El juicio que celebra la Audiencia Nacional contra los etarras Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola Solozabal por el asesinato en 1990 en Vizcaya del policía Ignacio Pérez Álvarez por medio de una bicicleta bomba se reanuda este viernes con el informe de conclusiones del fiscal, que inicialmente pide para ellos la pena de 30 años de prisión.
En la primera sesión de la vista oral, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, tanto Guisasola –que se acogió a la denominada ‘vía Nanclares’– como los otros dos acusados negaron ante el tribunal haber participado en el asesinato del policía nacional.
Según explica el fiscal en su escrito de acusación provisional, que mañana anunciará si lo hace definitivo o introduce modificaciones, en enero de 1990 Abad y Martínez, como integrantes de la banda terrorista ETA, accionaron por medio de radio control de iniciación eléctrico el artefacto explosivo que previamente habían colocado en la alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del policía. La detonación ocasionó la muerte del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como pretendían.
Guisasola y un cuarto, Julián Achurra Egurrola, supervisaron las acciones de los dos terroristas en nombre de la banda y facilitaron la información sobre el día a día del policía. Según el Ministerio Fiscal, también habrían facilitado la bicicleta con el artefacto explosivo preciso para cometer el atentado.
Achurra no está siendo juzgado por estos hechos debido a que la Fiscalía se encuentra a la espera de que se resuelva la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que se ha cursado a las autoridades francesas para poder formular acusación contra él.
