La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido este viernes un escrito a todos los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado ordenando la suspensión de los permisos y comunicaciones especiales en todos los centros, salvo en Baleares y Canarias, para evitar la propagación de Covid-19.
Prisiones ha justificado la medida en la necesidad de proteger a la población reclusa, considerada colectivo de alto riesgo, y los trabajadores y trabajadoras penitenciarios. Según ha explicado, tiene una vigencia inicial de tres semanas a contar desde su entrada en vigor el próximo lunes.
Un equipo de la Secretaría General monitoriza a diario la situación. Tras su última reunión, en la que se analizó el último documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) sobre la incidencia del coronavirus, ha decido que se suspendan las comunicaciones especiales de los internos reguladas en el artículo 45 del Reglamento Penitenciario. Es decir: las comunicaciones familiares, íntimas y de convivencia.
También se restringen las comunicaciones ordinarias, por locutorio, al 50%, con dos comunicantes por interno como máximo. El horario se extenderá a todos los días de la semana, con obligación de desinfectar los locutorios después de cada turno de comunicación. Se suspenden, además, los permisos de salida y las salidas programadas de los internos.
CIERRE TOTAL EN SOTO DEL REAL Y OTROS CENTROS
En Baleares, no obstante, la prisión de Mallorca mantiene también suspendidas las comunicaciones especiales. En el caso del Centro Penitenciario de Ourense, a las medidas anteriores se suma además la suspensión de las comunicaciones ordinarias.
«No se levanta de momento, y mientras la situación no lo aconseje, el cierre total de los centros penitenciarios Madrid V, en Soto del Real, y León», ha señalado Instituciones Penitenciarias. En ellos, además de las medidas anteriores, se mantienen suspendidas las comunicaciones ordinarias y no se permite el acceso a prisión a toda aquella persona ajena a la Administración penitenciaria cuya labor no sea imprescindible.
Todas estas decisiones, que se ponen en conocimiento de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, se enmarcan en el ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19’, acordado en el Consejo Interterritorial de Salud de 16 de julio de 2020.
LLAMADAS EN VIDEOCABINAS
Para paliar las restricciones, se ha aumentado el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos y se ha potenciado el sistema de videollamadas, según ha recordado Prisiones.
A partir del mes de diciembre, comenzará a funcionar en pruebas un sistema de cabinas para poder realizar las videollamadas. Estas cabinas permitirán además enviar mensajes de voz y el pago a cobro revertido. Se espera que a lo largo de 2021 el sistema de videocabinas esté implantado en todos los centros dependientes de la Administración central, según adelantó esta semana en su comparecencia en el Congreso el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
