La directora de Riesgos del Banco Popular Carmen Riveras ha señalado este miércoles en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama que para cumplir con las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) en materia de provisiones, el entonces director financiero Javier Moreno ordenó una transferencia de 123 millones de euros. Ha apuntado que la única explicación que dio era que se cogían de donde sobraba y se ponían donde faltaba.
Fuentes jurídicas han destacado este momento de la declaración de Riveras, añadiendo además que el manual de políticas contables de la entidad no autorizaba al director financiero a realizar este tipo de acciones. Cabe recordar que el magistrado investiga en esta causa las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del banco a mediados de 2017.
Riveras ha sido cuestionada también por las tasaciones de activos que se realizaban en el seno del banco, y que tenían que ser homologadas por el Banco de España, y ha reconocido que no siempre fue así. Según fuentes presentes en la comparecencia, de lo declarado por la directora de Riesgos se ha dejado entrever que esas tasaciones de activos del banco estaban sobrevaloradas.
Esto cobra relevancia máxime cuando en su declaración como testigo Ana Patricia Botín, presidenta del Santander –entidad que se quedó con el banco finalmente–, dijo ante Calama que cuando valoraron la compra comenzaron también a valorar lo que podrían recibir con la colocación de activos del Popular en el mercado especializado. Botín aseguró que tras el análisis vieron que el banco era solvente pero que tenía falta de liquidez y unas provisiones por debajo del mercado.
En la Audiencia Nacional se investigan dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
El 7 de junio de 2017 el Banco Santander adquiría el 100% del capital social de Banco Popular por un euro. Realizaba dicha operación como resultado de un proceso competitivo de venta organizado en el marco de un esquema de resolución adoptado por la Junta Única de Resolución y ejecutado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
SE VENDIÓ UNA IMAGEN DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el que fuera presidente de la entidad financiera Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación «inmejorable» del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.
El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, estando el frente del banco ahora extinto Emilio Saracho –también investigado– tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.
Las testificales programadas continúan este jueves con la declaración ante el magistrado de la directora de Auditoría Interna del banco Popular Yolanda Cagiao.
