David Marjaliza, el empresario que encabeza la trama Púnica por la que se investiga la financiación ilegal del PP de Madrid, ha reaparecido con nueva documentación de la «caja B» de sus empresas que también salpican a la Izquierda en Madrid. En dichas anotaciones, que ha adelantado El Mundo, se detallan mordidas para alcaldes y concejales de todo el espectro político. Así, en las anotaciones a mano de los pagos en negro realizados se contabilizan un total de 970.290 euros para el PSOE, 105.489 euros para el PP y 15.025 euros para IU.
El PP de Madrid ha salido al quite de la información para poner el foco en la figura del entonces secretario general del PSOE de Madrid, Rafael Simancas, hoy uno de los portavoces habituales de la política gubernamental. Como respuesta, el PSOE ha desvinculado a Simancas, actual secretario general del grupo parlamentario, de toda relación con la ‘trama Púnica’ ya que no existiría ningún documento en el que se le nombra explícitamente.
Esta afirmación en la que se desliga totalmente la acción de sus concejales respecto a una trama que se ha evidenciado como trasversal a todos los partidos políticos, choca con declaraciones anteriores del líder socialista.
La documentación muestra pagos fechados entre 1999 y 2002, por lo que los presuntos delitos habrían prescrito. Ahora bien, dado que el hecho presuntamente se ha producido, ¿cómo afecta el Caso Púnica a la izquierda en Madrid?
3MÁS ALLÁ DE PÚNICA: LOS OTROS DOLORES DE CABEZA SOCIALISTA
Más allá de los ERE y los Cursos de Formación, el PSOE aún tiene en el recuerdo más reciente otros numerosos dolores de cabeza en forma de sentencias, imputaciones e investigaciones por corrupción. Así, la Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exdiputado del PSC considerado como líder de la trama Pretoria, Luis Andrés García, «Luigi» por corrupción urbanística en municipios catalanes entre los años 2002 y 2009.
Más recientes es el Caso Pokemon (2012) que afecta a distintos ayuntamientos gallegos para destapar una supuesta red corrupta alrededor de Vendex y Aquagest, entre otras empresas implicadas, que habrían conseguido contratos públicos gracias a mordidas y regalos a funcionarios, concejales, asesores y alcaldes de todo el espectro político gallego.
