La Societat Civil Catalana (SSC) ha reclamado este miércoles que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no reciba la retribución económica que establece la Llei 6/2003 por la cual las personas que han ejercido dicho cargo tienen derecho a percibir el 80 por ciento porque se trata de un «abuso de las finanzas públicas».
Según ha advertido SSC en un comunicado, tras ser inhabilitado durante 15 meses, «si nadie lo remedia» Torra va a seguir percibiendo un salario de 8.500 euros mensuales. «Es intolerable que en un país donde el sueldo medio es de mileurista, él en virtud de los éxitos cosechados en su mandato pase a ser ‘cienmileurista'», ha remarcado.
Torra «se subió el sueldo en febrero de 2019 desde 139.000 a 153.000 euros al año». Así, ha censurado que durante el tiempo en el cargo, «en vez de dedicarse a la administración de los intereses de todos los ciudadanos de Cataluña, se ha dedicado y consagrado en cuerpo y alma a romper la convivencia entre los catalanes y a enfrentarse con el Estado español».
En este contexto, SSC se ha referido al Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 3631/2007) que dispone en su artículo 90 que el funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado, durante el tiempo de permanencia en la misma, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.
En esta línea, también la asociación ha mencionado el Estatuto de los Trabajadores que tipifica en su artículo 45.1 y 45.2 la «exoneración» de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo cuando se produzca una suspensión del contrato de trabajo, en aplicación del régimen disciplinario.
SSC ha pedido que «por analogía» se le apliquen «las mismas leyes que rigen para su país». De no hacerlo, ha advertido que «causaría un terrible agravio comparativo con los que hasta ayer fueron sus administrados» y «daría carta de naturaleza a una escandalosa laguna jurídica que viene a permitir que los expresidentes de la Generalitat, cesados por sentencia de los Tribunales, mantengan los beneficios económicos del cargo con absoluta impunidad».
Por ello, han exhortado a todos los partidos políticos del arco parlamentario y «muy expresamente a los partidos constitucionalistas» para que interpongan las acciones parlamentarias oportunas que impidan «este atropello». Asimismo, han instado a los mismos a que promuevan una ley que homologue y armonice el «desbarajuste de sueldos de los políticos» por el que «gestionar los destinos de algún ayuntamiento o comunidad autónoma está doblemente remunerado que gestionar el Gobierno del conjunto de España.
