La Fiscalía de Bruselas ha recurrido la resolución del juez belga de primera instancia que este viernes ha rechazado la entrega a las autoridades españolas del exconsejero catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la causa del ‘procés’ independentista.
«La Fiscalía de Bruselas ha interpuesto un recurso contra la decisión de la Cámara del Consejo», ha confirmado el Ministerio Público belga en un escueto comunicado en el que no aporta información adicional.
El asunto pasa así a manos del Tribunal de Apelación, la segunda etapa en el procedimiento para examinar la orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena. No será el último paso, ya que las partes todavía podrían recurrir una vez más la decisión de esta instancia ante la Corte de Casación.
El recurso de la Fiscalía de Bruselas llega apenas cuatro horas después de que se conociese la resolución del tribunal belga de primera instancia con respecto a la euroorden que pesa sobre el exconseller Puig.
La Cámara del Consejo, en concreto, ha denegado su extradición por considerar que el Tribunal Supremo no es competente para juzgar la implicación de Puig en el ‘procés’ y, en consecuencia, tampoco para reclamar su entrega.
NO HA SIDO NUNCA DIPUTADO
A juicio del tribunal, el Supremo no puede juzgar a Puig por su implicación en el proceso independentista de 2017 porque no es diputado y, por tanto, no está aforado, según han explicado sus abogados en una rueda de prensa tras conocer el veredicto.
«El juez belga ha examinado si el juez español es competente y ha constatado que el exconseller Puig no ha sido nunca diputado. La Constitución española prevé que el Supremo sólo es competente para juzgar a parlamentarios. Por eso, concluye que Puig no puede ser juzgado por el Tribunal Supremo por el hecho de que no era diputado», ha explicado el abogado Paul Bekaert.
El letrado considera que la resolución del juez belga está «muy bien argumentada» sobre la base de la jurisprudencia europea y belga, por lo que ha confiado en que las futuras decisiones vayan en la misma dirección.
