La primera semana de estado de alarma en Madrid ha dejado un balance de más de 17.000 controles a personas y vehículos por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, según datos facilitados este viernes por el Ministerio el Interior sin incluir las actuaciones de la Policía Local. Fuentes policiales oficiales añaden que, además, se han tramitado 223 propuestas de sanción y practicado cuatro detenciones.
Los datos facilitados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se refieren a los controles a personas y vehículos para comprobar que los desplazamientos estaban permitidos según lo estipulado en el real decreto del estado de alarma para frenar la expansión de COVID-19 que fue aprobado en el Consejo de Ministros del viernes 9 de octubre, tras rechazar el TSJ de Madrid las restricciones de una Orden del Ministerio de Sanidad.
Desde que se decretó el estado de alarma el pasado viernes y hasta la 24 horas de este jueves, se han realizado más de 17.000 controles, a los que habría que sumar, según otras fuentes policiales consultadas, los 4.000 llevados a cabo en este mismo periodo por las policías locales.
El pasado 14 de octubre, la Delegación del Gobierno en Madrid facilitó datos relativos al Puente del Pilar que motivó la urgencia de aplicación del estado de alarma, con el objetivo de restringir las salidas de la capital y otros ocho municipios por la alta incidencia de coronavirus.
Según este organismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron durante el puente –de viernes a lunes– a 10.317 personas, interceptando 8.972 vehículos y practicando 210 sanciones por incumplir el estado de alarma en los 1.469 controles realizados por toda la región.
La aplicación del real decreto del estado de alarma en Madrid fijó que los controles perimetrales de la capital y de las diferentes ciudades ‘confinadas’ recayeran en Policía Nacional y Guardia Civil, según la Delegación del Gobierno. Las policías locales, por su parte, se dedican al control interno en la ciudad sobre cumplimiento de la normativa sanitaria en aforos, mascarillas, distancias de seguridad, botellones o fiestas ilegales.
CRÍTICAS POR LAS MULTAS CON LA LEY MORDAZA
El estado de alarma entró en vigor el 9 de octubre por la tarde con su publicación en el BOE. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció desde la Moncloa que más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se iban a desplegar en carreteras y principales infraestructuras de transportes públicos para controlar las restricciones de movilidad.
Grande-Marlaska explicó que los agentes podrían multar en caso de desplazamientos no justificados, como ya ocurrió en marzo con los siete supuestos del estado de alarma para el conjunto del país, aunque el ministro subrayó que «no había fin recaudatorio» sino interés por velar por la salud de los ciudadanos.
El titular del Interior, que hizo estas apreciaciones en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, asumió en marzo el ‘mando único’ sobre los cuerpos policiales en aplicación de aquel estado de alarma. Ahora no existe esta figura, que permitió dar datos diarios de multas y detenidos, aunque desde la Secretaría de Estado de Seguridad se coordina toda la actuación policial.
Durante los tres meses que estuvo en vigor el estado de alarma decretado el 14 de marzo para toda España se tramitaron más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad de 2015, la conocida como ‘Ley Mordaza’ que quiere reformar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Esto le valió las críticas a Grande-Marlaska de diferentes partidos políticos, ya que en 100 días se propusieron más multas que en los cuatro años anteriores con la norma en vigor.
