El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, RegeneraciĂłn, Justicia y AdministraciĂłn Local, Juan MarĂn, y el consejero de la Presidencia, AdministraciĂłn PĂşblica e Interior, ElĂas Bendodo, presentarán este lunes en Marbella (Málaga) el plan de playas seguras de AndalucĂa, que supone, entre otras medidas, la incorporaciĂłn de 3.000 auxiliares para garantizar la seguridad en las playas durante el verano debido a la pandemia del coronavirus.
Esos auxiliares, que han sido contratados a travĂ©s de la bolsa Ăşnica de empleo de la Junta, ya estarán presentes en las playas andaluzas a partir de este lunes, segĂşn informĂł la pasada semana ElĂas Bendodo, quien precisĂł que 80.000 personas optaron a esas 3.000 plazas.
Concretamente, el Gobierno andaluz ha destinado unos 23,8 millones de euros a la contratación de estos 3.000 auxiliares de control de playas durante este verano para vigilar las costas andaluzas, dentro de un Plan de empleo para playas seguras 2020. El salario que percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales incluyendo todos los conceptos salariales.
Estos auxiliares realizarán labores de información del control de acceso y aforo de las playas, velarán por el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de contingencia de cada ayuntamiento e informarán a los usuarios que accedan a la playa de los avisos y comunicados que se realicen por los órganos competentes en materia de emergencias y protección civil.
TambiĂ©n pondrán en conocimiento del Cuerpo de PolicĂa Local del municipio las incidencias o actuaciones realizadas durante la jornada laboral; ejecutarán tareas auxiliares de ayuda o socorro, bajo la direcciĂłn del Cuerpo de PolicĂa Local o, en su caso, de los servicios de ProtecciĂłn Civil; recepcionarán y orientarán a los visitantes; controlarán el tránsito de personas usuarias por las vĂas colindantes; registrarán y comunicarán incidencias y, por Ăşltimo, realizarán aquellas otras funciones de auxilio que se les encomienden.
Antes de incorporarse al puesto, han recibido formaciĂłn especĂfica en la Escuela de Seguridad PĂşblica de AndalucĂa (ESPA). Estos trabajadores dependerán de la DelegaciĂłn de Gobierno de la Junta en cada provincia en la que presten servicio, donde existirá la figura de dos coordinadores para gestionar sus turnos de trabajo, incidencias, organizaciĂłn, en colaboraciĂłn con el ayuntamiento bajo la direcciĂłn del delegado del Gobierno de la Junta.
El periodo inicialmente propuesto para este plan de empleo va del 15 de junio al 15 de septiembre con posibilidad de prĂłrroga si fuera necesario.
Los requisitos que tenĂan que tener las personas contratadas son estar en posesiĂłn del nivel de formaciĂłn equivalente a EducaciĂłn Primaria, certificado de escolaridad o acreditaciĂłn de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la EducaciĂłn Secundaria Obligatoria.
En el caso de no contar con la formaciĂłn acadĂ©mica requerida, se entenderá que se está en posesiĂłn de formaciĂłn laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional especĂfica en la categorĂa profesional concreta de al menos tres meses, o superado curso de formaciĂłn profesional directamente relacionado con dicha categorĂa, impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una duraciĂłn efectiva de al menos 50 horas.
Esta medida de fomento del empleo, que supone tambiĂ©n un apoyo al sector turĂstico andaluz y una defensa de su buena imagen y reputaciĂłn, se suma al plan econĂłmico diseñado por las consejerĂas de la Presidencia y de Turismo para la seguridad y limpieza en las playas, dotado con 10,5 millones de euros y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado dĂa 11.
Asimismo, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de mayo un decreto ley para regular la elaboración por parte de los ayuntamientos de planes de contingencia individualizados frente al Covid-19 en el que se establecerán las medidas necesarias que permitan garantizar el uso seguro de las playas.
Entre las cuestiones que deberán incluir estos planes individualizados se encuentran medidas de autoprotección; carteles informativos, señalización y control de aforo; dotación extraordinaria del equipo de salvamento; medidas de refuerzo de limpieza; o vigilancia. Para todo ello se destinarán cinco millones de euros.
Otra de las cuestiones que se regulan en el decreto ley son los diferentes criterios de riesgo que van a ser tomados en consideraciĂłn para la clasificaciĂłn de las playas en tres categorĂas: libres (aptas), peligrosas (se puede acceder con limitaciones) o de uso prohibido, asĂ como para la determinaciĂłn de sus grados de protecciĂłn (bajo, moderado o alto).
El grado de protección lo determina cada ayuntamiento y se establece en función de criterios como pueden ser, entre otros, la afluencia de visitantes, el histórico de incidencias, si tiene actividades deportivas o si existe balizamiento en las zonas de baño.