EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los Mossos d’Esquadra, al Govern de Illa y a la relación entre la Generalitat y el Ministerio del Interior.
- ¿Cuándo ocurre? La respuesta parlamentaria de Marlaska se ha conocido esta semana; la Junta de Seguridad de Catalunya sigue sin fecha desde 2024.
- ¿Qué cambia hoy? El ministro cierra la puerta a cualquier cesión de competencias en el mar territorial, dejando sin efecto las promesas de Illa a ERC.
La respuesta parlamentaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmonta el relato que el president Salvador Illa ha sostenido durante más de un año ante el Parlament: no habrá cesión de competencias marítimas a los Mossos d’Esquadra. En el mar territorial, sentencia el ministro, manda la Guardia Civil y no hay debate posible.
Marlaska respondía así a una pregunta del diputado de Esquerra Republicana Francesc Marc Álvaro, registrada tras el incidente del pasado mes de marzo en la playa de la Pineda, en Vila-seca. Un enfrentamiento entre agentes de los Mossos y de la Guardia Civil por la búsqueda y extracción del cadáver de un hombre que se había quitado la vida acabó con el cuerpo perdido durante horas. El juzgado de guardia de Tarragona tuvo que ordenar una instrucción concreta a ambos cuerpos para aclarar lo sucedido.
En su respuesta, el ministro del PSOE recuerda que los dictámenes de 2015 y 2019 de la Comisión Estatal de Coordinación de la Policía Judicial son taxativos: la Guardia Civil ostenta la competencia exclusiva en el mar territorial. Los Mossos, a los que Marlaska califica como ‘policía autonómica’, solo pueden actuar en esas aguas a requerimiento del Instituto Armado, igual que si estuvieran operando en cualquier otro punto del Estado fuera de Catalunya. La policía catalana sí mantiene, en cambio, competencias en aguas interiores como lagos y ríos.
El acuerdo que Illa vendió y nunca llegó
La respuesta de Marlaska convierte en papel mojado los acuerdos que el propio ministerio firmó con el Departament d’Interior en las vísperas de la Copa América de vela. En aquel momento, con un Gobierno en funciones necesitado del apoyo de ERC, el Ministerio aceptó iniciar el traspaso de competencias en aeropuertos, puertos y mar territorial a los Mossos d’Esquadra. El acuerdo debía rubricarse en la última reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya, pero la convocatoria electoral de mayo de 2024 detuvo el proceso.
Con la victoria de Illa en las urnas y la presión del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, el Ministerio frenó la cesión. La Guardia Civil había expresado un malestar profundo, interpretando el traspaso como una nueva concesión al independentismo. El Departament d’Interior, ya bajo la titularidad de la consellera Núria Parlon, guardó el acuerdo en un cajón y argumentó que antes era necesario disponer de más agentes en la calle. Renunciaba así, de facto, al espíritu fundacional de los Mossos como policía integral.
Para calmar a unos socios de ERC cada vez más hostiles, Illa anunció en diciembre de 2024, en sede parlamentaria, que pediría al ministerio aceptar las competencias en puertos y aeropuertos y que convocaría la Junta de Seguridad a principios de 2025. Más de un año y medio después, la reunión no tiene fecha ni previsión alguna de celebrarse. En el último Día de las Escuadras, el president se dirigió a los mandos policiales asegurando que el cuerpo estaba capacitado para asumir nuevas competencias. Las palabras no se han traducido en hechos.
La respuesta de Marlaska no solo cierra la puerta del mar a los Mossos: evidencia que Illa carece de influencia real sobre el ministerio en una carpeta que él mismo calificó de prioritaria.
Tormenta en Interior y presión de los presupuestos
La sacudida de la respuesta de Marlaska llega en plena tormenta sobre el Departament d’Interior. El plan piloto de agentes de paisano en centros educativos y la supuesta infiltración de agentes encubiertos en reuniones de maestros que preparaban la huelga contra el Departament d’Educació han puesto contra las cuerdas a Parlon. Los Mossos no han desmentido la infiltración y el propio Illa ha tenido que salir al paso manifestando su confianza en la policía.
La oposición va por faena. Esquerra y la CUP ya han pedido la dimisión de Trapero, mientras los consellers socialistas intentan negociar con los republicanos los presupuestos, que el Govern, sin mayoría cerrada, llevó al Parlament hace semanas. La dependencia parlamentaria de ERC convierte cada gesto del ministerio en munición para una oposición que observa cómo Illa no consigue arrancar a Moncloa lo que Esquerra sí tenía prácticamente amarrado en 2023.
Un patrón que se consolida
Lo que observamos no es un episodio aislado. La negativa de Marlaska a ceder competencias marítimas se suma a otras carpetas donde el Govern de Illa ha visto frenadas sus expectativas por un Gobierno central que, con mayoría parlamentaria frágil, evita cualquier gesto que pueda leerse como una concesión territorial. El precedente es claro: en la negociación de la financiación singular, otra promesa de investidura, los avances, han sido mínimos y el calendario se dilata.
La diferencia ahora es que el choque competencial ya no es una abstracción presupuestaria. Tiene consecuencias operativas sobre el terreno, como demostró el incidente de Vila-seca. La imagen de dos cuerpos policiales discutiendo sobre a quién corresponde recuperar un cadáver mientras el cuerpo desaparece durante horas es el síntoma más elocuente de un conflicto que ni el Palau de la Generalitat ni el Ministerio del Interior parecen tener prisa por resolver.
El Govern se enfrenta a una paradoja incómoda: necesita los votos de ERC para sacar adelante los presupuestos, pero cada concesión a los republicanos en el terreno policial tensa la cuerda con un Ministerio del Interior que se escuda en la legalidad vigente y en el malestar de la Guardia Civil. Mientras la Junta de Seguridad de Catalunya sigue sin fecha, la policía integral que Illa promete a los mandos de los Mossos cada Día de las Escuadras se aleja un poco más.
