letrada de los demás. La juez instructora señaló en esta resolución que Valladares había prestado fianza pero todavía no había designado letrado que defienda sus intereses, «a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para que se persone con los requisitos exigidos legalmente».
Con todo ello, la asociación reitera en que ha sido la primera en formalizar todos los requisitos e insiste en que debe tener una de las dos direcciones letradas de las acusaciones populares.
La magistrada del juzgado número 51 de Madrid dictó este lunes una providencia en la que admite a trámite el recurso de AGG e indica que si la Asociación José María de Mena no entrega el poder antes de las 15.00 horas de este martes, se concederá «la condición de segunda acusación popular» a la asociación de Valladares.
SUSPENSIÓN DE LAS DECLARACIONES
En este sentido, la asociación Afectados para la Gestión del Coronavirus recuerda que aún no le han dado traslado del contenido de todo el sumario, por lo que, de estimarse su recurso, solicita que se suspenda la declaración del delegado del Gobierno en Madrid prevista para este miércoles, así como las testificales convocadas para ese día y para el jueves, ya que «no tendrá tiempo material suficiente de instruirse en el contenido de los autos».
Esta asociación no es la única acusación popular que ha pedido la suspensión de las declaraciones, pues también lo ha hecho sindicato Manos Limpias, quienes también han recurrido la decisión de la juez Rodríguez-Medel sobre agrupar a todas bajo una misma dirección letrada.
Para Manos Limpias, la representación de las acusaciones populares deben ejercerla ellos porque, según dicen, la primera querella presentada contra Franco fue la suya, presentada el 29 de marzo, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Así, responsabiliza a los funcionarios que «tardaran meses» en hacer el trámite para remitir la causa al juzgado número 51.
En cuanto a las declaraciones, el abogado del sindicato ha solicitado su aplazamiento, debido a que ha tenido que confinarse en su casa tras recibir la baja médica por posible covid-19.
