La asociación ‘Afectados para la Gestión del Coronavirus’ (AGG) ha pedido la suspensión del plazo para recurrir el auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel archivó provisionalmente la causa que seguía contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, al no ver indicios suficientes de delito en la autorización de concentraciones multitudinarias, entre ellas la manifestación feminista del 8 de marzo.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación que preside el particular que presentó la denuncia por la que se investigaba Franco por una posible prevaricación pide a la magistrada que resuelva antes el recurso que presentaron contra el auto de 4 de junio por el que se acordaba agrupar la multitud de peticiones que querían ser parte como acusación popular bajo la dirección letrada de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional.
Esa decisión de la juez fue recurrida por la AGG al entender que ellos fueron la primera asociación en formalizar todos los requisitos formales, pero indican que no recibieron respuesta de la juez a su recurso, por lo que ahora quieren obtenerla y además que se les dé traslado de todo lo actuado hasta la fecha, incluidas las diferentes testificales y la declaración del delegado ante la magistrada del pasado 10 de junio.
«Con el fin de no causar indefensión a esta representación, y tras el transcurso de cinco días desde ese traslado para poder instruirse, comience a computarse el plazo cuya suspensión se solicita», solicitan desde esta asociación.
ABSOLUTA INDEFENSIÓN
Para la asociación denunciante, se encuentran ante una «patente y manifiesta situación de absoluta indefensión» porque se les ha silenciado en el procedimiento «de manera injusta» y no se les ha dejado asistir a las declaraciones de Franco y de los trabajadores de la Delegación del Gobierno. «Se ha decretado el archivo de la causa, sin haber podido realizar preguntas claves a referidos testigos», lamentan en su escrito.
Al hilo, añaden que por el devenir de los hechos, «desgraciadamente» no podrán saber ya nunca si a través de las preguntas que hubieran realizado a investigado y testigos «hubiera cambiado la íntima convicción de su señoría para considerar acreditada la conducta típica dolosa por parte de José Manuel Franco».
Además, insisten en que fueron los primeros en personarse como acusación y citan fechas y hasta horas exactas de presentación de requisitos. «Resulta acreditado de manera fehaciente que esta parte ha sido la primera de todas las acusaciones en cumplir todos los requisitos formales, viéndose cercenada para realizar cualesquiera actuación procesal desde el día 4 de Junio y todo ello derivado de la demora en proveer los escritos por parte de este Juzgado, debido sin duda alguna, a la enorme carga de trabajo de ese juzgado y a la cantidad de escritos recibidos en el seno del presente procedimiento», concluyen.
