Continúa la bronca entre los sindicatos de profesorado y la Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Un día después de que Román Rodríguez tomase formalmente las riendas del departamento, las organizaciones convocantes de la huelga del 10 y del 16 de septiembre han denunciado las condiciones abusivas impuestas por la Xunta, que ha endurecido los servicios mínimos decretados para la protesta justificándose en la situación de emergencia sanitaria y la necesidad de garantizar las medidas preventivas previstas ante la COVID-19.
El Diario Oficial de Galicia publica este martes la orden que regula las condiciones y los servicios mínimos para las jornadas de protesta, en la que apuntan a que las «circunstancias extraordinarias y graves» en la que se encuentra el territorio «obligan» a alejarse de los criterios habituales fijados en anteriores convocatorias de huelga.
Según el texto, tendrá que acudir a cada centro el titular de la dirección, un profesor por cada grupo de alumnos, además del 100 por cien de personal de limpieza, de cocina, auxiliar cuidador, o educadores y ATS y personal médico, entre otros.
Entre los motivos apelan al artículo 43.1 de la Constitución y al derecho a la protección a la salud, y a que los servicios fijados deben ser los adecuados para lograr el «cumplimiento efectivo de las medidas preventivas» fijadas por las autoridades para evitar la propagación de la pandemia, entre ellas la limitación de contactos o de higiene que requerirán el estímulo y vigilancia del personal del centro.
Educación incide, expresamente, en que la huelga está prevista para el primer día de entrada en el centro en las aulas tras las vacaciones de verano, es decir, un día «clave» para garantizar el cumplimiento de estas medidas.
CONDICIONES ABUSIVAS
Estas condiciones no han gustado entre las cuatro organizaciones convocantes de la huelga, que ya han avanzado que impugnarán los servicios mínimos por considerarlos «abusivos» y un intento de boicotear la convocatoria de los sindicatos para el inicio del curso.
CC.OO Ensino ha avanzado la presentación de una denuncia ante unas medidas que implican, en la práctica, «impedir» el derecho a huelga y STEG ha criticado que la orden «vulnera» el derecho a participar a los trabajadores.
CIG-Ensino ha ido más allá y ha acusado a Román Rodríguez de utilizar su primera medida como conselleiro del ramo para imponer unos servicios «abusivos» e intentar boicotear la convocatoria de las organizaciones. Una decisión que, a su juicio, choca «frontalmente» con las intenciones manifestadas en una misiva remitida este lunes, en la que convocó a estas organizaciones (junto a ANPAs y otros representantes) a un Consello Escolar de Galicia y a otra reunión para intentar buscar una salida a esta situación.
Es por ello que Bermello insta al titular de Educación a demostrar su «buena voluntad» modificando la propuesta de servicios mínimos que se ha presentado al comité de huelga.
En todo caso, las organizaciones de profesorado se han mostrado abiertas al diálogo con el conselleiro para la resolución del conflicto y para intentar garantizar la seguridad en este curso escolar, a falta de dos días de su inicio.
