La exclusión del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia ha generado un gran malestar en la formación, que espera una rectificación por parte de Moncloa para que se le incluya en este órgano.
El propio Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han conversado ya sobre este asunto al entender que lo lógico es que estuviera en dicha comisión, según han explicado fuentes solventes.
Desde la semana pasada la Vicepresidencia segunda conoce que Iglesias no había sido incluido en la comisión de control de fondos de la Unión Europea, lo que generó enfado en las filas moradas, si bien no se ha hecho público hasta ahora.
Precisamente hoy trascendido que Sánchez, controlará la gestión de los fondos europeos para hacer frente a la crisis del coronavirus a través de la llamada Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que estará conformada por dos vicepresidentas y nueve ministros. Entre ellos no figura el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la única representante de Unidas Podemos será la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
En primer lugar figuran la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Cavilño, que presidirá la Comisión cuando no esté Sánchez; y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
También estarán la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (la única de Unidas Podemos); la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El malestar por la exclusión de Iglesias se suma a una serie de discrepancias que se han sucedido en el seno de la coalición, siendo la más reciente la ampliación de la prohibición de desahucios a toda la población vulnerable.
LOS DESAHUCIOS, FOCO DE TENSIÓN
Sobre todo a cuenta de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que han suscrito los morados junto a EH Bildu y ERC para paralizarlos a finales de 2022, algo que generó críticas en el PSOE al entender que no respetaba el consenso de presentar conjuntamente enmiendas a los PGE.
Postura que manifestaron públicamente por parte de los ministros socialistas Juan Carlos Campo, Nadia Calviño y sobre todo Margarita Robles, a quien la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, llegó a decirle que era la ministra «favorita» de los que quieren que gobierne PP con Vox..
En Unidas Podemos defendieron que se comunicó su puesta en marcha al PSOE, al que se invitó a sumarse con mano tendida a lograr un acuerdo con los socialistas en la tramitación parlamentaria.
Ahora, ambas partes negocian un consenso para ampliar la prohibición de desahucios, que los socialistas quieren que sea en el seno del Gobierno y no en los PGE mientras que en el partido morado están abiertos a que se plasme por decreto y acotar su duración al estado de alarma, incluyendo también la imposibilidad de cortes de suministros básicos que quedó fuera de la prórroga del escudo social.
La negociación del borrador de los Presupuestos (PGE) también tuvo momentos de presión y tensión. Unidas Podemos presionó para impulsar una regulación para regular el precio del alquiler de cara a evitar subidas abusivas. Finalmente, se fraguó en la coalición un consenso el 20 de octubre con el compromiso de llevarla al Congreso en un plazo de cuatro meses.
REY EMÉRITO, INMIGRACIÓN Y REFORMA LABORAL
La salida del rey emérito a Emiratos Árabes, tras confirmarse que la Fiscalía le investigaba, fue un punto de tensión en la coalición. El propio Iglesias desveló que mantuvo una «discusión fuerte» con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no informarle este verano de la salida de España de Juan Carlos I. A su vez, la fusión de Bankia y Caixabank fue criticada por los morados.
En verano se produjeron también ‘tiranteces’ en relación a la negociación de los apoyos a cuentas públicas. El PSOE no renunciaba a incluirlos mientras que Unidas Podemos apostaba por cerrarles la puerta en favor del mencionado ‘bloque de investidura’. Finalmente se consensuó una metodología de trabajo centrada en priorizar en las negociaciones a las formaciones que apoyaron la conformación del Ejecutivo y luego ver si Cs también ofrecía su respaldo.
Otro aspecto que generó roces ha sido el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El sector de Unidas Podemos insistió en su articulación y, una vez ya implantado, reivindicó una serie de mejoras dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al entender que su despliegue no era ágil y efectivo.
Fuera del ámbito del Ejecutivo la crisis migratoria en Canarias generó que Podemos Canarias reclamara la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si bien a nivel estatal el partido desautorizó esta demanda al argumentar que entre los socios de gobierno no se piden ceses.
La derogación de la reforma laboral también ha generado desencuentros, sobre todo después de que PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu acordaron su derogación integral pero luego los socialistas matizaron su postura a los aspectos más lesivos de la normativa.
