El reparto del Fondo Covid educativo de 400 millones ha centrado parte de la reunión de este 11 de septiembre entre el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas, en el marco de la reunión de la Comisión General de Política Universitaria (CGPU), celebrada telemáticamente y presidida este viernes por el ministro del ramo, Manuel Castells.
Así, Castells ha subrayado que el 20% del fondo de educación de 2.000 millones «está reservado para la educación superior» mientras las CC.AA. han manifestado estar trabajando ya con las universidades para su reparto además de detectar el gasto exacto del que precisan para poder afrontar este curso y fortalecer sus estructuras.
En cualquier caso, desde Asturias, su consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, ha lamentado la «profunda ambigüedad» del real decreto que regula el Fondo Covid-19 y su distribución, en cuanto a la seguridad normativa para que el fondo pueda ser destinado de forma «finalista» a las Universidades.
De este modo, ha señalado que la partida correspondiente podría emplearse en otras cuestiones al no estar «condicionado». «Si la intención de esta iniciativa es que sea finalista, tenían otros ejemplos muy cerca», ha explicado.
A su juicio «sería muy interesante» que, si existen futuros fondos para atender el impacto de la Covid en la educación superior, «se tengan en cuenta otros mecanismos que harían mucho más sencillo a las comunidades esta negociación en la que estamos en curso». Todo ello, ha dicho Sánchez, para garantizar que «no haya ningún gasto sobrevenido» en la Universidad de Oviedo relacionado con el coronavirus «que quede sin atender».
No obstante, la Consejería «atenderá» aquellos gastos sobrevenidos de la Universidad «siempre que sean justificados, necesarios y urgentes» para garantizar una docencia y una investigación «de calidad». «Nos preocuparemos de que nadie quede atrás por este motivo», ha insistido.
Por su parte, el Gobierno de Aragón confía en recibir 8,1 millones de euros del reparto de fondos educativos para la universidad. Este dinero se destinará a cubrir los gastos extraordinarios que han tenido los centros universitarios públicos durante la pandemia de coronavirus.
Fuentes del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Ejecutivo aragonés han indicado que en la Conferencia General de Política Universitaria con el Gobierno central ha quedado constancia de que «las universidades españolas necesitan fondos extra para sufragar la digitalización y la formación online, que han tenido que afrontar para iniciar el curso en las mejores condiciones posibles».
Aragón comparte el criterio del Ministerio de Universidades sobre el reparto de los fondos. Según los cálculos de la Consejería que dirige Maru Díaz (Podemos), se recibirán 8,1 millones de euros que le corresponderán a la Universidad de Zaragoza, la única institución pública docente universitaria de la comunidad autónoma.
MEDIDAS
La Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), celebrada telemáticamente y presidida este viernes por el ministro del ramo, Manuel Castells, con la asistencia del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, y la directora de Gabinete del ministro, Marta Cruells, también ha abordado en el encuentro las distintas medidas adoptadas por las universidades en cada comunidad, así como para asegurar una «buena» coordinación del inicio del curso y garantizar que se respetas las medidas sanitarias y calidad.
De este modo, las CCAA han trasladado la creación de nuevos órganos de coordinación entre Consejerías (Sanidad y Educación y/o Universidades, fundamentalmente) a fin de realizar un seguimiento «exhaustivo de la aplicación de protocolos en las universidades, muchos ya activos desde el estado de alarma de la primavera pasada».
En este sentido, ha asegurado que en el encuentro se ha corroborado que las universidades que ya han iniciado el curso están cumpliendo las recomendaciones sanitarias emitidas el pasado mes de junio, actualizadas el pasado 31 de agosto en la reunión de trabajo de la Delegada de la CGPU, también con los cuadros técnicos de todas las CCAA.
El Ministerio ha explicado que las CCAA han corroborado que «todas las universidades tienen sus planes de actuación para el inicio de curso en activo, que incluyen el uso obligatorio de la mascarilla en todo el recinto universitario, incluyendo las clases; el mantenimiento de la distancia durante la propia docencia; la mejora de los protocolos de desinfección de las aulas y su ventilación varias veces a lo largo de la jornada».
Los planes de las universidades también incluyen el establecimiento de protocolos de actuación en el caso de tener casos positivos, con aislamiento de la persona afectada y todas aquellas que hayan tenido contacto estrecho hasta la realización de pruebas PCR.
Así, el o la estudiante que es un caso sospechoso deberá permanecer aislado/a en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento domiciliario hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Este o esta estudiante no podrá reincorporarse a la actividad académica normal hasta que sea indicado por las autoridades sanitarias.
Al mismo tiempo, todas las universidades han establecido una persona de enlace como responsable de la gestión de todo lo relacionado con la COVID-19 en cada centro de enseñanza.
INDICADORES DE CALIDAD
En otro orden, Universidades ha manifestado el «enorme» trabajo que están realizando el conjunto de agencias de calidad «para adaptar los indicadores de calidad a la situación actual, sin abandonar los estándares de calidad necesarios para la realización del curso 2020/2021».
«El objetivo compartido del Ministerio y las Agencias, fijado en la reunión del pasado 9 de septiembre, y sobre el que se ha trabajado es el de garantizar la calidad de la docencia y el apoyo a las universidades, siempre desde un estricto respeto a los principios de autonomía universitaria de nuestro sistema educativo», ha recalcado.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y las agencias de calidad autonómicas han hecho público este viernes un comunicado conjunto para «transmitir un mensaje de confianza y serenidad a la comunidad universitaria y a la sociedad y hacerles saber que están trabajando permanentemente y de manera coordinada».
Además, en la Conferencia se han abordado otros temas como la elaboración del nuevo estatuto del personal docente e investigador (PDI), punto durante el cual las CCAA han realizado aportaciones y expresado críticas a la propuesta actual, que todavía está en proceso de elaboración.
En este sentido, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Andalucía, Rogelio Velasco, ha trasladado al ministro su desacuerdo con el segundo borrador del Anteproyecto de Ley tras argumentar que la propuesta «enmaraña la carrera universitaria».
Mientras, el consejero de Empleo, Investigación y Universidades de Murcia, Miguel Motas, ha propuesto a Castells que el anteproyecto se desarrolle a través de grupos de trabajo, con un calendario claro, que incluya una memoria económica, que permita hacer un diagnóstico preciso de la situación actual con medidas para desarrollar la universidad del futuro.
El próximo 29 de septiembre se celebrará una nueva Comisión Delegada de la CGPU, para continuar con el trabajo de seguimiento y coordinación de este curso universitario.
