La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo se ha reunido este lunes tras diez años sin convocarse y lo hace con una renovación que incluye el aumento a 22 de las formaciones que lo han suscrito y han establecido una serie de propuestas para su renovación como la ampliación de su ámbito en vigor a las esferas autonómicas y estatal o retirar privilegios en asignación económica a quienes incurran en esta práctica.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presidido este lunes la reunión del pacto tras la reactivación del mismo que tuvo lugar el pasado 29 de julio, en la que se acordó esta cita para dar cuenta de las nuevas formaciones que se adhieren y las propuestas de renovación del acuerdo.
Entre las renovaciones, el Pacto suma 14 nuevos miembros y se han propuesto nuevas aportaciones al mismo como trasladar el acuerdo del pacto, referido hasta ahora al escenario local, al ámbito del Congreso de los Diputados y Senado, otras instituciones y asambleas autonómicas, promoviendo así un nuevo acuerdo que sume todas las esferas: estatal, autonómica y local.
Las propuestas consideran el transfuguismo asimismo como una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por los ciudadanos en las urnas. En este sentido, señalan que los partidos políticos deben ser ejemplares y contundentes contra esta lacra, porque el tránsfuga es responsable de quebrar con su actuación la voluntad popular.
Igualmente, se plantea que los tránsfugas no reciban privilegios en asignación económica, ni premios por quebrar la voluntad popular y que el nuevo consenso se materialice en una reforma legislativa con rango de ley.
Esta medida ha sido propuesta por Ciudadanos, que busca garantizar que la cantidad de dinero que recibe el tránsfuga como concejal no adscrito no sea mayor o igual a la que se hubiese otorgado si se hubiera mantenido en el grupo por cuyas siglas le eligieron los ciudadanos.
Asimismo, desde la formación naranja se ha reclamado impedir que el tránsfuga pueda acceder a cargos de responsabilidad y que esta prohibición se extienda más allá del ámbito municipal.
«Estos planteamientos tienen como objetivo garantizar que el tránsfuga no pueda verse recompensado por traicionar la voluntad de los ciudadanos y que los partidos políticos no puedan beneficiarse de esta situación. Por este motivo, el partido liberal considera que el Pacto Antitransfuguismo debe plantear que los miembros no adscritos no puedan disfrutar de los derechos económicos y administrativos que les corresponde a los grupos políticos», ha explicado la formación liderada por Inés Arrimadas.
DENUNCIAS EN ESTELLA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Secretaría del Pacto Antitransfuguismo ha recibido ya dos denuncias, una de ellas presentada por Unión del Pueblo Navarro en relación con un posible caso de transfuguismo de dos ediles de la corporación del Ayuntamiento de Estella (Navarra) y otra del PSOE en relación con otro posible caso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado 13 de julio.
Estas denuncias y aquellas otras que puedan plantearse podrán analizarse a partir del momento en que se apruebe la renovación de los compromisos del Pacto, mediante la actualización de la Adenda correspondiente, y la elección de los nuevos expertos independientes.
Tras este primer encuentro, la Comisión de Seguimiento ha acordado celebrar próximamente una nueva reunión tras las negociaciones para la modificación del Pacto, la actualización de la Adenda y la renovación del grupo de expertos.
Tras estos cambios, forman a partir de ahora parte del Pacto Antitransfuguismo un total de 22 fuerzas políticas con representación parlamentaria. En concreto, a PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y BNG, que ya formaban parte del pacto original, se sumarán ahora Unidas Podemos, Ciudadanos, Galicia en Común, PAR, Cataluña en Común, Agrupación Socialista de la Gomera, Partido Socialista de Cataluña, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Equo, Más País, Mes per Mallorca, Compromís y Geroa Bai.
Además de la ministra, a este encuentro han acudido también el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernandez Spínola, y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez. Los representantes de las distintas formaciones políticas adheridas al Pacto han intervenido por videoconferencia.
