El Grupo Parlamentario Popular ha registrado la petición de comparecencia del director general de Tráfico, Pere Navarro, en la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados por el «caos» generado en el servicio de exámenes de conducir.
Así lo ha dado a conocer el PP, que ha asegurado que el Gobierno es «incapaz» de garantizar el servicio público de exámenes para la obtención de los permisos de conducir de la DGT en las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
De esta forma, quiere que el Ejecutivo explique las soluciones que va a aplicar «ante la situación que su gestión está provocando» a los examinandos, autoescuelas y conductores, «limitando su capacidad de trabajar provocando despidos de profesores y cierre de empresas».
Por otro lado, el portavoz de Seguridad Vial del GPP, Óscar Gamazo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que, «frente a las continuas trabas, asuma su responsabilidad y adopte medidas que protejan al sector de la formación vial y a los propios aspirantes al permiso de conducir, que es un requisito imprescindible para opositar, en algunos casos, o para acceder a un empleo, en otros.
«La reanudación de los exámenes para la obtención del permiso de conducir en la nueva normalidad viene siendo un caos en el que los examinandos y las autoescuelas están siendo gravemente perjudicados por la parsimonia y el desinterés del Gobierno de coalición con el sector de la formación vial», ha afirmado Gamazo.
Finalmente, el portavoz ‘popular’ en la materia ha asegurado que «cada día aumenta el malestar del sector de las autoescuelas por toda España ante el abandono y la ineficaz gestión de la DGT».
El director general de Tráfico informó el pasado 2 de junio en el Congreso de que la DGT había dejado de hacer unos 180.000 exámenes teóricos y unos 268.000 prácticos para obtener el permiso de conducir durante el Estado de Alarma (entre el 15 de marzo y el 1 de mayo), cuando cada año se realizan unas 600.000 pruebas.
También recordó que el Gobierno aprobó una orden ministerial para autorizar la apertura de las autoescuelas con un tercio del aforo a partir de la fase 2 del plan de desescalada y otra para permitir que la Administración Pública comience a abrirse de forma progresiva al público (50% de la plantilla de funcionarios en fase 2 y del 100% en fase 3).
Tras esto, la DGT mandó una instrucción a las Jefaturas de Tráfico para informarles sobre cómo van a ser los exámenes, tanto teóricos, como de pista y prácticos, y a las autoescuelas envió una nota sobre cómo van a ser los exámenes, otra sobre los cursos de recuperación de puntos, y otra sobre la presentación telemática de solicitudes.
Además, señaló que los exámenes teóricos fueron los primeros en reanudarse en todas las Jefaturas, priorizándose los referidos a las pérdidas de vigencia del permiso de conducir y los de obtención y renovación de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas.
A finales de mayo se reanudaron de forma progresiva el resto de exámenes teóricos, así como los exámenes en pista para los permisos de camión, moto y autocar. Según dijo entonces, en fase 3, dado que la Administración estaría ya al 100% de su capacidad, se comenzarían a realizar exámenes prácticos. «Probablemente seamos el primer organismo público que va a hacer exámenes», se felicitó.
Para ‘desatascar’ la situación, Navarro explicó que en la DGT se mantendrá el servicio de exámenes durante el verano en todo el territorio nacional, que los 14 funcionarios examinadores itinerantes podrán apoyar a aquellas Jefaturas que más necesitasen su ayuda, y que aquellos examinadores que así lo quieran podrán realizar horas extra.
En este sentido, informó de que la DGT contaba con 2.000 solicitudes para presentarse a las pruebas de selección a examinador, pero esta convocatoria quedó paralizada por la pandemia. Actualmente, la DGT cuenta con 829 funcionarios examinadores.
Por su parte, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), ha asegurado que la DGT está realizando un «loable y titánico» esfuerzo tratando de ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano, tanto en calidad como en cantidad, pues a pesar de la implantación de los parámetros y protocolos sanitarios necesarios para prevenir los contagios por el COVID-19, que, a priori, bien podrían haber reducido la capacidad de examen, por el contrario «ésta no sólo se ha mantenido sino que incluso se ha incrementado en función de la disponibilidad de personal existente», solución ésta que otros organismos públicos no han podido ofrecer en modo alguno.
