Las salas de gobierno de tres tribunales superiores de justicia, el de Madrid, Extremadura y Castilla y León, se han unido este lunes a la contundente respuesta que ha motivado en el ámbito de la justicia la anunciada reforma del Gobierno de coalición para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La reforma tiene como objetivo de rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Estos organismos, que realizan la gestión interna de los tribunales, no suelen posicionarse sobre temas de interés político, por lo que la iniciativa puede calificarse de inédita.
En fuentes jurídicas se ha señalado a Europa Press que es probable que en los próximos días se unan a esta iniciativa otros tribunales superiores, de los que existe uno por cada comunidad autónoma, conforme se vayan celebrando en cada uno de ellos las reuniones de sus respectivas salas de gobierno.
En su comunicado, la sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de Castilla y León muestra su «rechazo» y «preocupación» por una modificación normativa que entienden supone una «merma» de las garantías de independencia judicial. Este órgano considera que la independencia solamente se conseguirá siguiendo las recomendaciones del informe GRECO de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia, mediante la designación directa de los doce vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y magistrados.
Al mismo tiempo, el TSJ considera imprescindible que, con el obligado respeto al espíritu de la Constitución, se produzca el inmediato desbloqueo en relación con la renovación del CGPJ y de los restantes órganos constitucionales, apartando dichos procesos de cualquier confrontación política que pueda ofrecer una apariencia de contaminación que comprometa su necesaria independencia.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura, cuyos miembros abogan además por por una «designación directa» de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los propios jueces y magistrados.
Por ello, los jueces extremeños manifiestan su rechazo ante «cualquier modificación legislativa que suponga una merma en las garantías de independencia judicial» como es la propuesta de ley presentada el 13 de octubre de 2020.
SE ELUDE EL CONSENSO PARLAMENTARIO
El TSJ de Madrid, por su parte, añade a estas consideraciones que se trata de eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política -sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial.
Añade que la propuesta del PSOE y Podemos es ilógica pues provoca una distinción de requisitos entre quienes, una vez nombrados, ostentarán idénticas funciones y facultades.
La reforma, añaden, se aparta también de las advertencias contenidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que defendió el acomodo del sistema de elección parlamentaria a la Constitución siempre que se respetase la necesidad de un consenso reforzado, produciendo por ello «un menoscabo de la separación de poderes que debe caracterizar a un sistema verdaderamente democrático, al dejar a decisión del poder político la configuración personal del órgano de gobierno del Poder Judicial».
Los jueces madrileños confían, en todo caso, en que» se imponga la razón jurídica sobre cualquier otra premisa» y que se logre «el necesario consenso entre los grupos parlamentarios para cumplir las previsiones establecidas en el texto constitucional en orden a la renovación del Consejo General del Poder Judicial».
