El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado Catalán, confía en que la Agencia Tributaria colabore de manera «eficiente» en la investigación al Rey Juan Carlos abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo para dilucidar su papel en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca. A su juicio, hay «indicios racionales» que justifican esa investigación.
Así lo ha señalado Cruzado durante su comparecencia en el Congreso, ante el grupo de trabajo sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, uno de los cuatro en los que se ha dividido la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del país tras la crisis del Covid-19.
A preguntas del diputado de ERC Joan Margall, el presidente de Gestha ha recordado que el sindicato ya venía defendiendo que existían «indicios» para que la Agencia Tributaria investigara al padre del actual jefe del Estado.
PIDIERON UNA INVESTIGACIÓN EN MARZO
De hecho, el pasado mes de marzo, Gestha ya apuntó que existían «indicios racionales» de que el Rey Emérito podía haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y pidió la apertura de una investigación por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según el sindicato, el comunicado con el que Felipe VI anunció su renuncia a la herencia que le pudiera dejar su padre y la retirada de su asignación oficial, convertía «las sospechas» de que Juan Carlos habría manejado fondos opacos «en indicios racionales» de que podría haber «cometido un delito contra la Hacienda Pública».
Gestha interpreta que, al solicitar el Rey Emérito que se hiciera público que en ningún momento facilitó información de las Fundaciones Zagatka y Lucum a Felipe VI, venía a reconocer que su participación en estas entidades, residenciadas en Liechtenstein y Panamá, respectivamente, y, por lo tanto su actividad irregular.
Lucum es la fundación que figura como titular de la cuenta bancaria que recibió la presunta donación de 65 millones de euros (100 millones de dólares) de Arabia Saudí al Rey Emérito que está investigando el Ministerio Público.
«Ahora la Fiscalía del Supremo ha tomado las riendas de este asunto. Esperamos que la colaboración de la Agencia Tributaria, a través del nombramiento de peritos, si así se solicita, o del auxilio judicial sea los más eficiente posible», ha indicado Cruzado.
